Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Economía Verde en Brasil: mujeres relatan los impactos del proyecto REDD de SPVS y de un área protegida de la Fundación Boticário

La supervivencia de poblaciones tradicionales en la región costera de Paraná viene siendo seriamente amenazada por iniciativas privadas de apropiación de áreas de bosques en la región, para fines diversos. En este artículo nos dedicamos, en particular, a dos: una de comercio de créditos de carbono, en el marco del mecanismo REDD, incentivada por la ONG brasileña Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) (Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental), y otra de preservación del bosque y la biodiversidad en la llamada “Reserva Natural Salto Morato”, de propiedad de la Fundación Boticário.

A fines de los años 1990, la SPVS llegó a la región y, en sociedad con la ONG estadounidense The Nature Conservancy (TNC), comenzó a comprar grandes extensiones a los hacendados. En total, su área abarca actualmente cerca de 18.600 hectáreas en las localidades de Antonino y Guaraqueçaba, y tiene status de Reserva Particular del Patrimonio Natural (RPPN). Se trata de áreas privadas que tienen como objetivo preservar la biodiversidad y en las que se prohíbe la caza, la pesca y cualquier otra actividad extractivista.

La SPVS adquirió dichas extensiones mediante su asociación con TNC, y con fondos de tres empresas estadounidenses, General Motors, American Electric Power y Chevron, que tienen un objetivo primordial y de especial interés: el carbono allí “almacenado”. TNC afirma que las empresas inversionistas “destinaron, entre 1999 y 2001, la suma de US$ 18 millones para la implantación, la ejecución y el mantenimiento de los proyectos brasileños durante 40 años.” Ello significa que en 1999, años antes del lanzamiento del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD), ya había comenzado uno de los primeros proyectos de carbono en áreas forestales en el mundo.

La Reserva Natural Salto Morato fue creada por la Fundación Boticário, que pertenece al Grupo Boticário, una empresa brasileña del rubro de productos de belleza. La reserva tiene 2253 hectáreas, e incluye una cascada de unos 100 metros. El área fue comprada en 1994 con el apoyo de la TNC.

La Fundación Boticário se articula con otras ONGs, por ejemplo, con SPVS y TNC en la iniciativa “Observatorio del Clima” en cuya introducción se da gran importancia al llamado mercado de carbono, y se presenta como la iniciativa más ‘contundente’ para combatir los cambios climáticos.

Persecución

La policía ambiental siempre actuó en la región, pero, según afirman los habitantes de las comunidades vecinas a las áreas de SPVS y de la Fundación Boticário, nunca perseguía a la comunidad, como ha ocurrido después de la llegada de estas organizaciones.

Las mujeres se ven especialmente afectadas, están más expuestas por ser las responsables de las tareas domésticas y de los niños, mientras los maridos suelen salir a buscar trabajo. Hay numerosos relatos de mujeres sobre la actuación de la Fuerza Verde, la policía ambiental, que irrumpe, armada, en sus casas sin tener la debida autorización judicial.

Una habitante de la localidad de Antonina, vecina de la SPVS, afirma “ellos no llegan aquí conversando, llegan aquí molestando”, y cuenta:

“Acá a mi casa ellos vinieron, yo no estaba, había salido para entregar unas invitaciones (…) entonces subieron a mi casa, mi hija estaba sentada allí desayunando. No golpearon a la puerta, fueron directamente a la ventana. Mi hija se asustó. (…) Cuando volví, ya habían recorrido prácticamente por todo mi huerta, sin pedir permiso (…) No sabía que ya habían entrado a mi casa. Con esos aparatitos [de GPS], a mí no me lo hicieron, se lo hicieron a mi hija (…) le mostraban a ella y decían: “tu padre tiene dos escopetas dentro de la casa, ¿dónde están? Decime dónde están” (…) Me molestaron bastante, querían entrar dentro de mi casa, fue una barbaridad realmente (…) Y yo estaba sola en mi casa. Yo y mis hijos, sin mi marido, él estaba trabajando fuera. (…) nosotros entre seis hombres. Y uno dijo: si no me la das [la escopeta], vamos a agarrar a tu marido. Entonces fui a buscar la escopeta y se la di.”

