Las condicionantes sociales, ambientales e indígenas de Belo Monte - bajo responsabilidad de Norte Energía y de la FUNAI, y estipuladas por el gobierno para minimizar los impactos de la obra - no se cumplieron y ello causó consecutivas protestas por parte de los afectados.
A comienzos de diciembre de este año, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) anunció la concesión de un nuevo préstamo de R$ 22,5 mil millones – el más abultado de su historia-, a la hidroeléctrica de Belo Monte. Si se suman los dos préstamos ya concedidos al Consorcio Norte Energia, responsable de la construcción de la central- R$ 1.1 mil millones, a mediados de 2011, y R$ 1.8 mil millones, en febrero de 2012-, el banco aporta R$ 25.4 mil millones a un proyecto que viola todas las normas técnicas, jurídicas y económicas que se aplican obligatoriamente a este tipo de operación.
Con la menor capacidad de generación de energía de todos los proyectos hidroeléctricos del país, tomando como base el potencial anunciado de 11 mil MW, Belo Monte producirá, en promedio, solo el 39% de la electricidad prometida por el gobierno. Debido a las ilegalidades en el proceso de licencias, en el desplazamiento de las poblaciones afectadas y en la consulta a los pueblos indígenas, se juzgaron, desde 2001, 15 acciones del Ministerio Público Federal (MPF), 21 de la Defensoría Pública y 18 de organizaciones de la sociedad civil contra Belo Monte - de las cuales una de las acciones civiles públicas del MPF espera juicio de mérito en el Supremo Tribunal Federal (STF). Al ser cuestionado por el MPF, el BNDES no presentó ninguna prueba de haber analizado la viabilidad económica ni el riesgo del Complejo Belo Monte, exigidos por la Resolución nº 2.682/99 del Consejo Monetario Nacional (CMN).
A pesar de que el Banco no cuenta con una guía socioambiental con directrices para orientar financiaciones para el sector hidroeléctrico, como exigen las Resoluciones 2022/10 y 2025/10 de la Política de Responsabilidad Social y Ambiental y la nueva Política Socioambiental del Sistema BNDES, el banco afirma que aplica algunos criterios en sus operaciones de financiación, entre ellos:
1. Evaluación del beneficiario en lo que respecta a sus políticas, prácticas y gestión socioambiental, incluso del ambiente externo, considerando la articulación con las políticas públicas y el desarrollo local y regional sostenible y teniendo como referencia el concepto de Responsabilidad Social y Ambiental;
2. Realización de una evaluación del beneficiario sobre su regularidad ante los órganos de medio ambiente, querellas judiciales y efectividad de la actuación ambiental;
3. Evaluación del emprendimiento en cuanto a los aspectos relacionados con la ecoeficiencia, adopción de procesos y productos social y ambientalmente sostenibles, emisiones de gases de efecto invernadero;
4. Evaluación del cumplimiento de las exigencias ambientales, en especial el zoneamiento ecológico económico y el zoneamiento agroecológico, y de la verificación de la inexistencia de prácticas que impliquen delitos contra el medio ambiente;
5. Inclusión de posibles condicionantes de naturaleza social y/o ambiental establecidas a partir del análisis realizado (del cliente y del emprendimiento), como complemento de las exigencias previstas por ley;
6. Verificación, en la etapa de seguimiento de la operación, de:
- las regularidades fiscales, previsionales y ambientales del beneficiario y del emprendimiento;
- el cumplimiento de eventuales medidas mitigadoras, obligaciones de ajuste de conducta y condicionantes presentes en el contrato y en las licencias ambientales;
- el seguimiento de los indicadores sociales y ambientales para el monitoreo y la evaluación del beneficiario y del emprendimiento.
En el caso de Belo Monte, sin embargo, el BNDES no aplicó tales criterios para otorgar los financiamientos. La hidroeléctrica es un emprendimiento sobre el que todavía recaen 53 acciones jurídicas (ya que el juzgado tramitó apenas una), sin embargo no hubo ningún análisis de la "regularidad jurídica” del proyecto.
