Las plantaciones industriales de palma aceitera se han estado expandiendo en varios países del Sur, y cada vez más en África y América Latina, invadiendo territorios de poblaciones rurales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales con el fin de producir aceite de palma para exportación, o agrocombustibles para los mercados extranjeros.
Mientras que las plantas de procesamiento, los bancos privados y estatales, los fondos de inversión y las empresas nacionales y transnacionales de palma aceitera se llevan el grueso de los beneficios, para cientos de miles de personas la expansión de las grandes plantaciones de palma aceitera implica la destrucción de las economías locales y de las condiciones naturales de las que dichas economías dependen.
Cuando las comunidades resisten e intentan expulsar a las compañías de sus territorios, suelen enfrentarse a la represión policial, ven que las instituciones estatales se ponen del lado de las compañías en contra de las reclamaciones comunitarias, y sufren a menudo situaciones de violación de los derechos humanos.
Las grandes empresas de palma aceitera saben que sus actividades causan impactos negativos. En algunos países y regiones la denuncia de dichos impactos por parte de los movimientos sociales, las ONG y la prensa han manchado la imagen de esas empresas, e incluso han llegado a poner en peligro los planes de expansión de sus negocios. Así, no sorprende verlas “contraatacar” a su vez, respondiendo a la mala publicidad que podría afectar negativamente sus ventas y beneficios.
Desde fines de la década de 1980, el concepto de “desarrollo sostenible” permitió continuar con la lógica del constante aumento de la producción y las ganancias, pero también se elaboró la idea de la “responsabilidad corporativa” ambiental y social. Inspirándose en el discurso de la “sostenibilidad”, las compañías plantadoras comenzaron a emprender planes de certificación voluntarios, una de las nuevas herramientas de la “sostenibilidad”. Esto les permitió presentar actividades destructivas como “sostenibles”, como una innovación “verde” de los mismos procesos productivos y de los artículos para los mercados de consumo que, en el transcurso de las dos últimas décadas, han terminado exigiendo de las grandes empresas algo más que “lo mismo de siempre”.
La Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible, RSPO, fue anunciada en 2004 como un programa de certificación para las plantaciones industriales de palma aceitera. Para la RSPO, las plantaciones son “sostenibles” cuando son “económicamente viables”, “ambientalmente apropiadas” y “socialmente beneficiosas”.
La RSPO, que ha certificado 1,45 millones de hectáreas y se está volviendo más conocida para el público consumidor, ha sido fuertemente criticada desde el inicio por numerosas comunidades, movimientos sociales y ONG. Lo que más se le ha criticado es la falsa promesa de “sostenibilidad” que provee la certificación a los productos de las plantaciones industriales de palma aceitera. Por el simple hecho de ser de grandes dimensiones y de realizarse en forma de monocultivos que requieren un consumo considerable de agua, agrotóxicos, fertilizantes químicos y energía fósil, esas plantaciones no pueden hacer un uso de la tierra que justifique el rótulo de “sostenible”. Ocupan enormes extensiones en las que muchas personas vivían antes o podrían estar viviendo ahora con más dignidad que en áreas urbanas superpobladas. Las críticas también señalan que la certificación no ha evitado que una minoría de la población del mundo siga realizando un consumo excesivo de productos a base de aceite de palma. Sin embargo, ese consumo excesivo y la necesidad de las compañías transnacionales de seguir creciendo para aumentar sus ganancias están incentivando la expansión permanente de las plantaciones industriales de palma aceitera.
El objetivo de la RSPO es “mejorar” las actividades de las compañías, volverlas más “responsables para la sociedad y el medio ambiente”, quizás para que las comunidades también ganen algo más, pero no para detener la expansión de las plantaciones ni para combatir el consumo excesivo. En resumidas cuentas, la RSPO otorga un “sello verde” a las plantaciones industriales de palma aceitera y refuerza su imagen de actividad “sostenible”, facilitando así una mayor expansión y debilitando al mismo tiempo la defensa que realizan las comunidades de sus tierras y medios de vida.
Este boletín analiza las falsas promesas del sistema de certificación de la RSPO; ahora que la palma aceitera se está expandiendo a toda marcha en los países del sur, debemos seguir mostrando lo que se oculta detrás de ese sistema.