Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Indonesia: nueva legislación, viejos problemas

Los incendios intencionales, los monocultivos forestales y la minería constituyen causas directas de la deforestación en Indonesia. Además, los derechos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus territorios son ignorados. Como consecuencia, las otrora vastas y exuberantes selvas del país están desapareciendo y, de acuerdo con dos recientes estudios independientes, la tasa de deforestación es mayor que la que las autoridades están dispuestas a admitir. En un documento publicado en julio pasado, conteniendo una investigación basada en estudios cartográficos realizada por el Banco Mundial, se estima que la tasa de pérdida de bosques alcanzó el millón y medio de hectáreas anuales en las dos últimas décadas. Los resultados obtenidos durante una investigación llevada a cabo por el Programa Regional de Planificación Física para la Transmigración -iniciativa financiada por el gobierno del Reino Unido- revelan cifras similares a la antes mencionada. Hoy en día quedan intactos solamente 19,5 millones de hectáreas de los 47 millones de bosques primarios que tenía Indonesia en 1996. Este último documento indica que la tala ilegal es un problema de tal magnitud que muchas de las área afectadas no lograrán recuperarse para permitir un segundo ciclo de corta.

En tal contexto es fundamental encarar acciones con vistas a la solución de este problema. Sin embargo la respuesta del gobierno no sólo ha sido totalmente inadecuada, sino que allana el camino para una ulterior destrucción. En el período final del régimen de transición encabezado por el Presidente Habibie, fue aprobada una Ley Forestal (Nro. 4/1999) que sustituía a la Ley Forestal Fundamental de 1967. ONGs, OPIs y académicos de Indonesia entienden que la nueva legislación no constituye ningún avance para proteger los bosques del país y a su gente. Durante las instancias de consulta previas a su aprobación, los voceros de la sociedad civil ya habían expresado su oposición al borrador de la Ley y al proceso en si mismo, considerando que debió ser más abierto y democrático.

La Ley Forestal de 1999 no reconoce los derechos ni protege los intereses de los pueblos de los bosques, a las que se refiere como “comunidades con leyes tradicionales” y no como pueblos indígenas. En este sentido es todavía peor que la Ley Agraria Fundamental de 1960, puesto que explícitamente incluye las tierras tradicionales dentro de los bosques estatales, lo que significa que las mismas pueden ser otorgadas en concesión a compañías privadas o estatales. La participación de las comunidades está limitada a conservar los bosques y a los programas de reforestación, pero no se menciona siquiera el tema de la toma de decisiones. Las restricciones impuestas a las comunidades locales para el uso de los recursos forestales son enormes, lo que les hace muy difícil continuar con sus prácticas tradicionales de uso del suelo.

Algunos aspectos positivos de la nueva ley -como ser el reconocimiento del papel de las ONGs en el monitoreo de los proyectos de desarrollo forestal, en programas educativos y en la reforestación- no resultan esenciales y en nada cambian el enfoque del gobierno, el cual se niega a abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, y a crear espacios para un proceso democrático en relación no sólo con el manejo forestal, sino también con el destino de los pueblos que viven en los bosques y que son, en definitiva, sus verdaderos guardianes.

Fuente: Down to Earth Nr. 43, November 1999;