Boletín Nro 59 - Junio 2002

En vesperas de la cumbre de Johanesburgo, donde los gobiernos de todo el mundo debatirán propuestas para proteger el medio ambiente, el Banco Mundial ha hecho público el largamente esperado borrador de su política sobre bosques.

Algunos errores conceptuales son difíciles de erradicar. Es lo que ocurre con el concepto de "bosques plantados". Aun cuando es una definición cuya credibilidad se debilita cada vez más, el Proyecto de Plan de Implementación acordado en Bali durante la última Conferencia Preparatoria de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, insiste en llamar "bosques" a las plantaciones.

La siguiente declaración fue realizada por las ONGs africanas (ver a continuación) presentes en el Encuentro de Planificación Ministerial de Aplicación de la Ley Forestal y el Buen Gobierno realizada en Brazzaville, República del Congo, del 18 al 21 de junio de 2002. "Prácticamente no existe duda alguna de que los delitos contra los bosques son masivos y causan daños enormes al medio ambiente y a la economía, y que afectan especialmente a los más pobres. En casi todas partes, los recursos de los bosques sufren la amenaza de actividades delictivas realizadas por madereros y comerciantes inescrupulosos y funcionarios gubernamentales corruptos.

Los bosques tropicales del parque nacional de Dzanga Sangha en la República Centroafricana están habitados por el pueblo indígena Ba'Aka, que cuenta con cerca de 20.000 miembros. Al igual que otros muchos pueblos llamados "Pigmeos" de países vecinos, los Ba'Aka han sido cazadores recolectores y han vivido en el corazón del bosque, donde desarrollaron todo un sistema de conocimientos sobre los recursos forestales locales.

La República Democrática de Congo (RDC) posee más del 50% de los bosques tropicales que quedan en África. De sus 2,3 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad son bosques. Solamente Brasil e Indonesia tienen mayor superficie de bosques tropicales. Si bien la explotación de recursos no cesó durante la guerra, muchas empresas madereras extranjeras detuvieron sus actividades. La compañía malaya Innovest, por ejemplo, ha vendido activos en la RDC debido a las pérdidas financieras. El 18 de enero de 2002 Innovest anunció la celebración de un contrato con la compañía Man Fai Tai Congo Ltd S.A.R.L para vender máquinas y equipos que comprara en 1997 para las concesiones madereras en la RDC y la República del Congo.

En julio de 2001, grupos de la sociedad civil de Uganda presentaron una demanda al Panel de Inspección del Banco Mundial, denunciando que el proyecto de la represa de Bujagali violó varias de las políticas del Banco Mundial y que produciría perjuicios sociales, económicos y ambientales a los pobladores locales. Como resultado, el Panel tomó el caso y el 30 de mayo presentó un informe confidencial al Directorio Ejecutivo; en el mismo se concluye que la represa de Bujagali planificada (detallada en el Boletín Nro 42 del WRM) viola cinco políticas claves del Banco Mundial. El informe del Panel sugiere una serie de medidas correctivas para rectificar los problemas del proyecto.

Las plantaciones de caucho y de palma aceitera, aun cuando no están relacionadas con la industria de la celulosa y el papel, afectan a las comunidades locales de manera similar a las plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Las plantaciones de caucho y de palma aceitera también utilizan grandes superficies de tierra, a menudo tierra que es crucial para el sustento de los pueblos del lugar.

El mundo tiene algo que celebrar: hay buenas noticias para los Jarawa. Este pueblo que se ha mantenido largamente sin contacto con el resto del mundo habita en las islas Andaman en el océano índico. Ha elegido voluntariamente continuar casi completamente aislado, en tanto sus tierras han sido invadidas por colonos británicos e indios durante los últimos 150 años.

La pérdida de acceso a los recursos forestales no sólo se produce con la deforestación de los bosques, sino también cuando las plantaciones comerciales de árboles reemplazan a los bosques. Es bien conocido que las plantaciones de árboles de especies introducidas plantadas con fines comerciales para los mercados locales e internacionales, carecen de los productos del bosque no relacionados con la madera, especialmente los recursos utilizados para vivienda, elementos del hogar, alimentos, combustible, artesanías y medicinas.

