La ley indonesa N° 41/1999 prohíbe las actividades de minería a cielo abierto en bosques protegidos y exige la suspensión de las actividades de varias compañías mineras. En el mes de Julio el parlamento indonesio avaló un decreto presidencial que modifica esta ley (Perpu N° 1/2004), que establece que todos los contratos de minería firmados antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 41/1999 sobre manejo forestal son válidos durante el plazo pendiente de los respectivos contratos. El decreto proporciona la justificación política para que 13 compañías mineras operen en bosques protegidos. Este es el punto de partida de un futuro proceso de destrucción. Como era inevitable, las otras 145 compañías mineras que no figuran en el decreto presidencial exigirán igual trato por parte del gobierno. Esto augura consecuencias desastrosas para las 11,5 millones de hectáreas de áreas protegidas reclamadas como concesiones mineras.
“El conflicto y la destrucción ecológica serán permanentes en los sitios mineros autorizados recientemente por el gobierno. Y eso empeorará el sufrimiento de las comunidades locales cuyo sustento depende de los bosques", concluyó Siti Maimunah, Coordinador Nacional de la organización Red Indonesa de Acción contra la Minería (JATAM).
El Ministro de Energía y Recursos Minerales Purnomo Yusgiantoro, había advertido previamente sobre las repercusiones legales a las que se exponía el país si no cumplía con sus contratos mineros. Longgena Ginting, Director Nacional del Foro Indonesio para el Medio Ambiente (WALHI), argumentó: "La amenaza de un arbitraje internacional no debe convertirse en un fantasma que atemorice al parlamento a prohibir la minería a cielo abierto en bosques protegidos. El gobierno de Indonesia debe seguir el ejemplo del gobierno costarricense que tuvo el coraje de enfrentar la amenaza de arbitraje internacional de las compañías extranjeras, para proteger los bosques y defender de esa manera los intereses de la comunidad y el medio ambiente".
Para restaurar las normas legales indonesias, la Coalición de ONGs Contra la Minería en Áreas protegidas emprenderá una acción legal en relación con el Perpu. Esa acción legal también se extenderá a la compañía PT Nusa Halmahera Minerals (propiedad de Newcrest Mining de Australia), que comenzó actividades de minería a cielo abierto en el bosque protegido de Toguraci, después de haber sido prohibidas en 1999 por la Ley forestal mucho antes de la aprobación del decreto Perpu y el decreto presidencial. PT Nusa Halmahera Minerals violó la ley en forma clara, especialmente la cláusula 38(4) de la Ley forestal N° 41/1999 que prohíbe en forma explícita realizar operaciones de minería a cielo abierto en bosques protegidos.
La Coalición de ONGs también ha hecho un llamado a la comunidad en todos sus niveles, tanto en los sitios de minería como al público en general, que sufrirá los impactos de los desastres ambientales producidos por la destrucción del bosque, para que analicen con atención las políticas adoptadas recientemente por el gobierno indonesio, que tienen el potencial de ocasionar grandes pérdidas a la comunidad.
Artículo basado en información obtenida de: “Press Release - NGO Coalition against mining in protected areas”, enviado por WALHI, correo electrónico: walhi@walhi.or.id , http://lama.walhi.or.id/ ; “Indonesia: Legislators say no to mining in protected forests”, Jakarta Post, Kurniawan Hari, http://forests.org/articles/reader.asp?linkid=33160