Para muchas personas, REDD+ tiene que ver con proyectos que salvan bosques. Pero la realidad es que REDD+ nunca ha tenido que ver con la protección de los bosques y ahora tampoco se trata realmente de proyectos, sino de programas que abarcan regiones o provincias enteras de un país. Aún así, siguen existiendo numerosos proyectos REDD+ que causan daño a los pueblos indígenas y a las comunidades de los bosques al restringir sus prácticas tradicionales de uso del bosque. (1)
La idea de REDD+ tiene sus raíces en las negociaciones de la ONU sobre el clima. Se negoció como una herramienta que permitiría a las empresas y a los países industrializados seguir quemando petróleo, carbón y gas natural, y aún así aducir que las emisiones que esto causa no dañan al clima. REDD+, según sus defensores, ofrecería una compensación barata por la liberación de estas emisiones a la atmósfera y proporcionaría dinero para financiar la protección de los bosques. Las empresas de los países industrializados podrían quemar carbono fósil en sus países - es decir, el carbono almacenado en el subsuelo durante millones de años - y pagar a alguien más en un país de bosques tropicales para que conserve algunos árboles en pie como depósito de carbono de reemplazo. (2)
La verdad es que el dinero por sí solo no detiene la deforestación, que REDD+ no está abordando las causas reales de la deforestación a gran escala y que no se ha recibido dinero del sector privado en ninguna escala. Los defensores de REDD+ lo habían anunciado como un triunfo triple: compensación barata por la combustión de combustibles fósiles, dinero extra para la conservación de los bosques y las comunidades que viven en el bosque y que dependen de él, y contribución a la protección del clima que pueda hacerse ahora mientras se desarrolla la tecnología para dejar de depender de los combustibles fósiles. Pero ahora también han tenido que reconocer a regañadientes que detener la deforestación no es ni rápido, ni fácil, ni barato. A pesar de las afirmaciones en sentido contrario, no hay pruebas convincentes de que REDD+ haya hecho mella alguna en la deforestación.
Otra motivación detrás de REDD+ es la intención de los países industrializados de no pagar la cuenta por la protección de los bosques tropicales, aunque subsiste la deuda por el “desarrollo”. Los países industrializados están transformando cada vez más las subvenciones destinadas a la “ayuda al desarrollo” en préstamos y en programas de asociación público-privada, donde la función principal del dinero público es brindar un presupuesto de riesgo para las inversiones de capitales privados en los llamados países en desarrollo. (3) Dos informes encargados por el gobierno británico - el Informe Stern 2006 y el Informe Eliasch 2008 - ayudaron a los gobiernos a afirmar que “se necesita del capital del sector privado para salvar los bosques tropicales, porque el dinero público por sí solo no será suficiente” para cubrir el supuesto costo de reducir la deforestación. Estos dos informes establecieron la afirmación infundada de que reducir las emisiones de la deforestación es barato, rápido y fácil.
REDD+ también sirve a las organizaciones conservacionistas internacionales y al Banco Mundial como herramienta para expandir su modelo de conservación de bosques, que los concibe como “parques sin gente” y asegura el financiamiento de empresas y fondos públicos para sus proyectos conservacionistas y sus presupuestos internos de organización. Hasta la fecha, son las ONG y los consultores conservacionistas radicados en países industrializados quienes han recibido probablemente la mayor parte del dinero público gastado en REDD+ en los últimos diez años. A pesar de que estos grupos afirman hacer proyectos REDD+ “participativos” y “comunitarios", REDD+ no es una idea que provenga de las comunidades. REDD+ tampoco es adecuado para atender las necesidades y amenazas que enfrentan las comunidades que dependen de los bosques, como lo ha demostrado la experiencia de los últimos diez años. (4) Los críticos de REDD+, entre los que se cuenta el WRM, han discutido reiteradas veces estas ideas erróneas y motivaciones ocultas detrás de REDD+.
Menos se ha escrito sobre el cambio de REDD+ de proyectos a programas que abarcan regiones o provincias enteras dentro de un país. Se especula que estos nuevos tipos de iniciativas REDD+ abarcarán en última instancia a países enteros. A menudo se les llama “REDD+ jurisdiccional” porque se implementarán no solamente en las tierras asignadas a proyectos REDD+ individuales sino en toda una jurisdicción, que puede ser un departamento, una provincia, un estado o todo un país. En este artículo se analiza qué es lo que motiva este cambio de proyectos a REDD+ “jurisdiccional”.
¿Qué es “REDD+ jurisdiccional”?
Debido a que REDD+ está vinculado a las negociaciones de la ONU sobre el clima, estas también determinan el formato de REDD+. Las iniciativas REDD+ que quieren vender sus créditos de carbono en el mercado de carbono de la ONU tendrán que cumplir con las normas del acuerdo sobre el clima de la ONU. En realidad, programas piloto como el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, del Banco Mundial, y proyectos REDD+ del sector privado - que ya venden créditos de carbono a las empresas en el llamado mercado voluntario de carbono -, también tienen gran influencia en esas normas. Grupos de presión del Banco Mundial y ONGs conservacionistas asisten a las reuniones de la ONU sobre el clima y se reúnen con funcionarios gubernamentales que deciden sobre las normas de la ONU para REDD+.
