El WRM lleva años advirtiendo que en Brasil hay muchas plantaciones de monocultivos certificadas establecidas en tierras cuyos títulos fueron obtenidos en forma fraudulenta. En este artículo se trata el caso de dos empresas que operan en la región amazónica: Agropalma y Jari Florestal.
El WRM lleva años advirtiendo que en Brasil hay muchas plantaciones de monocultivos certificadas establecidas en tierras cuyos títulos fueron obtenidos en forma fraudulenta. Este artículo trata el caso de dos empresas que operan en la región amazónica: Agropalma y Jari Florestal. Ambas obtuvieron la certificación de sus plantaciones a pesar de haber tenido que declarar ante la Justicia en procesos judiciales por el delito de haber fraguado títulos de tierras. En el caso de Agropalma la certificadora fue la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés), y en el caso de Jari Florestal, el Consejo de Administración Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (1).
La historia de Brasil está marcada por expulsiones violentas y masivas de comunidades indígenas, tradicionales y campesinas de sus tierras. Una práctica recurrente de los latifundistas para poder convertirse en “propietarios” de las tierras de estos pueblos es la producción de documentos falsos, que se conoce como grilagem (“grillaje”) de tierras (2). Esta práctica ayudó a que hoy Brasil sea considerado uno de los países con la distribución de tierras más desigual del planeta.
Al otorgar sus sellos, las certificadoras se vuelven cómplices de este proceso de expropiación y violencia, dando un viso de legalidad a la situación de las empresas respecto de las tierras.
El caso de Agropalma
Agropalma es una de las principales empresas de monocultivos de palma aceitera de Brasil. Sus plantaciones llegan a ocupar cerca de 39 mil hectáreas en el estado de Pará. Según su sitio en internet, la empresa posee varios sellos de certificación, “fundamentales para mantener su credibilidad en el mercado” (3). Entre ellos está el de la RSPO, obtenido en 2013 y que abarca toda la superficie plantada de Agropalma (4).
Agropalma también participa de una sociedad llamada Grupo Innovador de la Industria del Aceite de Palma, creada en conjunto con organizaciones no gubernamentales como el WWF, Greenpeace y el Programa por los Pueblos de los Bosques (FPP) “para intensificar y mejorar los principios y criterios de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO)” (5).
Sin embargo, en el estado de Pará la Policía Federal investiga a Agropalma desde el año 2016 por un supuesto plan delictivo. Funcionarios de la empresa habrían producido y utilizado documentos falsos ante organismos públicos para la regularización de las tierras y el posible acceso a recursos de financiamiento público en detrimento de los moradores que allí vivían.
En marzo de 2018 se cumplieron las órdenes de prisión temporal de cuatro personas directamente involucradas en el plan, incluyendo a un funcionario de Agropalma, y de búsqueda y requisa de materiales de la empresa. Según el funcionario responsable de la investigación, “Hay indicios que apuntan a que se trata de un caso de grilagem, (…). La verdadera beneficiaria del plan delictivo es Agropalma”. El funcionario afirmó también que “Ellos iban hasta un estudio notarial en Belén [la capital del estado de Pará], hacían una escritura falsa; toda una cadena falsa que terminaba siempre en la empresa, como si la tierra, después de todas esas ventas, fuera finalmente vendida a la empresa. Después volvían al municipio en cuestión y restauraban libros supuestamente extraviados” (6).
Según la investigación, una resolución del Tribunal de Justicia de Pará autoriza que un libro de escrituras extraviado pueda ser restaurado en caso de que el interesado tenga un indicio documental. Mediante este artificio, Agropalma estaría llevando a cabo esa restauración basándose en documentos falsos, poniendo las tierras a nombre de la empresa y aumentando su superficie. Luego iniciaba el proceso de regularización de tierras en los organismos públicos.
En agosto de 2018 el Ministerio Público del estado de Pará interpuso una Acción Civil Pública donde requiere, entre otras providencias, la nulidad y cancelación de los registros inmobiliarios de dos haciendas, Roda de Fogo y Castanheira, que en conjunto abarcarían más de 9.501 hectáreas, lo que equivale a casi 9.000 canchas de fútbol. Ambas habrían sido adquiridas por Agropalma mediante registros falsos realizados en una notaría ficticia de la ciudad, y estaban tramitándose en el Instituto de Tierras de Pará (Iterpa) (7).
