Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

El costo humano de las áreas estrictamente protegidas en la Cuenca del Congo

En la Cuenca del Congo, en África, las numerosas promesas de conservación participativa y en base a los derechos han fracasado estrepitosamente. Las comunidades que viven en y alrededor de las áreas protegidas confrontan una realidad de despojo, empobrecimiento y violación de los derechos humanos.

Foto: Ecoguardias quemando un supuesto campamento ilegal en la República del Congo, 2012. Mike Goldwater.

En la Cuenca del Congo, en África, tal vez más que en cualquier otro lugar del mundo, las numerosas promesas de conservación participativa y basada en los derechos han fracasado estrepitosamente en concretarse. Para las comunidades que viven en las áreas protegidas y en torno a ellas, su realidad sigue siendo de despojo, empobrecimiento y violación generalizada de los derechos humanos.

En el Congreso Mundial de Parques celebrado en Durban en 2003, los gobiernos, las ONG conservacionistas y las organizaciones multilaterales presentes reclamaron un “nuevo paradigma de la conservación” (1), reconociendo las injusticias del pasado y anunciando que a partir de ese momento las personas locales serían tratadas como socios igualitarios y que se respetarían sus derechos. Desde entonces mucho se ha dicho de la boca para afuera, pero en los bosques tropicales de la Cuenca del Congo todo eso dista mucho de la realidad.

Durante tres décadas, Rainforest Foundation UK ha trabajado en toda la región en estrecho contacto con comunidades que dependen de los bosques. Cada vez que nos acercamos a un área protegida, encontramos la misma historia: las comunidades que dependen de los bosques – que a lo largo de varias generaciones manejaron y coexistieron con sus bosques ancestrales de forma sustentable – debieron sufrir el despojo de sus tierras y fuentes primarias de medios de vida e ingresos, para dar paso a las áreas protegidas que les fueron impuestas sin su consentimiento. Las comunidades quedaron marginadas también del manejo de los bosques de los que dependen, y han tenido que soportar el estricto cumplimiento de reglas que no fueron explicadas adecuadamente, con guarda-parques armados que las atacan de manera arbitraria y desproporcionada por “caza ilegal”, en lugar de perseguir a los verdaderos criminales.

Comenzamos a documentar la situación de manera más sistemática (2), recolectando evidencia cualitativa y cuantitativa de cómo los derechos de las comunidades que dependen de los bosques fueron ignorados tanto en la etapa de creación como de manejo de las áreas protegidas, y cómo la grave negligencia de parte de las mega ONGs conservacionistas permitió que ocurrieran violaciones de los derechos humanos por parte de guarda-parques financiados con fondos provenientes de la ayuda “al desarrollo”. Estos temas se analizaron en detalle en un informe de 2016, que analiza los impactos en la región de 34 áreas protegidas. (3)

Armas, guardias y violación de derechos

Las organizaciones conservacionistas se apresuran a dar cifras sobre los arrestos e incautaciones de cazadores ilegales y el número de guarda-parques que pierden la vida protegiendo la vida silvestre, incluso en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Estas cifras a menudo aparecen en los titulares. (4) Pero detrás de estos números se esconde una historia mucho más compleja y turbia. Por cada red de caza ilegal que se desmantela ¿cuántos indígenas inocentes en busca de sustento fueron arrestados y encarcelados prácticamente sin derecho a un juicio justo? Por cada guarda-parque que muere trágicamente defendiendo especies en peligro de extinción, ¿cuántas personas locales fueron arrestadas arbitrariamente, extorsionadas, torturadas, abusadas o asesinadas por otros guarda-parques?

Recientemente apoyamos a un equipo de investigadores locales para llevar a cabo una investigación a profundidad en las comunidades que viven en torno al Parque Nacional Salonga, en la República Democrática del Congo (RDC), protegido por la UNESCO. (5) El equipo de investigación entrevistó a más de 230 personas afectadas por el parque, y casi una cuarta parte de ellas informaron haber sido víctimas directas de abusos físicos o sexuales por parte de los “ecoguardias” del parque, que a veces actuaron conjuntamente con el ejército de la RDC (FARDC). El equipo entrevistó a víctimas y testigos y recopiló evidencia material de impactantes violaciones a los derechos humanos. Entre las más graves figuran un caso de violación en grupo, dos ejecuciones extrajudiciales y numerosos informes detallados de torturas y maltrato. Los guarda-parques de Salonga cuentan con el apoyo de la ONG WWF, que co-administra el parque desde 2015 y recibe fondos directos e indirectos de una amplia gama de donantes internacionales, entre ellos el banco de desarrollo alemán KfW, US-AID y la Unión Europea.