Las condicionantes sociales, ambientales e indígenas de Belo Monte - bajo responsabilidad de Norte Energia y de la FUNAI, y estipuladas por el gobierno para minimizar los impactos de la obra - no se cumplieron y ello causó consecutivas protestas por parte de los afectados. El BNDES no hizo ningún análisis del “cumplimiento de eventuales medidas mitigadoras y condicionantes presentes en el en contrato y en las licencias ambientales” del proyecto.
Los índices de deforestación de la región de Altamira alcanzaron récords mes a mes, según datos del Sistema de Detección de la Deforestación en Tiempo Real (DETER), al igual que los índices de violencia y asesinatos y el costo de vida para la población local, en cuanto a precios de alimentos, habitación, salud y otros ítems básicos. El BNDES no hizo ningún seguimiento de los “indicadores sociales y ambientales” del proyecto.
Las instalaciones de salud, educación, saneamiento, seguridad y otros servicios básicos en las localidades de la región, y en especial en Altamira, colapsaron. El BNDES no hizo ningún análisis de las “políticas, prácticas y gestión socioambiental, incluso en el ambiente externo, considerando la articulación con políticas públicas y el desarrollo local y regional sostenible” del proyecto.
A comienzos de 2012, Norte Energia fue multada en R$ 7 millones por el IBAMA por incumplimiento de algunas condiciones, hecho que fue ignorado por el BNDES; decenas de ribereños y agricultores perdieron sus casas y tierras sin ninguna indemnización (lo que motivó numerosas acciones contra el emprendimiento), hecho ignorado por el BNDES; la drástica disminución de peces y la mortalidad de quelonios en Volta Grande do Xingu es un hecho; y el Banco no propuso ninguna “condicionante de naturaleza social y/o ambiental establecida a partir del análisis realizado (del cliente y del emprendimiento), como complemento de las exigencias previstas por ley”.
Año tras año se reiteran huelgas y rebeliones de los trabajadores debido a las irregularidades laborales, y recientemente culminaron con una acción que destruyó las instalaciones y paralizó las obras.
Todos estos factores indican una violación planeada y conciente de la legislación y de las normas de protección socioambiental por parte del gobierno brasileño, cuya presión sobre el BNDES y los órganos reguladores, como el Ibama y la Funai, concretó la concesión de la licencia y el financiamiento a Belo Monte. Los funcionarios que discreparon con esta práctica, como los presidentes del Ibama Roberto Messias y Abelardo Bayma, tuvieron que dejar sus cargos.
Belo Monte recibió la promesa de 22.500 millones de reales para dar continuidad a las obras y a los procesos de violación de los derechos humanos en Xingu. Este dinero proviene, en gran medida, del PIS-PASEP y del FGTS, destinados al Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). Es dinero del pueblo brasileño, que nunca fue consultado sobre su conformidad o no con la construcción de la central.
Decenas de organizaciones sociales de todo el país y del exterior están solicitando que el Poder Judicial brasileño juzgue las acciones contra Belo Monte. Peticiones, cartas y pedidos de audiencia ante el Supremo Tribunal Federal, el Tribunal Regional Federal y el Consejo Nacional de Justicia piden celeridad en el dictamen de los procesos, todos paralizados en diversas instancias. Las organizaciones también recurrieron al MPF y al BNDES para que no se concedan nuevos recursos hasta que sean analizadas todas las ilegalidades de la hidroeléctrica. Ante un gobierno violador, ante un proyecto ilegal e inmoral, solo queda que la Justicia haga justicia.
Enviado por Verena Glass, correo electrónico: verena@reporterbrasil.org.br Por más informaciones sobre Belo Monte vea la página www.xinguvivo.org.br y http://www.prpa.mpf.gov.br/news/2010/noticias/belo-monte-os-problemas-do-projeto-e-a-atuacao-do-mpf
