"El objetivo es transformar la legislación ambiental en instrumentos negociables"
Pedro Moura, fundador de EcoSecurities, una compañía de compensaciones de carbono, y creador y director de la “Bolsa Verde de Río de Janeiro”, el mercado de activos ambientales de Brasil (1)
Durante más de una década, el debate clave en materia de política nacional e internacional que ha procurado fijar un nuevo valor económico a la naturaleza, ha sido la redefinición de los bosques como proveedores de “servicios ecosistémicos”. Videos promocionales, consignas y folletos atractivos que promueven una “Economía Verde”, reiteran una y otra vez cuán esenciales son los bosques y la diversidad biológica por los “servicios” que prestan a la humanidad. Las políticas y los planes de aplicación de la “Economía Verde” no tienen que ver con transformar la economía actual en otra no perjudicial, sino que se refieren a algo muy diferente: la (re)creación de la “naturaleza” misma. Esta nueva “naturaleza” de la Economía Verde refuerza la noción colonialista de la “naturaleza” como una colección de especies intocadas por la interacción humana. Esta nueva “naturaleza” niega aún más el papel que durante miles de años cumplieron los pueblos de los bosques en la conformación de la naturaleza, y pone a “la naturaleza” al servicio de la misma economía que continúa incambiada, con su secuela de destrucción. El resultado es una redefinición que reduce las causas subyacentes de la destrucción de los bosques y otros territorios a una cuestión de números y unidades. A su vez, los discursos técnicos sobre cómo medir cada “servicio” y cómo “compensar” o “restaurar” la “inevitable” destrucción de la “naturaleza como proveedora de servicios”, contribuye a crear una cortina de humo. Estos discursos silencian las cuestiones cruciales de las relaciones de poder y las injusticias inherentes al sistema económico, en especial las causas subyacentes de la destrucción de los bosques y la violación de los derechos de las comunidades de los bosques y tradicionales. Pueblos, culturas, tradiciones, interconexiones, entre muchos otros aspectos de los bosques y territorios, ni siquiera son considerados como coexistentes e inseparables de los mismos.
El concepto de la “naturaleza como proveedora de servicios” es central para la “Economía Verde”. Para que esta lógica funcione, los “servicios” deben estar definidos y cuantificados con precisión, se les pone un precio y así pueden ser convertidos en mercancía y comercializados (2). Se redefine a la “naturaleza” de manera que pasa a ser un conjunto de “servicios ecosistémicos” que pueden ser medidos, y los diferentes y singulares hábitats, territorios y lugares son divididos en unidades que pueden demostrarse como “equivalentes” en cuanto al número y cantidad de “servicios ecosistémicos” que contienen. Este concepto convierte las funciones, los ciclos y las capacidades de la naturaleza que son útiles para los seres humanos en “servicios”, incluyendo a la regulación hídrica, el almacenamiento de carbono, el hábitat de diversas especies que a su vez posibilitan, por ejemplo, la polinización de los cultivos, etc. Todo esto tiene numerosas semejanzas con el proceso por el cual el trabajo humano fue convertido en trabajo asalariado. Algunos aspectos de la naturaleza que anteriormente no eran utilizados como parte de la circulación del capital, se introducen ahora en los mercados de capitales y en la lógica de estos mercados. Si bien el proceso de extraer de la “naturaleza” activos negociables es antiguo, los intentos actuales de convertir los “servicios ecosistémicos” en un activo revisten nuevos elementos. Nuevos en el sentido de que los “servicios” de la “naturaleza” recientemente definidos ahora están “empaquetados” en un número de unidades o “activos” mensurables, que permiten su comparación, compensación y comercio. Estos “servicios” no necesariamente deben ser extraídos para ser comercializados, como ocurre con la madera, los minerales, etc. Por ejemplo, la conservación de una cierta cantidad de “biodiversidad” en un bosque que corre peligro de ser destruido puede utilizarse para “compensar” la destrucción de una cantidad “equivalente” de “biodiversidad” en otra zona de bosque “comparable”, en otro lugar. Por lo tanto, esto crea una nueva forma de explotación extractiva de la “naturaleza”: la ausencia de una actividad que destruiría el “servicio” o la (re)creación de un espacio “equivalente” al que se destruiría.
Esta “nueva economía con la naturaleza” es un proceso que avanza con persistencia y numerosos actores lo procuran como un medio para lograr fines diferentes, incluso contradictorios. Entre esos actores los hay quienes realmente creen - algunos académicos, por ejemplo - que cuantificando y poniéndole un precio a la “naturaleza” es posible salvarla de la destrucción. Otros, como los bancos y los agentes financieros, se subieron al carro para lucrar con las transacciones de los recién creados “activos”. Por su parte, la industria de las consultorías se beneficia de esta “nueva economía con la naturaleza” pues ésta requiere de numerosos documentos técnicos, certificaciones y servicios de auditoría. Las empresas de los sectores de la industria extractiva, el agronegocio y la infraestructura son también actores poderosos que se benefician directamente de este programa: ofrecen una solución a la destrucción que crean, que les permite blanquear - o más precisamente maquillar de verde - su imagen y a la vez mantener incambiadas sus prácticas destructivas. Y así sucesivamente. Y mientras algunos de estos fines se propagandean y se hacen públicos a través de atractivos anuncios, otros se ocultan cuidadosamente. Sin embargo, es importante identificar las diversas agendas de los numerosos actores que cumplen un papel activo en la redefinición de la naturaleza, ya que si sólo se consideran algunas de estas motivaciones, eso podría fácilmente impedir que comprendamos por qué esta idea ha adquirido tanto protagonismo.
