Boletín Nro 218 – Setiembre 2015

Este año por el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, celebrado el 21 de setiembre, el WRM, junto a diversas organizaciones y redes a nivel mundial, lanzó una declaración para condenar la expansión del modelo industrial de plantaciones de la palma aceitera, que conlleva un creciente número de impactos económicos, sociales, culturales y ambientales. Una vez más, anhelando romper el círculo de silencio en torno a las trasgresiones enfrentadas por las comunidades cuyos territorios son invadidos y rodeados por estos monocultivos, gritamos fuerte y claro: ¡Las plantaciones no son bosques!

“El madereo ilegal continúa siendo una amenaza para los bosques del mundo... El madereo ilegal perpetúa la corrupción, socava los medios de vida, alimenta el conflicto social, priva a los gobiernos de ingresos y erosiona las bases de los recursos naturales de los países.” Informe de Chatham House, julio de 2015 (1)

En las últimas décadas la industria de la palma aceitera en Indonesia ha experimentado un rápido crecimiento, principalmente en las islas de Borneo y Sumatra. En la medida que cada vez resulta más difícil encontrar grandes extensiones de tierra en esas regiones, las empresas de plantaciones ahora están poniendo sus ojos en el archipiélago de las Islas Molucas, especialmente en Papúa Occidental, una zona atravesada por conflictos. Mientras que en 2005 sólo había cinco empresas de plantaciones de palma aceitera operando en Papúa Occidental, a finales de 2014 ya había 21 plantaciones activas. Esta rápida expansión seguirá creciendo ya que muchas más empresas han obtenido permisos para instalar nuevas plantaciones.

Entrevista a Jean-François Mombia sobre las plantaciones de palma aceitera ¿Podría decirnos qué es el RIAO–RDC (Réseau d'information et d'appui aux ONG nationales–República Democrática del Congo) y cuáles son sus principales actividades?

El 21 de septiembre, cerca de 300 indígenas ocuparon la hacienda Nedila, en el municipio del Prado Bahía, Brasil, lugar donde la empresa Suzano posee una plantación de monocultivo de eucalipto. La principal reivindicación de los indígenas es la detención inmediata de la plantación, ya que la misma está causando gran destrucción en el medio ambiente. Aunque la plantación aún no ha llegado a su fase adulta, ya se constatan efectos nocivos, tanto para los seres humanos como para la fauna y la flora. La empresa ha construido represas, provocando la desecación de ríos y nacientes de agua, y corta incesantemente la mata atlántica con enormes maquinarias.

Después de dos años de impedir el avance de la construcción de la represa de Baram en Sarawak, Malasia, los pueblos indígenas han logrado una victoria importante: el gobierno estatal anunció una moratoria a la controvertida represa y una evaluación de proyectos alternativos a pequeña escala para la obtención de energía. No obstante, los pueblos indígenas de Baram siguen preocupados por la situación de sus tierras nativas, que ya han sido asignadas a la construcción de la represa, y por las actividades de madereo llevadas a cabo con permisos válidos.

Un comunicado de prensa de All India Forum of Forest Movements (AIFFM) denuncia que el gobierno de la India está autorizando “concesiones forestales” a empresas del sector privado en lo que considera que son bosques de propiedad estatal. El cuarenta por ciento de los bosques “identificados” como degradados podría ser cedido en arrendamiento a empresas privadas para aumentar sus plantaciones, violando no una, sino varias leyes indias, como la Ley de derechos del bosque o la Ley de los bosques de la India. El comunicado también alerta acerca un reciente anuncio del gobierno respecto a un paquete de 15.000 millones de dólares para el establecimiento de nuevas plantaciones.

La Alianza Mundial contra REDD, junto con la red No REDD en África (NRAN) y con el aval de numerosas organizaciones internacionales, lanzó una Declaración durante el Programa Alternativo de la Sociedad Civil al Congreso Forestal Mundial, celebrado en Durban, Sudáfrica, a principios de septiembre.

El 25 de agosto de 2015, trabajadores de la empresa Fibria en Tres Lagunas, Mato Grosso del Sur, hicieron públicos los recientes despidos hechos por la empresa – uno de los mayores productores de celulosa de Brasil. “Solo en las últimas semanas hubieron alrededor de 18 despidos. Y lo más grave es que algunos trabajadores con enfermedades ocupacionales también fueron despedidos.” Los despidos son considerados una represalia a la movilización que los trabajadores realizaron en el proceso de formación de un nuevo sindicato de categoría.

La organización RCC (Rivers Coalition in Cambodia), junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, reclama que se detengan de inmediato todas las actividades relacionadas con la construcción de la Represa Don Sahong, luego de que  el Gobierno de Laos, en una decisión unilateral, aprobara oficialmente el contrato de concesión a principios de septiembre. En una declaración conjunta, las organizaciones denuncian que “se hizo el contrato de concesión aun cuando las solicitudes presentadas por los gobiernos, las comunidades del bajo Mekong y las sociedades civiles de los tres países miembros de la Comisión del Río Mekong (Camboya, Vietnam y Tailandia) aún no han sido respondidas ni resueltas”.

La industria del aceite de palma en Malasia, que produce el 40 por ciento del suministro mundial del producto, está creciendo, pero de acuerdo con trabajadores y activistas entrevistados en un video del Wall Street Journal, lo hace rodeada de abusos. Los trabajadores inmigrantes, especialmente de Bangladesh y Myanmar, son acarreados en condiciones terribles por traficantes de personas para trabajar en ciertas plantaciones de palma aceitera en Malasia. Felda Global Ventures, empresa que vende aceite de palma crudo a multinacionales como Cargill Inc., Nestlé SA y Procter & Gamble Co, admite que el 85 por ciento de los trabajadores de sus plantaciones son extranjeros.

Un artículo del libro recientemente publicado “Gender and Land Tenure in the context of Disaster in Asia” (Género y tenencia de la tierra en Asia en un contexto de desastre), examina el impacto del cambio del uso y los sistemas de tenencia de la tierra en Sarawak sobre los derechos humanos, los medios de subsistencia y las prácticas locales en materia de género. El artículo estudia la comunidad Iban de Kampong Lebor, cuyas tierras tradicionales fueron deforestadas por empresas que llegaron allí para establecer plantaciones de palma aceitera.

En 2013, la Relatoría del Derecho Humano al Medio Ambiente (RDHMA), de la Plataforma Dhesca, realizó una Misión de Investigación e Incidencia en el estado de Acre sobre la problemática de la economía verde y sus efectos políticos y territoriales. Diferentes gobiernos estatales, en especial los de la Amazonia, ya han establecido o están en proceso de definir políticas estatales contemplando propuestas de pago por servicios ambientales y REDD+, siendo Acre el Estado pionero. Sin embargo, un conjunto de organizaciones y colectivos sociales de Acre identifica en esas políticas una serie de impactos sociopolíticos, económicos y ambientales negativos, en especial sobre los territorios y las poblaciones tradicionales.

Un artículo del periódico “El País” narra la aguda violencia que viven los pueblos del valle del Bajo Aguán, en Honduras, que luchan por recuperar las tierras que la Corporación Dinant capturó tiempo atrás para sus inmensas plantaciones de palma aceitera. El conflicto ha atraído atención mundial debido a que en parte la empresa contaba con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del conglomerado de entidades del Banco Mundial que concede créditos a empresas privadas. La CFI prestó su apoyo a Dinant mientras tenían lugar los enfrentamientos por la tierra.