Esta acción es sobre Gabón, y está relacionada con la reciente aprobación de un decreto (resolución nº 20/2013, en relación al Desarrollo Sustentable en la República Gabonesa) que tiene por fin la creación de un mercado –nacional e internacional- de servicios ecosistémicos que entre otras cosas permitiría por ejemplo que la destrucción provocada por las gigantescas plantaciones de palma aceitera de OLAM sea “compensada” por dicha empresa. La carta en rechazo al decreto será enviada al Presidente de Gabón.
También disponible en portugués, francés e inglés
Para enviar su adhesión a la carta hágalo antes del 1/10 a la siguiente dirección: 21sept@wrm.org.uy
Al Excelentísimo Presidente de la República, Ali Bongo Ondimba
c.c.
- Primer-Ministro, Sr. Raymond Ndong Sima
- Ministro de Economía, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Sr. Luc Oyoubi
- Ministro de Aguas y Bosques, Sr. Gabriel Ntchango
- Ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Sr. Julien Nkoghe Bekale
- Ministro de Promoción de Inversiones, Obras Públicas, Transporte, Habitación y Turismo, Encargado de Ordenamiento Territorial, Sr. Magloire Ngambia
- Ministra de Justicia, Derechos Humanos e Relaciones con las Instituciones Constitucionales, Porta-voz del Governo, Sra. Ida Reteno Assonouet
- Ministra de Presupuesto, Cuentas Públicas, Servicio Público, Sra. Christine Rose Ossoucah Raponda
Excelentísimo Señor Presidente,
Nos dirigimos a Usted para expresar nuestra gran preocupación respecto a la intención y al contenido de la resolución nº 20/2013, en relación al Desarrollo Sustentable en la República Gabonesa. Luego de muchas discusiones con algunos de nuestros colegas de la sociedad civil gabonesa, y teniendo en cuenta los compromisos internacionales de su país en materia de protección de la biodiversidad biológica, tenemos muchas reservas en cuanto a los impactos de esta resolución sobre la comercialización de los servicios ecosistémicos y, más ampliamente, sobre las relaciones Norte/ Sur.
Aún adhiriendo a los principios fundamentales de dicha resolución, tememos que la comercialización de los servicios ecosistémicos anhelada y defendida por ese texto se transforme en un derecho a contaminar. Opinamos que cualquier estrategia de desarrollo sustentable debe respetar principios fundamentales como el derecho a una vida sustentable, la armonía necesaria con la naturaleza, la salvaguarda del patrimonio cultural, el respeto al principio de precaución y la prevención de la contaminación, pero tememos que el decreto- en evidente contradicción con muchos de esos principios- provoque la creación de un sistema de intercambio de servicios ecosistémicos, en nivel nacional e internacional.
Varias experiencias piloto realizadas en otros lugares permiten comprender el carácter devastador del comercio de los servicios ecosistémicos, tanto sobre las poblaciones como sobre el medio ambiente. La resolución 20/2013 se basa en la idea de que un daño causado al medio ambiente en un lugar específico puede ser “compensado” por la compra de “créditos de desarrollo sustentable” en otros lugares. Dicha idea- ecológicamente devastadora, sociológicamente injusta y económicamente ineficaz- fue introducida y traída por un cartel de sociedades transnacionales apoyadas por países industrializadas que dependen cada vez más de un acceso creciente e ilimitado a los “recursos naturales”. Además, es incentivada por actores internacionales como el Banco Mundial, los bancos privados y grandes ONGs dedicadas a la conservación de la naturaleza. Quienes defienden la idea de compensación sostienen que esa es la “única” manera de preserva la naturaleza, sin tener en cuenta las prácticas y políticas de conservación de bosques, menos costosas y mucho más eficaces.
Es necesario destacar, Señor Presidente, que, cuando se trata de generar dividendos por medio de la comercialización de “créditos de desarrollo sustentable”, el mercado de carbono- que se funda sobre los mismos principios- está dando pruebas de sus limitaciones, visto que aún no fue capaz de proporcionar el bienestar prometido a las poblaciones locales, al tiempo que las emisiones de gas de efecto invernadero nunca fueron tan elevadas. La resolución podría reducir las protecciones actuales de las tierras, ya que autoriza las concesiones para actividades mineras, forestales y agrícolas en áreas limítrofes a los proyectos de “desarrollo sustentable”. Consideramos que hay un gran riesgo de que las comunidades dependientes de los bosques tengan que pasar dos veces por esa situación: primero, tuvieron que enfrentar los efectos negativos de la minería, de la extracción de madera o de la agricultura industrial y, en un segundo momento, se les niega el acceso a tierras sobre las que tenían derecho tradicional al uso, porque dichas tierras ahora están localizadas en un bosque inscripto, por ejemplo, en un programa de intercambio de carbono o de servicios ecosistémicos.
