Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Países andinos: NO al TLC que arrasa bosques y se apropia de los recursos naturales

En el avance de los grupos económicos y de poder que apuntalan la privatización, globalización y desregulación de la economía con el afán de llegar a comercializar los más recónditos espacios de la vida, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido uno de los principales instrumentos. Pero a partir de 1995, cuando la OMC sufrió un fuerte revés en Cancún y el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) colapsó en Miami, Estados Unidos se ha acercado a más de veinte países para iniciar formalmente tratados de libre comercio (TLC) bilaterales, en un intento por acelerar el paso a través de negociaciones bilaterales o sub-regionales, presionando a los países más débiles o sumisos. Los TLC son instrumentos geopolíticos para galvanizar un colonialismo de amplio espectro de los países latinoamericanos, en la medida que abarcan desde los aspectos estrictamente económicos hasta los concernientes a la legislación laboral, la gestión estatal, la propiedad intelectual, el medio ambiente y los recursos naturales, los conocimientos, la cultura y, aunque parezca inaudito, incluso las relaciones de los seres humanos con lo trascendente.

Los TLCs están destinados a acabar con los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios mediante disposiciones que establecen: la renuncia a la capacidad del Estado para controlar la concentración económica y los monopolios; la posibilidad de obligar a los países a pagar millonarias sumas a las empresas estadounidenses cuando éstas no ganen conforme a sus expectativas; la garantía de que no se podrá expropiar una empresa estadounidense y que, si se llega a hacerlo, habrá que indemnizar a los inversionistas norteamericanos y compensarlos por ganancias no realizadas, disposición que imposibilitaría, entre otras cosas, procesos como la reforma agraria, la recuperación ambiental, la recuperación de ríos, la recuperación de cuencas, etc; la obligación de garantizar protección policial a la inversión extranjera, incluso contra huelgas y protestas; normas que aseguran que las empresas estadounidenses podrán apropiarse de recursos, componentes de nuestro entorno y actividades que hasta el momento no se han considerado mercancías. Las cláusulas abren el camino a: a) la privatización de los mares, los ríos y lagos, la educación, la salud, los parques nacionales, las comunicaciones, el transporte, y todo aquello que los abogados de las empresas estadounidenses se las ingenien para incluir; b) permitir que las empresas estadounidenses tomen el control de la prensa, la televisión y la radio; c) la privatización y entrega a las transnacionales de diversas funciones gubernamentales, como la normatividad ambiental y su fiscalización, las cárceles y al menos ciertas funciones del ejército (como se ha estado haciendo en Colombia y Ecuador en el contexto del Plan Patriota); d) la posibilidad de privatizar cualquier cosa a la que se pase a denominar “servicio”, ya que no se define lo que es servicio o se hace de manera extremadamente amplia. A través del término “servicios ambientales”, por ejemplo, comienza a ser posible la privatización de la atmósfera, el clima, las funciones ecológicas que permiten la regularidad ambiental y el conjunto de la biodiversidad.

Del 25 al 27 de octubre, Ecuador fue escenario de la quinta ronda de negociaciones del TLC entre Estados Unidos y los países Andinos. Voceros de organizaciones sociales de Ecuador, Colombia y Perú dejaron en claro que el TLC propuesto por el gobierno de los Estados Unidos no solo es un tratado de comercio sino que abarca todos los campos de la vida económica, social y política. El movimiento “Ecuador Decide” declaró que “el único interés que persigue el gobierno de los Estados Unidos junto a las transnacionales es apropiarse de la única reserva biológica del mundo, que posee la quinta parte de agua dulce del planeta, que por sus bosques alberga la mayor cantidad de vida silvestre de la cual el 72% sirve de base para la elaboración de medicinas y regulariza el clima y la producción de oxígeno, además de la riqueza petrolera”.

En toda América Latina crece la resistencia a los Tratados de Libre Comercio y a la recolonización estadounidense. La mayoría de las organizaciones sociales que se comprometieron en el Foro Social de las Américas, realizado en Quito, a finales de julio, a convertir el 12 de octubre en un día de lucha continental cumplieron su compromiso. En esa fecha se produjeron grandes movilizaciones en Centroamérica, especialmente en Costa Rica y Salvador, exigiendo a los parlamentos que no ratifiquen los tratados comerciales firmados ya por sus gobiernos con Estados Unidos.

En Colombia se movilizaron más de un millón de personas en medio de un paro nacional contra el TLC y los líderes indígenas están haciendo un llamado a consultar con sus comunidades para evitar que la oleada por la riqueza de las selvas y bosques pluviales en la búsqueda de recursos y materias primas termine por empobrecer aún más sus territorios. En Bolivia decenas de miles de indígenas se reunieron durante varios días y se manifestaron contra los intentos del presidente Mesa de involucrar a ese país en las actuales negociaciones de los países andinos con los Estados Unidos. En Perú, se ha iniciado una campaña de recolección de firmas para convocar un referendo popular que decida la firma o el rechazo al TLC. En Ecuador también se trabaja para convocar a una consulta popular en la que sea la población la que tome la determinación sobre el TLC.

El TLC, cuyo texto es un prototipo que se aplica de forma más o menos igual en todos los casos, permite adquirir derechos de propiedad sobre plantas y animales, como si fueran inventos de alguien. Según trascendidos, el artículo 8 del capítulo sobre propiedad intelectual de la propuesta norteamericana dice: “Cada parte (cada país que firme el TLC) deberá permitir las patentes para las siguientes invenciones: a) plantas y animales, y b) procedimientos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de seres humanos y animales”. Hasta el momento, las autoridades de los países andinos reconocen que EE.UU. plantea condiciones que van más allá de los acuerdos sobre propiedad intelectual y patentes establecidos en la OMC.

Muchas de las patentes sobre material biológico que EE.UU. y las transnacionales pretenden defender se derivan de procesos de investigación que implicaron la usurpación de conocimientos de pueblos originarios -lo que llamamos “biopiratería”.

Es así que el TLC implicará para los bosques de la región y sus pueblos originarios no sólo un avance de la frontera del comercio en la naturaleza, en la medida que favorecerá el aumento de actividades de explotación de las riquezas naturales, sino que además reforzará los intentos de apropiación del acceso a las mismas y de los conocimientos vinculadas a ellas.

En Guayaquil, Ecuador, durante las negociaciones del TLC, la reflexión de los sectores sociales estuvo acompañada de acciones de protesta, como la efectuada por Acción Ecológica, cuando rompiendo con el sistema de seguridad del evento logró desplegar una pancarta que decía “TLC = Tratado de Libre Corrupción”, mientras se gritaba “Y no nos da la gana, de ser una colonia norteamericana”.

Artículo basado en información obtenida de: “Biodiversidad en riesgo”, La Revista Agraria, CEPES, http://www.cepes.org.pe/revista/agraria.htm , distribuido por Correo Indígena, Nº 59, correo electrónico: coppip@amauta.rcp.net.pe ; “TLCs: Asalto a la Tierra y el Cielo”, René Báez, Alai-amlatina, http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=931 ; “El TLC es un tratado de libre corrupción”, Jairo Rolong, Ecuarunari, Minga Informativa,
http://ecuarunari.nativeweb.org/tlc/26oct04jairo.html ; “Declaración de Guayaquil”, Equipo Nizkor, http://www.derechos.org/nizkor/ecuador/doc/decide.html