Desde la ratificación del Convenio 169 de la OIT en 1995, los pueblos indígenas en Honduras hemos exigido la creación de un mecanismo de consulta para la obtención del Consentimiento, Previo, Libre e Informado (CPLI), ante la avalancha de planes, programas y proyectos de “desarrollo” que colocan en peligro la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas.
Con la aprobación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007, se impulsan aun más los reclamos de los pueblos indígenas en el continente, ya que la DNUDPI es más precisa que el Convenio 169 en relación a la consulta y reconoce, además, la libre determinación de los pueblos.
A partir del 2010, los estados-nación en América Latina retoman la implementación del Convenio 169. Sin embargo, distorsionan su espíritu al convertir a la consulta previa en una mera formalidad para las empresas y sus proyectos; mientras se diluye la obligación del Estado de consultar las medidas administrativas que pudieran afectar a los pueblos indígenas. El Perú y su versión de ley de consulta se convirtió en el modelo a seguir, según actores del sector financiero internacional, quienes han aplaudido durante una década lo que los pueblos indígenas de ese país han definido como un enorme fiasco.
Es hasta 2012 cuando el Estado de Honduras da los primeros pasos para emitir una Ley de Consulta, instigado por el Programa REDD de las Naciones Unidas (Reducción de Emisiones por la Deforestación y la Degradación de bosques) y el Acuerdo Voluntario de Asociación comercial (AVA) entre Honduras y la Unión Europea, que es parte del Plan de Acción FLEGT de la Unión Europea (la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestal). Esto se vio como un paso para lograr crear las salvaguardas REDD y así poder proceder a implementar el Programa en Honduras.
En el resto de América Latina sucedió algo similar en relación al Convenio 169. Más allá del estupor y euforia que causó su aprobación en los diversos países, a inicios del nuevo milenio y hasta en los últimos años, cuando comienza la implementación del Convenio, quedaron en evidencia las enormes contradicciones que afloraron para los estados-nación en cuanto al reconocimiento del derecho a la consulta previa.
¿Porqué es importante la consulta previa?
Para los pueblos indígenas contar con un mecanismo de consulta es una herramienta de sobrevivencia, ante la ofensiva de despojo que se ha incrementado en pleno siglo XXI.
En el caso de Honduras, en 2014, instancias gubernamentales como la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH) y la Dirección de Pueblos indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) efectuaron sus propias versiones de Ley de Consulta; además de la elaborada por el Observatorio de los Pueblos Indígenas (ODHPINH) de la cual forman parte el COPINH y OFRANEH entre otros.
Para 2015, las versiones de Ley de Consulta para el CPLI realizadas por CONPAH y DINAFROH fueron sustituidas por un nuevo anteproyecto de Ley de Consulta realizada por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) en Honduras, el que contrató a un grupo de juristas peruanos, entre ellos Iván Lanegra. La versión de Lanegra omitió de forma deliberada la mención del término “consentimiento”, dando lugar a convertir la consulta en un simple procedimiento.
El cuestionable papel que jugó el PNUD nos lleva a creer que su posicionamiento se encuentra relacionado directamente con las intenciones del Programa ONU REDD, que ha tenido consecuencias devastadoras a nivel mundial, tales como el desplazamiento de pueblos indígenas en África, especialmente en Kenia, Uganda y Tanzania.
El consentimiento y la libre determinación de los pueblos
Para los pueblos indígenas en Honduras, la consulta para la obtención del consentimiento es más que esencial. Sin embargo, no solamente el Estado pretende desvirtuarla, sino que la misma OIT en múltiples ocasiones ha señalado que la consulta no otorga derecho al veto. En reuniones efectuadas en el transcurso del año entre la OIT Centroamérica y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) de Honduras, funcionarios de la OIT han arrancado aplausos de los gremios empresariales más recalcitrantes del continente al reafirmarles que el Convenio 169, en su artículo 6 no señala posibilidad de veto alguno.
La OFRANEH es enfática en señalar que no exigimos veto alguno, sino simplemente el respeto a la libre determinación, incluido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). De paso señalamos que el estado de Honduras ha indicado en diversas ocasiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la DNUDPI no es vinculante.