Desde 2005, el Banco Mundial, grupos conservacionistas internacionales y empresas privadas comenzaron a implementar proyectos REDD+ que serían compatibles con un mecanismo más o menos similar al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto: proyectos individuales o grupos de proyectos en los países del Sur global sin límites de emisiones vinculantes que podrían vender créditos de carbono a empresas y países industrializados con límites vinculantes de emisiones. No obstante, el Acuerdo de París de 2015, de las Naciones Unidas, resultó muy diferente al Protocolo de Kioto (véase también el Boletín 228 del WRM, enero de 2017). En el marco del Acuerdo de París todos los países tienen límites voluntarios de emisiones y deberán presentar su contabilidad nacional de emisiones de gases de efecto invernadero a la convención de la ONU sobre el clima. Estos balances mostrarán hasta qué punto un país ha avanzado en el logro de los objetivos fijados para su país. Ninguno de los límites bajo el Acuerdo de París es vinculante. (5)
Pero los mercados de carbono necesitan límites vinculantes o algún tipo de presión para que funcione la limitación de las emisiones. El supuesto de que REDD+ podría atraer financiación del sector privado en la medida que los proyectos REDD+ sean capaces de vender créditos de carbono en un mercado mundial del carbono, no funcionará más. Los límites crean la demanda; por lo tanto, sin límites (vinculantes) no habrá demanda de créditos REDD+ para un mercado de carbono de la ONU.
Por otra parte, en virtud del Acuerdo de París, la mayoría de los países del Sur global con bosques tropicales han incluido en sus compromisos nacionales reducciones de emisiones derivadas de la deforestación. Por lo tanto, tendrán que calcular la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero de su país y presentar estas cifras en una contabilidad nacional. La mayoría de los países tropicales decidió incluir las emisiones de la deforestación y degradación de los bosques en esta contabilidad nacional. Y tendrán que presentar regularmente a la ONU sus “cuentas nacionales de carbono” para demostrar sus avances con respecto a las metas de reducción que se fijaron (en la jerga de la ONU referente al clima estos objetivos se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, por su sigla en inglés).
A partir de 2020, cuando entre en vigor el Acuerdo de París, todos los créditos de carbono vendidos por un proyecto REDD+ localizado en un país cuya contabilidad nacional de los derechos de emisión de carbono también incluya (el carbono almacenado en) los bosques, tendrán que ser deducidos de la contabilidad nacional del carbono del país. Si el crédito vendido por el proyecto no se deduce de la contabilidad nacional, estamos ante lo que en la jerga climática de la ONU se denomina “doble contabilidad”, porque el comprador del crédito de carbono también reivindicará una reducción en su propia contabilidad - después de todo, es por eso que compró el crédito REDD+. Esto significa que en el papel aparecen menos emisiones de las que hay en realidad. Y eso a su vez aumenta el riesgo de un peligroso cambio climático.
Es muy probable que si los proyectos REDD+ del sector privado siguen vendiendo créditos de carbono exista doble contabilidad en el marco del Acuerdo de París. (6) Incluso en un reciente informe de Gold Standard, una empresa certificadora de créditos de carbono, se advierte sobre este riesgo. (7) La venta continua de créditos de carbono REDD+ por los proyectos REDD+ del sector privado generará un caos en esas circunstancias, lo que ya puede apreciarse en el estado brasileño de Acre. Allí, el gobierno alemán está financiando un programa “REDD+ jurisdiccional” llamado “REDD Early Movers” (Pioneros de REDD). (8)
Entre 2012 y 2016, el programa del gobierno alemán pagó al gobierno de Acre un total de 25 millones de euros a cambio de que el Estado de Acre presentara documentos que demostraran que las emisiones de la deforestación en Acre habían quedado por debajo del nivel acordado en el contrato REDD celebrado entre los dos gobiernos. Ese nivel era muy generoso. No requería reducciones de emisiones adicionales a las ya alcanzadas en años anteriores porque el cálculo incluía los años de elevada deforestación de 2003 a 2005. En los años siguientes, las medidas de orden público aplicadas por parte del Estado brasileño ya habían dado lugar a profundas reducciones en las tasas de deforestación. Podría argumentarse que el gobierno alemán estaba pagando a Acre para que alcanzara las reducciones de emisiones logradas en el pasado a través de medidas que no eran REDD+, o que Alemania estaba pagando a Acre para que mantuviese las reservas de carbono de sus bosques, un concepto que había sido rechazado como inasequible durante los primeros años de las negociaciones de la ONU sobre REDD+.
