Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Minería con ejércitos mercenarios

Un número cada vez mayor de nuevas operaciones de seguridad de las corporaciones en todo el mundo vinculan a ex oficiales de inteligencia, de ejércitos y veteranos de escuadrones de la muerte. Van al combate pagados por nuevos jefes: las industrias mineras.

El advenimiento de nuevas tecnologías como el mapeo por satélite asistido por computadora y el uso de cianuro para extraer oro han convertido operaciones antes marginales en potenciales fábricas de hacer dinero (para las transnacionales). El colapso de la Unión Soviética y la firma de tratados de libre comercio en todo el mundo ha abierto a países como Angola, que antes estaban fuera de los límites de las multinacionales occidentales. Y por último, la disponibilidad de capital y la mitigación del riesgo han sido asegurados por instituciones financieras internacionales, como las agencias bilaterales y multilaterales incluyendo al Banco Mundial y el Banco de Importación-Exportación de EE.UU. Están ansiosos por proporcionar dinero y seguro contra riesgo político a proyectos privados de extracción de recursos prácticamente en cualquier lugar del mundo.

Hace algunos años, Tim Spicer, ex miembro de los Servicios Aéreos Especiales británicos (SAS, por su sigla en inglés), tuvo una reunión con dos altos funcionarios gubernamentales en relación a la compra de una mina de cobre de propiedad de Rio Tinto, el gigante minero anglo-australiano, en la isla de Bougainville, en Papúa Nueva Guinea. Menos de un mes después era conducido a un tribunal de Papúa Nueva Guinea por haber sido contratado por el gobierno para proporcionar un ejército mercenario para tomar la mina de cobre. Su misión había sido vencer a un pequeño grupo de luchadores por la libertad que habían cerrado la mina de cobre durante casi diez años. Cuando la noticia del contrato de Spicer se hizo pública, ciudadanos comunes y oficiales del ejército local tomaron la ley en sus propias manos. Los disturbios produjeron el cierre de tiendas, bancos y escuelas, y el bloqueo de las principales carreteras, hasta que camiones de policías armados con rifles automáticos finalmente dispersaron a la multitud enfurecida con gas lacrimógeno y balas de goma (ver Boletín N° 7 del WRM).

Mejor suerte tuvieron en Colombia dos ex oficiales del SAS. Sus cajas negras llenas de armas y municiones pasaron sin problemas por el punto de control a cargo de un colega, Bill Nixon, ex oficial de inteligencia británico, cuyo nuevo trabajo era brindar seguridad en el aeropuerto privado de propiedad de British Petroleum (BP). Los tres mercenarios habían sido contratados por BP para ayudar a entrenar a la policía colombiana –famosa por sus abusos contra los derechos humanos– para proteger la plataforma petrolífera de Dele-B. La compañía petrolera interpretó las consideraciones de seguridad en forma amplia. Según un informe encargado por el gobierno colombiano, BP colaboró con soldados locales involucrados en secuestros, tortura y asesinatos. El documento no publicado alega que la compañía petrolera recopiló información –incluyendo fotos y filmaciones de video de las protestas de los pobladores locales contra las actividades petroleras– y pasó la información a los militares colombianos que después arrestaron o secuestraron a los manifestantes como “subversivos”.

La mayoría de los hombres que gestionan las operaciones con mercenarios tienden a operar en segundo plano, empleando a otros hombres –asesinos a sueldo locales o importados– en las operaciones de campo. Tanto el contrato de Colombia como el de Papúa Nueva Guinea fueron arreglados en oficinas de Londres, administradas por otros ex funcionarios de SAS como Anthony Buckingham, uno de los operadores más oscuros del negocio de la seguridad, que administra un miniconglomerado de compañías mineras, petroleras y mercenarias desde sus discretas oficinas londinenses.

