Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Carta abierta de denuncia de la certificación FSC de Fibria Aracruz Celulose S.A.

Las organizaciones de la sociedad civil están denunciando, la certificación FSC de los monocultivos de árboles de Fibria Celulose SA, realizada por IMAFLORA, un organismo de certificación brasileño. Las reclamaciones de dichas organizaciones apuntan a apoyar la batalla social y ambiental de las poblaciones que sufren los efectos de los proyectos de fábricas de celulosa y, en este caso en particular, los de la firma Fibria (ex Aracruz Celulose).

Al: FSC

Al: IMAFLORA

A los: consumidores de productos de papel con el sello FSC

Somos organizaciones, movimientos sociales y activistas de los estados de Espíritu Santo y Bahía, donde la empresa Fibria Celulose S.A. quiere obtener la certificación del FSC, y también somos de Brasil y del mundo, reforzando nuestra solidaridad con las luchas sociales y ambientales de las poblaciones afectadas por los proyectos de las empresas de celulosa- en este momento, particularmente la empresa Fibria, ex Aracruz Celulose.

El motivo de esta carta es reaccionar a un comunicado de IMAFLORA (Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola) enviado por e-mail y recibido por varias organizaciones e individuos, en el que se afirma que dicho instituto está conduciendo el proceso de certificación FSC de “manejo forestal” de la empresa Fibria Celulose S.A. La organización IMAFLORA incluso anunció que está organizando una consulta y tres reuniones públicas sobre el tema, para el mes de agosto de este año, en Espíritu Santo y en el Extremo Sur de Bahía.

Fibria Celulose S.A. es una empresa creada en 2009 mediante la fusión -financiada con fondos públicos del BNDES (1) – de las compañías Votorantim Celulose e Papel y Aracruz Celulose S.A. Actualmente, Fibria es la mayor exportadora de celulosa de eucalipto del mundo, con más de 1 millón de hectáreas de tierras en su poder.

El área que Fibria pretende certificar, según IMFLORA, es la “unidad Aracruz” con un total de 355 mil hectáreas. Pero el instituto no explica la localización ni la composición del área en cuestión. Por ejemplo, ¿cuántas hectáreas son de eucalipto? ¿Dónde se ubica dicha área? ¿Cuáles son las comunidades afectadas? ¿Dónde hay disputa por la de tierra con comunidades tradicionales? ¿Dónde hay conflictos laborales y socioambientales? A la sociedad civil de este vasto entorno territorial, no se le ofrece nada de transparencia ni las informaciones básicas, para que le sea posible tener una participación justa y democrática en el proceso de certificación.

Además, no creemos en el FSC porque dicho organismo continúa negando los problemas estructurales que tiene desde su creación. El FSC continúa certificando áreas de monocultivos industriales de árboles, que se caracterizan por un manejo intensivo con fertilizantes y agrotóxicos, incluso con roundup, cuyo principio activo es el glifosato (2) y con hormiguicidas a base de sulfluramida (3) , cuyos riesgos son cada vez más evidentes, según diversos estudios científicos.

El FSC continúa negando también la complejidad de la certificación de áreas a gran escala, como la de Fibria. Y esto ocurre en un país con uno de los mayores índices de desigualdad social del mundo, incluso en términos de ocupación de tierras: 3,5% de los propietarios de tierras controlan el 56% de las tierras, mientras el 40% de los propietarios ocupan menos del 1%. Las empresas de eucalipto, principalmente Fibria, son ejemplos de este modelo concentrador de tierras. Y aún más, el ramo eucalipto-celulosa integra el sector del agronegocio que pretende el fin de la reforma agraria y la reducción de los derechos territoriales de los indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales, así como la deconstrucción del código forestal.

Por todo ello, no podemos aceptar que una empresa que integra este modelo obtenga en los mercados consumidores un sello que afirme que el producto deriva de un “manejo” socialmente justo, ambientalmente adecuado y económicamente viable. El hecho de seguir certificando y, por lo tanto, legitimando este modelo restringe y posterga la promoción de formas más viables, democráticas y humanas de producción agrícola, basadas en la soberanía alimentaria y en la agroecología, y que beneficiarían a las comunidades rurales. La certificación de empresas como Fibria, entre otras, también posterga la posibilidad de introducir una producción alternativa de papel, de forma descentralizada y con el uso de diferentes fibras como materia prima, que produzca la cantidad de papel necesaria para el bienestar de la sociedad, sin la necesidad de monocultivos a gran escala para satisfacer el consumo excesivo e ilimitado de papel descartable, algo que las empresas de celulosa han estimulado desde siempre, y el que el FSC viene reforzando.