Escuchamos varios relatos de mujeres sobre cómo sus maridos habían sido detenidos. La habitante antes citada cuenta que, en una ocasión, su marido fue esposado en su casa por la Fuerza Verde, que dijo que ese era su “trabajo”. En otra oportunidad, al cortar un árbol para hacer una canoa, fue detenido durante 11 días. Para salir, tuvo que pagar fianza. Cuando arrestan a los maridos, aumenta aún más la inseguridad y el miedo de las mujeres.

Habitantes de la comunidad de Morato, vecinos de la Fundación Boticário, afirman que la policía siempre está en la comunidad. Una habitante cuenta cómo entraron a la casa de su abuela de 80 años:

“Mi abuela tiene presión alta, y ella se sintió mal. Se puso nerviosa. Tenía carne de cerdo y pollo encima del horno. Entraron con todo sin pedir permiso, nada, revolviendo todo para ver lo que había. Ella estaba en la cocina como siempre. La asustaron. Mi abuela se sintió mal. Pero, si se les dice algo, ¡te meten preso!”

 

Problemas de salud

La imposibilidad de cultivar con el sistema de barbecho, de cazar y pescar y de practicar la medicina tradicional generó una situación en la que ya no pueden consumir los alimentos básicos, sanos, sin agrotóxicos, a los que tenían acceso con estas actividades. En su lugar, las familias deben comprar la mayoría de los alimentos básicos, muchas veces contaminados con agrotóxicos. Según las mujeres, esos cambios en la base alimenticia explican el surgimiento de nuevos problemas de salud.

Una antigua habitante cuenta que antes “el pueblo vivía más tranquilo”. La comunidad producía su propio alimento. Actualmente, la dificultad que enfrentan las familias para producir sus alimentos es la falta de tierra. La habitante agrega “no había las enfermedades que hay ahora, no había. Las enfermedades eran sarampión, tos convulsa, que hubo toda la vida, varicela, paperas. Pero esas enfermedades como diabetes, artritis, artrosis, trombosis, no existía nada de eso, nadie tenía nada.”

Contar con dinero para poder comprar alimentos se transforma en una presión adicional para que la gente tenga que salir de las comunidades a buscar trabajo.

Forzados a buscar trabajo afuera y promesas no cumplidas

La persecución provocó una situación en la que las comunidades se sienten ‘presas’ y ‘acorraladas’ en sus propias casas, cercadas por una selva que solo pueden admirar, pero a la que no pueden entrar y cuyos beneficios no pueden aprovechar. Cuando se les pregunta si los proyectos conservan la selva, los habitantes responden que, cuando tenían sus cultivos cerca de sus casas, había más caza porque los animales también se alimentaban con los alimentos cultivados. Pero hoy ya no pueden cultivar y los animales se alejaron.

No concuerdan en absoluto con la afirmación de que el uso tradicional que hacían de la selva esté poniendo en riesgo el futuro de la misma. Por ejemplo, en relación a uno de los alimentos más comunes y apreciados por las comunidades – el palmito -, una habitante afirma: “Justo acá, alrededor de mi casa hay mucho palmito, las semillas caen al suelo; a veces las tiramos en la selva, pero después no se puede recoger, nosotros no podemos recogerlos”.

Es por ello que muchos habitantes, los hombres, pero también las mujeres, se ven forzados a vender su fuerza de trabajo a los hacendados de la región o a buscar trabajo en las pequeñas ciudades de la región o en la capital.

Asegurarse un sueldo con el trabajo en la SPVS tampoco es una opción relevante para las comunidades. Cuando llegó, la SPVS prometió empleos que durarían alrededor de 40 años, el mismo tiempo de existencia previsto para el proyecto de carbono. Según los habitantes, la SPVS empleó inicialmente a 47 habitantes de la comunidad, en su gran mayoría como guardias forestales, pero hoy quedan pocas personas. Ex empleados cuentan que despidieron a casi todos y que quedan solo siete funcionarios. Además, los sueldos que pagaban eran y son bastante bajos, un poco más de un salario mínimo. Solo tres de los 47 funcionarios iniciales eran mujeres, con sueldos aún más bajos que los de los hombres. El caso de la Fundación Boticário no es muy diferente. Según los habitantes de la comunidad de Morato, sólo habría 6 personas trabajando.

