Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

¿La aplicación de las leyes forestales y el buen gobierno son la respuesta?

Las empresas y los gobiernos involucrados en el comercio internacional de maderas tropicales tienen una mala imagen, bien merecida por cierto. La mayor parte de sus actividades han provocado la destrucción generalizada de bosques y violaciones a los derechos humanos en numerosos países, en tanto que la corrupción ha estado presente en muchas de ellas. Habiendo sido blanco de fuertes campañas organizadas por distintas ONG, algunos de esos mismos actores parecen querer ahora mejorar su desempeño, tanto en el madereo como en el comercio internacional de la madera.

Esto ha dado lugar a los procesos de Aplicación de las Leyes sobre Bosques y el Buen Gobierno (FLEG, por su sigla en inglés), que se ocupan de este asunto particularmente en los bosques de Asia y África, al tiempo que la Unión Europea ha lanzado una iniciativa similar para combatir la importación de madera de origen ilegal en sus estados miembros.

Tal como lo expresa su nombre, el enfoque del FLEG está centrado principalmente en dos temas: aplicación de las leyes y buen gobierno. El razonamiento detrás de esto es que mientras la legislación forestal sea acatada y los gobiernos cumplan con su rol adecuadamente, el resultado será positivo para los bosques. Como consecuencia, el comercio internacional podrá seguir desarrollándose con una imagen limpia, bajo el estandarte de la legalidad.

Este enfoque está basado en el supuesto implícito de que las leyes son básicamente buenas y que los gobiernos son legítimos, simplificando así la tan compleja cuestión de los bosques y los pueblos de los bosques, y dejando afuera – o en el mejor de los casos al margen – el tema crucial de la propiedad de los bosques.

En la mayor parte de los países tropicales, la ley establece que los bosques son propiedad del Estado, el cual tiene derecho a otorgar concesiones de madereo a empresas privadas. Como resultado de ello, las compañías que operan en dichas concesiones lo hacen dentro de la ley. Si dichas empresas actúan de acuerdo con las reglas (por ejemplo respetando la cuota de corte anual permitida, los límites de la concesión y otros requisitos legales), y si los funcionarios del gobierno aplican a su vez las normas al controlar las actividades de las empresas privadas, entonces se considerará que el sector forestal está actuando “legalmente” y que se ha logrado un “buen gobierno”.

Sin embargo, desde una perspectiva comunitaria el panorama es totalmente diferente. Tanto para los pueblos que habitan los bosques como para los que dependen de éste, esas leyes son ilegítimas y no deberían ser aplicadas; fueron creadas en la época colonial y luego adoptadas por los gobiernos post-coloniales para servir a los intereses de las elites locales y de las empresas extranjeras, en su mayoría con sede en las antiguas metrópolis. Para esos pueblos, la aplicación de las leyes y el buen gobierno en materia de bosques implican el fortalecimiento de una situación que va en contra de su voluntad e intereses, y que ellos nunca han aceptado como justa.

Desde su perspectiva, la tala ilegal y la corrupción a nivel de empresas y gobierno no son los mayores problemas. El verdadero problema es la explotación destructiva de sus bosques por parte de actores externos y las violaciones a los derechos humanos que esta actividad conlleva, más allá de que la actividad sea legal o ilegal.

Legalidad no es necesariamente sinónimo de legitimidad, y eso es precisamente lo que se debe lograr: que ambas coincidan. Para que esto suceda, las leyes deben ser cambiadas drásticamente. Los gobiernos y la sociedad civil deben reconocer el derecho legítimo de las comunidades de los bosques a través de una legislación adecuada que establezca que los bosques son de propiedad de la comunidad.

Reconocer tales derechos sería el primer paso en la dirección correcta (aunque no el único). Sólo entonces las comunidades locales considerarían positiva la aplicación de las leyes, y un buen gobierno tendría sentido. Mientras esto no suceda, seguiremos considerando ilegítimo gran parte del comercio “legal” de maderas tropicales, y viendo como intrusos en tierras ajenas a las empresas involucradas.