Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Chile: proyecto forestal amenaza producción de vinos

Durante décadas en el valle del Itata pequeños y medianos propietarios han desarrollado actividades económicas basadas en la producción de vinos y hace poco tiempo han logrado obtener “denominación de origen” para la producción de vinos finos de exportación. Con el trabajo de muchos años han logrado desarrollar una actividad que tiene un enorme potencial económico y social.

En enero de este año la COREMA (Comisión Regional del Medio Ambiente) de la VIII región, decidió rechazar la instalación del proyecto “Complejo Forestal Industrial Itata” que se ubicaría en este mismo valle y el que comprende actividades ligadas al rubro forestal entre las que se encuentra la instalación de una planta de celulosa en el Valle del Itata. La razón dada para el rechazo fue que este proyecto generaría impactos ambientales negativos. La empresa proponente del proyecto –Celulosa Arauco y Constitución S.A.– pertenece al grupo Angelini, uno de los más poderosos del país.

Usando los mecanismos que le otorga la ley, Celulosa Arauco apeló la decisión a la instancia superior, la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente). De acuerdo a la Ley de Bases del Medio Ambiente cuando se presenta una situación de este tipo, el organismo encargado en definitiva de resolver la viabilidad ambiental del proyecto es el Consejo de Ministros, instancia superior de la CONAMA. Para decidir en forma adecuada el Consejo de Ministros cuenta con el apoyo del Consejo Consultivo, organismo de consulta, que en teoría cuenta con representantes de distintos sectores –organizaciones no gubernamentales, científicos, centros académicos independientes, trabajadores, empresarios y gobierno. En realidad sus representantes no son elegidos democráticamente por las propias organizaciones, sino que son nombrados por el Presidente de la República.

Sorpresivamente, hace pocos días el Consejo Consultivo decidió recomendar al Consejo de Ministros la aprobación ambiental de este proyecto. ¿Cómo se explica esto? Varios servicios públicos, además de un Panel de Expertos de la Universidad Católica contratado especialmente para analizar el proyecto, han opinado que la instalación de la planta de celulosa en el valle del Itata es incompatible con la actividad económica que se desarrolla actualmente en la zona: la vitivinicultura. La instalación del proyecto produciría un conflicto entre dos actividades económicas incompatibles: la existente vitivinícola- turística versus la forestal-industrial.

Por otra parte, desde sus inicios este proyecto ha tenido un fuerte rechazo en las cinco comunas aledañas al lugar de instalación del Complejo Itata (Ranquil, Coelemu, Trehuaco, Quillón y Portezuelo). Esta oposición no es antojadiza y se fundamenta en que la instalación de una planta de celulosa es altamente contaminante, pues en el proceso industrial de producción de celulosa se usan compuestos químicos clorados que son considerados compuestos tóxicos peligrosos y además se generan “dioxinas”, que son sustancias mutagénicas, las cuales aumentan la probabilidad de desarrollar cáncer. O sea, se generarían graves impactos ambientales además de daños en la salud y calidad de vida de las personas que habitan en este valle.

Un argumento normalmente esgrimido por este tipo de emprendimientos es la generación de empleo, hoy en día tan escaso en nuestro país. No obstante, también en este sentido la recomendación del Consejo Consultivo no resulta comprensible, pues hoy en día existen 3.000 empleos fijos en la zona –producto de la actividad vitivinícola– contra 1.200 empleos que podría llegar a generar la instalación del Complejo Forestal Itata en todas sus actividades.

Esta situación plantea muchas interrogantes. ¿Qué se está evaluando realmente? ¿La capacidad de ejercer presión e influencia de uno de los grupos económicos más importantes del país, o el impacto ambiental del proyecto? ¿Son consideradas realmente las comunidades y las economías locales a la hora de decidir que es mejor para ellas?

Ahora toda la responsabilidad está en manos del Consejo de Ministros. Su decisión señalará en los hechos cuál es, efectivamente, la política ambiental y económica del actual gobierno.

Por: Flavia Liberona, RENACE, 10/11/2000;