La Okomu Oil Palm, que opera en el rubro del aceite de palma y la producción de caucho, fue establecida en 1976 como un proyecto piloto del gobierno federal de Nigeria, que ocupaba un área de 15.580 hectáreas de las cuales 12.500 podían ser dedicadas a la palma aceitera. En 1979, la compañía fue convertida en sociedad de responsabilidad limitada y, en 1990, en el marco de un programa de ajuste estructural, se transformó en una sociedad anónima (S.A.). Forma parte del grupo belga Socfin, de relevancia mundial en el cultivo de palma aceitera así como en el de hevea (para caucho), café y flores tropicales. El grupo Socfin es propietario del 62,69% de las acciones de Okomu Oil Palm.
Desde entonces, Okomu se ha convertido en una de las principales compañías de palma aceitera de Nigeria; en 2012, sus plantaciones ocupaban 9.713 ha en el Estado de Edo, y planeaba añadir 402 ha en 2013 y otras 400 ha en 2014.
El informe anual 2012 de la compañía anunciaba su intención de expandir sus plantaciones de palma aceitera y hevea y revelaba también que planeaba construir la mayor fábrica de aceite de palma de África, llevando su capacidad de producción en Sierra Leona de 30 a 60 toneladas por hora (ver el informe de Green Scenery sobre la violencia contra las comunidades en el artículo de Sierra Leona más abajo).
Entre los inversores, la compañía Okomu Oil Palm está considerada como un éxito, debido a que en 2013 pagó a los accionistas los más altos dividendos de la historia. Ahora bien, en los agronegocios extractivos de este tipo, el “éxito” para los inversores tiene un alto precio para las comunidades locales.
En una entrevista con el WRM, el residente local Sunny Ajele habla del cambio que se produjo en la vida de las comunidades debido a la expansión de las plantaciones de palma aceitera de Okomu:
“Nuestra experiencia comenzó en 1998, cuando Okomu Oil Palm destruyó tres aldeas: Owieke, Ajbede y Ijawkam, sin que los aldeanos recibieran compensación alguna. Los jefes de las aldeas murieron de frustración cuando las topadoras llegaron sin anuncio alguno para destruir las aldeas. El gobierno estatal creó una comisión para investigar el caso, pero sus miembros nunca vinieron a visitar las aldeas. El informe de la comisión afirmó que los aldeanos eran ocupantes ilegales y que las aldeas habían sido fundadas recién en los años 1950, a pesar de que una sección de dicho informe contenía pruebas de que ya existían en 1935. También existía una ordenanza que daba a los aldeanos el derecho de cultivar, pescar y residir allí, fechada en 1912.”
“El informe de la comisión especial fue un duro golpe para los aldeanos. Luego, en 2010, la Okomu Oil Palm envió un aviso final a la comunidad de Makilolo – mi comunidad – dándole un plazo de algunos días para irse. La nota fue entregada por la policía militar. En ese momento la comunidad dijo “basta”, e hicimos saber al gobierno que si lo que quería era un entierro en masa, lo tendría. Pero aun así no obtuvimos ninguna respuesta.”
“Para entonces, el director general de la Okomu Oil Palm, el Dr. Graham Hefer, quien nos había advertido que firmáramos una carta de intención o seríamos expulsados, se fue de vacaciones. La carta de intención había sido redactada por la compañía, sin contribución de nuestra parte. La policía, las agencias de seguridad y los aldeanos se reunieron para intentar resolver la situación. El jefe de la policía dijo que, como la compañía tenía un certificado de ocupación, la aldea no podía ganar, y sugirió: ‘Vayan a rogar a la compañía que los deje quedarse’. Nosotros respondimos: ‘Eso no es posible’. Luego, la aldea se reunió también con el director general de la Okomu Oil Palm, quien propuso otra carta de intención y dijo que esperaba una decisión de la comunidad sobre la propuesta en un plazo de 24 horas.”
“Nadie en su sano juicio habría firmado esa carta de intención, que nos habría condenado directamente a la esclavitud. Por lo tanto, la aldea se negó a firmarla.”
“Entonces la compañía encerró a la comunidad, cortando el acceso al mercado. Para llegar al mercado debíamos dar un enorme rodeo a través de otro Estado, porque nos habían cerrado el paso. La ruta directa a la ciudad de Benin lleva aproximadamente una hora y media, pero si tenemos que tomar la ruta que atraviesa el Estado de Ondo, eso nos lleva un día entero.”
Sunny habló de encuentros con soldados sobre la ruta directa a Benin que los aldeanos usaban habitualmente, y dijo que esos soldados tenían la orden de disparar si veían aldeanos. El bloqueo duró desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el 25 de febrero de 2011.
“Informamos a la policía que esa medida podía provocar disturbios, que los jóvenes iban a rebelarse si no se volvía a abrir el portón sin demora. No obstante, el portón siguió cerrado”, explicó.
