En Doha, Qatar, en la 18ª Sesión de la Convención sobre el Clima, las negociaciones en torno a REDD+ se complicaron. La discordancia principal se refiere a cómo verificar la reducción de emisiones derivadas de la deforestación que debería resultar de los proyectos REDD+.
Mientras los países del Norte defienden la verificación externa, internacional, los países del Sur quieren realizar dicho control internamente, en sus países. Sin un acuerdo sobre este punto, es difícil que los países del Norte pongan a disposición recursos para REDD+. ¿Qué podemos decir sobre este impasse?
Cabe preguntar por qué se discute la verificación de la reducción de emisiones de carbono. Es porque en el debate sobre REDD, los bosques se han reducido a nada más que carbono, o sea, a la cantidad de carbono almacenada y emitida por los mismos. Ésta es la cuestión central que interesa a los países del Norte que, desesperadamente, buscan formas de reducir las emisiones de carbono que provocan el cambio climático, postergando los necesarios cambios drásticos en su propio modelo de producción y consumo.
Si los países del Norte tuvieran una visión más amplia de la importancia de la conservación de los bosques y del combate a la deforestación, si consideraran todas las funciones fundamentales de los bosques y su importancia para los pueblos que dependen de ellos, no sería necesario discutir e implementar sistemas de verificación de carbono. Por otra parte, tales sistemas son caros y no precisamente confiables, y ofrecen una gran oportunidad para que algunas grandes empresas de consultoría o de certificación y otros ‘especialistas’ ganen altas sumas de dinero. Se calcula que los gastos de monitoreo y verificación de carbono podrían absorber más de la mitad del costo de un proyecto REDD+. O sea, un desperdicio enorme de dinero, pero una buena oportunidad de negocio.
El sistema externo de verificación de carbono es una precondición para garantizar los proyectos REDD en el ‘mercado de carbono’, o sea, para hacer posible que países y empresas compren créditos de carbono de REDD que sirvan para que compensaran sus emisiones y les den el 'derecho' a continuar contaminando. El capital financiero, más interesado en ese nuevo mercado que promete nuevos negocios especulativos, necesita alguna garantía, tal como la verificación de la reducción de carbono. Sin ella se torna difícil mercantilizar los llamados ‘activos’, los papeles con valor comercial, que genera el ‘servicio ambiental’ de carbono.
También llama la atención el énfasis exagerado de los países del Norte en la reducción de emisiones de carbono de los bosques bajo un sistema REDD+. Actualmente se calcula que las emisiones derivadas de la deforestación giran en torno al 15% de todas las emisiones globales. Aún siendo una cantidad razonable, es poco si se compara con el 85% de las emisiones restantes que quedan, por la perspectiva histórica, en gran parte a cargo de los países del Norte. Cabe la pregunta: Si en algún momento los países del Sur exigieran un control externo de la reducción drástica necesaria de dichas emisiones de carbono por parte de los países del Norte ¿acaso algún país del Norte lo aceptaría?
Aún menos comentado es el hecho de que en el sistema REDD+ de mercado está inserta la idea del ‘derecho’ a contaminar de los países y las grandes empresas del Norte. Sin embargo, se trata de un ‘derecho’ que no consta en ningún tratado o declaración internacional. Se trata de algo históricamente impuesto, desde épocas coloniales, que se viabiliza por el poder actual de los países más industrializados del Norte y de sus transnacionales, además de la creciente ascensión de otros países que aplican la misma lógica.
En este boletín del WRM queremos hablar de otros derechos, los derechos humanos. Estos sí que son derechos consagrados en diversos tratados internaciones, como el derecho a un medio ambiente saludable, que incluye el derecho a un clima equilibrado que permita a las comunidades garantizar su sustento y su bienestar, su modo de vida. Este derecho está siendo violado y peligra en el futuro próximo. Nnimmo Basey, en su artículo sobre petróleo y derechos humanos, observa que si no dejamos bajo tierra el 80% de las reservas de petróleo conocidas hoy, enfrentaremos un calentamiento global extremo, con consecuencias catastróficas.
Mientras prevalece el ‘derecho' a contaminar para una minoría de la humanidad, liderada por multinacionales, éstas – como muestra este boletín – violan constantemente los derechos humanos de las comunidades afectadas por sus proyectos. Siguen destruyendo más y más bosques tropicales. Pero esto no se discute en Doha.
Los derechos humanos de todas y todos no pueden subordinarse al ‘derecho’ a contaminar de unos pocos en procura de asegurar las ganancias de las multinacionales. Es inaceptable que dicha lógica ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad y del planeta, principalmente en los países del Sur. Es imperioso que la gran mayoría de la humanidad se movilice y se organice, cada vez más, para ejercer, cada vez más, su poder legítimo, el poder popular.