Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

El PSA convertido en permiso de destrucción ambiental

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INDICE

  • Introducción
    – Recuadro: ¿Qué se comercializa en los mercados de servicios ecosistémicos?
  • Del PSA al pago de compensación por servicios ambientales
    – Diversos tipos de PSA
    – Del simple comercio a complejas transacciones financieros
    – Distinguir las diferencias
  • Por qué esas diferencias cuentan
  • Algunos promotores clave del PSA
    – Instituciones multilaterales
    – Empresas multinacionales
    – Recuadro: Compensaciones de carbono de Madagascar para Air France
    – ONG conservacionistas
    – Fondos de inversión especializados y creadores de mercado
    – Universidades y consultorías
  • Siguiéndole la pista a los fracasos del PSA
    – El PSA para compensación de biodiversidad progresa a toda marcha a pesar de un historial de fracasos
    – Por qué el comercio de servicios ambientales agravará las injusticias ecológicas y socioeconómicas
    – Los derechos comunitarios sobre el territorio – desde el acceso hasta el uso – se vuelven aún más precarios
    – Los contratos de compensación representan un gran riesgo para el estilo de vida tradicional de las comunidades
  • El lucro de la destrucción
    – El comercio de servicios ecosistémicos necesita que la destrucción continúe porque sin ella no habría nada que “compensar”
    – Derechos de la naturaleza versus permisos de destrucción
    – El PSA como forma de despolitizar la lucha por un nuevo modelo económico y de desarrollo
  • Movilizarse para decir NO al comercio de servicios ecosistémicos

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  • Introducción

Este boletín complementa los números 175 (febrero de 2012) y 181 (agosto de 2012) sobre La financierización de la naturaleza y el pago por servicios ambientales. Dichos boletines trataban sobre el desarrollo del concepto de “pago por servicios del medio ambiente” y sobre el papel y el contenido de algunos estudios importantes que los defensores de la idea citan a menudo, como Evaluación de los ecosistemas del milenio (EM) y Economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB). Estos dos estudios en particular fueron esenciales para difundir en los últimos años el concepto de PSA, y contribuir a crear el espacio político necesario para hacerlo avanzar a nivel internacional. Hoy en día, las agencias de la ONU, la industria, los economistas, y un número cada vez mayor de consultores y ONG conservacionistas aprovechan este espacio para recordarnos que el mantenimiento de funciones tales como la filtración de agua que realizan los bosques y suelos, el almacenamiento de carbono que hacen los suelos y la vegetación, la biodiversidad, la polinización de los cultivos por parte de las abejas, etc., es crucial para la humanidad y que, por lo tanto, dichas funciones deben ser conservadas. Lo que proponen parte de la creencia de que la única forma de lograr que la naturaleza sea valorada y protegida es volver visible, en términos económicos, el valor de las funciones que cumple gratuitamente. Afirman que cuando los mercados de capital, los políticos y las corporaciones vean el enorme valor económico de lo que llaman “servicios ecosistémicos”, será más fácil exigirles que protejan a la naturaleza. Algunos también proponen que ese valor económico que, aparentemente, no ha sido percibido por los gobiernos, las transnacionales y el capital financiero, se utilice para financiar la protección de la naturaleza, pagando por dichos “servicios ecológicos”. Los economistas han realizado algunas estimaciones sobre el valor económico de los “servicios ecosistémicos”, y se están formulando numerosas iniciativas, programas y subvenciones de ayuda a la investigación y al desarrollo con el fin de prepararse para su comercialización futura.

En cuanto se formularon los primeros programas de PSA, los defensores del “pago por servicios ambientales” afirmaron que las comunidades dependientes de los bosques y los pueblos que habitan los bosques iban a ser sus principales beneficiarios. ¿Pero lo son realmente? Incluso los primeros programas tendieron a beneficiar sobre todo a los miembros más adinerados de la comunidad. También se vio que el valor intrínseco de la naturaleza tiende a bajar cuando se introducen los valores financieros de los planes de PSA. Ejemplos concretos hacen pensar que esas tendencias se afirmarán cuando el PSA se vuelva un mercado de “servicios ecosistémicos”.

