Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Rio+20: el poder corporativo sin límites

Durante la conferencia Rio+20, hechos relacionados con el evento como la expulsión de un activista mozambiqueño y la realidad que afecta a las poblaciones locales, que sufren a manos de las grandes empresas patrocinadoras del evento oficial, muestran que el poder corporativo no tiene límites.

El periodista mozambiqueño Jeremías Vunjanhe llegó a Brasil el 13 de junio para participar en la Cumbre de los Pueblos- actividad organizada por redes y movimientos sociales brasileños e internacionales antes y después de la conferencia Rio+20 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y en el aeropuerto la policía federal brasileña le impidió entrar al país y lo deportó a Mozambique.

Jeremías y su organización Justicia Ambiental- Amigos de la Tierra Mozambique- han apoyado incansablemente a las comunidades mozambiqueñas, afectadas por las actividades nefastas de Vale- una corporación minera transnacional con sede en Brasil y una de las principales del mundo. Jeremias ya había sufrido amenazas e intimidaciones debido a su trabajo.

Si observamos la conferencia Rio+20, notamos que el poder corporativo global ha realizado un lobby efectivo para defender sus intereses tanto en la ONU como individualmente con gobiernos de muchos países, al presentar la propuesta de la ‘economía verde’ que incluye la privatización y la mercantilización de la naturaleza como el rumbo adecuado hacia un futuro ‘sustentable’. Y aún más, tenemos la impresión de que un conjunto de empresas transnacionales de gran porte tiene el control de hecho en la ONU y en los gobiernos y en otras instituciones que integran los estados nacionales, como el cuerpo policial y el poder judicial, para defender sus intereses actuales y futuros, criminalizando y persiguiendo a comunidades y activistas locales que puedan representar algún obstáculo.

Para ver esa realidad, era suficiente mirar un poco más allá de los lugares de las actividades de Rio+20. Las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Río organizaron, por ejemplo, los llamados Toxic Tours, también denominados como el ‘Lado B’ de Río de Janeiro. Se organizaron visitas de solidaridad a la población del barrio de Santa Cruz, en el oeste de la ciudad anfitriona, afectada por la mega siderúrgica TKCSA, que pertenece a Vale y a la transnacional alemana Thyssenkrup. También fueron visitadas las comunidades de la ciudad de Magé y de la región de Duque de Caxias, entre otras afectadas por las instalaciones de Petrobras – empresa brasileña de extracción de gas y petróleo.

Después de las visitas, representantes de las tres comunidades se encontraron para intercambiar experiencias sobre los Toxic Tours en un evento durante la Cumbre de los Pueblos. Los habitantes de Santa Cruz reclamaron por la contaminación del agua y del aire, argumentando que ‘ya no comemos arroz y porotos, comemos polvo de hierro’, y denunciaron los problemas sanitarios de la población y las tácticas de cooptación de la empresa. Los habitantes también manifestaron que la pesca como medio de subsistencia se tornó prácticamente inviable y un pescador se desahogó diciendo: ‘quieren que nosotros digamos que ya no somos más pescadores’, y otro agregó: ‘yo era un hombre de mar, ahora ya no sé qué soy’.

Algunos días después de Rio+20 tuvimos noción de la magnitud de la violencia que afecta a los pescadores en el estado de Río de Janeiro, cuando João Luis Telles Penetra y Almir Nogueira de Amorim de la Asociación de los Hombres del Mar de la Bahía de Guanabara (AHOMAR), entidad que defiende la pesca artesanal en la región, fueron brutalmente asesinados. AHOMAR lucha contra los impactos socioambientales de los grandes emprendimientos en la región que afectan a los pescadores; en especial, luchó contra los impactos de una de las inversiones de Petrobras en la región, un complejo petroquímico.

También durante Rio+20, 300 indígenas y otros habitantes de la región que querían apoyarlos realizaron el Encuentro Xingu+23 para protestar contra la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte en el estado de Pará en la Amazonia brasileña, una obra promovida por Eletrobrás – otra empresa brasileña de gran porte en el sector energético – que afectará a miles de personas y destruirá por lo menos 50 mil hectáreas de selva amazónica. Posteriormente la policía de Pará solicitó a la Justicia del estado de Pará la prisión de 11 activistas, entre ellos un sacerdote que rezó una misa y bendijo el encuentro Xingu+23 y un habitante a quien destruyeron su casa por las obras. En la ciudad de Río, los indios realizaron una breve ocupación del principal financiador de la obra, el banco público brasileño BNDES que, con dinero de los brasileños, financia la obra millonaria.

El poder de las corporaciones no solo afecta a las poblaciones que protestan contra sus proyectos; ese poder parece ser capaz de hacer caer presidentes, si observamos con atención lo que ocurrió inmediatamente después de Rio+20 en Paraguay donde el presidente Fernando Lugo, democráticamente elegido, fue destituido de la presidencia. Es innegable la interferencia del poder del agronegocio en este hecho, se trata de un sector que domina la economía paraguaya y también el escenario político, y que cuenta con transnacionales como Monsanto que gana millones de dólares americanos con la promoción del uso de semillas genéticamente modificadas en el país.

Al analizar esta realidad, el mensaje de la Cumbre de los Pueblos es bastante claro: es necesario actuar, y las organizaciones y activistas presentes comenzaron a hacerlo manifestándose contrarios a la deportación arbitraria del compañero Jeremías. Y después de muchas protestas, a nivel nacional e internacional, el gobierno brasileño tuvo que retractarse y permitir la entrada de Jeremías, que volvió a viajar de Mozambique a Brasil y llegó a Río de Janeiro el 19 de junio, seis días después de la deportación.

Cuando Jeremías llegó al aeropuerto de Río de Janeiro, pudo ver nítidamente las dos caras del mundo actual: por un lado, la cara de las corporaciones en los ‘bellos’ afiches colocados en varios lugares del aeropuerto con la intención de darles la bienvenida a él y a otros participantes de Rio+20, en los que aparecía como patrocinador del evento la empresa Vale, que Jeremías conocía muy bien. Pero también las empresas citadas en este editorial- Petrobras y Electrobras- están entre los auspiciantes oficiales del evento de la ONU.

Para suerte de Jeremías, él también pudo ver la cara del pueblo unido y en lucha con la presencia de decenas de activistas que lo recibieron con fiesta y alegría, celebrando la victoria de haber logrado que se hiciera justicia.

Por último, que nadie se deje engañar por las muchas caras ‘verdes’ que las empresas nos muestran para ocultar sus violaciones, sus verdaderas prácticas. Que toda la solidaridad prestada a Jeremías sea, como él mismo recordó, transmitida también a todas las comunidades que sufren arbitrariedades y violaciones por parte de las corporaciones. Y ¡que continuemos uniéndonos y fortaleciéndonos en la lucha contra el poder corporativo y a favor de la vida!