Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Guatemala: iniciativa de concesiones madereras a comunidades genera polémicas

Desde 1995 se viene implementado en Guatemala un nuevo tipo de iniciativa de conservación de bosques. De acuerdo a sus promotores, la iniciativa intenta unir el desarrollo sustentable basado en la comunidad con la protección de los bosques del Petén en la zona de uso múltiple de la Reserva de la Biósfera Maya, el área protegida más extensa de Centroamérica.

El gobierno concedió recientemente a cinco organizaciones comunitarias –mayormente formadas por campesinos de subsistencia– permiso para talar árboles en los bosques vecinos por los próximos 25 años. El proceso está siendo observado para ver cuán efectivas serán estas concesiones forestales manejadas por las comunidades, tanto en la reducción de la deforestación, como en aportar recursos financieros a los residentes locales. El Centro de Agricultura Tropical, Investigación y Educación Terciaria (CATIE) con base en Costa Rica, y la agencia de parques de Guatemala (CONAP), dos ONGs nacionales (Naturaleza para la Vida y Propetén) y la agencia estadounidense internacional para el desarrollo (USAID) están apoyando este tipo de concesiones en él área.

Desde el punto de vista oficial, el incremento de la población en el área del Petén es el factor principal de degradación y destrucción de los bosques. El gobierno aduce que la población del Petén –actualmente compuesta por unos 90,000 habitantes– se está expandiendo a una tasa elevada y que desde 1986 los pobladores han deforestado casi un 10% del área de la reserva. El razonamiento fundamental de la iniciativa es que las comunidades con concesiones tendrán un contrato con el estado y que por ende van a impedir que otra gente se asiente en el área o conviertan el bosque para otros usos, y que al mismo tiempo obtendrán beneficios económicos de la explotación forestal. Las comunidades que no cumplan con los contratos perderían sus concesiones.

Sin embargo, tales puntos de vista ignoran la influencia de otras actividades que provocan la degradación de la reserva, como por ejemplo las concesiones petroleras otorgadas por el propio gobierno (ver Boletín 21 del WRM) y la tala ilegal, que ha afectado especialmente al cedro (Cedrela odorata) y la caoba (Swietenia macrophilla).

Además, las concesiones mencionadas están enfocadas hacia la producción maderera, ignorando que los bosques no son solamente una fuente de madera para las poblaciones locales, que encuentran variados usos para los productos no-madereros suministrados por los bosques. Como resultado, el otorgamiento de concesiones se ha enfocado exclusivamente en la producción maderera. Por ejemplo: la comunidad de Uaxactún encontró difícil obtener una concesión, ya que sus planes no incluían la tala, pero sí la explotación de productos no-madereros. Algunas comunidades que obtienen su sustento del uso de los diferentes productos del bosque, principalmente “xate” (Chamaedorea spp) y “chicle” (Manilkara achras) se están dedicando progresivamente a la extracción de troncos, lo que ha generado conflictos internos entre quienes desean mantener su estilo de vida tradicional y aquellos que prefieren centrarse en operaciones de madereo.

El concepto de “uso forestal sustentable” está también bajo cuestionamiento, ya que los impactos sociales y ambientales de la tala no han sido tomados en cuenta, y además caben dudas sobre si en todos los casos será posible lograr una ganancia monetaria. También hay aseveraciones de que las actividades de las ONGs acompañantes no han beneficiado a las comunidades y se dice que han enfocado sus actividades para perpetuarse. Por lo menos una de ellas ha sido cuestionada por tratar de interferir en la organización interna de las comunidades de campesinos, en tanto que sus actividades deberían limitarse a ayudarlos en el proceso de manejo comunitario del bosque.

Todo lo anterior ha conducido a diferentes opiniones con respecto a este enfoque, que deberá ser analizado cuidadosamente antes de seguir adelante. Las comunidades locales –y no los actores externos– deberían ser los verdaderos beneficiarios y los productos no-madereros deberían tener prioridad sobre la producción de madera, de manera de asegurar el uso sustentable del bosque y el bienestar de la población local.

Articulo basado en la información obtenida de: Elmer López, 11/19/2000, Carlos Albacete, 16/10/2000.