Honduras a partir del golpe: un retroceso en temas de derechos
En 2009 Honduras se convirtió en un laboratorio político-económico. Con el golpe de estado se retrocedió enormemente en materia de derechos humanos. La contraofensiva por parte de Estados Unidos al denominado “socialismo del siglo XXI”, liderado por los llamados gobiernos progresistas de la región Latinoamericana, tomó forma con la intervención militar y el golpe desde el poder legislativo que terminó por sacar al entonces presidente Manuel Zelaya. Después de la instauración de la fachada “democrática” en 2010, con el llamado a elecciones generales, se dio inicio a una entrega acelerada de los bienes comunes. Así se entregan medio centenar de cuencas hidrográficas a la élite de poder para la construcción de represas hidroeléctricas, algunas de ellas incluso incorporadas a los Mecanismos de Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono de Naciones Unidas, lo que ayuda a generarles más ganancias a los que establecen y negocian con dichos proyectos. Posteriormente el poder legislativo aprobó las “ciudades modelo”. Experimento en materia de gobernanza impulsado por los libertarios de ultraderecha estadounidenses (1).
Tanto las “ciudades modelo”, las hidroeléctricas como la entrega de la plataforma marítima para la explotación de hidrocarburos no fueron consultadas con los pueblos indígenas afectados. El desconocimiento de la consulta previa llegó al extremo con la distorsión promovida por el Programa ONU REDD y el PNUD, en relación al anteproyecto de Ley de Consulta que trataron de imponer en 2015. Este anteproyecto de Ley fue suspendido temporalmente ante las severas críticas por parte de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora de Naciones Unidas para pueblos indígenas, la que visitó Honduras exclusivamente para revisar las acciones emprendidas por el Estado y el PNUD.
La actual versión de la Ley de Consulta es la redactada por el peruano Lanegra, después de haber sido maquillada ante los señalamientos efectuados por diversas organizaciones indígenas y las de la Sra. Victoria Tauli-Corpuz. OFRANEH considera que el apremio del Estado en aprobar la Ley de Consulta elaborada por Lanegra cuenta con el apoyo del AVA FLEGT de la Unión Europea, el Programa REDD de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, instituciones que alardean sobre el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas pero, sin embargo, se han visto implicados en desplazamientos poblacionales forzosos. (2)
En fecha reciente, el Congreso Nacional hondureño aprobó una Ley de Incentivos al Turismo, elaborada por la Consultora Mckensy -involucrada en el Programa REDD-, que además de exonerar de impuestos a los inversionistas, es muy precisa en detallar las expropiaciones que propiciará. El pueblo Garífuna nunca fue consultado sobre esta Ley, sin embargo será uno de los más afectados por la subasta que ésta va a implicar del territorio ancestral para proyectos turísticos. Esta Ley entonces se convierte en una amenaza para los pueblos indígenas que habitamos en zonas consideradas como de potencial turístico. (3)
Es así que Honduras se ha convertido en un estado fallido en el cual sus dos últimas administraciones se confabularon con el crimen organizado, dando lugar a un colapso del sistema judicial y de los organismos de seguridad. A pesar de esto y de la fuerte represión social en el país, la resistencia popular e indígena sigue en pie de lucha contra el avance del capitalismo en nuestros territorios.
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), https://ofraneh.wordpress.com/
(1) Ver más información sobre esto en el artículo del boletín del WRM de Setiembre-Octubre de 2016, http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/neocolonialismo-y-plantaciones-en-la-costa-garifuna-de-centroamerica/
(2) OFRANEH, Honduras: Consulta previa y la urgencia del Estado en la aprobación de una Ley Espuria, Septiembre 2017, https://ofraneh.wordpress.com/2017/09/07/honduras-consulta-previa-y-la-urgencia-del-estado-en-la-aprobacion-de-una-ley-espuria/
(3) OFRANEH, Honduras 2020, La inconsulta Ley y la consultora Mckinsey, Agosto 2017, https://ofraneh.wordpress.com/2017/08/03/honduras2020-la-inconsulta-ley-de-turismo-y-la-consultora-mckinsey/