Un complejo de dos embalses y la desviación del río Xingú en el tramo que recorre el Estado de Pará; un costo de más de 16.000 millones de dólares; 516 km2 de bosques amazónicos inundados; 1.522 km2 de tierras boscosas afectadas; entre 100 y 140 km2 secados; cambio en la ecología fluvial, introducción de especies foráneas de peces y extinción de especies; pérdida de biodiversidad, que es fuente de alimentos e ingresos de millones de personas en la Amazonía; 30 tierras indígenas habitadas por más de 13.000 personas de 24 pueblos indígenas que son directa o indirectamente afectados; entre 20.000 y 40.000 personas desplazadas; 80 mil personas desempleadas; otras posibles represas en la misma cuenca, río arriba. Éste es el contexto de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, una obra proyectada en los años 1970, en los tiempos de la dictadura militar.
La construcción del complejo hidroeléctrico estaría a cargo del Consorcio Norte Energia, del cual su principal accionista es la sociedad anónima de economía mixta y concesionaria de servicio público de energía eléctrica Eletronorte.
El 25% de la electricidad de Brasil es consumida por nueve empresas mineras y energéticas – Alcoa, ArcelorMittal, Camargo Corrêa Energiam CSN, Gerdau, Samarco, Vale do Rio Doce y Votorantim – y son algunas de esas empresas a las que les interesa la construcción de la represa de Belo Monte – que sería la tercera represa más grande del mundo - para expandir sus operaciones extractivas.
Con la hidroeléctrica, entre el 20% y 30% de los 100.000 habitantes de Altamira serán desplazados definitivamente, según la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Desde que se anunció el proyecto, la resistencia de los movimientos sociales y de los líderes indígenas de la región ha ido creciendo. Un mojón en la lucha fue la reunión celebrada en Altamira en febrero de 1989: el 1er Encuentro de los Pueblos Indígenas del Xingú, que se pronunció contra las decisiones tomadas en la Amazonía sin la participación de los indígenas, y contra la construcción del Complejo Hidroeléctrico del Xingú. El encuentro contó con la presencia de unas 3.000 personas, entre ellas 650 indígenas de diversas partes del país y del exterior, representantes de movimientos ambientalistas y sociales y medios de prensa nacional y extranjera.
Desde entonces y a lo largo de los años se sucedieron remodelaciones del proyecto, nuevos estudios de viabilidad, más EIAs, consultorías, audiencias públicas nada transparentes.
La resistencia respondió: se presentaron acciones civiles públicas para suspender las EIA, se elaboraron documentos, se organizaron debates, se enviaron cartas a la presidencia pidiendo la suspensión de las obras.
Pero en los últimos años, el Gobierno del ex Presidente Lula incluyó la obra de Belo Monte en su Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), como una de las prioridades. Eso motivó el Encuentro Xingu Vivo para Siempre, en 2008, que reunió a representantes de poblaciones indígenas y ribereñas, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, investigadores y especialistas. En 2009, el caso de Belo Monte se presentó en audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, en Washington, Estados Unidos.
En diciembre de 2009, diversos representantes de pueblos indígenas (Arara, Guarani, Juruna, Kaiapó, Xavante, Xipaia, Xicrin y Yanomami) lanzaron un manifiesto denunciando la indiferencia del gobierno federal. El texto hablaba de la lucha de 20 años de los pueblos indígenas contra el proyecto de Belo Monte, y concluía con el mensaje de que el río Xingú podría convertirse en un "río de sangre".
En febrero de 2010, el Ministerio de Medio Ambiente a través del órgano IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) concedió la licencia ambiental previa para la construcción de la planta, con 40 condicionantes, a partir de lo cual se intensifica el debate. El Movimiento Xingú Vivo - que reúne a más de 100 organizaciones en recia oposición a las hidroeléctricas en la cuenca de este río - y otras 40 organizaciones sociales elevaron un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las ONGs afirmaron en el documento que la licencia parcial de Belo Monte no tiene base legal y que fue otorgada sin cumplir con los requisitos establecidos por el IBAMA.
Un año después, en Febrero de 2011, IBAMA concede una licencia parcial para la construcción de las obras, la deforestación de 238,1 hectáreas de bosque y la apertura de claros y picadas en los rios Bacajá y Xingú.