El parque es tan grande como Bélgica y el equipo de investigación solo visitó una parte de las 700 aldeas que se cree están directamente afectadas por las medidas de conservación de Salonga. Por lo tanto, existen buenas razones para creer que los abusos revelados son parte de un problema mucho más grande y sistemático.

Si bien la situación en Salonga es particularmente alarmante, la conservación de tipo militar ha producido muchas más víctimas en toda la región. En la República del Congo documentamos el caso de Freddy, un presunto cazador ilegal que fue torturado y asesinado en noviembre de 2017 por “ecoguardias” apoyados por la ONG Wildlife Conservation Society. (6) Asimismo, durante una investigación de campo ese mismo año alrededor de Lac Tele, en la única llamada “reserva comunitaria” del país, nos reunimos con familias indígenas Baka cuyas casas fueron incendiadas por “ecoguardias” y ahora denunciaron haber sufrido reiterados maltratos cuando entraron al bosque.

En un contexto de corrupción policial generalizada y falta de confianza en las autoridades, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos no se denuncian. Cuando lo hacen, no se toman medidas para reparar a las comunidades. Cuando las ONGs conservacionistas, que capacitan y apoyan a los “ecoguardias,” reciben denuncias de tales abusos, tienden a escudarse tras el hecho de que, en última instancia, los “ecoguardias” son responsabilidad del Estado. Pero, claramente, hay mucho más que podrían hacer para prevenir, monitorear y remediar las violaciones que ocurren bajo su vigilancia.

Se socavan sistemáticamente los derechos a la tierra y a los medios de sustento

Otro problema profundamente arraigado que los programas conservacionistas en gran medida no abordan y a menudo empeoran, es la inseguridad en la tenencia de la tierra y, vinculado a ello, la pérdida de los medios de sustento. Una de las razones por las cuales la conservación basada en los derechos ha fracasado cabalmente en materializarse en la Cuenca del Congo es que las comunidades locales no tienen prácticamente ningún derecho legal sobre sus tierras y que los derechos consuetudinarios son en gran medida mal interpretados e ignorados.

Antes de crear un parque nacional, un primer paso obvio sería documentar quiénes viven allí (y cómo viven), preguntar si están de acuerdo y asegurarse de que la conservación no implicará restricciones a las actividades que tradicionalmente les proporcionan el sustento. Pero esto casi nunca se hace en la Cuenca del Congo. Nuestra investigación en 34 áreas protegidas de toda la región no encontró pruebas de que antes de la creación del área protegida se informara o existiera documentación adecuada (como el mapeo) de la tenencia consuetudinaria. (7) Como resultado, casi invariablemente las áreas protegidas se superponen a tierras que habitualmente son de propiedad y uso de comunidades indígenas y agrícolas locales, sin que éstas hubieran dado su consentimiento. En un enorme número de casos, la creación de áreas protegidas ha involucrado algún tipo de desplazamiento de las comunidades locales, desde la reubicación física de aldeas enteras hasta el desplazamiento económico de personas que ven limitado o incluso totalmente prohibido su acceso a la tierra o a los recursos, lo cual acarrea inmensos impactos en su economía, cultura, forma de vida y sustento, e identidad.

Un ejemplo de esto es la Reserva Tumba Lediima, en el oeste de la República Democrática del Congo. (8) Cuando en 2006 se trazaron arbitrariamente sus límites, principalmente para proteger a la población local de bonobos (un tipo de chimpancé), nadie pensó que valía la pena documentar adecuadamente quién vivía allí y cómo estas personas se verían afectadas por las medidas de conservación. Además, ni se registró que para los grupos étnicos de la zona, la caza de bonobos era tabú y, por lo tanto, ya estaban jugando un papel clave en la protección de la especie. El mapeo comunitario reveló que más de 100.000 personas que viven en el área de conservación dependen en gran medida de los bosques para su sustento. Debido a que estas comunidades no tuvieron voz ni voto en el establecimiento y manejo de la reserva, se vieron muy afectadas por las restricciones a la caza y la pesca que les impusieron los administradores de la reserva, hasta el punto que el Programa Mundial de Alimentos tuvo que intervenir y proporcionar complementos alimenticios. (9)

Encontramos una historia similar cerca del Parque Nacional Salonga. Las comunidades que viven en el llamado “corredor de Monkoto”, muchas de las cuales fueron desalojadas por la fuerza de sus bosques cuando se creó el parque en 1971, informaron que sufrieron una desnutrición generalizada. Las comunidades atribuyeron este problema a las restricciones a la caza y la pesca impuestas por la conservación. “Todos los días nos preguntamos por qué nos sacaron de los bosques de nuestros antepasados ​​y nos pusieron aquí, en este infierno. Es necesario que podamos entrar en el parque porque todo lo que necesitamos para sobrevivir está allí”, nos dijo un aldeano.

