Consideraciones sobre un proyecto privado de REDD en el interior del Estado de Acre - Brasil

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Estudio realizado por el Centro de Memoria de las Luchas y Movimientos Sociales de la Amazonía.

Artículo publicado en "Leyes, políticas y economía verde al servicio del despojo de los pueblos", compendio especial de la Revista "Biodiversidad sustento y culturas" realizada en conjunto por la Alianza Biodiversidad, el Movimiento Mundial por los Bosques (WRM) y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) en diciembre de 2013.

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En 2007, el Estado de Acre, localizado en el sudoeste de la  Amazonía brasileña, instituyó las directrices de su Política de Valorización del Activo Ambiental Forestal, con el objetivo de “incentivar cadenas productivas sustentables” y garantizar la preservación de la selva y sus recursos. Tres años después, por la Ley estadual nº 2.308 de 2010, se creó uno de los principales programas que estructuran dicha política – el Sistema de Incentivos a Servicios Ambientales (Ley SISA). Con la implantación del ISA Carbono (Programa de Incentivos por Servicios Ambientales asociados al Carbono), el gobierno de Acre habría desarrollado el sistema jurisdiccional de REDD más avanzado del mundo.

El presente artículo examina el primer proyecto privado de REDD desarrollado en el estado de Acre.  En su documento de concepción, el Proyecto Purus se plantea como una iniciativa de REDD que pretende disminuir las presiones de deforestación sobre un área de bosque con  extensión de 34.702 hectáreas, en el interior de la localidad de Manoel Urbano – localizada a cerca de 200 km de Rio Branco, la capital de Acre. El objetivo general del Proyecto Purus sería el de “generar oportunidades económicas para las comunidades locales” e implementar “proyectos sociales”, evitando la deforestación y preservando la biodiversidad del área donde se desarrolla.

Las presiones puestas sobre los bosques, la agricultura de subsistencia y la pequeña cría de ganado, identificadas por los proponentes del proyecto como prácticas insustentables, es el motivo por el cual caracterizan a las dieciocho familias residentes en el área (cerca de cien personas) como agentes de deforestación. Nótese que la construcción de esa narrativa condenatoria es fundamental para dar legitimidad a un proyecto de conservación cuya creación solo sería justificada por la existencia de una amenaza real a la selva.  A pesar de una aparente disposición de “permitir” que las familias sigan viviendo en el área, las restricciones que intentaron imponer a las prácticas tradicionales de la comunidad representaron el inicio de un enfrentamiento que aún no se resuelve, entre las familias y los propietarios de la empresa.

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