Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Uganda: plantaciones de carbono generan beneficios para inversores y certificadores extranjeros, mientras que las comunidades pierden sus medios de sustento

UgandaLa plantación comercial de árboles ubicada en el Distrito Kiboga, el ‘corredor ganadero’ del medio oeste de Uganda, lleva el nombre de “Reserva de Bosque Kikonda” y abarca 12.182 hectáreas de tierras de propiedad de la Autoridad Forestal Nacional de Uganda (NFA, por su sigla en inglés). La tierra está manejada, no obstante, por la empresa privada alemana Global-Woods AG. El proyecto forestal se inició en 2002 con un acuerdo de arrendamiento para cultivo de árboles de 49 años, otorgado por la Autoridad Forestal. Cada año se plantan alrededor de un millón de árboles en una superficie de 1.000 hectáreas, con el objetivo de capturar y ‘almacenar’ el dióxido de carbono de la atmósfera, a la vez de producir troncos aserrados y madera para combustible (1).

El contrato de arrendamiento le permite a Global-Woods plantar y cosechar árboles – aunque la zona es oficialmente una “Reserva de Bosque” –, a cambio de una tarifa única de US$410 y un alquiler anual de alrededor de US$4,10 por cada hectárea plantada con árboles . No se debía pagar alquiler alguno por las superficies que las empresas no habían plantado con árboles. Cuando el gobierno de Uganda se dio cuenta de cómo los inversores se estaban aprovechando del sistema, y trató de negociar mejores términos para la Reserva de Kikonda con el Institut für Umwelt und Entwicklung (IEU, por su sigla en alemán), una empresa alemana dirigida por un ex político ‘verde’ del Parlamento Europeo, la compañía se negó, diciendo: “Nuestro avión sale esta noche a Alemania; si no firman ahora, no habrá acuerdo “. (2)

Desde que Global Woods comenzó el proyecto se han producido continuos conflictos con las comunidades locales, en la medida que tienen prohibido cortar árboles, realizar prácticas agrícolas o pastar animales en la zona del proyecto. El juntar carbón de leña como el pastoreo de ganado en una ‘reserva’ se consideran actividades ilegales por la ley de Uganda, pero esto no se había aplicado antes del proyecto. La restricción de las actividades agrícolas y de pastoreo también causó supuestas contradicciones en la gestión, ya que a veces se permitía el pastoreo a cambio de una cuota, mientras que otras veces se cobraban multas de alrededor de US$400. Los custodios del ganado perdieron acceso a las ‘represas’ en los valles, que fueron construidas especialmente para ellos con ayuda de la cooperación irlandesa en 1992. Después de 2009, una revisión interna señaló la necesidad de cambiar de estrategia, y Global Woods construyó dos represas fuera de la reserva para el acceso del ganado (3).

El proyecto de plantación de árboles está certificado por la metodología CarbonFix, una certificación para los proyectos de compensación de carbono. CarbonFix fue adquirida recientemente por la compañía Gold Standard, que también ofrece la certificación de proyectos para venta de créditos de carbono (4). En su informe, los certificadores confirmaron que se calcula que el proyecto almacenará 888.033 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente, una medición utilizada para hegemonizar el cálculo entre los diferentes gases de efecto invernadero) durante los 50 años en los que se hacen los cálculos del carbono (a pesar de que el contrato de arrendamiento que tiene Global Woods es sólo por 49 años, y no se comenzó a plantar enseguida de haber adquirido el arrendamiento). La cantidad ‘secuestrada’ se traduce en créditos de carbono que el dueño del proyecto puede vender en el mercado de carbono. El proyecto también ha sido certificado por el estándar CCB (de la Alianza para el Clima, la Comunidad y la Biodiversidad), otro programa que formuló directrices con las cuales se evalúan los proyectos de venta de bonos de carbono, en particular en relación con los impactos sociales y ambientales. Un tercer grupo de consultores ha certificado el manejo de las plantaciones de árboles de acuerdo con la normativa del Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés). La pregunta que surge, entonces, es: ¿cómo pueden tantos estándares ‘avalar’ un proyecto caracterizado por conflictos y contradicciones?

El estándar CCB requiere que el proyecto certificado ofrezca beneficios netos a las comunidades, y el Documento de Diseño de Proyecto (PDD, por su sigla en inglés) debe presentar “una estimación creíble” del beneficio neto al bienestar de la comunidad como resultado de las actividades del proyecto. El PDD para Kikonda argumenta que las comunidades aledañas a la plantación se beneficiarán tanto de las oportunidades de empleo que ésta ofrece como del apoyo para plantar árboles en tierras privadas, a través de una organización formada en torno al proyecto. Sin embargo, sólo los propietarios privados pueden beneficiarse de plantar árboles, y un informe de Global-Woods revela que sólo el cuatro por ciento de los hogares de la zonas aledañas al proyecto tienen títulos sobre las tierras que cultivan. También se esperaba que los miembros de la comunidad pudieran beneficiarse directamente de los pagos del carbono forestal por los árboles plantados en una zona de amortiguamiento alrededor del proyecto, pero esta iniciativa ya ha fracasado. Actualmente está suspendida.

