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LUCHAS LOCALES Y NOTICIAS - Belice: otra vuelta de tuerca del proyecto de la represa de Chalillo En noviembre de 2001, un tribunal beliceño falló a favor de la construcción de una represa hidroeléctrica en el tramo superior del río Macal por parte de la empresa Belize Electricity Limited (BEL), de propiedad mayoritaria de Fortis, Inc. de St. John's, Newfoundland, Canadá (ver Boletines del WRM N° 44 y 54). El gobierno beliceño ha privatizado su industria de electricidad, conservando apenas una participación minoritaria de BEL. Fortis Inc. es propietaria tanto de la compañía de distribución de energía de Belice (Belize Electricity Limited, BEL) como del proveedor de energía más grande del país (Belize Electricity Company, BECOL). Sumando Fortis-BEL y Fortis-BECOL, las compañías de Fortis generan el 48% de la electricidad que se vende en Belice, proviniendo el resto de una conexión con la red eléctrica de México. La enorme represa de hormigón conocida como "represa de Chalillo", sería construida, según los planes, en el tramo superior del río Macal, zona designada como "BioGem" (área silvestre con necesidad urgente de defensa, definida como "joya biológica") debido a la variedad de hábitats existentes en el área cercana a las montañas Maya en el sudoeste del país. De construirse, la represa inundaría más de 1.000 hectáreas de bosque tropical circundante (sitio de muchas ruinas mesoamericanas no excavadas), destruyendo el área donde se alimentan los jaguares de una reserva cercana, y también los singulares lugares de alimentación ribereña del tapir de Baird, animal nacional de Belice, incluido como especie amenazada en la lista de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. El mayor temor de las organizaciones beliceñas e internacionales (que cuentan con el apoyo de las estrellas de Hollywood Harrison Ford y Cameron Diaz) es la pérdida del guacamayo escarlata beliceño, un papagayo de gran tamaño y variados colores, del cual no quedan más que 150 ejemplares en estado silvestre. Fortis ya opera otra represa en Belice, llamada el Mollejón. Cuando inició sus actividades hace 10 años, la compañía afirmó que esa represa suministraría electricidad más que suficiente para satisfacer la demanda creciente de los 250.000 pobladores beliceños sin necesidad de nuevas construcciones. Un estudio sobre el río Macal finalizado recientemente muestra que la represa de Mollejón ha causado probablemente la eutroficación del río. A partir de la construcción de la represa, los pobladores que habitan río abajo de la represa experimentan problemas de calidad de agua y sufren erupciones cutáneas. Los efectos de una segunda represa río arriba podrían exacerbar esos problemas. Los pobladores locales no perciben ningún beneficio del megaproyecto, pero sí impactos sumamente perjudiciales para su patrimonio nacional y sus áreas críticas de conservación amenazadas, lo que ha generado una oposición en aumento. Los conservacionistas locales han trabajado junto con grupos internacionales como Sierra Club de Canadá, Probe International, [grupo de Newfoundland] y Natural Resources Defense Council (NRDC) para proteger el valle del río Macal. Los beliceños también temen que la construcción de la represa de Chalillo aumente los precios de la energía. Fortis encargó un estudio de impacto ambiental a Amec, el grupo de construcción británico. Los científicos contratados del Museo de Historia Natural de Londres concluyeron que se necesitaría mucho trabajo en la región antes de proseguir con la represa, pero sus recomendaciones fueron enterradas en un anexo del informe final de 1.500 páginas. El Coronel Alastair Rogers, ex miembro de la Royal Marine (Infantería de marina) y coautor de la evaluación, ahora afirma que la represa podría ser un desastre para la región. "Fortis afirma que la roca de fondo de la zona es granito. Nosotros creemos que la presencia de gran cantidad de roca porosa como piedra caliza podría inutilizar la represa. El bosque se inundaría, pero el agua se drenaría. Quedarían todos los aspectos negativos y ninguno de los positivos". Los opositores a la nueva represa quieren que el gobierno apoye el uso de fuentes alternativas de energía sustentable, como el uso de bagazo, un producto derivado del proceso de fabricación de azúcar que una vez fuera una de las industrias principales de Belice, o la compra de energía a países vecinos, lo que costaría menos a largo plazo. La Alianza de Organizaciones No Gubernamentales de Conservación de Belice (BACONGO) objetó el proyecto ante los tribunales. El 31 de marzo, el Tribunal de Apelaciones de Belice finalmente denegó la objeción de BACONGO. La organización anunció que apelará ante el Privy Council (Consejo Real) de Londres, el tribunal de apelación supremo del Commonwealth británico. BACONGO también ha escrito a la Comisión de Empresas Públicas de Belice (PUC) para objetar la situación