El PSA es cada vez más un “pago que autoriza a destruir”. Con el fin de implementar esos pagos que dan permiso para destruir, la naturaleza con toda su complejidad, sus interconexiones, su diversidad y carácter único, es presentada en unidades de “servicios ecosistémicos” a un punto tal que sobrepasa ampliamente la mercantilización que requerían los programas de PSA anteriores. Las empresas pueden comprar certificados (también llamados “créditos de compensación”) que garantizan que el “servicio” en cuestión está protegido en algún lugar, a cambio del permiso de destruir una parte “equivalente” de naturaleza ubicada en otro lugar. Una empresa minera no podría conseguir autorización para agrandar su mina dentro de un área protegida donde la extracción está prohibida por ley, a menos que compre “compensaciones de biodiversidad” con el fin de salvar más biodiversidad en otra parte, para compensar la del parque nacional que la nueva mina destruirá; un plan de urbanización no puede realizarse en el cinturón verde de una ciudad, donde está prohibido, a menos que la sociedad inmobiliaria compre “compensaciones de biodiversidad”; un ganadero o una empresa forestal pueden no verse obligados a restaurar el bosque que eliminaron, si compran en la Bolsa “créditos de restauración forestal”. Una vez empaquetada en unidades de “servicios ecosistémicos” comparables entre sí, la naturaleza también puede ser comercializada como activo financiero. De este modo, el “servicio ecológico” queda abierto a la especulación, y la naturaleza, única e interconectada, queda dividida en unidades de “servicios” separados que pueden ser comparados entre sí, mezclados y diferenciados, comprados y vendidos, porque cada uno de ellos es considerado como equivalente al otro y ser un substituto apropiado. Esta abstracción transformó a la naturaleza indisciplinada, dinámica, siempre cambiante e interconectada, en unidades constantes, mensurables y comparables de “servicios ecosistémicos”.

Tal abstracción permite también a quienes negocian los certificados de “servicios ecosistémicos” hacer de cuenta que las unidades existen independientemente de su entorno, que no hay ninguna interacción entre ellas y las culturas, las prácticas sociales y el uso de la tierra que han evolucionado junto a esa parte de la naturaleza convertida en un simple “servicio ecológico”, y que de ella dependen. Por consiguiente, el concepto de PSA y, en especial, el comercio de “servicios ecosistémicos”, implican que la dimensión ambiental de la destrucción puede ser separada de la dimensión social. Los planes de compensación que incluyen el permiso de destruir con tal que el “servicio ambiental” sea reemplazado en otra parte aceptan la destrucción no compensada (e imposible de compensar) de las relaciones sociales, la cultura y las prácticas sociales relacionadas con la naturaleza. Mientras tanto, se modifican las leyes para reemplazar la obligación de evitar toda pérdida de biodiversidad por la obligación, mucho más laxa, de evitar toda “pérdida neta” de biodiversidad. Donde la regla era evitar toda pérdida, las nuevas leyes permitirán la destrucción en cierto lugar, con tal que el promotor demuestre que no habrá pérdida neta porque, aparentemente, la naturaleza que se destruye será recreada y salvada en otro sitio.

“El objetivo es transformar la legislación ambiental en instrumentos comercializables.” (1)
Pedro Moura Costa, cofundador de la sociedad de compensación de emisiones Ecosecurities y fundador de la Bolsa Verde Río de Janeiro.

¿Qué se comercializa en los mercados de “servicios ecosistémicos”?

Cuando un banco o un corredor de bolsa o una compañía negocian cereales, o petróleo, o algodón, en los mercados financieros, saben que cierto volumen del producto que comercializan, de calidad claramente definida,  – cereal, café, algodón, etc. – existe en algún lugar, en un depósito o un campo o un camión cisterna. Lo que intercambian son substitutos electrónicos o en papel de una cantidad mensurable de un producto que tiene una calidad también mensurable.

Del mismo modo, en el caso de los “servicios ambientales”, lo que se comercializa no es el propio servicio sino un certificado que representa la garantía de que el servicio existe en un lugar determinado, en cantidad y calidad determinadas. Dicho certificado suele llamarse “crédito de compensación”. Ahora bien, ¿es dicho certificado una garantía confiable, del tipo necesario para que el “servicio ambiental” pueda ser comercializado como si se tratara de cualquier producto?

