Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Panamá: minería, bosques y derechos de los pueblos indígenas

El istmo de Panamá está ubicado en América Central, una de las regiones de mayor diversidad natural y cultural del mundo. Sus distintos ecosistemas son un componente esencial de esa riqueza. Varios pueblos indígenas han encontrado su hogar y su fuente de subsistencia en los bosques. En Darién, San Blás y Panamá Oriente viven los Emberá-Wounan y los Kuna, mientras que los Teribe ocupan la zona de Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica, junto con los Ngobe-Bugle, que también habitan en parte de las provincias de Veraguas y Chiriquí Oriente. Según el Censo Nacional de 1990, la población indígena de Panamá está integrada por 180.700 personas que representan el 7,8% de la población total del país.

Según los registros existentes, desde 1850 el área de bosques ha disminuido a gran velocidad. En ese año se estimó que los bosques cubrían el 91% del área del país, incluso después de haber sufrido un severo proceso de deforestación producido por la colonización española, que comenzó en el siglo XVI. Durante el siglo XX la disminución fue muy notoria. Por ejemplo, entre 1950 y 1960 la cobertura boscosa se redujo de 68% a 58%. Según las estimaciones oficiales, en 1992 el área de bosques se redujo a 3.358.304 hectáreas, que representan 44% del área del país. Actualmente la tasa de deforestación se estima en 75.000 hectáreas por año.

Si bien actualmente Panamá tiene el segundo porcentaje más alto de bosques primarios de Centroamérica y el porcentaje más alto de áreas protegidas (un tercio del área total de bosques) de la región, todos los demás bosques primarios de Panamá están amenazados, y junto con ellos el rico patrimonio natural que contienen y los territorios y el sustento de los pueblos nativos. El madereo industrial, la construcción de carreteras, la producción de cacao y la minería han sido identificados como las causas principales de la deforestación y la degradación de los bosques. La construcción del Canal de Panamá y la proyectada carretera panamericana a través de la región del Darién en la frontera entre Panamá y Colombia son ejemplos claros de megaproyectos que ya han tenido consecuencias destructivas o se espera que produzcan graves impactos sobre los bosques.

Como también sucediera en la vecina Costa Rica (ver Boletín N° 6 del WRM) y Nicaragua (ver Boletín N° 24 del WRM), la minería ha producido y sigue produciendo efectos desastrosos en distintas zonas del país, generando al mismo tiempo conflictos con las comunidades indígenas que viven allí. En 1994, el 25% del territorio del país estaba ocupado por concesiones o por solicitudes de concesiones mineras y en la actualidad algo más de la mitad del territorio nacional está sujeta a solicitudes de concesión para la exploración minera. Muchas minas están ubicadas en los bosques, y el 70% de las concesiones ha sido otorgadas en territorios indígenas en San Blás, Boca del Toro, Veraguas y Chiriquí. El Consejo Panameño de Recursos Naturales informó que el 70 % de los aproximadamente 20.000 km2 del territorio nacional que se considera tienen potencial minero están en tierras reclamadas como propias por grupos indígenas. El gobierno ya aprobó grandes concesiones para la extracción de cobre y oro dentro de los territorios de los Ngobe-Bugle y de los Kuna. En el caso de Kuna Yala, las concesiones otorgadas a la empresa canadiense Western Keltic Mines Inc. abarcan más del 50% del territorio Kuna. A su vez otra serie de empresas también canadienses –como PANACOBRE, subsidiaria de la Tio Mine Resources Inc, Adrian Resource, Innet Mining Corp.– poseen importantes concesiones en territorio Ngobe Bugle.

Se pueden mencionar varios casos en Panamá que demuestran las consecuencias destructivas que tiene el desarrollo de la industria minera sobre los bosques y los pueblos que viven en ellos. Por ejemplo, el Proyecto de Cerro Petaquilla en la Provincia de Colón implicará la pérdida de 2.500 hectáreas de bosques como mínimo, para crear la infraestructura de la propia mina y las carreteras que permitirán el acceso a la zona. También se teme que el proyecto afecte a los vecinos Parque Nacional El Copé y Reserva Forestal Donoso. Esta provincia tuvo la segunda tasa de deforestación más alta entre 1986 y 1992, representando el 22,35% del total de pérdida de bosques. Se ha producido otro conflicto importante debido a la explotación de cobre en la provincia de Chiriquí, entre la empresa canadiense Panacobre S.A. y el pueblo Ngobe-Bugle, el grupo indígena mayoritario del país. Aunque el Congreso Nacional de los Ngobe-Bugle rechazó el proyecto, el gobierno otorgó a la compañía una concesión por veinticinco años, que incluso se puede prorrogar. El pueblo indígena Kuna, la segunda nación nativa más numerosa de Panamá, también debe enfrentar la agresión de los proyectos mineros en sus territorios tradicionales.

El tema central para detener esas actividades mineras destructivas y proteger los bosques que aún quedan es el reconocimiento de los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a sus territorios –incluyendo el subsuelo– recursos y cultura. El primer reconocimiento de un territorio indígena por parte del gobierno panameño fue el de la Comarca San Blás y se produjo en 1938. En 1983 se reconoció la Comarca Emberá-Wounan en la provincia de Darién, en 1996 la Comarca Kuna de Madungandi en la provincia de Panamá, y en 1997 el territorio de los Ngobe-Bugle, que fue resultado de una larga lucha de esa nación indígena contra los intereses de los mineros, madereros y criadores de ganado que se oponían a la demarcación y reconocimiento del territorio indígena.

Los pueblos indígenas son quienes están en mejor posición para ser los guardianes de los bosques y por tanto, para favorecer la conservación de los mismos. Es necesario entonces seguir tomando medidas que apunten al reconocimiento del derecho de esos pueblos a sus territorios. Por más detalles sobre este tema, recomendamos el trabajo “Pueblos Indígenas y Minería en Panamá” de Florina López Miró de la Asociación Napguana.

Artículo basado en información obtenida de: Segura Olman et al. (eds.), “Políticas forestales en Centro América”, San Salvador, 1997; CICAFOC, UNOFOC, UICN, “Comunidades y gestión de bosques en Mesoamérica”, San José de Costa Rica, 2000;