ilegal de BECOL, la subsidiaria beliceña de Fortis, que ha estado manejando la existente represa de Mollejón en el río Macal sin autorización. Todos los generadores de energía eléctrica por encima de 75 kilovatios de Belice (la represa de BECOL es aproximadamente 3.000 veces más grande) están obligados a obtener una autorización. Según Lois Young, la abogada beliceña de BACONGO, esto significa que la compañía está violando la ley e incumpliendo los términos del contrato de venta original, con el conocimiento del gobierno de Belice. BACONGO también señaló que la PUC no podría ni siquiera tener en cuenta la solicitud actual de Fortis/BECOL de construir la represa de Chalillo hasta que BECOL obtenga una autorización. Según la ley beliceña, la PUC debe considerar en forma global los factores económicos, ambientales y sociales y brindar la posibilidad de una audiencia pública. Artículo basado en información
obtenida de: "Belizean macaws and tapirs threatened by dam project",
Elizabeth Mistry, The Independent, http://news.independent.co.uk/world/environment/story.jsp?story=394439
; "Canadian dam threatens jaguar habitat", http://www.ryakuga.org/belize/first.html
; "Fortis Profits at the Expense of Belizeans", "Belize
groups to take Chalillo dam case to Privy Council in England",
Stop Fortis!, http://www.stopfortis.org
- Guatemala: derechos indígenas y permisos de corta en los bosques El municipio de Chichicastenango se encuentra en el departamento de Quiché, uno de los más poblados del país y que posee mayor número de idiomas mayas como el Uspanteco, Ixil, Sacapulteco, Quekchí y Quiché. Para llegar a este municipio se tiene que conducir por una carretera que atraviesa altas pendientes, con curvas cerradas y profundas barrancas, algunas de éstas cubiertas aún por bosques mixtos, compuestos principalmente de pinos y encinos. La ubicación de este municipio es en el altiplano occidental del país, por lo que su clima es templado y frío. Además de ser un importante centro religioso, es un punto estratégico para el comercio de artesanías, verduras, frutas, textiles, tejidos y animales, entre otros. Es aquí donde se desarrolla uno de los mercados más grandes del país. Los bosques de Chichicastenango han sufrido fuertes procesos de degradación y en la actualidad sólo es posible encontrar bosques en buen estado de conservación en la parte norte del municipio. El resto de los ecosistemas boscosos se encuentran fragmentados, formando asociaciones de árboles con cultivos agrícolas. En ese contexto, resulta relevante analizar el conflicto surgido en los últimos meses en torno a la autorización de licencias de corte entre la Alcaldía Indígena de Chichicastenango y el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Según la ley, sólo las alcaldías municipales pueden extender permisos de corte, estableciendo que el volumen no puede exceder los 10 metros cúbicos al año y que las operaciones de corta sólo se pueden hacer dentro del perímetro urbano. Amparándose en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Alcaldía Indígena ha tomado en sus manos la extensión y autorización de los permisos y licencias de corte, que el INAB considera una intromisión en sus funciones, como en este caso sería la extensión de un documento legal que en teoría debía ser extendido por ese Instituto. La Alcaldía Indígena argumenta que el INAB autoriza permisos de corte de forma desmedida, con muchos errores en su procedimiento, tales como la falta de verificación y seguimiento al número de árboles que se autoriza talar. Además manifiesta el desconocimiento por parte de las autoridades sobre el derecho y normas que rigen a la sociedad indígena. Este conflicto ha sido presentado al Comité Ejecutivo de Justicia del Quiché, una instancia de diálogo, consenso y que busca la propuesta de soluciones concretas a los problemas de justicia. El Comité ha asumido un papel de mediador y facilitador entre las dos partes involucradas para llegar a un acuerdo. Así se han realizado ya varias mesas de diálogo donde participan actores de la sociedad civil, operadores de justicia, instituciones gubernamentales relacionadas al tema ambiental y de áreas protegidas y autoridades locales, con el objetivo de llegar a una solución. Como resultado se encuentran ya varios acuerdos y conclusiones preliminares entre las dos partes, y la apertura al diálogo y discusión de un tema que tiene todo que ver con el bienestar presente y futuro del ambiente de Chichicastenango. Se espera que este proceso resulte en definitiva en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y en un mejor manejo de los recursos boscosos de la región. Por:
Carlos Salvatierra, Colectivo MadreSelva, Guatemala, correo electrónico:
Salvatierra@rocketmail.com
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Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Maldonado 1858
11200 Montevideo - Uruguay
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