Adicionalmente, el área de Fibria que pretende ser certificada parece ser exactamente el área de la ex Aracruz Celulose, una compañía marcada por cuatro décadas de violaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, con la complicidad del Estado y contra las poblaciones campesinas, indígenas y quilombolas. Fue la ex Aracruz Celulose, actual Fibria, que, con sus tractores derribó casas, incluso de cultos, de dos aldeas indígenas Tupiniquins y Guaraníes en 2006; fue dicha empresa la que concibió y llevó a cabo una campaña racista, discriminatoria, contra los indígenas en ese mismo año, con consecuencias que las comunidades sufrirán por muchos años; fue también la responsable, en articulación con un esquema policial gigante, de la persecución y ataque a la comunidad quilombola de São Domingos en 2009, en el que cerca de 40 quilombolas fueron arrestados y acusados de “robar madera” de sus propios territorios; se trata también de una empresa con un historial de negligencia en relación a sus ex trabajadores. Esas y otras atrocidades cometidas por la actual Fibria han sido abundantemente documentadas por testigos locales, libros, videos, tesis y disertaciones, y fotos, en diversos géneros discursivos, académicos, interdisciplinarios, técnicos, periodísticos, artísticos (4) . IMAFLORA no puede subestimar este cuerpo textual y empírico, que refleja la pésima fama de la empresa ante la sociedad local, regional e internacional. Se trata de otro pésimo ejemplo de como estampar um sello que se dice “verde” y sustentable”

Fibria sigue violando los derechos territoriales de las comunidades quilombolas en el norte de Espíritu Santo a pesar de existir varios estudios de identificación de sus territorios ya publicados en los últimos 7-8 años. El Estado (5) (y, extraoficialmente, ¡la misma empresa!) ya reconoció la ocupación de tierras fiscales (6) por parte de Fibria. Aún así, las acciones jurídicas de la empresa son el principal obstáculo para el buen y ágil trámite de los procesos de regularización agraria de los territorios quilombolas. La empresa fomenta incluso una campaña racista, a través de sus aliados- los propietarios rurales que se articularon en un grupo llamado Movimiento Paz en el Campo (MPC), una especie de UDR (7) regional- que se opone a la demarcación de los territorios quilombolas. Mientras tanto, los ríos y arroyos desaparecidos y sumergidos en medio a las plantaciones de eucaliptos llevan a las comunidades a una grave crisis hídrica, que afecta directamente la seguridad alimentaria, como fue reconocido por el Consejo de Seguridad Alimentaria y la Comisión sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.

El FSC niega que el Estado sea “rehén” de Fibria, incentivado por abultadas financiaciones, por parte de la empresa, de las campañas electorales de los gobernadores federales y estaduales, como en Espíritu Santo y en Bahía. Ello explica que los órganos estaduales de Medio Ambiente e inclusive el Ministerio Público Estadual hagan lo que las empresas piden (aunque haya algunos funcionarios comprometidos con la justicia social y ambiental). En Espíritu Santo, por ejemplo, la ex Aracruz, actual Fibria, infringió, a lo largo de la historia reciente, la legislación ambiental de diversas formas, desviando ríos y manipulando el proceso de permisos ambientales para garantizar el consumo exorbitante de agua del complejo fabril de producción de celulosa. Y en Bahía, por ejemplo, se instaló la práctica de realizar acuerdos, los llamados Términos de Ajuste de Conducta- TACs (8) , como el que fue propuesto por el Ministerio Publico Estadual (9) en Teixeira de Freitas, en sociedad con Fibria y con la empresa Suzano, en 2011. Tal acuerdo libera a las empresas de las multas aplicadas por los órganos estaduales de fiscalización ambiental a lo largo de los años en función de denuncias de daños ambientales que causaron. Y las libera también de procesos abiertos en función de denuncias de degradación ambiental, presentadas por organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales. Seguramente, ese TAC forma parte de la estrategia que ayudará a Fibria a garantizar su “sello verde” del FSC. Mientras tanto, las comunidades tradicionales que no pudieron producir más en sus propiedades aisladas por las plantaciones de eucaliptos, siguen sin apoyo de los gobiernos estaduales y federal y sin agua para producir, ya que los riachuelos, lagos y lagunas naturales se secaron.

