Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Indonesia: invirtiendo para el desastre; la CFI y las plantaciones de palma aceitera

Indonesia ocupa el tercer puesto en cuanto a la mayor superficie de bosque tropical en el mundo, y es uno de los centros de diversidad biológica más ricos. Es también el segundo productor mundial de aceite de palma; en 2004 tuvo una producción de más de 11 millones de toneladas de aceite de palma crudo. Los bosques de Indonesia desaparecen a un ritmo de 3,8 millones de hectáreas por año, y la tierra convertida a plantaciones de palma aceitera se ha duplicado durante la última década a casi 5 millones de hectáreas –una superficie equivalente a la de Costa Rica. La mayoría de las plantaciones de palma aceitera en Indonesia están establecidas en tierras que fueron, hasta hace muy poco, bosques tropicales húmedos primarios. Según un informe encomendado por el Banco Mundial, en Indonesia alrededor de 50 millones de personas viven en bosques que son tierras estatales y 20 millones más viven en aldeas próximas a los bosques, de los cuales cerca de 6 millones perciben gran parte de sus ingresos monetarios a partir de los bosques.No debería causar sorpresa, pues, que la expansión de las plantaciones en gran escala de palma aceitera haya traído consigo destrucción ambiental y conflictos sociales generalizados. Las instituciones financieras que las propiciaron, incluido el Grupo Banco Mundial, deben compartir la responsabilidad por esos impactos adversos.

El Grupo Banco Mundial ha ayudado directa e indirectamente al desarrollo de plantaciones en gran escala de palma aceitera en Indonesia. El Banco Mundial estuvo muy implicado en proyectos de “desarrollo” durante los treinta años del régimen de Suharto. Los programas de explotación forestal de fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, apoyaron la política forestal oficial por la cual más de un tercio de los bosques del país fue entregado a compañías madereras comerciales, y otro tercio destinado a “conversión” para plantaciones. Como de costumbre, los mismos conglomerados dueños de las compañías que destruyeron los bosques por el madereo excesivo son dueños también de las compañías plantadoras que se benefician de la tala de los bosques. Durante el mismo período, el Banco Mundial ayudó a financiar el programa de transmigración de Indonesia. Los transmigrantes auspiciados por el gobierno y otros colonos alentados por la política de reasentamiento de Indonesia, fueron una mano de obra barata y de fácil acceso para el sistema de plantación núcleo (PIR, por su sigla en indonesio). Las plantaciones también se beneficiaron de proyectos de infraestructura financiados por el Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (CFI), ofreció por lo menos un préstamo a una compañía indonesia durante la década de 1990 para promover plantaciones de palma aceitera y fábricas de aceite de palma crudo.

Cuando la economía Indonesia colapsó en 1998, el FMI y el Banco Mundial impusieron como condicionamiento la aplicación de un “programa de rescate” financiero. En ese programa estaban incluidas medidas para promover el sector del aceite de palma, entre ellas reducciones de los impuestos a la exportación de aceite de palma crudo y el levantamiento de la prohibición a la inversión extranjera en empresas conjuntas de aceite de palma de Indonesia.El acuerdo FMI/Banco Mundial también ayudó a reestructurar el sector bancario del país. Como los conglomerados en bancarrota tenían intereses en la explotación forestal y en la banca, más de 100 compañías endeudadas vinculadas al sector forestal obtuvieron beneficios del orden de por lo menos 2.000 millones de dólares, cuando el Estado asumió algunas de sus deudas privadas. Una evaluación interna de las políticas y prácticas del Banco Mundial en materia forestal, que incluía a Indonesia, llegó a la conclusión terminante de que tanto la deforestación como la pobreza aumentaron durante la década de 1990.

Indonesia continúa extendiendo sus plantaciones. Una de las razones es la de satisfacer las demandas de los gobiernos locales, a los que en 2001 se les dio considerable poder sobre las decisiones en materia de utilización de la tierra y generación de ingreso, cuando se aprobó la autonomía regional. Ya se han destinado grandes superficies para la palma aceitera: 1 millón de hectáreas en Jambi; 1 millón de hectáreas en Kalimantán este; 3 millones de hectáreas en Kalimantán oeste –con objetivos generales de más de 9 millones de hectáreas. Los gobiernos locales y el gobierno central consideran ahora al sector plantador como el motor del desarrollo y un actor importante de generación de ingresos para la economía. Irónicamente, esto reemplaza al sector procesador de la madera –relegado a una industria decadente a medida que los bosques fuera de las áreas protegidas en la parte occidental del archipiélago han sido talados a tal grado que han dejado de interesar desde el punto de vista comercial.

La rama del Grupo Banco Mundial encargada de los préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional, se ha vuelto crecientemente activa en Indonesia. La misión de la CFI es promoverla inversión privada sustentable en países en desarrollo movilizando capital en mercados internacionales y brindado asesoramiento técnico para grupos comerciales y gobiernos. En el contexto indonesio, la CFI desea promover exportaciones –en especial de la agroindustria- y mejorar el clima para las inversiones.Sin embargo, la CFI no tiene una política en materia de palma aceitera como para definir las condiciones según las cuales las compañías plantadoras y sus garantes financieros puedan recibir su apoyo.