El estado de Acre puede utilizar el dinero para realizar cualquier actividad que considere necesaria con el objetivo de reducir la deforestación. Una mirada más de cerca a aquello en lo que el gobierno de Acre ha decidido gastar el dinero revela, entre otras cosas, que se ha destinado muchísimo dinero a informes y estudios de consultoría y muy poco ha llegado a las comunidades. Esto refleja muchos de los problemas, ampliamente documentados, ocasionados por REDD+ en varios lugares.
¿Qué nos dice el programa “REDD Early Movers” de Acre sobre “REDD jurisdiccional”?
El análisis del programa “REDD Early Movers” de Acre también revela las contradicciones que surgen cuando los programas “REDD jurisdiccional” tratan de integrar los proyectos REDD+ del sector privado que ya venden créditos de carbono en el mercado voluntario de carbono. En Acre existen al menos tres de estos proyectos: los proyectos REDD+ Purus, Valparaíso y Envira. En la contabilidad de los derechos de emisión de carbono preparada por el gobierno de Acre para el programa “REDD Early Movers” acordado con Alemania, se resta el 10 por ciento de las reducciones de las emisiones del estado para dar cuenta de los créditos de carbono vendidos por estos tres proyectos REDD+. Purus por ejemplo, vendió créditos de carbono a la FIFA para compensar parte de las emisiones de la Copa mundial de fútbol de 2014. Pero si se suman los números se ve que estos tres proyectos reclaman mucho más que el 10 por ciento restado a la contabilidad del carbono del Estado. Eso quiere decir que es posible, si no probable, que algunas reducciones (si es que llegan a producirse) se cuentan dos veces: con la venta de los créditos de carbono del proyecto REDD+ del sector privado, como en el caso de la FIFA, y por el Estado de Acre en su contabilidad de los derechos de emisión de carbono. A partir de 2020 ese riesgo aparecerá en muchos más países. Este tipo de situaciones puede tener mayores probabilidades de ocurrir en países como Perú, Kenia o la República Democrática del Congo (RDC) (9), donde existen varios proyectos o grandes proyectos REDD+ que ya venden créditos de carbono y donde las empresas que ejecutan estos proyectos están involucradas en el diseño de programas “REDD jurisdiccional”.
Como muestra el ejemplo de Acre, para las comunidades, los impactos de los programas “REDD jurisdiccional” bien pueden ser muy similares a los causados por los proyectos REDD+ individuales: que las comunidades sean las primeras en sufrir restricciones a sus prácticas tradicionales de uso del bosque y que sean las últimas en recibir una compensación significativa o los “beneficios” que se supone REDD+ generará para las comunidades que dependen de los bosques.
Jutta Kill, jutta [at] wrm.org.uy
Miembro del Secretariado Internacional del WRM
(1) REDD es el acrónimo de Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los Bosques. Ver la publicación del WRM: “REDD: una colección de conflictos, contradicciones y mentiras” donde se brindan ejemplos de las numerosas maneras en que los proyectos REDD+ perjudican a las comunidades que dependen de los bosques, http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/
(2) Ver: “¿Qué tienen que ver los bosques con el cambio climático, los mercados de carbono y REDD+?”, http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/que-tienen-que-ver-los-bosques-con-el-cambio-climatico-los-mercados-de-carbono-y-redd/
(3) Ver también el libro Licensed Larceny de Nick Hildyard. http://www.thecornerhouse.org.uk/resource/licensed-larceny
(4) “Los proyectos REDD+ y cómo debilitan la agricultura campesina y las soluciones reales para enfrentar el cambio climático”. Informe de GRAIN y WRM. http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/los-proyectos-redd-y-como-debilitan-la-agricultura-campesina-y-las-soluciones-reales-para-enfrentar-el-cambio-climatico/
(5) Quizá también sea importante tener en cuenta que el total de reducciones al que los países se han comprometido es demasiado bajo como para evitar aumentos de la temperatura mundial de menos de 2 grados Celsius: tan solo Estados Unidos, la Unión Europea, China e India abarcarían la totalidad del llamado presupuesto de carbono del carbono fósil que todavía puede ser liberado hasta 2050 para asegurar una posibilidad del 50 por ciento de que las temperaturas no aumenten más de 2 grados. Y una buena parte de las emisiones de China resultan de la producción de bienes exportados a Estados Unidos y la Unión Europea. http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/16/files/GCP_CarbonBudget_2016.pdf
(6) “Who takes the credit?”, informe de Fern y la Red del Tercer Mundo. http://www.fern.org/whotakesthecredit
(7) “A New Paradigm for Voluntary Climate Action: Reduce Within, Finance Beyond”, informe de Gold Standard. https://www.goldstandard.org/blog-item/new-paradigm-voluntary-climate-action-%E2%80%98reduce-within-finance-beyond%E2%80%99
(8) “Economía Verde, Povos das Florestas e Territórios: violações de direitos no estado do Acre”. Plataforma Dhesca Brasil.
(9) Rainforest Foundation UK: “Logging in Congo’s rainforests: A ‘carbon bomb’ about to be primed by the Government of Norway?” http://www.rainforestfoundationuk.org/media.ashx/drc-carbon-bomb-briefing-2017.pdf