Hacer un negocio es hacer una promesa. Cuanto más complejo es el negocio, más quieren los compradores asegurarse de que pueden confiar en la promesa inicial en cuanto a la calidad y la cantidad del producto. Al no poder examinar “los dientes del caballo”, necesitan asegurarse por otros medios de que no recibirán una yegua vieja en lugar de un caballo de carrera. Si no existiera confianza en la promesa referente a la cantidad y calidad del producto, ninguna bolsa de comercio podría funcionar bien. Es por eso que todos los productos que se comercializan a nivel mundial deben ser divisibles en unidades mensurables de calidad comparable, con las menores variaciones posibles a nivel regional o local.

En el caso de los “servicios ecosistémicos”, el problema se complica porque lo que se comercializa no es realmente un “servicio”, sino un certificado que promete mantener el “servicio” en condiciones determinadas durante un plazo determinado.

Por lo tanto, antes de poder comercializar un “servicio ambiental” (o el certificado que lo representa), dicho servicio debe ser definido de manera tal que se pueda comparar un paquete proveniente de un lugar a otro paquete del mismo servicio proveniente de un lugar diferente. En base a esas definiciones y medidas, el negociante debe poder verificar que los dos paquetes contienen el mismo producto. Del mismo modo, esas definiciones y medidas deben permitirle verificar y juzgar la calidad y la cantidad del “servicio”.

Incluso productos como el café, el petróleo, el algodón o el maíz son difíciles de definir con toda la precisión que los negociantes exigen. En el caso de los “servicios ambientales”, ha sido imposible hasta ahora definirlos y luego medirlos como requieren las bolsas comerciales. Hasta hace poco, el principal mercado para certificados de compensación de dióxido de carbono era el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL). El MDL forma parte del Protocolo de Kioto, un tratado internacional sobre el clima (ver el boletín nº 172 del WRM, y www.carbontradewatch.org). Los países industrializados, para los que el tratado fija un objetivo en materia de reducción de emisiones, podían utilizar los certificados de compensación del MDL para afirmar que habían alcanzado la reducción requerida. Cuando la demanda de certificados MDL disminuyó porque los países industrializados no se comprometieron a realizar fuertes reducciones de sus emisiones de gases de efecto invernadero después de 2012, el precio de los certificados MDL cayó en picada.

Además, numerosos informes muestran que muchos certificados – probablemente, la mayoría de los certificados de compensación MDL que se vendieron – no representan reducciones adicionales reales. Vemos así que se trata de un mercado poco confiable y por ende arriesgado. Si existe, es únicamente porque fue creado por gobiernos que aprobaron una definición muy dudosa de lo que son los “créditos de carbono”, y decidieron aceptar que dichos créditos correspondían a tal definición, aun sin poder verificar que sea así.

Es igualmente discutible que sea posible verificar los créditos de compensación de biodiversidad. (2) Por ejemplo, en una “compensación de biodiversidad para los murciélagos”, no se compran ni los murciélagos ni su hábitat ni se mudan al lugar donde el comprador del certificado está destruyendo el hábitat de otros murciélagos. Lo que se compra es un substituto, el certificado de compensación. Éste garantiza que los murciélagos y el hábitat que propone el vendedor tienen las mismas características, en cantidad y en calidad, que los murciélagos y el hábitat que el comprador del certificado va a destruir. El comprador debe tener garantía de que la autoridad ambiental aceptará el certificado como equivalente a los murciélagos y el hábitat destruidos. Y todos los intermediarios deben estar seguros de que el certificado será aceptado como equivalente, porque es en base a dicha aceptación que decidieron cuánto iban a pagar por él.

El mercado de carbono ha mostrado que un mercado puede funcionar en tanto la autoridad ambiental acepte el certificado, incluso si no alcanza la calidad o la cantidad que dicha autoridad había considerado necesarias. Pero cuando eso sucede, quien pierde es la naturaleza. Del punto de vista ambiental, el certificado garantiza que el propietario de la tierra que alberga a los murciélagos y su hábitat mantendrá dicha tierra en un estado al menos tan bueno como cuando se vendió el crédito, y que el propietario recibirá un pago por hacerlo, siempre y cuando los murciélagos y el hábitat ubicados en otro lugar sigan siendo dañados. Si esa promesa no se cumple, tanto la naturaleza original como el reemplazo compensatorio se perderán, posiblemente para siempre. Ése es el riesgo que los promotores del comercio de “servicios ecosistémicos” están dispuestos a asumir.