El ejército mercenario más infame contratado por los nuevos colonialistas es Executive Outcomes (EO) que suministró los soldados de alquiler a Buckingham y Spicer en Papúa Nueva Guinea. La campaña más famosa de EO, sin embargo, fue en Sierra Leona en mayo de 1996. Los mercenarios de EO llegaron a Sierra Leona mejor equipados que la mayoría de los ejércitos de África, con helicópteros de ataque rusos, un sistema de intercepción de radio, dos Boeing 727 para transportar tropas y suministros, una aeronave Andover para evacuación de víctimas, y bombas aire-combustible (fuel air explosives, conocidas como bombas FAE). Utilizadas con resultados devastadores por EE.UU. en la guerra del Golfo, las bombas FAE –cuyo poder se ubica un escalón por debajo de las armas nucleares– absorben el oxígeno después de la detonación, matando todo tipo de vida en una milla cuadrada a la redonda. La operación dejó a EO un lucrativo contrato de seguridad financiado con las ganancias obtenidas de las minas de diamantes.

Pero no son de ninguna manera los únicos actores principales. Existen al menos un par de docenas más que trabajan para la industria minera suministrando servicios de “seguridad” a las compañías y gobiernos de Colombia, Guyana y Venezuela en América del Sur; Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona en África occidental; Angola y Namibia en África del Sur; ex Zaire en África central; Sudán y Uganda en el este de África; Papúa Nueva Guinea e Indonesia en el Pacífico; y Kazajstán en Asia central. Muchos de estos reclutas son veteranos del Batallón 32 de Sudáfrica y de la Civil Cooperation Bureau (Oficina de Cooperación Civil) que fueron las unidades más notorias de las fuerzas del antiguo apartheid hasta que las elecciones trajeron un gobierno multirracial al poder hace pocos años.

Mientras tanto, la compañía minera Rio Tinto con base en el Reino Unido ha hecho esfuerzos en Indonesia para convencer al mundo de su compromiso con los derechos humanos. Durante los últimos dos años ha contribuido con fondos para el Premio de Derechos Humanos Yap Thiam Hien. Este año el premio fue ganado por el defensor de los derechos humanos y poeta Wiji Thukul, que está desaparecido desde 1996. En diciembre la familia rechazó el premio argumentando que Rio Tinto estaba involucrada en varias violaciones a los derechos humanos en sus operaciones mineras en Indonesia y que en 1992 había sido responsable del arresto de manifestantes que exigían el pago de una compensación adecuada por el uso de sus tierras.

En una declaración en apoyo a la postura de la familia, las ONGs indonesias JATAM, WALHI y TATR enumeran algunas de las violaciones de derechos humanos en las que ha estado involucrada Rio Tinto, incluyendo las cometidas en la mina PT KEM en Kalimantan del este, investigadas por la Comisión de Derechos Humanos de Indonesia en 1999 y 2000. Las denuncias incluyen casos de abuso sexual y violación de dieciséis mujeres y niñas entre nueve y diecinueve años, el arresto de quince manifestantes en 1992 y la posterior muerte de uno de ellos; el desalojo forzoso de los mineros tradicionales realizado por los militares indonesios y la quema de cientos de casas entre 1982 y 1991. La declaración también describe la participación de Rio Tinto en distintos casos a través de sus acciones en la mina de cobre y oro Freeport Indonesia en Papúa occidental (Rio Tinto tiene una participación del 15% ); la mina Kaltim Prima Coal (co-propiedad con BP); la mina de oro Lihir en Papúa Nueva Guinea y la mina Panguna en Bougainville. La declaración exhorta a los ejecutores del Programa del Premio Yap Thiam Hien a no seguir aceptando financiación de violadores de los derechos humanos. “No se debe dar a los violadores de los derechos humanos la oportunidad de que se libren de responsabilidad por sus acciones…”

Artículo basado en información obtenida de: “Militarization & Minerals Tour”, Project Underground, http://www.moles.org/ProjectUnderground/mil/intro.shtml ; “Rio Tinto: practise what you preach!”, Down to Earth N° 56, febrero de 2003, http://dte.gn.apc.org/56rio.htm