Desde 2006, la pequeña nación de Laos, enclavada en el sudeste asiático y sin salida al mar, ha experimentado un desarrollo explosivo de las plantaciones de pequeña, mediana y gran escala, sobre todo de caucho, eucalipto y cultivos para biocombustibles. Esta expansión de las plantaciones industriales de árboles no se ha dado por sí misma sino que ha sido fomentada por las Instituciones Financieras Internacionales durante la última década, como medida para acrecentar el PBI del país. Al frente de los promotores del desarrollo de las plantaciones está el Banco Asiático de Desarrollo (BAD). A pesar de que Laos es uno de los países más corruptos del mundo (figura en el lugar 163, sobre un total de 171, en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2007 de Transparency International), el Banco Asiático de Desarrollo ha promovido con entusiasmo la inversión agroforestal durante muchos años. Lo más conocido de esta sórdida historia es quizás el desastroso préstamo de 11 millones de dólares para un proyecto que duró desde 1996 hasta 2003, con el expreso propósito de promover las plantaciones en Laos. Por sí solo, dicho proyecto hizo que numerosos agricultores pobres contrajeran deudas imposibles de saldar, llevó al borde de la bancarrota al Banco de Promoción Agrícola, propiedad del Estado y facilitó la implementación de plantaciones a gran escala.
A pesar de la falta de normas claras que aseguren la tenencia de tierras, así como de capacidad gubernamental para supervisar y regular la inversión en plantaciones, en 2004 en Vientián, la ciudad capital, el BAD no tuvo ningún problema en promocionar al país como destino para las compañías agroforestales transnacionales, ni en invitar a los grandes inversores a publicitarlo como lugar ideal para invertir en plantaciones. Estas actividades publicitarias emprendidas por el BAD parecen haber sido exitosas, pues en 2005 la gran multinacional japonesa de la celulosa y el papel, Oji Paper, fue la primera en invertir en plantaciones, adquiriendo una concesión de 50.000 hectáreas. Después de esto, las inversiones en el sector agroforestal de Laos se dispararon. Las cifras del Ministerio de Planificación e Inversión muestran que, entre 2004 y 2006, el número de inversiones agroforestales se duplicó, y el valor de dichas inversiones pasó de 75 millones de dólares en 2004 a 458 millones de dólares en 2006. Si bien hay numerosos emprendimientos de plantación de pequeña y mediana dimensión, provenientes principalmente de los países vecinos, actualmente los grandes inversores son el grupo Grassim-Birla, de India, que llegó poco después de Oji y obtuvo una concesión de 50.000 hectáreas, y el gigante finlandés de la celulosa y el papel, Stora Enso, que está intentando firmar un contrato de concesión de 35.000 hectáreas para plantar eucaliptos en el sur de Laos. Finalmente, Oji Paper pretende conseguir 30.000 hectáreas más en el sur del país.
En un país donde los salarios gubernamentales no pasan de US$30 por mes, y donde el gobierno tiene poco personal para supervisar las concesiones, era inevitable que el desarrollo de las plantaciones se acompañara de la pérdida de recursos naturales y del trastorno de los medios de vida tradicionales. Según la Agencia Alemana de Desarrollo GTZ, las concesiones de Laos carecen de toda reglamentación. Entre las muchas conclusiones desastrosas a las que llega la GTZ está el hecho de que prácticamente nadie sabe cuánto abarcan las concesiones del país, debido principalmente al proceso descentralizado y no reglamentado que se aplica para otorgarlas. No sólo hay varias agencias gubernamentales que se encargan de esto, sino que diversas ramas del gobierno, a nivel nacional, provincial y regional, pueden también hacerlo, sin que haya un solo lugar donde se consolide toda la información. Esto ha bastado para que las concesiones de diversas compañías se superpongan unas con otras, de modo que las empresas se apuran ahora a delimitar sus áreas antes de que otras empresas las reclamen.
A pesar del crecimiento extraordinario de las inversiones agro-forestales de los últimos años, el proceso de asignación de tierras para concesiones sigue siendo lamentable. Según comentarios de algunos funcionarios gubernamentales descontentos y de los aldeanos mismos, las compañías tienen la posibilidad de otorgarse tierras a sí mismas, incluyendo a funcionarios locales en su planilla de pagos con el único fin de que les consigan tierras. En un sistema en el que hay muchos otros funcionarios pobres que reemplacen a los que no pueden o no quieren hacerlo, no es sorprendente que abunden los rumores de manipulaciones, exageración de ganancias y coerción ejercida sobre las aldeas para que cedan sus tierras a las empresas de plantación.
Si bien en teoría la ley forestal anterior estipulaba que sólo se podía utilizar “tierras degradadas” para desarrollar plantaciones, una y otra vez han sido talados densos bosques tropicales para hacer lugar a plantaciones (y obtener al mismo tiempo buen provecho de la venta de la madera). En la provincia de Bolikhamxay Central, las agencias de desarrollo locales denunciaron varios operativos de extracción maderera a gran escala, disfrazados de plantaciones de palma aceitera y de cocoteros, e investigadores independientes han documentado el desmonte de ricas zonas de bosque primario y secundario para las plantaciones ‘emblemáticas’ de eucaliptos de Oji Paper.
Para las comunidades rurales que siguen siendo muy dependientes de los recursos forestales para su subsistencia, el panorama es sombrío. Las poblaciones aldeanas no son legalmente propietarias de sus tierras, dado que todas las áreas boscosas pertenecen al Estado. El desarrollo de las plantaciones ha sido utilizado desde hace muchos años por el gobierno de Laos para perturbar físicamente los métodos de cultivo itinerantes, acortando los períodos de barbecho y reduciendo la seguridad alimentaria. Además, las comunidades rurales, a pesar de haber perdido cientos de hectáreas de bosques en provecho de las plantaciones, suelen obtener de ellas sólo beneficios mínimos. Los períodos de plantación de árboles coinciden con la estación de siembra del arroz, de modo que los empleos en las plantaciones terminan siendo ocupados por trabajadores externos. Cuando hay trabajo para los aldeanos, suele ser inestable y sólo accesible a un pequeño número por vez.
Para mayo de 2007, el gobierno de Laos había perdido el control de la situación en lo referente a las concesiones de tierras y, como había cada vez más rumores sobre los problemas que éstas creaban para los aldeanos (incluso en los usualmente poco críticos medios de información estatales), el Primer Ministro anunció la suspensión de las concesiones en todo el país. Sin embargo, ni siquiera esta medida logró contener la marea de concesiones, pues las élites locales la ignoran, o bien la sortean aprovechando algunas de las lagunas que contiene: por ejemplo, las empresas que ya tienen contratos firmados pueden seguir con la concesión, y es posible otorgar a una misma compañía varias concesiones de 100 hectáreas.
Si bien ha habido algún intento positivo por parte del gobierno y de las agencias donantes para reconocer y corregir los graves defectos que tiene el sistema de inversión en plantaciones del país, sólo el tiempo dirá si el gobierno será capaz de controlar la expansión desenfrenada de las plantaciones y de proteger los recursos naturales que tanto importan para los aldeanos y para la estabilidad del país.
Informe compilado luego de visitas de investigadores del WRM realizadas en 2008.
