Boletín Nro 127 – Febrero 2008

Se acerca el Día Internacional de la Mujer y, como forma de rendir homenaje a las incontables mujeres que luchan por sus derechos, quisiéramos compartir partes de una investigación llevada recientemente a cabo por dos mujeres en Brasil, que por un lado aporta una visión de conjunto de la lucha de las mujeres contra las plantaciones en ese país y por el otro provee testimonios de mujeres locales sobre como esas plantaciones han impactado sobre sus vidas y medios de subsistencia.

En el artículo “PUEBLOS OCULTOS EN LA SELVA ¿Derecho a vivir la propia Amazonía?” (*) la escritora argentina Elina Malamud incursiona con gran sensibilidad en las condiciones que han llevado a numerosos pueblos de la selva a un aislamiento escogido voluntariamente. La autora recoge palabras del brasileño Sydney Possuelo, adalid de la lucha por la defensa de los derechos de los grupos indígenas a continuar su estilo de vida: “Si fuéramos más decentes, no habría pueblos aislados pero nuestra conducta los ha llevado a buscar protegerse de nosotros. Su aislamiento no es voluntario, es forzado por nosotros.”

El 28 de marzo de 2006, en medio de una fuerte presión del gobierno y de la industria maderera, se aprobó en Colombia la ley 1021, conocida como “Ley Forestal” (ver boletín Nº 105 del WRM), que permitía que los grandes inversionistas madereros accedieran fácilmente y con privilegios a los bosques del país, comprometiendo así el futuro de los bosques tanto públicos como de propiedad de las comunidades indígenas y afrocolombianas. En 2007, el “Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes”, con el apoyo de amplios sectores sociales colombianos e internacionales, presentó una demanda por inconstitucionalidad de la Ley Forestal.

Nacida a la independencia en 1960, la República Democrática del Congo ha vivido desde entonces en medio de contiendas. Su antiguo gobernante colonial, Bélgica, así como EEUU, la Unión Europea e instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial han sido actores ocultos y partes interesadas clave en un drama donde la rivalidad étnica atrapó la atención del mundo escondiendo al mismo tiempo las luchas económicas por las riquezas de un país que llegó a ser el mayor exportador mundial de cobalto y el cuarto exportador de diamantes y figuró entre los primeros diez productores mundiales de uranio, cobre, manganeso y estaño.

En México, la lucha por la defensa de los bosques sigue en marcha. Activistas que buscan proteger sus ecosistemas siguen siendo víctimas de amenazas por taladores ilegales, a menudo protegidos por las propias autoridades.

La gigante de la celulosa PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP), que opera en la provincia de Riau, ha solicitado al Sistema de Certificación del Instituto de Etiquetado Ecológico de Indonesia (LEI) que se le otorgue un Certificado de Manejo de Plantaciones Forestales. Las ONG de Riau, así como muchas otras ONG regionales y nacionales, se oponen con firmeza a esta solicitud en base a varios motivos, entre ellos:

A fines del año pasado, el Instituto Flamenco de Biotecnología (VIB), un instituto de investigación en ciencias biológicas, solicitó autorización para establecer en Bélgica un ensayo de campo de álamos genéticamente modificados (GM). Los árboles GM tendrían su contenido de lignina modificado con el fin de facilitar la producción de etanol.

De la Amazonia a Finlandia, Nueva Zelanda y Chile, de Pueblos Indígenas a ONG europeas, de grupos de mujeres a grupos de jóvenes, en apenas una semana casi 140 personas entraron en contacto y participaron de la recolección de firmas para una Carta Abierta que exige la prohibición de la liberación de los árboles modificados genéticamente, o transgénicos.

Desde su primer proyecto forestal en 1977 el Banco Asiático de Desarrollo ha desembolsado más de mil millones de dólares en proyectos forestales. La mayoría de los proyectos forestales recientes del Banco fueron calificados de “parcialmente exitosos o no exitosos”. El Banco reconoce “problemas con el diseño y la aplicación de los proyectos” y que “sus inversiones en el sector [forestal] han tenido un mínimo impacto positivo sobre la pérdida y la degradación de los bosques”. Incluso este “impacto mínimo positivo” es resultado de definir una plantación como bosque. Según el Banco, la sustitución de los bosques y tierras agrícolas de los campesinos por monocultivos de árboles es algo “positivo”.

El gran tema de la tenencia de la tierra subyace tras el problema de los planes de plantación de palma aceitera en Indonesia y el resto del mundo. Al ocupar grandes áreas de tierras comunitarias donde antes se sembraban cultivos destinados a la alimentación y a la venta y se cosechaban medicinas y materiales de construcción, los monocultivos de palma aceitera erosionan los derechos y el sustento de las comunidades locales. Las empresas ingresan con promesas, engaños y sobornos lo cual, combinado con la falta de conciencia de las comunidades locales respecto de sus derechos, está llevando a la privatización en gran escala de la tierra y los recursos naturales.

La empresa fabricante de pasta de papel ENCE posee monocultivos de eucalipto en España y Uruguay certificados por el FSC. Una parte de esas plantaciones, 12.000 hectáreas, repartidas en más de 200 parcelas, se concentran en el Noroeste del estado español (Galicia, Asturias y Cantabria) y son gestionadas por una de sus filiales forestales, NORFOR.

El reciente estudio “Rights of rubber farmers in Thailand under free trade” [“Derechos de los caucheros de Tailandia en el régimen de libre comercio”], de Sayamol Kaiyoorawong y Bandita Yangdee, [http://www.wrm.org.uy/countries/Thailand/ Rights_of_rubber_farmers_in_Thailand.pdf], es una concienzuda revisión de conjunto del negocio del caucho y sus actores en ese país.

Monte Elgon ha sido testigo de importantes disputas por la tierra desde que en 1993 se lo declaró parque nacional. Los aldeanos fueron expulsados del parque en 1993 y de nuevo en 2002. La zona que rodea el parque está densamente poblada y los agricultores no tienen muchas opciones que no sean volver al parque a sembrar sus cultivos. Han estallado conflictos violentos entre la Autoridad Ugandesa para la Vida Silvestre (UWA), la agencia responsable del manejo del parque, y los aldeanos que tratan de ganarse la vida. Los aldeanos dicen que los funcionarios de la UWA los han amenazado, les han disparado y han cometido abusos sexuales contra ellos. Muchas personas han sido asesinadas.