Como otras ramas del Grupo Banco Mundial, la CFI comparte el deber de ayudar a mitigar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente, de conformidad con los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.Se supone que debería entonces estar tratando de ayudar a las pequeñas y medianas empresas indonesias, a pequeños titulares independientes, para atraer financiamiento, de manera que puedan mejorar la productividad y el manejo de las plantaciones existentes. Pero en lugar de eso, la CFI ofrece apoyo a algunos de los mayores actores del sector de palma aceitera de Indonesia, entre ellos inversionistas y compañías extranjeras con un historial ambiental y social nefasto, que ahora se están expandiendo a nuevos sectores.

Según las Directrices Ambientales y Sociales de la CFI, los proyectos se clasifican de tres formas:

Categoría A: Grandes impactos sociales y económicos

Categoría B: “Puede provocar una cantidad limitada de impactos ambientales y sociales específicos que pueden ser evitados o mitigados adhiriendo a las normas de desempeño, directrices o criterios de diseño reconocidos generalmente”.

Categoría C: impactos mínimos o ningún impacto ambiental adverso.

No queda claro qué sanciones impondrá la CFI –si es que impone alguna- en caso de que se ignoren las Directrices Ambientales y Sociales.

El capital y los préstamos destinados directamente a las plantaciones indonesias de palma aceitera generalmente están calificados dentro de la Categoría B, de manera que es necesario realizar una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). En la práctica esto ofrece poca protección. Las EIA en Indonesia a menudo son ejercicios mecánicos y no es poco común que el estudio sea realizado varios años después que se haya establecido una plantación. Además, el cumplimiento de las leyes y las reglamentaciones locales del país receptor implica que es posible ignorar impunemente los derechos de los pueblos indígenas y que haya una aplicación débil de las normas ambientales y laborales.

La situación es aún peor para el financiamiento de la CFI relacionado con el comercio, que es clasificado como Categoría C. En este caso existe la presunción de que no habrá impactos ambientales adversos, si bien ni siquiera se consideran los impactos sociales y mucho menos se verifican en el terreno. Esto significa que la CFI no puede obtener la información necesaria para asegurar el cumplimiento de sus propias normas.

Al respecto, un caso ilustrativo es el apoyo financiero previo a la exportación brindado por la CFI a la compañía Filmar Trading. El Grupo Filmar es el mayor procesador y exportador de aceite crudo de palma de Indonesia. Posee cuatro refinerías en Indonesia y otra en Malasia, con una producción total de 3,3 millones de toneladas de aceite crudo de palma por año. Tiene inversiones en, como mínimo, 85.000 hectáreas de plantaciones de palma aceitera, pero compra aproximadamente el 90% de sus suministros a productores indonesios que pertenecen a otros conglomerados.

La CFI describe que este proyecto “permite a Wilmar cumplir con los requisitos de su capital circulante para comprar aceite crudo de palma de plantaciones en Indonesia y procesarlas en aceite refinado para la exportación”. En otras palabras, la CFI ofrece una garantía de 33,3 millones de dólares, renovable anualmente por tres años, de manera que Wilmar pueda pedir dinero prestado fácilmente a los bancos comerciales para comprar suministros de aceite de palma. Los préstamos son reembolsados después de haber enviado el aceite crudo de palma a los compradores en el exterior, tales como compañías de detergentes o procesadoras de alimentos. Unilever es uno de los clientes de Wilmar.

No queda claro por qué se considera que este proyecto merece el apoyo de la CFI.Wilmar es el segundo comerciante de aceites comestibles del mundo. En 2002, Wilmar Holdings tenía un giro annual de 3.530 millones de dólares y obtuvo una ganancia neta de 52,2 millones de dólares. La CFI justifica su acción diciendo que a los bancos comerciales los pone nerviosos invertir en Indonesia. Sin embargo Wilmar obtuvo préstamos de varias fuentes internacionales, por sí solo y a través de los servicios de Rabobank, el banco internacional con sede en Holanda. Rabobank puede incluso ser un inversionista de Wilmar

No hay dudas que la garantía del crédito de la CFI facilitará las exportaciones del aceite de palma de Indonesia y beneficiará al grupo Wilmar y sus filiales indonesias. Lo que resulta menos claro es si pueden justificarse los argumentos de la CFI acerca de los beneficios positivos para los agricultores locales. En efecto, la CFI no tiene formas de medir el impacto en los aparceros a pequeña escala o en las economías locales, ya que el negocio de Wilmar está calificado como Categoría C.

La CFI nunca dio información básica al público sobre las filiales de Wilmar –incluidas las plantaciones, los molinos de aceite crudo de palma y otras inversiones en Indonesia. Si bien aparentemente Wilmar mantiene esa lista en su sitio web, la misma siempre permanece inaccesible. Por lo tanto, es muy difícil evaluar la extensión total de las responsabilidad de la CFI. Ni la CFI ni Wilmar asistieron a las reuniones de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sustentable. Aún así, ONGs holandesas e indonesias que intentan seguir los pasos de las conexiones de Wilmar, plantearon su preocupación sobre una serie de cuestiones en materia ambiental, social y de derechos humanos.

Entre esas cuestiones se incluyen las siguientes:

– La filial de Wilmar, PT Jatim Perkasa Jaya, en la provincia de Riau, posee una plantación en un área de bosques pantanosos de turba. Ha habido reiterados incendios forestales que quemaron esa parte del distrito de Rokan Hilar. Las autoridades locales y ONGs ambientales están convencidas de que la compañía está implicada en este desmonte ilegal, pero eso todavía no ha sido demostrado ante los tribunales.

– El desarrollo de las plantaciones de palma aceitera en el oeste de Sumatra ha sido el foco de violentos conflictos desde abril de 2000, cuando la policía armada intentó intimidar por la fuerza a la población local para que abandonara sus tierras y las dejara a la filial de Wilmar, PT Permata Hijau Pasaman. Una ONG local supervisó las instancias de intimidación, razzias, secuestros, arrestos y tortura por parte de las fuerzas de seguridad.

– Hay pruebas de que empresas abastecedoras de Wilmar, pertenecientes a los grupos Salim, London Sumatra, Sinar Mas y Surya Dubai, también han participado en la destrucción de bosques, desmonte ilegal por quema, apropiación de tierras y violaciones de los derechos humanos.

– Nuevas investigaciones han revelado que algunas cooperativas dirigidas por compañías comerciales dejaron a los pequeños titulares esperando la asignación de predios. También identificaron casos graves de contaminación de agua por desechos de palma y por lo menos un molino de aceite crudo de palma que ha estado funcionando durante 4 años sin una EIA.

La reacción inmediata de la CFI al estudio de las ONG fue negar que estuviera apoyando la expansión de las plantaciones de palma aceitera o que hubiera problemas sociales y ambientales asociados con las filiales de Wilmar. Rechazó los informes de las disputas en torno a la tierra diciendo que Wilmar no era responsable de la adquisición inicial de tierras para las plantaciones. Wilmar también criticó el documento por considerarlo “incompleto e inexacto” y dijo a Rabobank que PT Jatim fue vendida a fines de 2003. Más tarde Wilmar aceptó contratar un consultor para realizar un estudio independiente de su desempeño social y ambiental. Antes de que fuera llevado a cabo, el Directorio de la CFI anunció en mayor de 2004 que se había aprobado la garantía de 33,3 millones de dólares para Wilmar.

Wilmar Trading es tan solo uno de los numerosos negocios en Indonesia que plantean interrogantes acerca del compromiso de la CFI para promover la sustentabilidad ambiental, la justicia social y la erradicación de la pobreza. Desde 2002, la CFI ha invertido aproximadamente 3,5 millones de dólares y ofrecido compromisos contingentes de participación en el capital social de hasta 16,5 millones de dólares para PT Astra Internacional para la reestructura de la deuda con el fin de apoyar las operaciones actuales y futuras de la compañía. Astra es uno de los mayores conglomerados de Indonesia; además de las plantaciones de palma aceitera, abarca rubros como automotores y negocios bancarios e inmobiliarios. La CFI también hizo un préstamo de 40 millones de dólares a Verdaine –una compañía con sede en Mauricio, creada como vehículo para adquirir y manejar las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Actualmente controla una plantación de 9.100 hectáreas en el distrito Tapanuli Selatan, de Sumatra del Norte, y una concesión de 5.000 hectáreas en la isla de Belitung, al este de la costa de Sumatra. Uno de sus fundadores es Austindo Nusantara Jaya, otro conglomerado indonesio con intereses en la agroindustria, la generación de energía eléctrica, la minería y los servicios financieros. La CFI ya compró un 7% de acciones en una plantación de palma aceitera en Bengkulu, de la empresa PT Agro Muko, filial de Austindo. La CFI también ayuda al Grupo indonesio Wings a incursionar en el lucrativo mercado de aceite culinario, además de los negocios que ya tiene entre manos en el rubro de productos de tocador, materiales de construcción, cerámica, cemento, amianto, banca y propiedades. Ofreció un préstamo de 10 millones de dólares y ayudó a organizar el préstamo de un consorcio de 11 millones de dólares para tres fincas de palma aceitera en Kalimantan sur, que opera con el nombre de PT Gawi.

La CFI aún sostiene que su participación puede tener un impacto, tanto en términos de impactos económicos generales positivos como en cuanto a mejoras en el desempeño ambiental y social. “La renovada participación de la CFI en la financiación de proyectos en Indonesia envía un mensaje muy positivo a las compañías con un compromiso de buena gestión empresarial, desarrollo sustentable y la creación de oportunidades de empleo para el pueblo indonesio”, dijo uno de los directores de Verdaine. Sin embargo, la cuestión importante aquí es que la CFI niega completamente cualquier responsabilidad de sus inversiones en otros niveles de la cadena productiva. Pero las comunidades locales cuentan una historia muy distinta a la que pintan de color de rosa los representantes de la CFI.

Por Liz Chidley, Down to Earth, correo-e: dtecampaign@gn.apc.org, http://www.dte.org