Recientemente, la RDC aprobó una legislación sobre los bosques comunitarios, lo que allana el camino para lograr una mayor seguridad en cuanto a la tenencia y la gestión comunitaria de los bosques. (10) Si bien se trata de una acción innovadora, es imperioso garantizar que estos bosques comunitarios sean desarrollados por y para las propias comunidades, en lugar de que se los apropien algunos de los grandes organismos conservacionistas actuando como “mediadores” de las áreas protegidas, tal como lo han revelado algunos informes.

¿Y ahora hacia dónde vamos?

El modelo verticalista, de tipo militar, de la conservación de la vida silvestre, que sigue siendo la norma en la Cuenca del Congo, además de ser socialmente injusto, es miope y, en última instancia, socava los esfuerzos de conservación. Crea una situación de enfrentamiento entre las comunidades locales y la conservación, alienando a quienes deberían ser los mejores aliados de la conservación.

De cara al futuro, las ONGs conservacionistas y sus donantes deben hacer mucho más que aplicar remiendos a un sistema que no funciona: para enmendar los errores no alcanzará con impartir sesiones de capacitación en derechos humanos de un solo día a ecoguardias, o instrumentar unos pocos programas mal adaptados sobre medios de vida alternativos. Se necesita una transformación completa, una en la que los derechos y las necesidades de las comunidades del bosque estén integradas en todos los aspectos de la planificación y el manejo de la conservación.

Los gobiernos deberían tratar de implementar otras medidas de conservación que hayan demostrado ser exitosas, como las formas de conservación de las comunidades indígenas y los bosques comunitarios (genuinamente integrales). (12)

Para las ONGs conservacionistas internacionales implica la necesidad de establecer mecanismos transparentes de seguimiento y reclamación con base ​​en la comunidad, así como medidas correctivas y reparadoras cuando se producen infracciones y atropellos. Significa involucrar verdaderamente a las comunidades locales e indígenas en la vigilancia de la caza ilegal (y volver a reconsiderar la necesidad de ecoguardias armados por completo, al menos en algunos contextos). Los donantes internacionales, por otro lado, deberían dejar de dirigir sus fondos y apoyo a los tradicionales enfoques verticalistas y dirigirlos hacia modelos más basados ​​en los derechos. Los impactos negativos que la tendencia hacia la militarización de la conservación en toda la región ha tenido y tiene en los derechos humanos, también deben ser discutidos con urgencia.

Para las organizaciones de la sociedad civil, implica documentar y exponer sistemáticamente los abusos relacionados con la conservación, y desarrollar la capacidad para hacer esto en los activistas de base y de primera línea en la lucha por los bosques. La aplicación de nuevas tecnologías puede ayudar en gran medida a poner la información sobre cuestiones de la tierra y los derechos humanos en zonas remotas de bosque mucho más accesible para quienes toman decisiones así como a organizaciones.

Rainforest Foundation UK promueve un sistema llamado ForestLink, que permite a las comunidades enviar alertas casi instantáneas de casos de abuso, incluso en zonas donde no hay conectividad para móviles o Internet. (13) La iniciativa Mapping for Rights (Mapeando por derechos) permite a los pueblos de los bosques mapear sus tierras y actividades de subsistencia, proporcionando pruebas tangibles de que las tierras destinadas a la conservación, lejos de ser “naturaleza virgen”, son de hecho paisajes humanos. (14)

Hasta que todo esto no sea debidamente considerado y abordado, lamentablemente las promesas de una conservación basada en los derechos, en el contexto de la Cuenca del Congo, permanecerán incumplidas.

Maud Salber, MaudS@rainforestuk.org
Rainforest Foundation UK, https://www.rainforestfoundationuk.org/

(1) The Durban Action Plan
(2) Rainforests, Parks and People
(3) Rainforest Foundation UK, Protected Areas in the Congo Basin: Failing both People and Biodiversity?, 2016
(4) Ver artículos relacionados en Global Conservation y The Guardian
(5) https://salonga.org/
(6) Rainforest Foundation UK, Aid-funded conservation guards accused of extrajudicial killing, 2017
(7) Ver RFUK (2016)
(8) Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=5HHoSLEVoQk
(9) Tumba Ledima Nature Reserve, DRC
(10) Rainforest Foundation UK, A National Strategy for Community Forestry in DRC, 2018
(11) Achi Targets
(12) Ver ICCA Consortium
(13) ForestLink
(14) Mapping for Rights