La lucha por derechos a nivel internacional ha tenido un avance significativo en las últimas décadas. Numerosos países ya reconocen un conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Comunidades y pueblos, principalmente indígenas, que dependen del bosque, han obtenido un mayor reconocimiento en materia de derechos sobre los territorios que ocupan tradicionalmente. Aún así, a pesar de estos avances, la violación de los derechos continúa en aumento, como podemos ver en este boletín en los artículos y testimonios relativos a Nigeria, Sierra Leona, Indonesia, Chile.
Lo que llama la atención es que en estas historias de comunidades que buscan defender sus derechos, se considera que las empresas que acaparan sus tierras tienen derecho a hacerlo, o sea, se las ve también como portadoras de derechos. Y en el desigual juego de poder, los estados tienden a privilegiar los derechos individuales de las empresas y los derechos de los mercados libres en detrimento de los derechos colectivos de comunidades indígenas, campesinas y otras afectadas por las actividades de tales empresas.
Para avanzar en las luchas por los derechos, indudablemente es fundamental garantizar y mantener los derechos de las comunidades que, cada vez más, se ven afectadas por grandes proyectos empresariales que buscan apropiarse de sus territorios como también de la naturaleza en su conjunto (ver nuestro boletín de enero de 2014 sobre “servicios ambientales”). Además, la lucha por los derechos colectivos, como la de la Vía Campesina por el derecho a la soberanía alimentaria y por los derechos de campesinos y campesinas, tiene una gran importancia, justamente por ser derechos colectivos y no individuales, lo que significa que son derechos que no entran en la lógica del neoliberalismo. Dentro de esta lógica, las trasnacionales creen tener derechos - individualizados- de apropiarse y de mercantilizar absolutamente todo: los territorios de pueblos y comunidades, las aguas e inclusive el carbono y la biodiversidad de los bosques que son vendidos para asegurar a las grandes empresas su “derecho a contaminar”.
Y también parece fundamental que la lucha por los derechos no puede estar disociada de la lucha que busca organizar y movilizar a las comunidades para defender lo que les es más sagrado: sus territorios. Éstos están más amenazados que nunca, si observamos las previsiones y los planes de las trasnacionales dedicadas a la extracción de minerales y de petróleo, la construcción de hidroeléctricas y a proyectos de expansión del agronegocio. Por ello, las historias de las comunidades que luchan por su territorio, en la mayoría de los casos de forma aislada, muestran la importancia de la necesidad de organizarse y movilizarse, de buscar ampliar la posibilidad de alianzas con movimientos sociales y otros segmentos de la sociedad civil que comparten el compromiso con la lucha contra las injusticias y por la transformación social. Esto no solo parece ser crucial para hacer avanzar en la lucha por los derechos sino también para cuestionar más efectivamente las relaciones de poder injustas y desiguales que rigen el mundo y que implican que no se concreten los derechos fundamentales de la mayoría de los pueblos y se concedan numerosos derechos a una minoría que representa a los intereses del gran capital productivo y financiero- especulativo.