 

  • Del PSA al pago de compensación por servicios ambientales

El término “Pago por servicios ambientales” o PSA se usa para describir muchos tipos diferentes de acuerdos destinados a pagar la realización de ciertas actividades que protegerán o restaurarán alguna función o algún proceso de la Naturaleza. Sin embargo, esos diversos arreglos a los que se da el mismo nombre tienen orígenes históricos y sociales completamente diferentes. Basándose en ejemplos existentes de los acuerdos de pago más frecuentes, la siguiente sección describe ciertas características comunes de cuatro tipos diferentes de PSA que encontramos hoy en día. Esos cuatro grupos muestran que los programas originales de PSA con fondos públicos destinados a implementar una política pública (I) fueron ampliados para incluir también iniciativas de PSA financiadas por donaciones privadas o programas voluntarios para ganar popularidad (II) y, más recientemente, planes de PSA para “compensación”, en los cuales se pretende, por medio de un pago voluntario, anular un grado de contaminación considerado excesivo (III), o dar permiso para destruir o contaminar más allá del límite legal (IV).

I. PSA para implementar políticas públicas de protección de la naturaleza. Se trata de planes de PSA en los que los gobiernos usan dinero público para pagar o subsidiar la restauración o la preservación de “servicios ambientales” que están protegidos por una política pública. Ejemplos: (a) la ciudad de Nueva York o la de Vancouver pagan a los propietarios de tierras ubicadas fuera de los límites de la ciudad y, por lo tanto, no sometidas a las normas de ésta, para que preserven dichas tierras de las que depende el aprovisionamiento de agua de la ciudad; (b) el gobierno de Costa Rica usa fondos públicos provenientes de un impuesto sobre el consumo de petróleo para pagar a los dueños de las tierras que no talan árboles o que restauran bosques; (c) la Política Agrícola Común de la Unión Europea paga a los agricultores para que preserven la biodiversidad. El documento de información del WRM sobre el PSA también describe un ejemplo, a menudo mencionado, de dos comunidades del Himalaya indio, Kuhan y Ooch, que llegaron a un acuerdo para proteger el arroyo del que ambas dependen. Si bien el pago no está relacionado con la implementación de una política pública, comparte muchas de las características de los planes de PSA que son principalmente subsidios para la ejecución de una política de interés público.

Los montos que se pagan en los planes de este tipo son negociados o fijados por el Estado o directamente entre las partes implicadas. El “servicio” se describe en términos muy generales, o bien no se especifica. No es necesario medirlo en cantidad o calidad, y el pago no está relacionado con el permiso de destruir o contaminar otro lugar más allá de los límites legales. Los pagos no requieren un mercado financiero, y no se compra ni vende ningún producto o activo. No es necesario modificar las leyes existentes para crear nuevos activos o definir productos ambientales. El riesgo de que se afecte la cohesión de la comunidad o que se restrinjan sus derechos de acceso y uso del territorio es relativamente bajo, pero sin duda existe, como lo muestra el ejemplo del PSA de Costa Rica donde, durante las primeras etapas del programa, los campesinos más pobres y las comunidades indígenas no obtuvieron pagos y quienes se beneficiaron fueron principalmente los propietarios de extensiones mayores y en mejor situación económica. Se requiere firmar contratos que especifiquen los cambios en el uso de la tierra o del territorio, pero dichas obligaciones sólo se mantienen durante el período por el cual se efectúa el pago.

II. Donaciones del sector privado y programas gubernamentales no asociados a una política pública. Algunas compañías ofrecen proyectos de PSA para evitar daños a su reputación, dar un aspecto ecológico a actividades perjudiciales para las comunidades, o disminuir la oposición local a la expansión futura de actividades tales como la extracción de agua, minerales, petróleo o carbón, o a la construcción de una gran represa. Ejemplos de esto son el pago de Coca-Cola para la protección del agua, realizado para compensar el deterioro del agua de la comunidad que ocasiona, ya sea donde la extrae o en otro lugar.
Las iniciativas de PSA de este tipo son voluntarias, sin que haya una ley que lo exija. En general, no se afirma que el pago sea “equivalente”, en términos económicos o ecológicos, al daño causado. El monto está fijado por la compañía que lo ofrece. A veces se utiliza algún indicador básico para verificar los “resultados” que pueden ser atribuidos al pago, pero no es necesario cuantificar ni supervisar determinados “servicios ecosistémicos”. Los mercados financieros no participan y no se crea ni se comercializa ningún servicio ambiental como producto. Puede haber contratos que definen cómo será utilizado el pago, pero dichas obligaciones sólo rigen para el período durante el cual se efectúa el pago.

