La organización Maderas del Pueblo del Sureste, A.C. informa en un comunicado emitido recientemente, que el pasado 3 de octubre se llevó a cabo, de forma por demás artera, brutal y violatoria de los más elementales derechos humanos, individuales y colectivos, un operativo policiaco de carácter federal y estatal, en contra de la población indígena y campesina tojolabal de la comunidad Miguel Hidalgo, municipio de la Trinitaria, Chiapas. La referida comunidad mantenía bajo su administración, desde el siete de septiembre de este año, la zona arqueológica y ceremonial maya de Chinkultic.
Este operativo fue realizado por centenares de agentes de la Policía Ministerial, Agencia Federal de Investigación (AFI) y Policía Estatal Preventiva (PEP) quienes ingresaron al poblado en vehículos, a caballo y a pie. En el poblado encontraron la resistencia de hombres, mujeres y niñas-os, a lo cual las fuerzas represivas reaccionaron –según reportes de periodistas testigos- con saña, “golpeando indiscriminadamente a niños, mujeres y personas de la tercera edad, dándole el tiro de gracia a tres heridos de gravedad y asesinando a un conductor que los trasladaba a un hospital en Comitán”.
La acción represiva ejercida en contra de la comunidad de Miguel Hidalgo se complementó con otra, desarrollada horas antes, en contra de grupos indígenas tojolabales de las comunidades de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, quienes también desde principios de septiembre pasado, habían tomado pacíficamente el acceso al Parque Nacional Lagunas de Montebello, controlado y administrado hasta entonces por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
El saldo de estos actos de fuerza desmedida contra población civil fue de al menos seis muertos y dos decenas de heridos, además de más de cincuenta personas detenidas.
Con esta represión, el Estado mexicano (gobiernos federal y estatal) les ha violentado flagrantemente, a hombres, mujeres y niñas-os atacados, no sólo sus derechos humanos individuales, relativos a la integridad y a la vida -consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles-; sino también sus derechos como indígenas, respecto al territorio y a recuperar, resguardar y administrar su patrimonio natural y cultural ancestral, tal como lo reconoce la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (artículo 11) y el Convenio 169 de la OIT (artículo 14) como bien han señalado ya, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Comisión Internacional de Observación por los Derechos Humanos.
Este brutal operativo represivo y esta masacre constituyen un hecho deleznable y se impone la justa exigencia de justicia y castigo ejemplar no solamente de los autores materiales sino también y sobre todo a los autores intelectuales que dieron las órdenes desde el más alto nivel.
Sin embargo, esto no es sino una muestra del tipo y magnitud de los intereses que están detrás de la ambición de apoderarse, de forma privatizada y con fines de lucro multinacional, de los territorios indígenas y campesinos de Chiapas y del Sureste del país, ricos en recursos naturales de carácter estratégico (biodiversidad; recursos genéticos; agua dulce no contaminada y caudales potencialmente productores de hidroelectricidad; viento –como energía eólica- y cubierta forestal que captura carbono) así como también poseedores de inigualables bellezas escénicas y Centros ceremoniales sagrados –que no “ruinas”- y arqueológicos.
Sólo que, en este caso, la saña demostrada en Chinkultic por el operativo oficial pareciera una señal de que fue ejecutado como un escarmiento ejemplar cuya finalidad sería la de debilitar y desmoronar posibles resistencias y nuevos intentos indígenas que –sin importar su filiación política: zapatistas, perredistas ó príistas/panistas- pretendan defender, recuperar, resguardar y administrar autónomamente su patrimonio cultural y natural, para, de esta forma, garantizarle a la inversión privada multinacional (léase, entre muchas otras: Monsanto; Sanofi Aventis; Glaxo; Ford Motors Co.; Iberdrola; Repsol; Femsa-Cocacola; Grupo Carso; hoteleras Meliá; Riu y Barceló) la “tranquilidad social y política” que vienen exigiendo sin duda cada vez con mayor impaciencia.
Es por ello que en éste, como en otros casos semejantes en Chiapas y en el resto del país, lo que está en juego no son únicamente los derechos, territorios y recursos naturales de los Pueblos Indígenas y comunidades en lucha y resistencia, sino los derechos de todo el Pueblo mexicano en su conjunto y la soberanía misma de nuestra Nación.
Artículo basado en información obtenida de: “Comunicado de Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.”, correo electrónico: m_a_zules@hotmail.com, www.maderasdelpueblo.org.mx, enviado por Miguel Angel Garcia Aguirre.