El caso de Jari Florestal
En 1967 el millonario norteamericano Daniel Ludwig pagó tres millones de dólares a la dictadura militar brasileña para controlar nada menos que 1,6 millones de hectáreas de bosques en el norte del país, en una región llamada Vale do Jari, entre los estados de Pará y Amapá.
Su emprendimiento inició una gran deforestación para establecer monocultivos de un árbol exótico de Indonesia llamado Gmelina arbórea con el fin de producir celulosa. Con financiamiento público del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES), Ludwig encargó una fábrica de celulosa que le fue traída por mar desde Japón.
El emprendimiento atrajo a miles de personas a la región. El núcleo urbano de Monte Dourado, en el municipio de Almeirim, en Pará, se convirtió en el centro del proyecto. Después de haber plantado 64.000 hectáreas de Gmelina, el emprendimiento se volcó a las plantaciones de pinos, a causa del ataque de hongos, y más tarde al eucalipto. En 1982, debido a que se encontraba en una grave crisis financiera y a las crecientes críticas sobre el apoyo de los militares al empresario extranjero, Ludwig vendió su empresa a un consorcio de 23 empresas brasileñas. La venta se llevó a cabo con dinero público (8).
En el año 2000 el emprendimiento empezó a ser controlado por el grupo ORSA, que en 2003 creó ORSA Florestal para dedicarse a la actividad maderera. En 2004 la entonces ORSA Florestal obtuvo el sello del FSC, a través de la empresa certificadora SCS, para manejo forestal de 545.000 hectáreas. Paralelamente la empresa consiguió también el sello del FSC para las plantaciones de árboles para celulosa (9).
En 2013 el emprendimiento comenzó a llamarse Grupo Jari, en tanto ORSA Florestal se volvió Jari Florestal (10). En 2014 el manejo forestal de la empresa, ahora Jari Florestal, fue re-certificado para una superficie total de 715.665 hectáreas, de las cuales 666.100 son para madereo, con una tasa de recolección prevista de 30 m3/hectárea/año, destinada principalmente a la exportación (11). En su informe de 2014, SCS afirma que “la empresa posee documentación legal de la propiedad de las tierras con alcance de certificación, de fe pública, tanto para las áreas en el estado de Pará como en el estado de Amapá” a nombre de la empresa Jari Celulose, perteneciente al Grupo Jari.
SCS afirma también que “la legitimidad de esa documentación fue verificada a través de consultas a los organismos competentes”. Aun así, SCS admite que en su primera evaluación de certificación en 2003/2004 ya había identificado el problema de la falta de regularización de las tierras de las comunidades que viven en la zona de Jari. En aquel momento SCS solicitó a la empresa que elaborase un plan para la regularización de los moradores con derecho a posesión, pero entre 2004 y 2013 hubo una serie de problemas que dificultaron la ejecución del plan. Afirmando siempre que “la empresa posee la documentación legal y legítima”, SCS alega que los problemas fueron causados por supuestos “invasores” en las tierras de la empresa y que por eso Jari habría promovido procesos judiciales de reintegración de posesión contra esas personas.
SCS pone a Jari como la víctima del embrollo de tierras. Cuando alega que “Jari Florestal no puede ser culpada, mucho menos castigada, por los aciertos y errores en el pasado del ‘Proyecto Jari’”, está sugiriendo que la empresa no tiene responsabilidad alguna por los problemas de tierras existentes. Y que “si cumple las normas del FSC sí está calificada para tener y mantener la certificación, como ha hecho a lo largo de estos nueve años” (12).
Quizás sea por eso que la SCS ignoró por completo en su informe dos procesos judiciales que ya estaban en ejecución y que contradicen sus afirmaciones sobre la supuesta legalidad de la documentación de las tierras de Jari Florestal.
El primero es una acción de 2005 iniciada por el gobierno del estado de Pará donde se pide que se declare que Jari florestal no es propietaria de las tierras que pretende legitimar ante el Instituto de Tierras de Pará (13). En esa acción, el procurador del estado de Pará cuestiona la supuesta propiedad del grupo Jari sobre el terreno que en el pasado fue la Fazenda Saracura, una estancia con una superficie de 2,6 millones de hectáreas. Según afirma un estudio histórico, “las circunstancias en las cuales [el supuesto dueño, en torno a 1882] obtuvo esas áreas están rodeadas de relatos de fraudes electorales y en los registros notariales de la región, iniciándose así una complicada situación de tierras que hasta ahora no tiene solución” (14). Por eso, el corregimiento del Tribunal de Justicia del estado de Pará promovió la cancelación de matrículas, transcripciones, registros y notas marginales constantes sobre la Fazenda Saracura, “(...) con el fin de evitar la legitimación de lo que hizo Jari transformando ‘con un pase de magia’ la Fazenda en propiedad”, como afirma el procurador en la acción de 2005.
