Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Perú: pueblos indígenas y sus bosques amenazados por explotación de gas

Dentro de la eco región Faja Andina, la Cordillera Vilcabamba, en Perú, es la única parte cuyo hábitat original no ha sido deteriorado. Junto con el Valle del Urubamba constituyen una región cuya biodiversidad se ha conservado hasta ahora en estado casi prístino. Es una zona que, además, cumple procesos ecológicos importantes –para el sistema hídrico y el cambio climático, entre otros– que son esenciales tanto para la región como para el mundo en general. La zona es habitada por numerosos grupos indígenas, algunos de ellos en situación de contacto inicial y en aislamiento voluntario.

Pero esta inmensa riqueza natural se ve amenazada por el Proyecto Gas de Camisea, llevado adelante por el grupo Pluspetrol-Hunt-SK, consorcio integrado con capitales de Argentina, Estados Unidos y Corea. Los antecedentes del proyecto se remontan a 1981, cuando la Shell comenzó trabajos de exploración en la zona que llevaron a la identificación de los yacimientos de gas de Camisea, si bien posteriormente abandonó el proyecto. En 1999, se llamó a licitación para la explotación de los yacimientos, que fue adjudicada al referido grupo Pluspetrol-Hunt-SK, mientras que el transporte y distribución corresponde al consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP). Tan solo la primera fase del proyecto demandará una inversión de 400 millones de dólares, y apunta a la exportación.

El mega proyecto requerirá la construcción de una amplia infraestructura, instalaciones para la explotación, el transporte, el procesamiento, la distribución y comercialización de los hidrocarburos, con la apertura de trochas de 1,5 metros de ancho, explosiones en una superficie de 800 km2, helipuertos y varios campamentos que ocuparán 8,5 hectáreas, 6.400 zonas de descarga en 23 hectáreas, 4 plataformas y de 12 a 21 pozos de extracción, red de ductos, 2 estaciones de bombeo en la selva, además de la planta de procesamiento, pista, almacenamiento y campamentos en un área de 72 hectáreas que requerirán de 500 a 1.000 trabajadores. La sumatoria de todos esos impactos resultará en la destrucción y degradación de amplias áreas boscosas, incluyendo la desaparición de numerosas especies animales y vegetales. En consecuencia, las poblaciones locales están seriamente preocupadas.

Es por ello que el Grupo de Interés conformado por las organizaciones indígenas Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), con la participación además del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA) y las instituciones internacionales Amazon Watch, Amazon Alliance y Oxfam América, promovieron una Revisión Independiente de los Estudios de Impacto Ambiental del Proyecto Gas de Camisea en el Perú.

La coordinadora del equipo técnico y especialista internacional, Patricia Caffrey, presentó en conferencia de prensa las observaciones preliminares del estudio, señalando que el proyecto no respeta ni siquiera las normas del Banco Mundial o las mejores prácticas internacionales, que no permiten la degradación y conversión de bosques primarios tropicales y requieren que los proyectos no solo no supongan un perjuicio para las comunidades y pueblos indígenas, sino que los beneficien.

Muy lejos de ese requerimiento está el proyecto Camisea. Caffrey estuvo trabajando en el terreno, reunida con jefes de las comunidades indígenas afectadas, y ha informado que los procesos de consulta han sido deficientes, que el proceso de “negociación” que se lleva adelante es desleal, que las propuestas de compensación son inadecuadas y que muy probablemente las comunidades indígenas queden en peores condiciones a consecuencia del proyecto. Indicó también que difícilmente haya medidas que puedan mitigar los impactos del mega proyecto, que degradará y convertirá bosques primarios tropicales, alterará la excelente conservación y estado prístino que hasta ahora han mantenido hábitats esenciales, provocará gran pérdida de biodiversidad y perjudicará procesos ecológicos vitales.

Por otro lado, la investigación revela que los estudios de impacto ambiental del consorcio no han considerado impactos inducidos y no hay planes detallados para mitigar impactos importantes como el control de acceso y afectación al desarrollo social y a la conservación.

La ruta del gasoducto se extenderá por 700 km. desde la selva a la costa, en una vía de 25 metros de ancho que atravesaráel Santuario Machiguenga Megantoni y la Reserva Pavliv Nikitine (Cordillera Vilcabamba). Ya se han observado fuertes presiones de las empresas para que las comunidades machiguengas del Urubamba consientan el otorgamiento de Derechos de Vía, aceptando pagos por servidumbres y compensaciones sin tener el tiempo, la información y asesoría adecuadas para su consentimiento.

El gobierno peruano ha dado su apoyo al proyecto y ha anunciado incluso que la empresa franco-belga Tractebel (que forma parte de TGP) está interesada en participar en la etapa de distribución del gas en Lima, en momentos en que se están sentando las bases de privatización de las cuatro empresas eléctricas regionales.

Mientras tanto, en los foros internacionales, el gobierno habla de compromiso con la conservación de la biodiversidad…Pero el camino de un “desarrollo” al que se le ha usurpado hasta el contenido de la palabra, va muy por otro lado y por él transitan muchos gobiernos –los del Norte con su poder, los del Sur con su debilidad–, las transnacionales, con el respaldo de los bancos internacionales y de los organismos multilaterales. Para la defensa de la diversidad biológica y de la vida parecería que sólo quedan las voces sofocadas de los pueblos indígenas, sus saberes tradicionales, sus prácticas comunales ancestrales, que, acompañados por algunos grupos sociales y ONGs, son el faro del camino. Ojalá ese faro brille en la próxima conferencia de las partes del Convenio de Biodiversidad, y las autoridades peruanas sepan escuchar las voces de su pueblo.