El Protocolo de Kyoto, acordado en diciembre de 1997, ha sido criticado por su enfoque orientado hacia el mercado, dado que tiende a establecer un sistema de comercialización para la compra y venta de emisiones de carbono. Las plantaciones forestales han pasado a ocupar un lugar importante en relación con el tema, debido a su supuesta condición de sumideros de carbono. El Protocolo establece que la forestación es una de las actividades que los países del Anexo I pueden emprender para alcanzar sus “compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones” para gases de efecto invernadero (Art. 2). En dicho documento también se expresa que los países del Anexo I habrán de considerar, para alcanzar tales objetivos, “(Las) variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas como variaciones verificables del carbono almacenado (Art 3.3.). De acuerdo con lo establecido por la Convención Marco sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (UNFCCC), este grupo incluye a los países industrializados y a los de países que tenían economía planificada, ahora en transición hacia economía de mercado.
Los denominados Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM), definidos por el Protocolo de Kioto en su Artículo 12 como una forma de cooperación entre ambos grupos de países, ofrecen una posiblidad para que los países del Norte puedan cumplir con sus compromisos simplemente mediante la implantación de extensos monocultivos forestales en el Sur. Cuando una entidad pública o privada de un país del Anexo I invierte en un proyecto de plantación forestal en el Sur, quien recibe el certificado de reducción de emisiones por dicho proyecto es el país inversor. En realidad, esta disposición, que va de la mano del enfoque “neto”, significa lisa y llanamente que los países industrilizados se ven liberados de su responsabilidad de limitar sus emisiones de carbono de manera significativa, en tanto el Sur ha de ofrecer su territorio para proyectos tendientes a la captura de ese gas. Proyectos éstos que, como sucede con los monocultivos forestales, traen consigo efectos ambientales negativos. Por otra parte, no es justo que aquellos países históricamente responsables del calentamiento global reciban ahora ayuda por parte de los países pobres. Esto es “ayuda externa” pero al revés, ¿verdad?
Tomemos el caso del proyecto de plantación forestal promovido por la fundación holandesa FACE (Forest Absorbing Carbon Dioxide Emissions, que significa bosques que absorben emisiones de dióxido de carbono). Dicha organización se propone plantar 150.000 hectáreas de árboles para aborber un volumen de CO2 equivalente al emitido por una moderna planta generadora de 600 MW a base de carbón. La mitad de esa área ha sido establecida en los Andes ecuatorianos. Lejos de promover la utilización de especies nativas, el proyecto se basa en el uso de eucaliptos y pinos. Si bien estas especies crecen despacio en dicho ambiente, FACE justifica su utilización, sosteniendo que la mayoría de las especies nativas del Ecuador han desaparecido debido a la deforestación y que el conocimiento local acerca de las mismas ha desaparecido con los propios bosques. Esto sin embargo no se ajusta a la verdad y el único argumento razonable para justificar el uso de especies exóticas es que su implantación resulta más fácil y barata.
Es sabido que las plantaciones en gran escala y en régimen de monocultivo tienen efectos negativos para el ambiente, tanto en ecosistemas de bosques naturales como de pradera: disminución del rendimiento hídrico a nivel de cuencas, acidificación y pérdida de permeabilidad de los suelos, agotamiento de los nutrientes, alteración en la abundancia y riqueza de flora y fuana. No obstante, hay otro aspecto relacionado con las plantaciones que tal vez no es tan conocido: sus efectos a nivel social y cultural. Los pueblos indígenas y las comunidades locales que habitan los bosques sufren la invasión de sus tierras por parte de compañías plantadoras y se ven forzados a abandonarlas, perdiendo con aquéllas también sus medios de vida. Ello significa minar las bases materiales y espituales de sus respectivas culturas. En muchos casos las plantaciones requieren de la previa destrucción de los bosques naturales, para ocupar ese espacio. El caso de los indígenas Tupinikim y Guaraníes en Espirito Santo, Brasil, es paradigmático. Tras una larga y desigual lucha para recuperar sus tierras ancestrales, usurpadas por Aracruz Celulose para instalar plantaciones de eucalipto con destino a pulpa, recientemente fueron forzados a suscribir un acuerdo por el que se reduce significativamente la superficie de sus tierras, en beneficio de la compañía. En el estado venezolano de Portuguesa, Smurfitt Cartons está quitándoles las tierras a los campesinos locales y destruyendo los bosques ribereños, reemplazándolos con monocultivos de eucalipto, pino y gmelina. Compañías plantadoras de palma aceitera en Sumatra, Indonesia, están expropiando tierras de las comunidades locales, lo que ha generado disturbios, puesto que éstas quieren defender sus tierras y recursos vitales. Situaciones similares en relación con plantaciones de eucalipto y/o palma aceitera son también frecuentes en Sarawak, Malasia, donde las poblaciones indígenas, que vienen siendo usurpadas de sus territorios tradicionales para abrir paso a las plantaciones, están luchando para defender los bosques. En Chile, plantaciones de pino en gran escala han desplazado a los campesinos de sus tierras y sustituido a los bosques, que suministraban múltiples recursos a la población local. La lista de comunidades locales afectadas por las plantaciones forestales es, en realidad, muy larga y los casos mencionados son sólo unos pocos ejemplos que muestran los efectos destructivos para el ambiente y la sociedad que esta “solución” traería consigo de ser implementada a una escala todavía mayor.
Otros procesos a nivel global –como la Convención de Diversidad Biológica y el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF)- están ahora advirtiendo sobre los potenciales impactos de las plantaciones forestales sobre la biodiversidad forestal y otros atributos de los ecosistemas naturales. El propio Protocolo de Kyoto menciona que “cada parte incluída en el Anexo I se empeñará en cumplir (sus) compromisos . . . de manera que se reduzcan al mínimo las repercusiones sociales, ambientales y económicas adversas para las Partes que son países en desarrollo” (Art 3.14). Sin embargo, las acciones se están dirigiendo en dirección opuesta a los dichos. Los inventarios nacionales sobre gases de efecto invernadero que cada estado debe preparar para monitorear la situación nacional respecto de los compromisos para la UNFCCC, consideran que el incremento de las áreas de plantaciones forestales –llamadas “bosques plantados”- es positivo para el ambiente global e incluyen la captura de carbono por las plantaciones en sus respectivos cálculos. La metodología que se adoptó no considera los efectos negativos que hemos mencionado, así como tampoco los factores a nivel regional o local que pueden incidir en el cálculo. En realidad el efecto neto de una plantación sobre la captura de carbono –una vez que se tienen en cuanta todas las variables- está todavía en una fase de hipótesis.
En resumen, la promoción de monocultivos forestales bajo los CDM que se viene dando en el actual proceso global sobre cambio climático se asienta en una base científica débil. Por otra parte, desde el punto de vista político, social y ambiental, lejos de constituir una solución al problema, contribuye a consolidar un esquema que, en distintas partes del mundo, amenaza la vida de la gente y del ambiente. Resulta urgente cambiar el enfoque. El Artículo 9 del propio Protocolo de Kyoto considera la posibilidad de implementar este cambio “a la luz de las informaciones y estudios científicos más exactos de que se disponga sobre el cambio climático y sus repercusiones y de la información técnica, social y económica pertinente”. Pero, por supuesto, no es asunto de palabras sino de voluntad política. ¿La COP4 de Buenos Aires será otra oportunidad perdida?