La segunda acción de 2011 se tramita ante la Justicia Federal de Pará en base a una denuncia del Ministerio Público Federal contra el director del Grupo Jari, quien habría incurrido en el delito de falsedad ideológica en la presentación de títulos de tierras para conseguir autorización para explotar la madera nativa. Este plan de manejo forestal de Grupo Jari se presentó ante el organismo ambiental federal IBAMA en 2001 para conseguir la autorización para comenzar el madereo. El Ministerio Público Federal inició la acción en 2005 a partir de sospechas por parte de IBAMA de fraude en los documentos (15).
La certificación FSC de Jari Florestal está suspendida desde 2017, pero no por la cuestión de tierras (16). La decisión fue tomada por la SCS en base a una auditoría especial realizada en 2015 después de que una operación del IBAMA multó a la empresa con seis millones de reales por irregularidades en el manejo forestal que apuntaban a la comercialización ilegal de la madera. Debido a la falta de cooperación de la empresa en la investigación de la certificadora, SCS decidió suspender el sello. (17)
De acuerdo con noticias de la época publicadas en la prensa, también las “quejas de los trabajadores y (…) violencia contra las comunidades tradicionales” habrían pesado en la decisión (18). En su último informe, disponible en el sitio del FSC, SCS informa que se mantiene la suspensión. Puesto que las irregularidades ocurrieron fuera del área certificada por el FSC, SCS sugiere que corresponde al FSC Internacional decidir si mantiene a Jari Florestal como afiliada o no (19). Hasta el momento, Jari sigue siendo miembro del FSC.
Consideraciones finales
Una táctica de las empresas para camuflar ilegalidades es buscar mecanismos que puedan dar fe de la legalidad de sus prácticas. El FSC y la RSPO parecen encajar en esta lógica. Más aun cuando las certificadoras terminan haciendo un gran favor a la empresa al aceptar como legales sus títulos de tierras mientras ignoran por completo las denuncias de las comunidades y el trabajo de años de investigaciones y acciones judiciales llevadas a cabo por las autoridades competentes. El Ministerio Público del estado de Pará, dejando ver que es consciente de esa táctica, incluyó en la acción legal iniciada contra Agropalma que, considerando las irregularidades, la empresa deberá abstenerse de mostrar en sus piezas publicitarias el Certificado “8-0090-08-100-00” otorgado por la RSPO (20).
En el caso de Jari Florestal, la empresa encontró también en la certificación, en este caso el FSC, una aliada estratégica. El caos ambiental y social generado por el emprendimiento en la región debería de por sí haber evitado que se le otorgase cualquier sello de sustentabilidad que pudiera darle mayor importancia económica y credibilidad en los mercados consumidores de madera. Nada de eso ocurrió. El emprendimiento no solamente consiguió el sello sino que encontró en la certificadora una aliada para “resolver” sus grandes problemas de tierras. Mientras que los problemas quedaron sin solución, la empresa, consiguió vender su madera como certificada en los mercados internacionales entre 2004 y 2015, hasta que la operación del IBAMA desencadenó la suspensión del sello. Incluso así el FSC mantiene a Jari Florestal entre sus afiliados.
Un grupo de varias comunidades tradicionales, prácticamente ignorado por la certificadora del FSC, está empeñado desde hace años, a pesar de las presiones que ha sufrido, en luchar por la recuperación de sus tierras, no como lotes individuales sino como territorios colectivos reconocidos por los organismos oficiales. Buscar la titulación colectiva ha sido la principal estrategia que las comunidades tradicionales de todo el país han encontrado para luchar por la justicia y la reparación de violaciones históricas, para poder resistir el avance a pleno vapor del latifundio en Brasil y garantizar su futura supervivencia, tanto física como sociocultural.
Finalmente hay que agregar que Jari Florestal también está involucrado desde 2010 en un proyecto REDD+, junto con la empresa Biofílica, como otra forma de lucrar. El REDD+ es un mecanismo de pagos por reducción de la deforestación. Convenientemente, la línea de base para el proyecto REDD+ del Grupo Jari fue establecida entre 2000 y 2010, excluyendo así la historia del emprendimiento maderero a gran escala, sin mencionar la degradación forestal de los últimos 15 años ocasionada por la extracción de madera. Jari ya ganó dinero con el proyecto REDD+, vendiendo 200.000 créditos de carbono. Lo que llama la atención es que, también en la esfera del proyecto REDD+, los integrantes de las comunidades hayan presentado la misma reivindicación de regularización de su territorio. No sorprende que también este proyecto resultó en otra certificación para Jari Florestal en 2013, en este caso por el sistema de certificación llamado VCS (Verified Carbon Standard, norma verificada para el carbono) para proyectos del tipo REDD+ (21). Según la base de datos del programa VCS, esta certificación sigue estando válida (22).
Winnie Overbeek
Secretariado Internacional del WRM
(1) Para más información, véase aquí.
(2) La práctica conocida como grilagem de tierras tiene como objetivo transferir tierras públicas para el dominio privado utilizando documentos públicos de posesión o propiedad falsificados (TRECCANI, 2001); esa acción implica un conjunto de delitos asociados como malversación de fondos, asociación para delinquir, malas prácticas administrativas y enriquecimiento ilícito. En la mayoría de los casos esta práctica está asociada con actos de violencia, pues las tierras en cuestión están ocupadas por pueblos y comunidades tradicionales o agricultores familiares (SIDALC, BDAGBAMB), que son expulsados por orden judicial o por milicias armadas. (TRECCANI, Girolamo Domenico. Violência e grilagem: instrumentos de aquisição da propriedade da terra no Pará. UFPA, ITERPA, 2001; y SIDALC, BDAGBAMB. O livro branco da grilagem de terras no Brasil. P. imprenta: Brasilia, DF (Brasil). nd. 41 p.)
(3) www.agropalma.com.br
(4) https://rspo.secure.force.com/membership/servlet/servlet.FileDownload?retURL=%2Fmembership%2Fapex%2FRSPOCertSearch&file=00P9000001KQ4JEEA1
(5) https://wrm.org.uy/pt/artigos-do-boletim-do-wrm/secao1/brasil-discurso-da-inovacao-contrasta-com-a-realidade-da-vida-em-condicoes-analogas-a-escravidao-de-trabalhadores-empregados-por-um-dos-fornecedores-da-agropalma/
(6) https://g1.globo.com/pa/para/noticia/operacao-da-pf-investiga-fraudes-em-documentos-de-regularizacao-fundiaria-no-para.ghtml
(7) https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=Noticia.show&id=1697&oOrgao=94
(8) https://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/04/Pulping_the_South.pdf y http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/projeto-jari
(9) http://www.inesgodinho.com.br/pdfs/RS_Orsa_2010.pdf
(10) El Grupo Jari se compone además de Jari Celulose, que maneja las plantaciones para celulosa, en su mayoría de eucaliptos, Ouro Verde Amazônia, enfocada en productos no madereros, y la Fundação Jari, que realiza proyectos sociales en las comunidades para “mitigar los impactos negativos de la empresa”. Ver aquí.
(11) https://br.fsc.org/preview.fmpubjariflorestal071614port.a-611.pdf
(12) Ibid
(13) Acción declaratoria de inexistencia de dominio e imposibilidad de reconocimiento de dominio fuera de la vía administrativa, con pedido de medida provisoria. Belén, 21/09/2005. Ibraím José das Mercês Roch, procurador del Estado de Pará, coordinador de la Procuraduría de Tierras (Procuradoria Fundiária), distribuida en conexión con el proceso 2004100356-1
(14) FOLHES, Ricardo; CAMARGO, Maria Luiza. LATIFÚNDIO. Conflito e desenvolvimento no Vale do Jari: do aviamento ao capitalismo verde. Agrária (São Paulo. Online), n. 18, p. 114-140, 2013.
(15) Investigación Policial (Policía Federal de Santarém: Número: 192/2004-DPF/SNM/PA) y Proceso en el Tribunal Federal de Santarém (Vara Federal de Santarém: No. 423-06.2012.4.01.3902).
(16) https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV5xAAE&type=certificate
(17) http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000evgxOEAQ
(18) https://www.celuloseonline.com.br/fsc-suspense-certificacao-da-jari/
(19) http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000evgxTEAQ
(20) https://www2.mppa.mp.br/sistemas/gcsubsites/index.php?action=Noticia.show&id=1697&oOrgao=94
(21) https://redd-monitor.org/2015/12/17/the-jari-amapa-redd-project-brazil-greenwashing-illegal-logging-a-pulp-mill-and-a-48-year-old-land-grab/
(22) https://www.vcsprojectdatabase.org/#/projects/st_/c_BR/ss_0/so_/di_/np_