Las empresas de plantaciones de palma aceitera se vienen presentando a sí mismas como benevolentes donantes en medio de la crisis sanitaria, encubriendo las diversas tácticas que utilizan para lucrar o sacar provecho de la situación con Covid-19. Pero las comunidades siguen en pie de lucha por sus tierras. Estos son sus testimonios.
Las empresas de plantaciones de palma aceitera se vienen presentando a sí mismas como benevolentes donantes en medio de la crisis sanitaria, con campañas de marketing destinadas a los medios nacionales e internacionales. Esas campañas encubren el hecho de que estas empresas de plantaciones se disponen a lucrar o sacar provecho de la pandemia, ya sea socavando derechos laborales o exigiendo a los gobiernos nacionales que les ofrezcan planes de rescate económico y un tratamiento especial por ser una “actividad esencial”. Esto no es diferente en los países de África occidental y central donde operan dichas empresas.
A partir de 2013, la industria de la palma aceitera se focalizó en África occidental y central para iniciar una nueva ola de expansión de sus plantaciones industriales. En esa época, la superficie estimada de tierra otorgada en grandes concesiones a empresas de palma aceitera llegaba a unos 4 millones de hectáreas, especialmente en Camerún, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. (1)
Paralelamente, diversas organizaciones de base, grupos comunitarios y activistas de la región comenzaron a reunirse desde 2013 en Camerún, Gabón, Sierra Leona y Costa de Marfil, con la experiencia compartida sobre los efectos devastadores que esas plantaciones de monocultivo tienen sobre los medios de subsistencia y el bienestar de las comunidades. Comenzaron a discutir sobre cómo podrían organizarse y resistir mejor esta invasión. Este proceso desembocó en la creación de la Alianza informal contra la expansión de las plantaciones industriales de palma aceitera en África occidental y central.
La Alianza busca fortalecer la resistencia de las comunidades frente a las plantaciones industriales y defender sus territorios contra la expansión de ese monocultivo. Parte integral en esta resistencia es el apoyo de la Alianza a las luchas comunitarias para recuperar sus tierras así como el compromiso de garantizar espacios seguros para las mujeres para discutir sobre los impactos específicos de las plantaciones industriales de palma aceitera sobre sus vidas, y la participación de las mujeres tanto en la lucha como en la Alianza. La Alianza defiende el uso tradicional de la palma aceitera, así como la importancia de los bosques y las sabanas para el bienestar de las comunidades.
Durante estos años de trabajar conjuntamente, los miembros de la Alianza han discutido y aprendido unos de otros sobre las numerosas tácticas que emplean las empresas palmícolas para perpetrar actividades ilegales y opresivas con el fin de imponer y desarrollar sus operaciones. (2) Las mujeres de la Alianza en particular han compartido historias y llamado la atención sobre el aumento de la violencia sexual, maltratos y abusos a los que se enfrentan mujeres y niñas. Esta realidad desastrosa de las plantaciones industriales de palma aceitera pasa generalmente desapercibida. (3) Hoy en día, la superficie de tierras bajo concesión a empresas industriales de palma aceitera se ha reducido a cerca de 2,5 millones de hectáreas. La fuerte resistencia comunitaria es un factor clave en los fallidos intentos de las empresas de ocupar una mayor extensión de las tierras que los gobiernos ya habían prometido reservar para plantaciones industriales de palma aceitera.
Bajo este contexto, el WRM le preguntó a organizaciones y activistas involucrados en la Alianza informal cómo se había desarrollado la situación dentro y alrededor de las plantaciones industriales de palma aceitera desde el inicio de la pandemia de Covid-19, con la implementación las llamadas “medidas de emergencia” por parte de los gobiernos de la región. Este artículo destaca sus experiencias. Los testimonios presentados son anónimos por razones de seguridad.
En Costa de Marfil, las plantaciones de palma aceitera de la sociedad PalmCi (filial del grupo SIFCA) están situadas en el departamento de Aboisso. La empresa despidió a varios miembros de la comunidad sin notificación previa, utilizando las medidas de confinamiento como justificación. Los trabajadores que no fueron despedidos no están recibiendo ningún equipo de protección para disminuir el riesgo de propagar o contraer la enfermedad. Una mujer de la región describe así la situación: “Los lugareños están abandonados a su propia suerte, porque esa empresa no les provee de accesorios de protección. La situación es difícil para las comunidades que viven alrededor y dentro de las plantaciones industriales.”
Otra mujer se refirió a la situación preocupante con respecto al acceso al agua: “Conseguir agua potable en Yapokro es absolutamente imposible. La situación en la que vivimos viene sucediendo desde hace siglos, y nadie hace nada, a pesar de la presencia de la empresa PalmCi. Ahora con el Covid-19 puedo decir que la situación es todavía más inquietante, dado que bebemos la misma agua que los animales que andan por todos lados buscando comida. La peor parte de todo esto es el agua que PalmCi nos envía una o dos veces por semana, porque divide a la aldea para distribuirla. El agua nos llega en camiones cisterna muy sucios y no es apropiada, ya que nos da picazón en todo el cuerpo después del baño. Ese mismo camión cisterna abastece a las plantaciones. Puedo decir entonces que la población de Yapokro no estaba segura antes, y no está segura ahora frente al Covid-19. Es desalentador ver a mujeres y niños buscar agua mañana y tarde. Los intentos para que PalmCi nos envíe agua fueron vanos, me lo dijo el jefe de la aldea, que realizó varias quejas sin resultado, o a veces con promesas que nunca se cumplieron. La respuesta que recibo es siempre la misma: es el consejo regional quien debería encargarse de esto y no PalmCi, que es sólo una empresa. Cuando llueve, toda la aldea se regocija porque las mujeres van a juntar agua de lluvia que les servirá para las tareas domésticas y otros usos. La vida cotidiana de los vecinos de Yapokro es alarmante, y ellas no hacen más que buscar una salida al lanzar un pedido de auxilio por medio de mi voz.”
Las mujeres que participan en las actividades de la Alianza se han estado enfocando en el abuso del que son víctimas las mujeres a causa de las plantaciones. Se han enfocado en particular en la violencia a las que se ven sometidas las mujeres que producen aceite de palma tradicional, ya que son acosadas e intimidadas constantemente por guardias de la empresa.
Dos mujeres fueron arrestadas recientemente en Costa de Marfil, supuestamente por haber robado frutos de palma. Trabajaban para la empresa y fueron despedidas debido a la crisis del Covid-19. Su arresto se produjo ese mismo día. Según una de las mujeres arrestadas, un agente de seguridad de la empresa las vio. “Me agarró por las colas, me arrastró un largo trecho maltratándome, y luego cortó una rama para golpearme”, declaró la mujer. “Lo raro es que ese agente de seguridad conoce a nuestros maridos, fue a las casas para pedir perdón a cada uno de ellos por su comportamiento, y aparentemente desearía que el caso no se diera a conocer, que quedara entre ellos. Yo le pregunté qué se reprochaba él.” Las mujeres fueron puestas en libertad, pero como madres de seis y cuatro hijos, se enfrentan ahora a una situación trágica. “Esta pandemia nos perjudica mucho. PalmCi es insensible y no hace nada en absoluto, salvo despidos injustificados. El Covid-19 y PalmCi son un cáncer para las comunidades de la región.”
En Gabón, una empresa público-privada, que reúne a la multinacional agroalimentaria OLAM y al gobierno gabonés, comenzó en 2012 a realizar plantaciones industriales en tierras que el gobierno le concedió gratuitamente. De las diversas plantaciones creadas hasta hoy, 6 bloques son plantaciones de palma aceitera y uno es una plantación de árboles de caucho. Desde que OLAM ocupó tierras y bosques comunitarios, los conflictos entre las personas y los animales empeoraron. Como los bosques y las sabanas han sido convertidos en plantaciones industriales, los elefantes invaden ahora los cultivos de los lugareños.
Un activista gabonés explicó cómo afectaron las medidas tomadas por el gobierno contra el Covid-19 a los trabajadores. “Hay empleados que a veces no podían ir a trabajar porque la cantidad de personas autorizadas a subir al vehículo era muy limitada. Así, los que no lograban subir recibían salarios más bajos. Y ahora, la última noticia de la dirección laboral provincial es que hay cerca de 1.000 empleados, principalmente trabajadores agrícolas, que van a perder sus puestos. O sea que OLAM está aprovechando la situación de crisis para deshacerse de esos empleados y pasarlos a los subcontratistas. Y desgraciadamente, a los subcontratistas los tratan todavía peor. Ya con OLAM el trato no era como debía ser [...], ¡y con los subcontratistas es peor aún! Es realmente preocupante. Ahora bien, nosotros sabemos que debido a la pandemia, el Estado tomó algunas decisiones, algunas medidas para apoyar a las empresas que tendrán problemas. Pero OLAM está yendo más allá de todo eso. Y la consecuencia es que se van a perder puestos de trabajo para favorecer a los subcontratistas, que tratan peor a los trabajadores.”
Ya antes de la pandemia, las poblaciones que viven en torno a las plantaciones de palma aceitera de OLAM denunciaban la falta de cumplimiento de las promesas y acuerdos sobre proyectos sociales que la empresa hizo con estas comunidades. El activista gabonés prosiguió: “Hay comunidades que, desgraciadamente, carecen de agua. Hay comunidades en las que OLAM había hecho construir pozos para agua. Pero lamentablemente esos pozos ya no funcionan, las bombas no funcionan. Algunas funcionaron durante un mes, dos meses, y luego se detuvieron. Y las poblaciones sufren la carencia de agua, que es crucial, puesto que sabemos que, entre las medidas para prevenir el Covid-19, está el lavarse las manos, con agua limpia, por supuesto. En cuanto a los dispensarios, fueron construidos sin que hubiese medicamentos, por lo tanto, no tenemos medicamentos. Eso significa que si hay un caso positivo o alguien se enferma, las poblaciones sólo tendrán tratamientos tradicionales. Y, además, hablando de tratamientos tradicionales, dado que muchas comunidades perdieron sus montes, ya no tienen acceso al bosque, pues bien, la cosa va a ser difícil. Sin atención sanitaria, sin bosques, ¿cómo van a tratarse? Va a ser muy difícil para ellas.”
Dos grandes empresas operan en Nigeria, donde algunas comunidades son expulsadas, hostigadas y arrestadas, y sus derechos gravemente cuestionados debido a la conversión de tierras agrícolas y bosques en plantaciones de palma aceitera. Wilmar, una de las sociedades de plantación más grandes del mundo, posee más de 100.000 hectáreas en el Estado de Cross River, mientras que Socfin opera en el Estado de Edo.
Socfin es un conglomerado empresarial con base en Luxemburgo, perteneciente a dos adineradas familias europeas: Hubert Fabri (Bélgica) y Vincent Bolloré (Francia). La empresa controla 400.000 hectáreas de tierras en total en 10 países africanos. En Nigeria, el grupo Socfin posee la empresa Okomu Oil Palm Company (OOPC), que controla 33.000 hectáreas. (4)
El 20 de mayo de 2020, en plena pandemia, algunos habitantes del reino de Okumu vieron a agentes de la Okumu Oil Palm Company incendiar sus casas. Era la cuarta vez que se incendiaba una aldea para la expansión de las plantaciones de la empresa. En esa ocasión, más de 80 personas se quedaron sin techo y debieron buscar refugio en las comunidades e iglesias vecinas. Esto las expuso a su vez a riesgos sanitarios aún más graves en el contexto de la pandemia. Un lugareño explicó, “En varias ocasiones, [los guardias de] seguridad de la empresa vinieron a hostigarnos, y también nos acusaron de haber robado frutos de palma pertenecientes a la empresa. En otras ocasiones, los agentes de Asemota, principal proveedor de servicios de seguridad, vinieron a la aldea a amenazarnos diciéndonos que se iban a ocupar de nosotros antes de que esto llegara a una manifestación”. Un niño lugareño de 16 años declaró: “Me desperté esa mañana, y fui al río para revisar mi anzuelo de pesca. Antes de comprender lo que pasaba vi llegar a guardias dela empresa OOPC y soldados. Venían disparando armas de fuego, por lo que corrí al monte. Luego incendiaron nuestra casa, quemaron todos mis libros de estudio, mi uniforme escolar y otras pertenencias. La única ropa que me queda es la que llevo puesta. Hagan venir gente que nos ayude.” Los personas afectadas no pueden siquiera ir a la ciudad para presentar una denuncia a causa de la prohibición de desplazamiento que conllevan las medidas de emergencia impuestas por el gobierno. (5)
En Ghana, las plantaciones industriales de palma aceitera de Socnaf (otra empresa perteneciente a Socfin) afectan a nueve comunidades. La empresa afirma que adquirió derechos de concesión sobre 17.000 hectáreas, pero las comunidades afirman que ocupó más tierras. Un activista ghanés declaró que “desde hace 6 años, Socfin emplea a numerosos miembros de la comunidad como trabajadores temporales. La empresa creó un sistema, pues los contrata por 3 meses, luego renueva el contrato por otros 3 meses, luego otros 3 meses, siempre como trabajadores temporales. Y así es desde hace 6 años. En Ghana, si una empresa contrata a alguien por más de 3 meses, ese trabajador deja de ser temporal y se convierte en trabajador permanente. Ahora llega el Covid-19. Ya que la empresa debe respetar el distanciamiento social, Socfin despidió, o más bien saqueó, a todos los trabajadores temporales, sin previo aviso, sin pagarles nada. Yo fui testigo personalmente. Yo estaba ahí.” Al mismo tiempo, el mismo activista condena el uso de tácticas violentas y de intimidación por parte de los guardias de seguridad de la compañía. Dijo, “un joven de la comunidad Adanse, una de las comunidades más afectadas debido a las plantaciones, fue a pescar más allá de la concesión de la compañía; vio su moto incautada y rota por los guardias de seguridad. El asunto está en la corte local en este momento.”
En Camerún, Socapalm (también perteneciente a Socfin) es una de las principales empresas de plantación de palma aceitera del país. Con sus diferentes concesiones ocupa 50.000 hectáreas en total. Algunas comunidades están completamente rodeadas por las plantaciones de Socapalm, y los lugareños ya no disponen de tierra alguna para producir sus alimentos. Las plantaciones de la empresa han invadido incluso los cementerios. Debido a las dimensiones de las zanjas excavadas por la empresa alrededor de las plantaciones, muchos aldeanos deben recorrer más de 7 km a pie para llegar a un campo donde pueden cultivar alimentos. Si alguien recoge un fruto de palma caído del camión de Socapalm, se arriesga a ser arrestado.
La denuncia de las violencias sufridas por las mujeres que viven cerca de las plantaciones de Socapalm, y la sensibilización sobre este problema, han constituido un desafío importante para las mujeres camerunesas que participan en la Alianza informal. Ellas documentaron varios casos y los presentaron en las oficinas de Socfin, en Camerún y en Suiza, pidiéndoles que actuaran y se aseguraran de que las mujeres dejasen de estar expuestas a la violencia sexual dentro o alrededor de las plantaciones de la empresa.
Durante este período de Covid-19, muchos trabajadores fueron enviados a sus casas sin remuneración ni indemnización, en especial los que sólo tenían un contrato temporal. Los que no han sido despedidos por la empresa son transportados en vehículos repletos de empleados, sin ninguna protección personal. En algunos casos, los trabajadores van y vienen todos los días entre las plantaciones y grandes ciudades como Douala, en Camerún. Eso implica riesgos para los trabajadores, sus familias y los habitantes de las comunidades. (6)
Incluso bajo circunstancias “normales”, a los trabajadores y los pueblos afectados por las plantaciones de Socfin en Nigeria, Camerún y Ghana les resulta difícil sobrevivir. Ven que las empresas pisotean sus derechos y les niegan el acceso a la tierra de la que dependen para subsistir. Con la pandemia de Covid-19, la situación se ha vuelto absolutamente insoportable para muchos, mientras que, sólo en 2019, los principales accionistas y administradores de Socfin se otorgaron dividendos por 30 millones de euros, sobre una ganancia neta de 47 millones. (7)
En la República Democrática del Congo, en medio de la pandemia de Covid-19, los controversiales derechos de concesión sobre más de 100.000 hectáreas que posee la sociedad congolesa Plantations et Huileries du Congo (PHC) están siendo cedidos a una turbia empresa suscrita en el paraíso fiscal de la isla de Mauricio. Las comunidades de la República Democrática del Congo sostienen que el propietario actual de PHC, la sociedad canadiense Feronia Inc y sus predecesoras de la época colonial, Unilever y Levers Brohers, adquirieron los derechos de concesión ilegalmente, porque las comunidades nunca consintieron que las empresas industriales de plantación de palma aceitera les robaran sus palmares. Además, los trabajadores de las plantaciones de la empresa trabajaron duramente en condiciones atroces y por remuneraciones inferiores al salario mínimo. Hace apenas unos meses, en Boteka, uno de los tres lugares donde la empresa tiene sus plantaciones, varias de las casas que la empresa le da a los trabajadores se derrumbaron. Los conflictos han sido numerosos y fatales; la última víctima fue un activista comunitario que un agente de seguridad de la empresa mató en 2019.
Un militante de la República Democrática del Congo explicó que la empresa aprovecha la pandemia de Covid-19 para “jubilar a muchos de los trabajadores de las plantaciones, sin liquidación final”. Mientras la empresa le paga millones en salarios a sus equipos de administración ubicados en Europa y en Kinshasa, esta pretende no estar en condiciones de pagar los últimos salarios a los trabajadores que se jubilan por no haber fondos previstos para ese fin.
Las comunidades de la región de Basoko ubicadas en la plantación Lokutu dieron un paso importante hacia la recuperación de sus tierras ancestrales a principios de 2020, cuando comenzaron a retomar el control de algunas partes de su territorio. Cuando la empresa volvió a retrasar el pago de salarios y a restringir la disponibilidad de aceite de palma en las aldeas rodeadas por sus plantaciones, encubriéndose con las medidas relacionadas a la pandemia de Covid-19, las comunidades comenzaron a tomar las riendas de la producción de aceite de palma e introdujeron sistemas tradicionales y artesanales de cosecha y de fabricación del aceite. Desde entonces, en esas zonas las condiciones laborales son mucho mejores que cuando las administraba Feronia. Además, como las costosas oficinas de la empresa en Kinshasa y Londres no intervienen en este proceso, todo el beneficio generado por este trabajo permanece en las comunidades. Un responsable comunitario de la operación declaró: “Al acceder a esas tierras, estamos en condiciones de retomar nuestra producción de aceite de palma, que la colonización había interrumpido violentamente. Desde el principio de esta semana ya vendí, yo solo, 15 barriles de aceite, lo cual me genera una ganancia de 300.000 francos congoleses (150 dólares). Esa suma es siete veces superior a lo que podría ganar trabajando muy duramente para la empresa durante todo un mes.” (8)
(1) GRAIN, Comunidades africanas luchan contra el acaparamiento de tierras para el cultivo de palma aceitera, setiembre 2019
(2) La Alianza informal, WRM y GRAIN, Prometer, dividir, intimidar y coaccionar: 12 tácticas utilizadas por empresas de palma aceitera para apropiarse de tierras comunitarias, 2019
(3) La Alianza, Romper el silencio: hostigamiento, violencia sexual y abuso contra mujeres dentro y alrededor de plantaciones de caucho y palma aceitera, 2019
(4) GRAIN, Unravelling the Socfin/Bolloré plantations, thanks to Profundo, Abril 2020
(5) Farmlandgrab, Another terror attack on local communities by Okomu Oil Palm Plantation Plc, junio 2020
(6) Farmlandgrab, We demand justice and safety for workers on Socfin’s rubber/oil palm plantations during the Covid-19 pandemic abril 2020
(7) GRAIN, "Business as usual" at Socfin and Bolloré..., mayo 2020
(8) DR Congo: Communities take back control over land stolen from them and urge the oil palm company Feronia to confirm their announcement to “abandon” the land, junio 2020