Las plantaciones de árboles representan un problema cada vez mayor en todo el mundo, y esto resulta especialmente claro para los pobladores que viven en los alrededores de la plantaciones. Por ejemplo, el Jefe del subdistrito de Xiang Khai del distrito de Xaibouli, en Laos, afirmó: "Las plantaciones de eucaliptos están causando la degradación de los recursos del agua, el suelo y los bosques. No quiero que nadie más plante árboles de eucaliptos en mi subdistrito."

La certificación otorgada por el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés), o lo que se ha dado en llamar el "sello verde", constituye un aval de que la madera de la empresa así calificada ha sido obtenida a partir de prácticas que contemplan un manejo sustentable del bosque. Ese fue el propósito que inspiró la idea. Pero tal vez sea difícil creer que en este escenario mundial de "mercantilización" de la naturaleza y la vida, de apertura a ultranza de los mercados, de explotación de los recursos en función de intereses de lucro rápido y a corto plazo, el "sello verde" no sea también engullido y pase a ser un elemento más de marketing.

Panamá ha perdido el 60 por ciento de sus bosques en un proceso de deforestación en el que, según el último informe del Servicio Forestal, desaparecen unas 50.000 hectáreas de bosques cada año. Las razones que llevan a esta situación son múltiples y complejas, abarcando desde causas externas a internas. Si bien desde esferas oficiales normalmente se culpabiliza al campesinado pobre por el desastre, en realidad se trata del último eslabón de una larga cadena de causalidades que se originan tanto en políticas nacionales injustas como en la incidencia del proceso de globalizaciçon y sus mçultiples actores.

Los intereses empresariales que giran en torno a la palma africana, o palma aceitera, (ver Boletín 47 del WRM) encuentran en México, y más precisamente en Chiapas, un lugar ideal para su negocio, básicamente por la diversidad de climas de la zona, la disponibilidad de mano de obra barata (más aún por su condición de estado fronterizo con América Central, donde abunda la mano de obra indocumentada) y la posibilidad de acceder fácilmente a la tierra de comunidades campesinas que, empujadas y presionadas por las poderosas fuerzas del mercado expresadas en políticas agrarias, pasan a convertirse en asalariados en su propia tierra, que deja ya de ser la base de su seguridad alimentaria.

El sector forestal argentino está llorando. Se le ha venido a pique el negocio de la plantación a gran escala de monocultivos de especies exóticas de rápido crecimiento con destino a la industrialización de celulosa. En copia fiel al programa forestal aplicado en todo el mundo --para lo que cuentan con el apoyo político y los dineros de los organismos multilaterales que tienen atados a los países-- Argentina se comprometió por ley (no. 25.080, de 1998) a subvencionar ese tipo de plantaciones. En un principio comenzó con gran pujanza y las proyecciones para ese aúo eran de plantar 140.000 hectáreas para luego pasar a 200.000 hectáreas por año.

El sistema de producción semi-intensivo aplicado en las granjas camaroneras ubicadas en el departamento de Córdoba, en la región atlántica de Colombia, provoca grandes trastornos al ambiente circundante. Entre otras cosas, implica el vertido constante de grandes volúmenes de agua saturada de desechos orgánicos dentro del estuario de la cuenca baja del río Sinú.

La empresa maderera "Plywood Ecuatoriana S.A.", de propiedad de la familia Alvarez - Barba, terminará por hacer desaparecer los últimos bosques primarios existentes en la zona del Chocó ecuatoriano, específicamente en la provincia de Esmeraldas. Sin embargo, esta empresa depredadora del bosque recientemente ha optado por vestirse de verde.

Muchos gobiernos Latinoamericanos, con el fin de obtener ingresos y satisfacer las condiciones de los programas de ajuste estructural del FMI y apoyados por los préstamos del Banco Mundial, han puesto a disposición de las empresas multinacionales los recursos naturales de sus países y otorgan concesiones a quienes a cualquier costo quieren perpetuar el modelo de explotación en su propio beneficio. Muchos pueblos Latinoamericanos han comprendido que organizados pueden defender sus tierras, sus bosques y su supervivencia.