Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Colombia: incentivo económico perverso para la plantación de palma aceitera

La palma africana fue introducida a Colombia en 1932 pero el desarrollo comercial del cultivo se inició a finales de los años cincuenta. A mediados de la década del sesenta ya existían 18.000 hectáreas en producción en los departamentos del César, Magdalena, Santander y Norte de Santander. Los cultivos se expandieron a otros departamentos y según datos publicados en 1995 por Fedepalma, en ese año ya sumaban alrededor de 130.000 hectáreas, siendo el principal cultivo de oleaginosas del país, fundamentalmente en las zonas norte, central y oriental.

Hoy en día, en el marco del llamado Plan Colombia se pretende sustituir plantaciones de cultivos ilícitos por palma africana y en todo el país se está planificando sembrar hasta 300.000 nuevas hectáreas. Estas nuevas plantaciones se realizarían dentro del proyecto agrario de la actual administración, sin tener en cuenta ni la gente ni el ambiente.

Como afirma la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra. (ACVC), estas plantaciones son “un triste ejemplo del cóctel de latifundismo con aspiraciones de eficiencia o modernidad que al pretender ser productivo no renuncia, sino al contrario se reafirma en su origen excluyente y monopolista del uso de la tierra”. Y la ACVC agrega: “Se trata con este sistema de incrementar los rendimientos monetarios por hectárea sin alterar en lo absoluto la estructura de tenencia de la tierra. Los nuevos señores feudales plantean las alianzas productivas que no son otra cosa que la aparcería maquillada. Las alianzas son el remedio legal para eludir las obligaciones con los trabajadores agrarios desposeídos. Al volver socio al trabajador, el latifundista ahorra en jornales y elimina las horas extras y las prestaciones sociales. La clase propietaria considera que la administración de las alianzas deben conservarla ellos ‘dada su experiencia’. En otros casos los neolatifundistas proponen sociedades a los pequeños e incluso medianos propietarios y productores induciéndolos a asociarse a los proyectos de monocultivo, mediante un sistema de endeudamiento con el sofisma de la ‘economía campesina de la palma’. En realidad se trata de contar con una oferta de materia prima permanente sin tener ninguna vinculación laboral entre los latifundistas que controlan los procesos de elaboración y comercialización y los campesinos empobrecidos”.

Ni siquiera los objetivos declarados, como el de encontrar mayor rendimiento monetario por hectárea se cumplirán en este caso, ya que como bien lo ha afirmado la ACVC, de lo que se trata es de contar con una mayor oferta de materia prima.

Un ejemplo de lo que podría suceder en Colombia se verificó el año pasado en Malasia. Mientras hubo un incremento en la cosecha del 30 % durante el período comprendido entre setiembre y octubre, el precio bajó paulatinamente durante todo el año hasta alcanzar un 40% menos en octubre de lo que se había cotizado el producto en enero del mismo año. Malasia, que es el mayor productor y exportador de palma del mundo, tiene muchísima experiencia en el tema y no precisamente positiva, especialmente para la gente y el ambiente. Hace apenas unos días, a fines del mes de mayo, muchos productores malasios de las localidades de Keningau y Tenom se vieron obligados a quemar la fruta madura de su producción “porque es demasiado

costoso trasladar el producto a la planta procesadora más cercana en Beaufort, a la luz de la disminución del precio de la palma en el mercado mundial”, tal como fue publicado en el diario local Daily Express.

Pero el daño más irremediable quizás será sobre el ambiente y por ende sobre la gente que vive en él y fundamentalmente la de menores recursos. En un estudio publicado recientemente por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt se afirma que “Es importante recordar que las plantaciones de palma no son bosques, son ecosistemas uniformes que sustituyen los ecosistemas naturales y su biodiversidad. Esto usualmente resulta en impactos sociales y ambientales negativos: decrece la producción de agua, se modifica la estructura y composición de los suelos, se altera la abundancia y composición de especies de fauna y flora, se pierde la base del sustento de la población nativa y en algunos casos se produce el desplazamiento de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la zona”. Algunos ejemplos ya se han documentado, como es el caso de “la zona palmera occidental (Municipio de Tumaco), en donde la destrucción del bosque primario ha estado asociada, en muchos casos, al establecimiento del cultivo de la palma. Y como es sabido, una de las principales causas para que especies de fauna ingresen a alguna de las categorías superiores de amenaza, es la destrucción de los hábitats que las soportan”.

El objetivo fundamental de ese estudio científico fue demostrar la “perversidad” de determinados incentivos como el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), enunciados como “para la paz” y promovidos dentro del marco del Plan Colombia. “Se escogió el ICR para cultivos de tardío rendimiento como incentivo potencialmente perverso, debido a que éste se orienta directamente a la expansión de áreas sembradas en palma en cualquier región del país sin tener en cuenta consideraciones con respecto a la conservación de la biodiversidad. El ICR, es una condonación del crédito otorgado por FINAGRO a los productores agropecuarios y puede ser hasta del 40% del mismo, dependiendo del tipo de productor involucrado”.

Es importante aclarar que ésta es sólo una nueva fórmula para una vieja historia de incentivos ya que “los estímulos han acompañado a los palmicultores desde la década del 50, e impulsaron la decisión de incrementar las áreas sembradas que pasaron de 250 hectáreas en 1957 a más 150.000 hectáreas en 1999” y que han sido de todo tipo: “fiscales y tributarios, la investigación y asistencia técnica, la distribución gratuita de plántulas y semillas, el acceso al crédito”… entre otros.

Mediante “un análisis microeconómico que permitió determinar el comportamiento de los productores ante cambios en el precio del crédito, se pudo determinar que los ICR “pueden estimular tanto a los actuales productores como a nuevos inversionistas a incrementar las áreas sembradas en palma africana, reemplazando coberturas vegetales tan diferentes como son el bosque húmedo tropical y los pastos”. El modelo construído dentro de este estudio permitió “simular el posible efecto que tendría sobre la biodiversidad el otorgamiento del ICR en dos zonas palmeras del país: la zona norte y la zona occidental” y “estimar las áreas óptimas que serían demandadas por los productores” y permitió también calcular “un Indicador de Biodiversidad (IBD) que permite comparar el nivel de biodiversidad actual con el nivel que habría si las áreas potencialmente demandadas se transformaran en cultivos de palma”. Los resultados indicaron que las pérdidas en biodiversidad irían desde 21,8% hasta 39,15 % en las diferentes áreas estudiadas.

Pero más allá de los impactos ambientales y sociales de todo tipo que la expansión de los monocultivos de palma africana pueden acarrear, resulta increíble que la “solución” que el tan cuestionable Plan Colombia ofrece a los actuales cultivadores de cultivos ilícitos sea la plantación de palma africana. La única solución viable sería aquella que permitiera a esos agricultores sustituir su actual producción por otra que les brinde ingresos más o menos equivalentes a los que ahora obtienen. Y eso es algo que seguramente la palma no les dará. El actual nivel de precios ya no resulta rentable y el incremento de las áreas dedicadas al cultivo de la palma no hará más que reducirlo aún más. Este es por lo tanto un nuevo engaño, que sólo servirá para que el

empresariado colombiano del aceite de palma obtenga mayores ganancias. Los impactos los sufrirán la gente y el ambiente.

Artículo basado en información de: Fedepalma; Servicio Informativo Red Resistencia, Asociación Campesina del Valle del rio Cimitarra – ACVC, ACVC paper at the International Conference “El Otro Davos”: El neoliberalismo, la cuestión agraria y el conflicto social y armado en Colombia; Daily Express, No 21, August 2000, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, Alexander Von Humboldt,
The Borneo Project.