Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Filipinas: población local se opone a la represa de San Roque

La represa de San Roque se localizará en el Bajo Agno, en la Provincia de Pangasinan, en la región cordillerana de la isla Luzón, Filipinas. En caso de ser construída, dicha represa sería la más alta –200 metros– y el mayor proyecto de generación hidroeléctrica de Asia, generando 345 megavatios. La electricidad generada por la represa habrá de ser usada primeramente por la industria y la creciente actividad minera en el norte de Luzón. Los trabajos previos en el lugar comenzaron en 1998 y se espera que la construcción culmine en el 2004. San Roque es la tercera represa a ser construida en el río Agno. Las otras dos –Binga y Ambuklao– datan de los años ’50.

La empresa San Roque Power Corporation (SRPC) pertenece a un consorcio conformado por Marubeni (31%), una subsidiaria de la empresa de energía estadounidense Sithe Energies Inc. en un 51% (el 29% de cuyas acciones está a su vez en manos de Marubeni). El 7,5% de las acciones pertenece a Kansai Electric, una empresa generadora de energía japonesa. En 1997, la Philippines National Power Corporation (NPC) otorgó a SRPC los derechos de construcción, operación y mantenimiento del proyecto por un período de 25 años. Como contrapartida, NPC se comprometió a adquirir energía a un precio de P (pesos filipinos) 2,98 el kilowatio-hora. En abril de 1998 la empresa estadounidense Raytheon obtuvo un subcontrato por U$S 700 millones para diseñar y construir las instalaciones.

El costo estimado del proyecto asciende a U$S 1.190 millones. En octubre de 1998 JEXIM (Banco Japonés de Exportación e Importación) aprobó un préstamo por U$S 302 millones a los agentes privados del proyecto, y está estudiando el otorgamiento de otro préstamo por U$S 400 millones para financiar la contribución de NPC al proyecto. Se espera recibir financiamiento adicional por parte de un consorcio de bancos comerciales japoneses, así como capital de los auspiciantes del proyecto.

Entre los beneficios del proyecto se menciona la irrigación de 87.000 hectáreas, el mejoramiento de la calidad del agua debido a una reducción en el contenido de limo aguas abajo y una reducción a la mitad de las inundaciones que destruyen las cosechas durante la estación de lluvias. No obstante, las dos represas mencionadas construidas aguas arriba –Binga y Ambuklao– han sufrido un intenso proceso de sedimentación a causa de la corta del bosque y de las actividades mineras en la cuenca del Agno, lo que resultó en inundaciones más severas en la parte superior de sus reservorios. No hay razones para creer que la situación habrá de ser diferente en el caso de San Roque.

A principios de 1998, más de 160 familias en el sitio de la represa en Pangasinan fueron desplazadas compulsivamente y tuvieron que vivir durante un año en condiciones deplorables en un campamento provisorio. Se les prometió tierras, casas, fuentes de subsistencia alternativas y servicios sociales, pero en cambio NPC le dio a cada una P 10.000 como supuesta compensación. Recién en enero de 1999 se concedió a dichas familias una casa en un nuevo reasentamiento. Otras 402 familias de Pangasinan deberán ser trasladadas antes de que el proyecto termine.

Miles de indígenas Ibaloi que viven aguas arriba de la represa se oponen enconadamente al proyecto. ONGs en la región estiman que si la represa se construye, más de 2.000 familias Ibaloi que habitan en Itogon, Benguet, se verán adversamente afectadas por el proyecto. Muchas de las personas que serían reasentadas ya fueron anteriormente obligadas a dejar sus hogares cuando se construyeron las represas de Binga y Ambuklao. Decenas de miles de personas residentes aguas abajo de la represa verán afectados sus medios de vida a causa de la erosión y de la destrucción de los recursos pesqueros.

Es importante señalar que los lineamientos ambientales de JEXIM establecen que las personas reasentadas por proyectos financiados por esa agencia deben otorgar su consentimiento. Dada la clara oposición de las poblaciones que serían relocalizadas, resultaría que el apoyo de JEXIM a este proyecto viola sus propios lineamientos. Los pueblos afectados se han dirigido por escrito a JEXIM, pero sin resultado.

Unos 4.000 habitantes locales, autoridades municipales –incluyendo al alcalde de San Nicholas– y las organizaciones BAYAN-Central Luzon y Cordillera Peoples Alliance, marcharon el 30 de setiembre del 2000 a la plaza municipal de San Nicholas, Pangasinan, donde realizaron un acto en el que exigieron la detención del proyecto de la represa de San Roque. En el acto se enfatizó el incumplimiento de la empresa Marubeni respecto de las exigencias y condicionalidades impuestas por los habitantes para la construcción de la represa.

Las organizaciones locales han venido llevando a cabo campañas para la total detención del proyecto debido a sus impactos sociales y ambientales negativos para la comunidad que allí habita. Más aún, consideran que el proyecto no beneficiará al pueblo filipino. Además de constituir un peso para los contribuyentes filipinos, la represa de U$S 1.200 millones sólo servirá para cubrir las necesidades energéticas de las empresas mineras extranjeras, que han ingresado al área para explotar sus recursos naturales. El proyecto también viola los derechos de los pueblos indígenas y de los campesinos sobre sus tierras.

Artículo basado en información obtenida de: San Roque Hydropower and Irrigation Project, International Rivers Network, March 1999; Cordillera Peoples Alliance, Press Release 11/02/00.