Australia:
la democracia reducida a pulpa
Esta semana, el
parlamento del estado australiano de Tasmania debatirá el proyecto
de instalación de una fábrica de celulosa que la empresa Gunns planea
construir sobre el puerto de Bell Bay. Si se concreta, el proyecto
de 1.400 millones de dólares insumirá cuatro millones de toneladas
de troncos por año, es decir que duplicará el ritmo actual de tala
de los bosques nativos de Tasmania por parte de Gunns. La fábrica
de celulosa producirá grandes cantidades de toxinas, lo que contaminará
el aire y las aguas del estrecho de Bass.
El
día antes de que el parlamento de Tasmania iniciara sus discusiones,
el ministro federal de Medio Ambiente de Australia, Malcolm Turnbull,
anunció una “decisión preliminar” de aprobación del proyecto.
El
proceso de aprobación se ha transformado en un engaño de millones
de dólares. En julio de 2006, Gunns presentó un Proyecto de Declaración
de Impacto Integrado sobre la proyectada
fábrica de celulosa al Comité de Planificación y Desarrollo de Recursos
(RPDC, por sus siglas en inglés), un organismo estatutario independiente.
Mientras, el gobierno estatal de Tasmania ha invertido millones
de dólares de los contribuyentes en un “Grupo de trabajo sobre la
fábrica de celulosa” para promover el proyecto.
En
enero de 2007, dos miembros del RPDC renunciaron, alegando interferencia
política en el proceso de evaluación. Cuando Gunns amenazó con no
construir la fábrica si no recibía la aprobación en seis meses,
el primer ministro tasmanio, Paul Lennon, se reunió con el presidente
de la empresa, John Gay, y le dijo que trabajaría en el proceso
y haría su máximo esfuerzo para lograr la construcción de la fábrica.
En marzo de 2007, Gunns retiró su solicitud al RPDC y pidió a Lennon
que cambiara la ley sobre la evaluación de la fábrica propuesta.
Al día siguiente, el gobierno anunció que aceleraría el proceso
de evaluación. Después de reunirse con los abogados de Gunns, el
gobierno presentó una nueva propuesta legislativa que fue aprobada
por el parlamento como la Ley de Evaluación de Fábricas de Celulosa
de 2007. De acuerdo con esta ley, se debe tomar una decisión sobre
la fábrica antes del fin de agosto de 2007. En lugar de promover
el proceso de evaluación independiente del RPDC, el gobierno de
Tasmania designó a dos consultores para que recomendaran que la
construcción de la fábrica de celulosa de Gunns debía continuar.
Las
firmas consultoras elegidas por el gobierno son muy reveladoras:
ITS Global y SWECO PIC. ITS Global fue fundada por Alan Oxley, un
académico australiano defensor del libre comercio y escéptico sobre
el cambio climático. Entre los clientes de ITS Global se cuenta
la empresa malasia Rimbunan Hijau, cuyas operaciones forestales
destructivas y sus violaciones a los derechos humanos en Papúa Nueva
Guinea la han convertido en una de las firmas forestales más polémicas
del mundo. En julio de 2006, ITS Global lanzó una serie de informes
que elogiaban a Rimbunan Hijau. No sorprende entonces que
ITS Global haya concluido que “el beneficio neto” de la propuesta
fábrica de celulosa de Gunns para Tasmania en general” es
“alto y positivo”.
SWECO
PIC es una empresa finlandesa de consultoría e ingeniería. En su
informe al gobierno de Tasmania la empresa señaló que, desde su
creación en 1971, “SWECO PIC se ha especializado en servir a la
industria de la celulosa y el papel”. Este es precisamente el problema:
SWECO PIC no es independiente de la industria de la celulosa.
SWECO
PIC fue contratada para evaluar si el proyecto cumplía con las directrices
de Tasmania para las nuevas fábricas de celulosa en materia de emisiones.
SWECO PIC halló que la fábrica propuesta estaba en infracción con
ocho de esas directrices, pero igualmente recomendó que el proyecto
pasara a consideración del parlamento de Tasmania.
Le
planteé a Rune Franzén, director de Celulosa y Papel de SWECO PIC
y jefe del equipo de evaluación del proyecto de Gunns, algunas preguntas
sobre la participación de su empresa en la promoción del proyecto.
Le pregunté a Franzén si su firma había obtenido el contrato mediante
un proceso de licitación internacional. Le pregunté si su equipo
se había reunido con algún representante de comunidades locales,
con organizaciones ambientalistas o con algún miembro del RPDC.
También le pregunté por la respuesta de SWECO PIC a la preocupación
manifestada por el profesor Andrew Wadsley, quien calculó que las
emisiones de dioxina de la futura fábrica serían 1.400 veces mayores
a las estimadas por Gunns. (El informe de SWECO PIC no hace referencia
a este asunto). Le pregunté cómo responde SWECO PIC a las acusaciones
de conflicto de intereses, dado que varios de los antiguos (y potencialmente
futuros) clientes de la empresa trabajan en el proyecto Gunns, entre
ellos Andritz y Pöyry.
Franzén
se negó a responder a todas mis preguntas y se limitó a contestar
que SWECO solo fue contratada para evaluar la fábrica de celulosa
proyectada. “SWECO no está involucrada en ningún asunto de debate
público”, dijo. Franzén reenvió mis preguntas a Rebekah Burton,
del Departamento del Primer Ministro y del Gabinete de Tasmania.
Le
escribí a Burton y, además de las preguntas que le hice a SWECO
PIC, le pedí una copia del cometido asignado a su empresa y le pregunté
cuánto le había pagado el gobierno de Tasmania por la evaluación.
Como respuesta, recibí una carta firmada por Daniel Leesong, jefe
del personal de la Oficina del Primer Ministro. Leesong tampoco
respondió a mis preguntas.
“En
abril de este año el parlamento aprobó la Ley de Evaluación de Fábricas
de Celulosa de 2007 a fin de establecer un proceso de evaluación
riguroso sobre la propuesta de la fábrica”, escribió Leesong, pasando
por alto el hecho de que el gobierno solo impulsó esa ley porque
Gunns se lo pidió.
El
gobierno de Tasmania ha anexado 1.100 páginas de permisos y condiciones
operativas a la moción de aprobación final, que ahora está en discusión
en el parlamento. Gunns pudo ver los borradores de permisos y de
condiciones operativas y sugerir cambios. El 28 de agosto de 2007,
el parlamento de Tasmania decidirá si aprueba la fábrica de celulosa
propuesta . A diferencia de Gunns, los
legisladores no tendrán la oportunidad de modificar la moción ni
los permisos y las condiciones adjuntas.
En
junio de 2007, Matthew Denholm, del diario tasmanio The Mercury,
reveló que Gunns ya había firmado un contrato con la empresa constructora
John Holland para comenzar a construir la fábrica “en la primera
semana de septiembre”. Cualquier demora más allá de la fecha estipulada
le costará a Gunns un millón de dólares por día. La conclusión es
que, o los ejecutivos de Gunns son ineptos, o saben de antemano
cuál será la decisión del parlamento. No es de extrañar que
los tasmanios le digan “Gunnbierno”(*) a su gobierno.
Por
Chris Lang, e-mail:
http://chrislang.org,
http://chrislang.org
(*)
N.de la T.: traducción libre del juego de palabras “Gunnerment”.
