El paradigmático caso de Aracruz en Brasil

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Hasta la década de 1950 el gobierno brasilero otorgó susbsidios para la importación de pulpa. Con el advenimiento de la dictadura militar, en 1964, se estableció una política forestal para la promoción de las plantaciones y de las compañías de gran escala orientadas a la exportación de pulpa, mediante el establecimiento de subsidios y préstamos. El eucalipto para pulpa crece en Brasil en rotaciones de sólo siete años, e incluso a veces de cinco o seis años.

Hoy en día hay más de 250 compañías de pulpa y papel en todo el país, siendo el total del área plantada con eucaliptos de alrededor de 3.000.000 de hectáreas. De acuerdo con estimaciones, la superficie total de las plantaciones forestales alcanza a 7.000.000 de hectáreas, 30% de la cual está destinada a la producción de pulpa y papel. Su principal objetivo es el mercado internacional y el 90% de las exportaciones de pulpa está concentrado en cinco grandes compañías, integradas mayormente a capitales extranjeros: Aracruz Celulose en Espirito Santo, CENIBRA, Bahia Sul Celulose, Riocell y Monte Dourado en el norte del país.
El área total de plantaciones perteneciente a estas compañías alcanza las 350.000 hectáreas, y están desarrollándose nuevos proyectos.

La tendencia de estas compañías es a expandirse más y más y a establecer alianzas para mantener su competitividad en el mercado mundial. Dado que la disponibilidad de tierras es un asunto crucial en su estrategia, forzosamente las compañías tienden a extender la superficie de tierras de su propiedad.

Hay quienes ganan y quienes pierden con las plantaciones. Las compañías productoras de pulpa, que reciben un fuerte apoyo por parte del gobierno, son obviamente los principales ganadores en este proceso. Las consultoras para la modernización de las fábricas y de las plantaciones, así como un restringido número de trabajadores industriales, también salen gananciosos de esta situación. Pero frente a estos pocos ganadores hay muchos perdedores, en realidad, la mayoría del pueblo brasilero.

El caso de Aracruz Celulose es paradigmático respecto de los impactos sociales y ambientales producidos por una megacompañía dedicada a las plantaciones forestales y a la producción de pulpa, actuando con un “disfraz verde”. Siendo el mayor productor de pulpa blanqueada de eucalipto en el mundo, Aracruz Cellulose ganó 3 mil millones de dólares en el período 1989-1995. En virtud de las exenciones impositivas que la benefician, la compañía ahorra anualmente U$S 88 millones a costa del gobierno estadual de Espirito Santo. Los problemas con el suministro de agua ocasionados en la región son similares a los verificados en otras partes del mundo. Por otra parte, los análisis de agua realizados en los laboratorios de la compañía no resultan confiables y los agroquímicos utilizados en las plantaciones están produciendo un impacto ambiental negativo sobre la calidad de las aguas.

El área elegida por Aracruz para establecer originariamente su plantación y su fábrica de pulpa no estaba vacía, sino que formaba parte de las tierras ancestrales del pueblo indígena Tupinikim. Los mismos ya ocupaban un vasto territorio -que actualmente abarca parte de los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais y Bahia- cuando los portugueses llegaron al Brasil en el siglo XVI. La presencia de los Tupinikim en el área también fue reportada por informes de los años 1912 y 1919 a cargo del entonces Servicio de Protección al Indígena. A partir de 1934 la Constitución del Brasil garantiza los derechos de los pueblos indígenas a la posesión de sus tierras tradicionales, las cuales no pueden ser enajenadas a terceras personas. En 1967 –el mismo año en que Aracruz comenzó a operar en la zona- un grupo de Guaraníes se unió a sus hermanos y hermanas Tupinikim y permaneció en ese lugar, considerándolo “la tierra sin maldad”. Aracruz Celulose optó por ignorar la historia y la Constitución brasilera cuando ese año comenzó a ocupar las tierras indígenas, sosteniendo que se trataba de un territorio degradado y vacío.

A partir de entonces se inició una larga lucha. Debido a la expansión de las plantaciones de eucalipto que siguió a la deforestación realizada por Aracruz Celulose, los indígenas se vieron forzados a abandonar parte de sus territorios ancestrales. Durante cuatro años reclamaron una extensión de sus tierras en 13.579 hectáreas, ubicadas próximas a las actuales reservas. En marzo de 1998 el Ministerio de Justicia del Brasil decidió demarcar sólo 2.571 hectáreas adicionales para los Tupinikim y Guaraníes, ignorando todos los estudios previos realizados por FUNAI (Fundación Nacional para el Indígena), los cuales apoyaban los reclamos de los indígenas. “Coincidentemente” esa era la misma propuesta que había realizado Aracruz en febrero de 1998. Resulta claro entonces que las autoridades actuaron decididament a favor de los intereses de la compañía. Los indígenas, apoyados por organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos, reaccionaron contra tal decisión judicial y comenzaron la demarcación de la tierra por si mismos. Pero ellos y quienes los apoyaban fueron intimidados y reprimidos por los militares y la policía, en una acción similar a aquellas comunes en el período de la dictadura. Empujados a una situación sin salida, los indígenas se vieron forzados a aceptar un “acuerdo”, según el cual intercambiarán los límites de sus tierras tradicionales -ocupadas por Aracruz Celulose- por una asistencia financiera a cargo de la empresa durante los próximos 20 años. Crece la preocupación por las consecuencias de tal acuerdo.

Por ahora parece ser que Aracruz se ha sacado de encima uno de sus principales problemas. No obstante, a largo plazo esto puede convertirse en un bumerang, ya que todo el esfuerzo que la compañía ha dedicado para crearse una imagen de corporación responsable desde el punto de vista social y ambiental puede haber sido tirado por la borda a partir de este acuerdo forzado y de estilo dictatorial.