“Recibí un falso llamado a presentarme a la oficina. Cuando fui, me arrestaron en el lugar de la reunión, supuestamente por planear arrojar una bomba. Me encerraron durante un día y luego me liberaron. El 18 de enero de 2011, me convocaron nuevamente. Alguien había denunciado que yo había secuestrado a un hombre blanco en la plantación, y que ese hombre habría sido gravemente herido y enviado al extranjero para recibir tratamiento. Yo pregunté: ‘¿Cómo puedo haber hecho eso? Ese día yo estaba en la cárcel, aquí, con ustedes. ¿Cómo pude secuestrar a alguien en la plantación al mismo tiempo?’ Un funcionario del servicio de seguridad estatal me dijo que me estaban tendiendo una trampa, y que el problema era grave.”
“Entonces cancelé mi teléfono, dejé mi casa y huí. Me las arreglé para ponerme en contacto con el presidente del departamento jurídico de ERA/FoE Nigeria, el abogado Chima Williams, por intermedio de su responsable de proyectos sobre bosques y biodiversidad. ERA envió inmediatamente una carta a la dirección de Okomu Oil Palm S.A., exigiendo en primer lugar que el único portón de entrada y salida de la aldea, cerrado por la compañía, se abriera para los miembros de la comunidad, y en segundo lugar que no se exigiera a los aldeanos firmar una carta de intención en la que no habían participado. En ese momento, ERA me sugirió que dejara de huir.”
“Se organizó una reunión con el director general de Okomu Oil Palm, representantes de la comunidad, el servicio de seguridad estatal, soldados y jefes principales. El DG redactó entonces otro acuerdo, prometió aplanar la ruta, dar formación a 60 jóvenes por año, otorgar becas de estudio, mejorar la escuela... esas promesas debían estar implementadas para fines de 2011, siempre y cuando la aldea firmara la carta de intención que ya había rechazado anteriormente. Si esa propuesta no era aceptada, la compañía no daría nada. Y la aldea respondió: ‘No podemos firmar’.”
“Al mismo tiempo, la compañía empezó a tratar de persuadir a algunas personas de la aldea para que firmaran la carta de intención, y algunos terminaron por hacerlo. Luego la compañía declaró que había donado cuatro litros de aceite rojo de palma y muchos libros... pero los libros todavía están en la casa de quienes firmaron la carta sin el consentimiento de la comunidad. El que firmó la carta se convirtió en asesor especial en asuntos comunitarios ante la compañía. Toda comunicación con la compañía debe pasar por él (también está planeando presentarse como candidato a jefe principal).”
“A fines de 2013, la ruta todavía estaba a medio apisonar. En 2012, comenzaron a hacer un pozo porque el río que usaban los aldeanos ya no se puede utilizar durante la estación de lluvias, dado que recibe todos los agrotóxicos que aplica la compañía en la plantación. Los aldeanos siguen tomando el agua pero saben que no es buena para ellos.”
Las acusaciones y la criminalización continúan. Sunny Ajele, por ejemplo, fue acusado de organizar campamentos militares. Un funcionario le informó confidencialmente que la orden había sido de “encontrarlo, amarrarlo y liquidarlo”, en otras palabras, había que matarlo.
Desde entonces, la situación se ha vuelto algo menos tensa pero sigue siendo insoportable para la comunidad. Se “donaron” 50 acres a la aldea, con la condición de que no se construyera en ellos ninguna estructura permanente, ni se plantara nada, y que se mantuviera a los perros y las cabras fuera de las plantaciones, o la comunidad sería expulsada. Cada vehículo que llega o se va de la aldea debe pagar 200 nairas [aproximadamente US$ 1,20) por el uso de la calle, y los camiones de víveres pagan más. Últimamente se dejó de cobrar por los vehículos personales, pero los comerciales deben seguir pagando.
“Salir de la aldea o volver a casa es como atravesar una frontera. Si lo ven llegar con una cámara, se la confiscan”, explica Sunny. “La compañía tiene un hospital pero sólo para su personal, no para los aldeanos. También tienen derecho a venir y revisar cualquier ‘casa’ cuando se les ocurre. Nos acusan constantemente de robar frutos de palma. Más de 20 aldeanos han sido arrestados. Somos esclavos en nuestra propia tierra. La carta de intención da a la empresa el derecho de demoler nuestra aldea en cualquier momento, como hicieron con las otras tres aldeas. En esas tres zonas donde ya se había comenzado a plantar, la gente tiene prohibido entrar, los plantíos están vigilados por soldados pagados por la compañía.”
Esta historia muestra el verdadero costo de la expansión de la palma aceitera. Gente humilde y valiente, que defiende sus derechos, paga un alto costo y, a menudo, arriesga su vida. Y sin embargo, se dedican titulares a las compañías que se jactan de sus ganancias.
Artículo basado en una entrevista realizada por Jutta Kill, del WRM, a Sunny Ajele durante un encuentro internacional realizado del 2 al 5 de noviembre de 2013 en Calabar, Estado de Cross River, Nigeria. Ver también la Declaración de Calabar.