Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Colombia: comunidades locales afectadas por camaroneras

Desde 1982 la industria camaronera empezó a instalarse en el estuario de la bahía de Cispata, ecosistema que alberga uno de los manglares más exuberantes del Caribe colombiano. En la actualidad cuatro empresas camaroneras se encuentran plenamente establecidas en este lugar, abarcando una extensión aproximada de 700 hectáreas. El sistema productivo semi-intensivo que estas granjas aplican hace que el recambio diario de agua en sus estanques en promedio alcance hasta el 15% de su volumen, lo que obliga al vertimiento diario de grandes cantidades de agua saturada de desechos orgánicos hacia el estuario.

Luego de 14 largos años de realizar sin interrupción esta práctica, en 1996 la ciénaga de Soledad, uno de los cuerpos de agua más importantes asociados al estuario, empezó a dar las primeras muestras de desestabilización: floraciones filamentosas de algas y subsiguiente mortandad de peces y moluscos. Este fenómeno era predecible, si tenemos en cuenta que el estuario de la bahía de Cispata, por sus características hidrodinámicas, presenta un bajo nivel de recambio diario de sus aguas, especialmente las de su extremo sur-occidental. Evidentemente la misma industria camaronera asentada en el área fue la principal afectada al ver disminuir su producción, sin olvidar los graves perjuicios ocasionados a los pescadores artesanales locales.

La respuesta de las camaroneras no se hizo esperar. Lejos de generar un cambio de actitud frente a sus cuantiosos vertimientos de aguas servidas hacia el estuario, promovió e inició, con el aval de las autoridades ambientales, la construcción de un canal artificial que intercomunicaría la ciénaga de Soledad directamente con el mar Caribe para aumentar su capacidad diaria de recambio de agua a partir de los ascensos y descensos de la marea. Sin duda alguna las condiciones de calidad de agua en esta parte del estuario mejorarían, devolviéndoles a las empresas camaroneras la tranquilidad. Sin embargo, el mayor flujo de agua salada, directamente del mar, traería consigo el aumento desmedido de la salinidad en esta parte del estuario y por consiguiente la inminente penetración de la cuna salina (vía nivel freático) hacia las zonas agrícolas circundantes, las cuales sustentan cerca de 2.500 familias en nueve comunidades rurales.

Semejante despropósito motivó a las comunidades locales a denunciar los hechos ante las autoridades locales y regionales, sin lograr ni siquiera su atención. Era tanto el poder de las empresas camaroneras comprometidas, que la obra contaba con el permiso de la autoridad ambiental sin previo concepto técnico y utilizaba maquinaria de propiedad pública. Agotados todos los mecanismos legales posibles y ante la inminencia de la obra, las comunidades recurrieron a la vía de los hechos para detener por la fuerza su construcción, lo que se logró luego de varios días de lucha, en la que participaron alrededor de 400 campesinos. Ante el escándalo publico suscitado por las protestas campesinas, las camaroneras desistieron del proyecto.

Vale la pena destacar los argumentos engañosos utilizados por las camaroneras para convencer a las autoridades y líderes locales, de los beneficios de su proyecto. Hablaban de “rehabilitación de caños al interior del estuario” para mejorar su funcionamiento como ecosistema y de la generación de cientos de empleos que beneficiarían a las comunidades locales pobres. Nada de eso era cierto, dado que el interés subyacente del proyecto era el de deshacerse de la basura orgánica que a diario vierten al estuario.

La suspensión del proyecto del canal hacia el mar las obligó a mejorar sus sistemas internos de gestión de desechos orgánicos, llegando inclusive a la construcción de un humedal artificial como biofiltro. A pesar de la cuantiosa inversión y de una agresiva campaña publicitaria que le significó un premio nacional de Ecología, la situación ambiental de la ciénaga de Soledad y el resto del estuario empeora cada día.

Cinco años después del primer intento de aumentar el flujo y reflujo de agua al interior del estuario, las empresas camaroneras vuelven a insistir en sus intenciones: Qué pasó con el premiado biofiltro? El proyecto en esencia sigue siendo el mismo: “Rehabilitación de caños al interior del estuario”, con los mismos propósitos samaritanos: generación de empleo y mejoramiento del funcionamiento del ecosistema. La gran diferencia ahora radica en que el gestor del proyecto no es la industria camaronera, sino la propia autoridad ambiental, en este caso la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge (CVS) y la alcaldía municipal de San Antero.

“Tenemos alrededor de 800 millones de pesos (348.000 dólares aproximadamente) para rehabilitar caños en el estuario”, explica un funcionario de la CVS a las comunidades campesinas y de pescadores, en su permanente invitación a participar en el proyecto.

De llevarse a cabo el proyecto, sus efectos en los agrosistemas campesinos de nueve comunidades rurales ubicadas en los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Lorica serán devastadores, puesto que la regulación del cauce del río Sinu por parte de la hidroeléctrica URRA I ha disminuido significativamente el flujo de agua dulce hacia el estuario. Ante este nuevo escenario regional, la salinización de las tierras utilizadas por las comunidades locales para sus actividades agropecuarias se acelerará, induciendo el desplazamiento de miles de familias hacia las zonas urbanas adyacentes.

Ahora el interés de la industria camaronera no solo es aumentar la capacidad de flujo y reflujo de agua en el estuario, sino el de expandirse hacia las zonas agrícolas salinizadas por efecto del proyecto hidroeléctrico URRA I y la “Rehabilitación de caños” promovida por la autoridad ambiental.

Es por ello que las comunidades de campesinos y pescadores, afiliados a ASPROCIG, que ancestralmente han hecho uso de las tierras en el Delta del río Sinu, convocan a todas las personas, ONGs y Organizaciones Comunitarias de Base de todo el planeta a solidarizarse con su lucha, enviando comunicaciones de rechazo al citado proyecto ante las autoridades colombianas.

Articulo basado en información obtenida de: Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinu.