Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Brasil: el Banco Interamericano de Desarrollo promueve la destrucción del Alto Tocantins

El río Tocantins es el principal del sistema hidrológico del “cerrado” (savana) y la región oriental de la Amazonía en Brasil. El gobierno de ese país está planeando la construcción de ocho represas hidroeléctricas sobre los ríos Tocantins y Araguaia. Una de ellas es la represa de Cana Brava, localizada 250 kms al norte de Brasilia, en el estado de Goiás, que junto a las represas de Tucuruí y de Serra da Mesa, que ya están en funcionamiento, formarán un contínuo de casi 2.000 kilómetros de reservorios en escalera.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la agencia comprometida con la provisión de apoyo financiero al proyecto a través de la concesión de un préstamos de U$S 150 millones para que Tractebel Brasil Ltda. –subsidiaria de Tractebel Bélgica– pueda construir la represa. El Banco ya ha aprobado un préstamo para la construcción del tendido eléctrico Norte-Sur, que se extiende a lo largo del río Tocantins y servirá de conexión para la red de represas propuestas. En caso de ser construido, este complejo afectará severamente a los ríos Tocantins y Araguaia, sus ecosistemas asociados y a las poblaciones ribereñas. Esta región rica en biodiversidad y en recursos –que comprende parte del “cerrado” y bosques de transición a la Amazonía– ya está amenazada por los impactos a gran escala provocados por la construcción de la hidrovía Araguaia-Tocantins, una vía fluvial industrial planeada para el transporte de soja.

El estudio de impacto ambiental y social del proyecto Cana Brava realizado por el BID a efectos de justificar el referido préstamo presenta serias omisiones y errores de hecho. Su principal supuesto –que la energía hidroeléctrica es la más deseable fuente de energía alternativa para la región– carece de fundamento, ya que la energía a ser producida allí será trasmitida a la red nacional, principalmente a las ciudades industriales del centro y sur del Brasil. Por otra parte, los verdaderos costos financieros, ambientales y sociales del proyecto no fueron evaluados.

El estudio del BID ignora el hecho de que el “cerrado” es uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, al decir que no fueron identificadas especies en peligro durante los reconocimientos en la zona y que el Alto Tocantins es un sistema menos productivo que los tramos medio y bajo del río. No resulta siquiera claro si el informe se refiere solamente al área donde se emplazará el embalse, o a toda la zona que sufrirá los impactos de la represa. Sus consideraciones acerca de los impactos sociales de la obra son también cuestionables. En tanto el informe considera que “no hay una importante población indígena en el área de influencia directa del proyecto”, la FUNAI (Fundación Nacional Indígena del Brasil) y CIMI (Consejo Indigenista Misionero) han demostrado que el área se encuentra habitada por los indígenas Avá-Canoeiro, un grupo étnico en peligro, conocido como los señores del Alto Tocantins y su valle. Debemos subrayar que los Avá-Canoeiro ya han sufrido la pérdida del 10% de la superficie de su reserva debido a la construcción de la represa Serra da Mesa. Incluso una importante comunidad de “quilombos” –descendientes de esclavos escapados del cautiverio, que manejan su tierra en forma cooperativa– viven en la zona afectada por el proyecto. El estudio del BID no los menciona. El impacto del proyecto sobre la población rural es minimizado, puesto que el número de familias afectadas por la represa es mucho mayor a las 110 que el informe cita.

La actitud arrogante de Tractebel y del BID han generado una atmósfera de conflicto en la zona. Los pobladores locales han emprendido acciones directas para presionar a la empresa a discutir los temas relevantes antes de que continúe la construcción de la represa. Por ejemplo, el 16 de enero de 2000, 500 personas afectadas por la obra ocuparon el campamento de Cana Brava, y el 14 de marzo se realizaron marchas y protestas en la ciudad de Minaçu. En marzo de 2000 la coalición internacional International Rivers Network (IRN) se dirigió al presidente del BID, Sr. Enrique Iglesias, para expresarle su preocupación por la forma en que el Banco estaba evaluando el mencionado préstamo, y para sugerirle algunas recomendaciones a fin de evitar los impactos negativos del megaproyecto.

Aún así, el BID prestó oídos sordos a las protestas y las recomendaciones. En agosto de 2000 aprobó un préstamos por U$S 160,2 millones para la construcción de la represa de Cana Brava.

Artículo basado en información obtenida de:
“BID aprueba U$S 160,2 millones para apoyar proyecto hidroeléctrico Cana Brava en Brasil”, 9/8/2000, “O resurgimento dos Avá-Canoeiro”, Folha do Meio Ambiente – Ano 11 – Edição 103 – Brasília/DF, abril-2000,