Mientras la clase media de Curitiba, capital del estado, ha comprado casas en la región para pasar sus fines de semana y feriados, varias familias de las comunidades locales han desistido de seguir viviendo allí, lo que llevó al vaciamiento de las comunidades. Sin embargo, también hay casos de familias que volvieron a sus comunidades, debido a la dificultad de adaptarse a la ciudad. Una habitante que vivió un tiempo en la ciudad y que volvió cuenta: “(…) prefiero este lugar, acá es tranquilo. Pero (…) no podemos hacer más nada.”

Comunidades resisten y señalan alternativas

Sin embargo, las comunidades siguen resistiendo a la presión de la SPVS y de la Fundación Boticário, que parecen tener el objetivo de expulsarlas del lugar. Una comunidad se organizó de forma especial. Al comienzo de la década pasada, en la localidad de Antonina, un hacendado quería vender sus tierras a la SPVS, lo que hubiera ocasionado la expulsión de todas las familias que allí vivían. Éstas se organizaron y, con el apoyo del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), realizaron una ocupación en 2003. Actualmente hay 20 familias en dicho lugar que luchan por la oficialización del campamento, ubicado en el asentamiento de Rio Pequeno y que lleva el nombre del ambientalista José Lutzenberger, para que sea un asentamiento de la reforma agraria

La comunidad inició pequeños trabajos de reforestación y, optando por la agroecología, eligió la propuesta de trabajar colectivamente con el sistema agroforestal para que se generaran ingresos para las familias en el futuro. Además, cada una de las familias tendrá su parcela individual para su subsistencia básica. Una habitante, mientras trabaja en la recuperación con el sistema agroforestal de una de las áreas degradadas por el hacendado, cuenta:

“Hace cuatro años que vivo acá y me gusta. (…) Trabajo acá, tengo un terreno también, y trabajamos colectivamente. (…) Así todo el mundo ayuda, es muy bueno, es muy agradable (…) En el futuro aquí, más adelante, va a haber un matorral que se va a transformar en agroforestación (…) para poder tener ingresos para mí y para todas las compañeras, creo esto para el futuro (…) Y es lindo, entrar acá, ver los árboles, las plantas. Nosotros no trabajamos pensando solamente en el dinero, nosotros trabajamos pensando en la vida también. Trabajamos con mucho orgullo, con mucho amor. Porque la planta es una vida igual a nosotros, también tiene sed (…) Viví en la ciudad (…) la ciudad es un horror. (…) Acá no, las casas se pueden dejar abiertas. (…) Y para mis hijos, este lugar es un paraíso. (…) Acá no hay nada de violencia.”

La realidad de Paraná también muestra que las comunidades resisten. Y ellas nos ofrecen una serie de elementos para repensar el modelo de desarrollo perverso que la economía verde busca consolidar. Por ejemplo, son las familias las que practican la recuperación de la naturaleza. Muestran que el ser humano forma parte y depende de la naturaleza, y que la naturaleza es una riqueza que hace posible que la gente consiga “vivir bien”, conservando y disfrutando una verdadera riqueza.

Resumen del artículo “Economia Verde no Brasil: a privatização da Mata Atlântica: Projetos de REDD e áreas protegidas e seus impactos sobre mulheres e homens em comunidades tradicionais no litoral do Paraná”, de Winfridus Overbeek, publicado en la revista elaborada conjuntamente con Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe y con Grain/ Acción por la Biodiversidad sobre Economía Verde. Se puede acceder a la publicación completa en español en: http://www.wrm.org.uy/temas/Economia_Verde/asalto_final_a_los_bienes_comunes.pdf

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