Resaltamos que no tenemos ninguna motivación para responder a la convocatoria de IMAFLORA ni para participar en las “reuniones públicas” que fueron convocadas, porque no creemos que nuestra participación pueda influir en el resultado del proceso. La experiencia en Bahía con la empresa Veracel Celulose S.A., cuyas plantaciones de eucaliptos de casi 100 mil hectáreas, fueron certificadas por el FSC en 2008, fue bastante emblemática. Esa empresa, propiedad de Fibria (50%) y de la multinacional sueco-finlandesa Stora Enso (50%) consiguió la certificación a pesar de los problemas en el proceso y de los diversos impactos causados por ella (10) . A pesar de que el propio FSC admitió problemas en una evaluación, Veracel mantiene hasta hoy el sello FSC. Y más aún, los defensores del FSC en los centros de consumo de papel, sin conocimiento de la realidad, intentaron venderle al mundo un panorama en el que Veracel “resolvió” todos sus problemas y que el FSC “funciona”. El único resultado concreto fue que, según el FSC, la SGS -empresa certificadora de Veracel- decidió no realizar otras certificaciones de manejo forestal o de plantaciones en Brasil y, por ello, Veracel también contrató a IMAFLORA para garantizar el sello de la empresa. Cabe recordar que, en este momento, Veracel pretende duplicar sus plantaciones, en un proceso de licenciamiento impugnado judicialmente por estar repleto de irregularidades (ver carta de denuncia en www.wrm.org.uy/paises/Brasil/ampliacao_da_Veracel.html y también los capítulos sobre el sector de la celulosa del nuevo libro del periodista Lúcio Vaz, titulado Sanguijuelas de Brasil – http://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1065017-geracao-editorial-anuncia-novo-livro-com-escandalos-de-corrupcao.shtml).

Además, IMAFLORA está involucrado con otro proceso de certificación de Veracel, relacionado con la ampliación de sus áreas certificadas. Y anunció que llevará a cabo un proceso de certificación de un grupo de fomento de Veracel (11) . Según IMAFLORA, son 21.000 hectáreas y la certificadora pretende realizar la visita de campo en Bahía en setiembre de 2012, a pesar de sus irregularidades e ilegalidades, como la falta de licencia ambiental y Reserva Legal en las áreas de fomento (12) .

Esto nos lleva a una única conclusión: la certificación sigue avanzando porque parece ser un buen negocio, que interesa tanto a las empresas del sector celulósico como al FSC. ¡Sin compromiso con la justicia social y ambiental, ambos buscan reforzar su legitimidad, su hegemonía y así aumentar sus negocios basados en la explotación de la naturaleza, en el envenenamiento humano y ambiental, en la falta de respeto a las comunidades locales y a la vida del Planeta! ¡Beneficios y más negocios a cualquier precio!

Por todo lo anterior, nos oponemos a lo que IMAFLORA y el FSC llaman “manejo forestal” de Fibria, recordando que ¡las plantaciones de eucaliptos no son bosques y que no existe un “manejo forestal” de monocultivos de eucalipto! Manifestamos aquí nuestra PROTESTA e INDIGNACIÓN profundas contra otro engaño a los consumidores y a la sociedad en general este “maquillaje verde” promovido por el FSC y sus socios.