Cabe resaltar que la figura de ‘licencia parcial de instalación’ no existe en la legislación ambiental brasileña, como señala un panel de especialistas que acompaña la discusión del proyecto. Y según comenta el procurador de la república Felicio Pontes Junior en el extracto de su artículo que figura a continuación, ésta es una más de las múltiples irregularidades e ilegalidades que acompañan la trayectoria de este mega-proyecto.
El 8 de febrero de 2011, más de medio millón de firmas contra el proyecto fueron entregadas al representante de la actual presidenta de la república. Contradictoriamente, el representante expresó su voluntad de querer “dialogar” con los representantes indígenas y otras dirigencias de la resistencia en la región, pero al mismo tiempo ejecutar la obra.
A continuación agregamos el extracto de un artículo del procurador de la república Felicio Pontes Júnior, publicado en su blog http://belomontedeviolencias.blogspot.com/, en el que comenta la licencia previa de 2010 y la reciente licencia de instalación parcial:
La Licencia Previa (LP) de Belo Monte fue concedida en febrero de 2010por el IBAMA con 40 condicionantes ambientales y 26 condicionantes indígenas . La LP no permite el inicio de la obra. Se trata de tan solo una licencia preliminar de planificación. A través de ella, el organismo que otorga la licencia dice que están aprobadas la localización y la concepción del emprendimiento. Para que la obra en sí pueda iniciarse es necesaria la obtención de otra licencia- la Licencia de Instalación (LI).
Para que el consorcio Norte Energia, formado a toda prisa en la víspera de la licitación de la central, pueda iniciar las obras es necesario que cumpla las condicionantes. Muchas de esas condicionantes son, en realidad, disputas no resueltas en la LP. La presión del gobierno para que se concediera la LP fue tan grande que los conflictos se transforman en condicionantes.
Y ahora ya no hay cómo patearlas para adelante.
Entre las 40 condicionantes ambientales se cita, a modo de ejemplo, la nº 09, que determina: (i) inicio de la construcción y reforma de equipamientos de educación/ salud en Altamira y Vitória do Xingu; (ii) inicio de las obras de saneamiento básico en esas localidades e; (iii) implantación de saneamiento básico en Belo Monte antes de la construcción de los alojamientos. El Ministerio Público Federal (MPF) tuvo acceso a documentos de esas intendencias que muestran que no se hizo nada hasta 2010.
Otra condicionante, esta vez la nº 5 relacionada con los indígenas, exige, entre otras medidas: (i) la demarcación física de las Tierras Indígenas Arara de Volta Grande y (ii) Cachoeira Seca; (iii) el relevamiento agrario y el comienzo del fin de la intrusión (retiro de no-indígenas) de la TI Apyterewa. Nada de eso se hace de la noche a la mañana. El propio MPF lo ha intentado desde hace décadas. Y todo es extremadamente necesario.
De hecho, incluso el Estudio de Impacto Ambiental hecho por Eletrobras y contratistas prevé que la migración de trabajadores en busca de empleo en la obra será de 100 mil. Considerando que la población actual de Altamira es de 94 mil, y que, como máximo, la obra generará aproximadamente 19 mil empleos - y recién en el tercer año, porque en los otros años ese número es menor - es fácil concluir que, además de la explosión demográfica, Altamira tendrá, como mínimo, 80 mil personas desempleadas.
Norte Energia intentó una maniobra para eludir el cumplimiento de las condicionantes. Pidió una licencia de instalación parcial para el cantero de obra. Eso no existe en la legislación brasilera. El cantero ya es la obra. ¿O alguien piensa que solo con el cantero no habrá migración?
En octubre de 2010, el equipo técnico del IBAMA dijo que no a esa maniobra, justamente por el incumplimiento de las condicionantes.
Y no se puede alegar que habrá compensación para las localidades afectadas con la liberación de más recursos públicos. ¿Esos recursos serían suficientes para la construcción y el mantenimiento de hospitales, escuelas y organismos del sistema de justicia y seguridad en una región que duplicará su población en el período de un año? ¿Esos recursos también duplican el presupuesto anual de Altamira? Está claro que no.
Lo que está ocurriendo no es diferente a un déjà vu. Nos quedamos con el caos social y los daños ambientales. Las multinacionales se quedan con la energía.