Bolivia posee diferentes tipos de bosques, los cuales están desapareciendo rápidamente, en beneficio de un puñado de empresas madereras y en detrimento de los pueblos indígenas de ese país. Los derechos territoriales de éstos existen tan sólo en el papel, ya que en la realidad el gobierno, a través de una política de otorgamiento de concesiones, prefiere satisfacer el apetito de las empresas (ver Boletín 22 del WRM).
De acuerdo con información brindada por el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, (CEJIS) el gobierno boliviano ha asignado al madereo una vasta superficie de bosque primario localizado en territorio indígena, sin consentimiento previo por parte de éstos. El caso constituye una flagrante violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el propio gobierno adoptó como ley nacional.
El problema se inició en julio de 1997, cuando la Superintendencia Forestal otorgó 85 nuevas concesiones forestales por un período de cuarenta años, con opción a ulteriores extensiones. De ellas 27 concesiones fueron impuestas en territorios indígenas, reconocidos por la Constitución de 1994. Cabe señalar que desde octubre de 1996 estos territorios han estado -y siguen estando- en proceso de obtención de títulos de propiedad frente al Instituto Nacional de la Reforma Agraria.
La decisión de la Superintendencia implica la eliminación de vastas áreas de bosque primario, que constituyen zonas de uso tradicional y cultural por parte de los pueblos indígenas de la región. Las concesiones cubren 500.000 hectáreas del Territorio Guarayo, más de 140.000 hectáreas del Territorio Chiquitano de Monte Verde, más de 15.000 hectáreas en el Territorio Yaminahua Machineri, más de 17.000 hectáreas en el Territorio Indígena Multiétnico, y más de 28.000 hectáreas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure. En total, son más de 700.000 hectáreas de territorios indígenas legalmente reconocidos, que ahora están siendo explotados por empresas madereras transnacionales.
En setiembre de 1997 la Superintendencia negó a CEJIS una petición que había presentado con vistas a la revisión de las concesiones. Entonces el caso fue presentado al SIRESE (Sistema de Regulación Sectorial), el cual también rechazó la petición. La última medida tomada a nivel nacional fue la presentación de un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia, la cual todavía no se pronunció. En octubre de 1997 se inició una campaña de resistencia de escala nacional e internacional, en la que se unieron instituciones y organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y a vigilar el cumplimiento de los acuerdos firmados por los gobiernos nacionales. Se presentó una protesta formal frente a la OIT por violación de los artículos 6 y 14 del Convenio 169, ratificado por el gobierno de Bolivia como Ley nro. 1257 en julio de 1991. La OIT respondió mediante un documento que contiene importantes conclusiones y recomendaciones favorables a las reivindicaciones de los indígenas, tales como una solicitud de informes al gobierno de Bolivia respecto de los avances alcanzados en la práctica en relación con el proceso de consulta a los poblados peticionantes, su participación en las concesiones, y la generación de un fondo equitativo destinado al pago de indemnizaciones por los daños que pudieran resultar de dichas concesiones. Asimismo la OIT solicita al gobierno la aplicación del artículo 15 del mencionado Convenio en toda su extensión, y permanecer informada respecto de los progresos en el proceso de restitución de las Tierras Indígenas Comunitarias de Origen.
Fuente: Glenn Barry, 1/8/99, basado en información suministrada por Global Response, 29/7/99.