ONGs conservacionistas, ecologistas, economistas ecológicos, organismos y bancos de cooperación para el desarrollo, el Banco Mundial y organismos de las Naciones Unidas han sido cruciales para ayudar con las metodologías técnicas y a conformar la imagen “deseada” de la naturaleza. Mecanismos en el marco de la “Economía Verde”, como REDD o las compensaciones de biodiversidad, son enfoques verticalistas que garantizan que el poder de cómo se define a la “naturaleza”, cómo se la “valoriza” y cómo se la “protege” permanezca en las mismas manos de empresas y Estados que permitieron y se beneficiaron de su degradación.
En consecuencia, un aspecto crucial también para estos actores (el Banco Mundial, los organismos de la ONU, las ONG conservacionistas, etc.) es que los gobiernos modifiquen su legislación y reglamentación ambiental y creen una base legal para los mecanismos de compensación propuestos en el marco de la “Economía verde”. Es evidente que, en general, se ha demostrado que las leyes que tienen el potencial de proteger a los bosques y los territorios han sido fácilmente incumplidas o ignoradas cuando entran en juego poderosos intereses. No obstante, permitir que las actividades destructivas se expandan legalmente, es decir, sin violar ninguna ley, exacerba aún más las amenazas a los bosques y a los pueblos para quienes estos bosques son la base de su forma de vida y les proveen su sustento.
Límites ilusorios: una puerta abierta para la destrucción de los bosques
La inmunidad, según el diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la cualidad de “inmune”, que significa “exento de ciertos oficios, cargos, gravámenes o penas” (3). Los cambios a los acuerdos, la legislación y los reglamentos ambientales que introducen mecanismos de compensación tales como REDD
o las compensaciones de biodiversidad, permiten a los gobiernos limitar la destrucción o la contaminación de la naturaleza, mientras que al mismo tiempo permiten a las empresas ignorar legalmente dichos límites, por ejemplo, cuando la compensación se introduce como un modo de “cumplir” estos límites. En otras palabras, las empresas, instituciones financieras y otros actores que están detrás de la destrucción de los bosques, la biodiversidad y los territorios de los pueblos de los bosques, reciben un tipo de inmunidad: quedan eximidos de cualquier acto criminal del que sean responsables cuando sus actividades destruyen bosques y territorios. En este contexto, los gobiernos que cambian su legislación aceptan la destrucción de “servicios ecosistémicos” de zonas previamente protegidas, consideradas como “hábitats críticos”, o donde la destrucción hubiera enfrentado fuerte oposición y crítica - siempre y cuando la pérdida de un determinado “servicio ambiental” se compense en otro lugar. Actualmente están en marcha numerosas iniciativas internacionales, nacionales y subnacionales que ponen de relieve los diversos enfoques que procuran (re)crear la naturaleza convirtiéndola en “proveedora de servicios” (Ver el artículo “Reglamentación ambiental en la Economía Verde" de este boletín).
Además de las modificaciones legales, también los criterios de inversión de los bancos multilaterales - tales como los bancos de desarrollo regionales o el Banco Mundial - tienen como objetivo influir en la legislación ambiental. La Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo privado del Banco Mundial, cambió su Norma de Desempeño número 6 en 2012. Toda empresa que quiera acceder a un préstamo de la CFI y que con sus actividades vaya a destruir lo que la CFI considera “hábitat crítico”, debe presentar “medidas de compensación equivalente” de biodiversidad, es decir, un plan que establezca que la biodiversidad destruida será compensada en otra parte. Con inversiones en más de 100 países, esta “norma” permite que las industrias extractivas continúen con sus actividades, mientras que se vinculen estas actividades extractivas con la (re)creación de la naturaleza como proveedora de “servicios ecosistémicos”. Esta tendencia también amenaza con facilitar las actividades de las industrias extractivas en áreas protegidas.
¿Por qué esta transformación es tan crucial ahora?
