Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Indonesia: informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas por la industria papelera

“La policía y fuerzas de seguridad empresariales indonesias son responsables por violaciones reiteradas de los derechos humanos de las comunidades indígenas involucradas en la industria de celulosa y papel en Sumatra”, afirmó Human Rights Watch en un nuevo informe publicado el 7 de enero de 2003. Las violaciones incluyen apropiación de tierras sin compensación y ataques brutales a manifestantes locales.

“Sin solución: Violaciones de los derechos humanos y la industria de celulosa y papel de Indonesia”, es el título de un informe (en inglés) de 90 páginas, que documenta en forma extensa los vínculos subyacentes entre el menosprecio por los derechos humanos y las prácticas destructivas en materia de manejo de bosques.

La industria de celulosa y papel de Indonesia se expandió con rapidez desde fines de la década de 1980 hasta convertirse en uno de los diez productores más importantes del mundo. Pero la industria acumuló deudas por más de US$ 20 mil millones, y la demanda en expansión consume grandes extensiones de bosques tropicales de las tierras bajas de Sumatra. Esos territorios son reclamados por las comunidades indígenas que dependen de ellos para cultivar arroz y extraer caucho. La pérdida de acceso al bosque, junto con el hecho de que las compañías contratan trabajadores fuera de la provincia, ha resultado devastador para el sustento local, produciendo conflictos violentos.

Asia Pulp & Paper (APP) es la principal productora de papel de Indonesia, y propietaria de una de las plantas de producción de celulosa más grandes del mundo, la planta Indah Kiat en Riau, Sumatra. El proveedor principal de fibra de la planta, Arara Abadi, estableció su plantación para pulpa de papel en los años 1980-90, durante la presidencia de Suharto. Arara Abadi, respaldada por las fuerzas de seguridad estatales, se apropió en forma rutinaria de tierras pertenecientes a comunidades indígenas para instalar sus plantaciones, sin cumplir los procesos requeridos y con nula o escasa compensación.

Desde la caída de Suharto en mayo de 1998, los residentes locales han intentado presionar para obtener sus reclamos, pero se han visto enfrentados a la falta de voluntad de hacer cumplir la ley. Al no obtener soluciones contra la injusticia, las comunidades se han volcado en forma creciente a la creación de organizaciones de vigilancia propias. Arara Abadi respondió con violencia y arrestos.

En su nuevo informe, Human Rights Watch detalla tres casos en 2001 en los cuales los pobladores locales de Mandiangin, Betung y Angkasa/Belam Merah, frustrados por las disputas no resueltas con Arara Abadi, establecieron bloqueos o comenzaron a talar árboles de la plantación. Cientos de guardias de la compañía armados con garrotes atacaron a los residentes, hiriendo gravemente a nueve de ellos y deteniendo a sesenta y tres. La policía indonesia, que entrenó a las milicias civiles y que también estuvo presente durante los ataques, fue cómplice en los tres casos. El año pasado volvieron a informarse en Riau casos de violencia contra pobladores que se rehusan a entregar sus tierras a los proveedores de la APP.

De cientos de asaltantes involucrados, Human Rights Watch solo tiene conocimiento de que dos personas fueron juzgadas, y ambas, condenadas por agresión y lesiones, fueron liberados después de treinta días de prisión. Human Rights Watch no apoya las acciones ilegales realizadas por los manifestantes locales, y reconoce la necesidad de la compañía de proteger su personal y su propiedad. Pero no se puede justificar el uso de fuerza excesiva por parte de las milicias creadas por la compañía, y la impunidad de los responsables de las golpizas alimenta en forma directa el ciclo de la justicia por mano propia por parte de la población local. Es probable que sigan produciéndose abusos si se mantienen las condiciones actuales de impunidad, presión financiera y falta de pautas empresariales internas de seguridad, advirtió Human Rights Watch.

La mayoría del gasto destinado a la policía y al ejército (70 por ciento) no proviene del presupuesto estatal sino de aportes de empresas, muchas de las cuales del sector forestal. Estos vínculos comerciales crean un conflicto de interés económico en la aplicación de la ley. Además, el personal de seguridad de Arara Abadi no tiene pautas para el uso de la fuerza y no se lo hace responsable por las violaciones de los derechos humanos de los pobladores locales.

Extractos de: “Indonesia: Paper Industry Threatens Human Rights” comunicado de prensa, Human Rights Watch, enviado por Liz Weiss, correo electrónico: WEISSE@HRW.ORG . El comunicado completo (en inglés) se puede obtener en http://www.hrw.org/press/2003/01/indo010703.htm , y el informe completo (en inglés) en el sitio http://www.hrw.org/reports/2003/indon0103/