El PDD también argumenta que como el proyecto simplemente cumple la ley, no puede hacerse responsable de las consecuencias. Como de acuerdo a las reglamentaciones de la autoridad forestal, el pastoreo, la combustión de carbón vegetal o la recolección de leña no están permitidos en la Reserva Kikonda, los miembros de la comunidad “tendrán que suspender sus actividades ilegales dentro de la reserva y encontrar otro trabajo fuera”. La compañía argumenta que ya se le ha dado tiempo suficiente a las personas afectadas para “o bien aceptar las ofertas de trabajo que brinda el proyecto o bien desarrollar otras alternativas de ingresos”. Otros “todavía tienen la posibilidad de continuar con su forma de vida y de trabajo en otras partes del país”. El PDD de 2008 afirma, además, que los guardias de seguridad contratados por la dirección del proyecto “patrullan constantemente la zona de reserva del bosque para impedir las actividades ilegales. Estas patrullas también recuerdan constantemente a la gente de la zona que la Reserva sólo podrá ser utilizada para el cultivo de árboles. Como el gobierno no tiene la capacidad de arrestar a los culpables en el lugar, estos guardias de seguridad también cumplen con esta responsabilidad y pueden llevar a los culpables a la estación de policía local si es necesario”. (5)

Las comunidades aledañas a la zona del proyecto se quejan del alto nivel de conflicto que éste genera: multas, detenciones arbitrarias de personas y el embargo del ganado que entra en la reserva, falta de acceso a los depósitos de agua construidos por las propias comunidades, corrupción generalizada entre los guardabosques, etc. Sólo en 2011, a 9 años de iniciado el proyecto, Global-Woods llevó a cabo lo que ellos llaman un “estudio de base socio-económica”. El estudio confirma varios de los problemas denunciados por las comunidades, y también revela que los proponentes del proyecto tenían deficiencias muy importantes en cuanto a su conocimiento sobre las comunidades en la zona del proyecto. El informe más reciente de la investigación señala: “Originalmente, se supuso que habían 20 comunidades y el objetivo era incluirlas a todas. Durante la investigación nos dimos cuenta que había más comunidades dentro de la zona, y en total se registraron 44 comunidades”. Esto significa que Global-Woods no tenía siquiera la comprensión más básica de los alrededores – y que los auditores de varios sistemas de certificación certificaron el proyecto a pesar de esos errores fundamentales.

Resulta claro en el informe de validación del proyecto de la CCB que los auditores observaron numerosas deficiencias del proyecto con respecto a los impactos negativos en las comunidades, los puntos de partida y el monitoreo. Sin embargo, en lugar de exigir el abordaje de esos problemas, se emitieron “Solicitudes de acción a seguir” por el proyecto – en una etapa posterior. Los auditores incluso emitieron un certificado de “Categoría de Plata”, en parte debido a la evaluación que el proyecto cumplía con los criterios de “Buenas prácticas en la participación de la comunidad”.

Del mismo modo, los proyectos CCB certificados deben generar “impactos positivos netos en la biodiversidad dentro de los límites del proyecto y dentro del plazo del proyecto”, en comparación con las condiciones que había al momento del punto de partida. Los proyectos asimismo, no deben tener efectos negativos sobre las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN de especies amenazadas o especies incluidas en una lista reconocida a nivel nacional. En Kikonda, las plantaciones de monocultivos de árboles a gran escala han reemplazado bosque degradado, arbustos y pastizales existentes. Esto, sin duda, tiene numerosos impactos ambientales graves y causará una pérdida directa de biodiversidad en la zona.

El proyecto se propone equilibrar el impacto negativo mediante la conservación y mejora de la diversidad biológica en un “área de conservación” más pequeña, dentro de los límites del proyecto. Es así que el proyecto de compensación de carbono afirma ser también un proyecto de “compensación de biodiversidad” dentro del proyecto. Sin embargo, un vistazo al mapa revela que el “área de conservación” no se ha definido a partir de consideraciones relativas a la biodiversidad. La zona es un barranco con un curso de agua y humedales. La superficie designada está conformada, primordialmente, por tierra que no es apta para ser convertida en plantaciones de pino. Además, en algunas partes de esta área, las normas de la autoridad forestal prohíben las plantaciones.

La consecuencia es que los miembros de la comunidad han visto sus medios de vida y sustento destruidos por vagas promesas de empleos (mal pagos) en las plantaciones establecidas en tierras que han utilizado tradicionalmente conforme al derecho consuetudinario. Mientras se criminaliza o/y expulsa a las poblaciones locales​​, las empresas, los certificadores y los inversores extranjeros se aprovechan de los arrendamientos y de la legislación que favorece al capital privado para enriquecer sus arcas con la venta de madera y créditos de carbono.

Este artículo utilizó información del informe de 2013 de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza (SSNC), “REDD Plus o REDD ‘Luz’? La biodiversidad, las comunidades y la certificación de carbono de los bosques “, http://www.REDD-monitor.org/wp-content/uploads/2013/02/REDD-más-o–light130121.pdf REDD y Problema de Árbol, un informe elaborado por Amigos de la Tierra, el WRM y FERN, www.sinkswatch.org/sites/fern.org/files/pubs/reports/treetr.pdf

 

(1) http://www.uganda.global-woods.com/3.html

(2) http://www.blackherbals.com/climate_justice_now.htm

(3) Nel, A, Forthcoming thesis, Sequestering market environmentalism: A geography of carbon forestry and unevenness in Uganda, Universidad de Otago, Nueva Zelanda

(4) http://www.carbonfix.info/

(5) https://s3.amazonaws.com/CCBA/Projects/Kikonda_Forest_Reserve_Reforestation_Project/CCBS_KFR.pdf