Firman:

 Organizaciones/ Movimientos sociales:

 ARES – Associação para o Resgate Social

Associação dos Professores Licenciados do Estado da Bahia – Delegacia de Eunápolis

Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais – AATR

Associação dos Geógrafos Brasileiros GT Ambiente AGB

Bicuda Ecológica

CUT – Bahia – Regional Extremo Sul

Centro de Estudos e Ação Social – CEAS

CIMI

Cine Clube Deserto Verde

Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Extremo Sul da Bahia – TERRA VIVA

CEPEDES

CETA – Movimento de Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas da Bahia

Comissão Quilombola Sapê do Norte

Coordenação Estadual de Quilombos do Estado do ES – Zacimba Gaba

CPT – Comissão Pastoral da Terra

Espaço Cultural da Paz

FUNPAJ – Fundação Padre José Koopmans

FASE

MLT – Movimento de Luta pela Terra

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itanhém

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirapuã

SINTOSTEB – Sindicato os Trabalhadores de Hotéis, Bares e restaurante do Extremo Sul

Sindicato dos Bancários do Extremo Sul da Bahia

WRM

 Firmas individuales

 Ricardo Salles de Sá – Cinegrafista

Marilda Telles Maracci – Geógrafa

João Batista da Silva

Maria Paula de Oliveira Bonatto – Fundação Oswaldo Cruz

Marina de Castro Schwab

 

1 – Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social.

2 – HARDELL, Lennart; ERIKSSON, Miikael. A case-control study of non-Hodgkin lymphoma and exposure to pesticides. Cancer, Lund, N.º 85, p. 1353-1360, 15 de marzo de 1999.

http://www.espacoacademico.com.br/051/51andrioli.htm

3 – Documento Técnico Sobre los Impactos de la Sulfluramida y del Sulfonato de Perfluorooctano (PFOS) sobre la Salud Humana y Ambiental – Fundación Osvaldo Cruz http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/capadr/audiencias-2009/rap140409zuleica.pdf

4 – Si la historia tiene alguna importancia para el FSC y para IMAFLORA, no faltarán testimonios para oir, ni bibliografía para consultar, por ejemplo, el “Estudo e Relatório de Impactos em Direitos Humanos de grandes projetos (EIDH/RIDH): el caso del monocultivo de eucalipto a gran escala en el Norte do Espíritu Santo”, elaborado en 2010 por el Movimiento Nacional de Derechos Humanos y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Sierra. Otra publicación reciente es el libro “Aracruz Credo: 40 años de violaciones y resistencia en ES”, producido por la Red Alerta y la Red Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales en 2011. También sobre el asunto, el libro Além do Eucalipto: O papel do Extremo Sul, elaborado en 2005 por el Padre José Koopmans, y la Cartilla “Dez Respostas a Dez Mentiras”, producida a partir del texto de Ricardo Carrere, del WRM-Uruguay, por la Fundação Padre José Koopmans en 2010, disponibles en la página web de CEPEDES, Eunápolis y en FUNPAJ, en Teixeira de Freitas – Bahía. Y aún los dos Informes sobre Violación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la publicación “H2O para celulose, água para muitas línguas”, publicados por FASE y Red Desierto Verde, el Informe de la Misión Quilombola, de la Comisión de Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada, vinculada al Consejo Nacional de Seguridad Alimenticia. Y también, muchos artículos, tesis de doctorado y disertaciones de maestrías producidos en varias academias y programas de pós-graduación en diversas universidades.

5 – A través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y el Instituto de Defensa Agropecuaria (IDAF).

6 – Tierras que pertenecen al Estado y no pueden ser apropiadas por empresas privadas.

7 – Organización ultraconservadora, formada por grandes propietarios con un historial de uso de violencia contra los movimientos que luchan por la reforma agraria en Brasil.

8 – Termo de Ajustamento de Conduta.

9 – Por la Promotoría Regional Costa das Baleias.

10 – Varios impactos se describen en la publicación “Violações socioambientais promovidas pela Veracel Celulose, propriedade da Stora Enso e Aracruz Celulose (atual Fibria)”, producida por CEPEDES en 2008.

11 – Se trata de los que plantan eucalipto en sus tierras para la empresa manteniendo un contrato que los obliga a vender el eucalipto a Veracel, o sea, es un área de Veracel en la que la empresa tercerizó la producción.

12 – Según un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Bahía, el 60% de las áreas inspeccionadas en 2009 no poseían Reserva Legal, y el 15% no poseían ni siquiera área para este fin. Prueba de las irregularidades es el hecho de que una de las localidades donde se hará el proceso de certificación, Itabela, canceló todas las licencias ambientales en 2011 a través de Decreto Municipal. También hay acciones de fomentados en contra de Veracel Celulose, con decisión de 1ª y 2ª instancias de la Justicia Brasileña contraria a la empresa.