El programa Socio Bosque de Ecuador

El programa Socio Bosque de Ecuador es una variante de este tipo de PSA, en la que el Ministerio de Medio Ambiente del país hace acuerdos de conservación con propietarios de tierras privadas y comunales. A cambio de mantener la cubierta boscosa, el programa ofrece a individuos y comunidades pagos monetarios anuales. Al comienzo, Socio Bosque estaba enteramente financiado por el gobierno de Ecuador. Ahora, el gobierno intenta diversificar las fuentes de financiación del programa, incorporando pagos realizados por la industria como condición compensatoria para obtener los permisos necesarios para realizar actividades extractivas u otras de fuerte impacto, o contribuciones empresariales voluntarias posiblemente asociadas a alguna forma de compensación ambiental, o pagos REDD+ de origen internacional. Así, según cuál sea la fuente de financiación, el programa puede convertirse en el futuro en un programa de PSA de compensación, similar a los planes de pago que se describen a continuación.

III. Pagos voluntarios por contaminación o destrucción consideradas excesivas. La principal diferencia con los planes de PSA que se describen en el punto IV es que, en este caso, la financiación proviene de individuos, instituciones públicas, ONG y grandes empresas que deciden voluntariamente “anular” sus actividades contaminadoras. Puede que el individuo, el grupo o la opinión pública consideren dichas actividades como una “ofensa moral”, o bien el motivo del pago puede ser evitar que se vea menoscabada la imagen o la reputación de una compañía, una institución o un individuo responsable de niveles excesivos de contaminación o destrucción de la naturaleza, si no toma alguna medida “compensatoria”. Entre los ejemplos de estos planes voluntarios de pago compensatorio está la FIFA, cuando compra compensaciones para los jugadores y visitantes que asisten a los partidos de la Copa Mundial de Fútbol y para las emisiones generadas por la construcción de nuevos estadios, una estrella de rock que compra compensaciones para una gira o el lanzamiento de un CD, una persona que compra compensaciones de dióxido de carbono cuando realiza un viaje en avión, etc.

IV. El PSA como permiso para destruir o contaminar más allá del límite legal. Las leyes ambientales se cambian para permitir a una compañía contaminar o destruir la naturaleza más allá del límite fijado por la ley, siempre y cuando pague para que dicho exceso de contaminación o destrucción sea “compensado” en algún otro lugar. Aunque la compañía haya causado más contaminación o destruido la naturaleza más de lo permitido, si paga a alguien para que lo “compense” en otro lugar se considera que cumple con la ley. Las comunidades afectadas por la contaminación excesiva ya no pueden llevarla a juicio, porque la propia ley le ha dado autorización para exceder el límite legal a cambio de un precio, bajo la forma de un PSA compensatorio.

Del simple comercio a transacciones financieras complejas

Los programas de PSA descritos en el punto IV existen hoy en día en tres versiones diferentes. La principal diferencia está en el grado en que se recurre a los mercados financieros para fijar los precios y comercializar las compensaciones.

(1º) En el primer tipo de programas PSA “compensatorios”, el pago es una sola transacción entre un vendedor que ha contaminado o destruido menos de lo permitido por la ley, y un comprador que necesita unidades de “servicios ambientales” para anular una contaminación o destrucción que sobrepasa el límite legal. Sólo se requiere un mercado ambiental rudimentario para el “servicio ambiental”, y las unidades de compensación suelen ser compradas directamente por el usuario final, sin más trámite. El precio generalmente se negocia entre el vendedor y el usuario final de la compensación.

(2º) El segundo tipo depende ya más de plataformas comerciales, “bancos de especies” o “bancos de hábitats” que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores. El precio se vuelve más dependiente de la negociación que tiene lugar en la plataforma comercial, y tanto el vendedor original como el comprador final tienen menos control sobre el precio. Por ejemplo, el comercio de “créditos compensatorios por restauración de bosques”, creado por la nueva Ley Forestal brasileña de 2012, utiliza la Bolsa Verde de Río de Janeiro (BVRio), una plataforma comercial donde los compradores y vendedores interesados pueden inscribirse y ofrecer o comprar sus créditos. Cada uno de esos créditos, denominados CRA (Cota de Reserva Ambiental), representa una hectárea de área protegida del tipo requerido por la Ley Forestal. Los CRA están siendo comercializados, entre otros, en la bolsa ambiental de Río de Janeiro. La misma unidad de “servicio ambiental”, llamada CRA en este caso, puede ser comprada y vendida varias veces antes de ser adquirida por el terrateniente o la compañía que la necesita para anular la contaminación o la destrucción de la naturaleza que realiza por encima del límite legal. Se ha creado un mercado en el cual quienes vendieron originalmente las unidades – comunidades o propietarios de tierras con mayor cantidad del “servicio ambiental” de lo que requiere la ley – ya no participan.