¿Cómo podría ser “compensada” la destrucción de los bosques provocada por la expansión de las plantaciones industriales? La compra de “créditos para el desarrollo sustentable” con los ejemplos de carbono y/o de la biodiversidad de otras regiones que serán eventualmente protegidas- estén en Gabón o no- no subsana ni las pérdidas ni los daños al medio ambiente y a las comunidades locales. El resultado de tales ecuaciones falsas, sea donde sea que se aplicaron, solo significó un daño mayor- y no menor- al ecosistema; y el aumento- y no la disminución- de las emisiones de carbono. Las comunidades que dependen de los boques son afectadas dos veces más por este mecanismo: de un lado, a las comunidades que residen en las áreas de concesiones de plantaciones industriales y/u otros proyectos de compensación les toman sus tierras y bosques; de otro lado, las comunidades que residen en las áreas de “compensación” de los daños causados por las plantaciones industriales también sufrirán efectos negativos, ya que no tendrán acceso a sus tierras y/o enfrentarán severas restricciones en el uso de su territorio. Así ocurrió en la mayor parte de los proyectos piloto REDD+ que se implementaron en los bosques tropicales de Perú, Brasil, República del Congo, Kenia, Mozambique e Indonesia. Pensamos que el modelo de comercialización de los servicios ecosistémicos, tal como está propuesto en la resolución presidencial 20/2013, no es diferente.
Podemos suponer que la mayor parte de los compradores de los eventuales “créditos para el desarrollo sustentable” gaboneses vendrá del Norte, porque los principales contaminadores industriales están concentrados allí. El hecho de permutar los “créditos” con los contaminadores en un “mercado ecosistémico” no hace más que perpetuar la contaminación causada por las industrias contaminadoras.
Un caso que lo ilustra bien es la industria, contaminadora y destructiva, de extracción y refinamiento de petróleo de arenas betuminosas en Estados Unidos y Canadá, que tuvo repercusiones negativas para las comunidades indígenas de esas regiones.
Al incluir dichas “soluciones comerciales” en la resolución presidencial 20/2013, adoptada por el gobierno de Gabón, los principales contaminadores de los países industrializados están autorizados no solo a seguir contaminando, como también a usar más que su parte de “recursos naturales”. Es imprescindible que las empresas reduzcan su nivel de contaminación para evitar, en un futuro próximo, una terrible crisis climática, así como una crisis de la biodiversidad, que, con seguridad, afectarían a la población y a los bosques de Gabón.
El 21 de setiembre próximo, comunidades y grupos de lucha contra los monocultivos en gran escala y sus efectos negativos en los países de Latinoamérica, África y Asia, así como en algunos países del Norte, celebrarán el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Aprovechamos esta ocasión para recomendar vehementemente al gobierno de Gabón que tome todas las medidas necesarias para preservar su patrimonio natural, especialmente, sus áreas forestales.
La preservación de la naturaleza no es un negocio. El gobierno de Gabón podría ser un actor clave, a nivel internacional, en la promoción de soluciones adecuadas para la preservación de los bosques. Dichas soluciones podrían ser elaboradas por el conjunto de los actores civiles y estatales, en conjunto con las poblaciones cuya supervivencia depende de los bosques. El plan permitiría crear economías regionales y locales fuertes, reforzar la soberanía alimenticia y proteger los derechos sociales, territoriales, económicos, ambientales y culturales de todos los ciudadanos. Es en esta perspectiva de defensa de la naturaleza que fundamentamos nuestra esperanza de nuevas alternativas como, por ejemplo, en el concepto de “Buen Vivir”, que implica la construcción de un futuro capaz de asegurar el bienestar de todos, la búsqueda de un nuevo pacto social basado en la igualdad y la justicia y la ruptura con el actual proceso de mercantilización y privatización de la naturaleza. Dichas alternativas nacieron en el Sur y es en Sur que deben ser alimentadas. Los invitamos a enfrentar ese desafío, a abandonar el concepto pernicioso y neocolonial del comercio del ecosistema y a participar de las alternativas efectivamente innovadoras.
Atentamente,