Los límites impuestos por la legislación ambiental vigente se han convertido cada vez más en un problema para las empresas, ya sea para llevar a cabo sus actividades de siempre o para conservar su imagen intacta. Mientras que, por un lado, las empresas e industrias exigen medidas que les faciliten el acceso a las restantes zonas de interés para sus negocios, una parte creciente de la sociedad exige límites a la permanente destrucción. Para los políticos y los inversores, por lo tanto, las compensaciones son un instrumento que les ayuda a resolver el dilema: cada vez más, los ciudadanos exigen límites a la destrucción y la contaminación y reclaman la restauración de los territorios ya dañados. Al mismo tiempo, las empresas demandan que dichos límites no interrumpan su negocio indebidamente y que pueden ser ignorados en caso de que restrinjan la expansión de sus actividades. La legislación y la reglamentación que incluye las compensaciones hace que esto sea posible: una empresa puede ignorar los límites en un lugar y pretender que los cumple mediante la compra de un crédito de compensación. Las consecuencias lógicas son leyes ambientales que incluyen límites, a la vez que incluyen el instrumento legal para ignorarlos prometiendo “conservación”, “compensación” o “restauración” en otra parte.
Es fundamental reconocer que la “nueva economía con la naturaleza” es sinónimo de un mayor control de las empresas y del mercado sobre los territorios, ya que los certificados de “servicios ecosistémicos” en venta necesitan ser “protegidos”. Los proyectos y planes REDD revelan cómo éstos en su gran mayoría culpan en primer lugar por la pérdida de bosques - y por lo tanto por la pérdida del carbono almacenado en el bosque - a las comunidades campesinas y del bosque, mientras que las empresas y las políticas estatales realmente responsables de la deforestación a gran escala continúan con sus prácticas destructivas. En consecuencia, los proyectos que se anuncian para reducir la destrucción de los bosques traen consigo numerosas denuncias de desalojos, restricciones a las comunidades para el uso de sus bosques tradicionales, e incluso aumento de la contaminación y la deforestación en el afán de “proteger” los nuevos “activos” (4). Además, cada proyecto de compensación, apart e de tener un impacto en el lugar de la compensación, también tiene autorización para continuar con otra actividad destructiva en otro lugar, impactando así y acaparando tierras de otra localidad y territorio. Por lo tanto, es igualmente crucial vigilar y denunciar los efectos para los bosques y las comunidades tradicionales.
Otra consecuencia importante para las comunidades o grupos de la comunidad que se resisten a la “Economía Verde” es que estos cambios jurídicos eliminan la posibilidad de llevar a juicio a “criminales ambientales/territoriales”. Cuando la propia ley permite que una empresa exceda los límites legales de contaminación o destrucción en tanto asegure una “protección” o “re(creación)” adicional en otro lugar, ese exceso de contaminación o destrucción deja de ser un delito. En suma, es posible comprar el derecho a ignorar un límite legal. Esto, a su vez, se traduce en otra ofensiva que profundiza el acaparamiento de más territorios, lo que permite el control empresarial. Esta nueva forma de acaparamiento territorial a través de medidas de compensación, sin embargo, podría ser más difícil de entender, ya que no requiere poseer la tierra ni tener derechos de propiedad sobre la tierra, o los árboles o la biodiversidad. Se trata de proteger los “servicios ecosistémicos”, que se convierten en “unidades de activos”. Y si lo que crea el activo es (la ausencia de) una actividad que hubiera perjudicado a los “servicios”, es necesario que exista un control y supervisión periódicos para garantizar que la actividad permanezca ausente - ¡los “servicios” de la naturaleza deben permanecer intactos durante un largo período o de lo contrario la compensación pierde su validez! Y estos nuevos “activos” que deben ser “protegidos” se encuentran en territorios de comunidades campesinas y del bosque, no en tierras ocupadas por empresas. Como resultado, las comunidades campesinas son culpadas de la deforestación. Hay nuevas tecnologías de vigilancia, tales como los drones, que se utilizan para controlar el nuevo “activo”, monitoreando el uso local que se hace del suelo. Esto también conduce a un aumento de los abusos y la criminalización de las comunidades locales.
En consecuencia, es imprescindible estar alerta ante este proceso. Y reflexionar más acerca de por qué a pesar de que no se avizora un mercado de “servicios ecosistémicos” globales, la ofensiva para crear una “nueva economía con la naturaleza” continúa e incluso ha crecido. Quizás la creación y comercialización de nuevos activos basados en la “naturaleza” no fuera la principal motivación, sino más bien la posibilidad de poner más territorios bajo el control del capital y no de las comunidades. La búsqueda de más cambios en las legislaciones de modo que resulte más fácil ignorar el freno a la destrucción o la contaminación del ambiente sin que por ello las empresas o los inversores sufran consecuencias, parece ser una prioridad de la “Economía Verde”.
Joanna Cabello, joanna@wrm.org.uy
Integrante del Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por los Bosques
(1) Environmental Finance (2011): EcoSecurities co-founder launches Brazilian environmental exchange. 20 December 2011. ** http://www.bvrio.org/site/images/clipping/Environmental_Finance-BVRio.pdf
(2) En 2012, el WRM abordó dos temas vinculados en sus boletines de febrero y agosto: “Servicios ambientales” y “La Financiarización de la Naturaleza”.
(3) http://dle.rae.es/?id=Lg0UNgm
(4) http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/redd-una-coleccion-de-conflictos-contradicciones-y-mentiras/