(3º) En los sistemas de comercialización de compensaciones más complejos, la “compensación” se negocia en un mercado en el que los certificados representan “servicios” aún menos comparables entre sí que en el caso (2). Ejemplos de esto son la comercialización de permisos de emisión y certificados de compensación asociados a tratados climáticos como el Protocolo de Kioto, el Sistema de comercio de derechos de emisión de la UE, o el Mercado de carbono californiano (por más información sobre el funcionamiento de esos mercados de la contaminación, ver, por ejemplo, las publicaciones Designed to Fail en http://www.fern.org/designedtofail) y Carbon Trading, how it works and why it fails, en http://www.carbontradewatch.org/publications/carbon-trading-how-it-works-and-why-it-fails.html). Si esos planes de comercialización del “servicio ambiental” referente al dióxido de carbono permitieran a las compañías comprar también créditos de compensación REDD, esto significaría que piensan que el crédito de compensación REDD, es decir un crédito que representa una tonelada de emisiones de dióxido de carbono evitadas al no talar un bosque, sería lo mismo que un crédito que representa una tonelada de dióxido de carbono no emitida al producir electricidad a partir del viento en lugar de quemar carbón, y que por consiguiente el carbono que está detrás del crédito REDD permanecerá almacenado en el bosque siempre y cuando el carbón que quema la compañía siga afectando el clima (por más información sobre REDD – Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques – y sobre las razones por las que muchos se oponen a dicho sistema, ver la publicación del WRM 10 alertas sobre REDD para comunidades (http://www.wrm.org.uy/oldsite/publicaciones/10AlertasREDD-esp.pdf). Son enormes los esfuerzos y el papeleo necesarios para mostrar que los créditos REDD, los créditos de una granja eólica y los créditos de reducción de metano representan el mismo “servicio ambiental”. El papeleo cuesta dinero, pues requiere consultores técnicos; por lo tanto, aumentan los “costos de transacción” de un proyecto de PSA.

– Distinguir las diferencias

La diferencia más importante entre estos planes “compensatorios” de PSA y los planes de PSA descritos en los puntos I y II es que, en los primeros, el pago compra la autorización para contaminar la naturaleza más allá del límite legal. Es éste un aspecto fundamental que cambia completamente la naturaleza y las características del mecanismo de pago. A su vez, esos cambios tienen consecuencias de largo alcance para las comunidades que participan en planes de compensación PSA o que se ven afectadas por ellos. En lugar de los acuerdos prometidos en los que todos ganan, suele aumentar el daño ecológico y social para la comunidad que vive en el lugar o cerca del lugar en el que la contaminación es mayor o donde se destruye más naturaleza como resultado de las unidades compensatorias que la compañía compró. Al mismo tiempo, la comunidad afectada no recibe ninguno de los pagos compensatorios, a pesar de estar sufriendo esos niveles excesivos de contaminación o de destrucción ambiental (ver ejemplos más adelante).

Otro cambio fundamental es que el tipo de PSA compensatorio representa un cambio paradigmático en cuanto al tratamiento jurídico de la contaminación o la destrucción excesivas. La legislación según la cual la contaminación o la destrucción de la naturaleza por encima del límite establecido eran delitos pasibles de multas se convierte en otra que permite esa contaminación o destrucción a cambio del pago de una tarifa.

 

  • Por qué esas diferencias cuentan

Los planes de PSA en los que se comercializan certificados de “servicios ambientales” requieren siempre control territorial, para que los “propietarios” de las unidades del “servicio” y sus intermediarios puedan supervisar lo que se está “comercializando” y asegurarse de que el “servicio ambiental” se brinda cumpliendo plenamente los términos del contrato. Esto puede socavar las luchas por el reconocimiento y la garantía de los derechos territoriales colectivos de las comunidades que viven en el bosque o dependen de él. Dado que un contrato sobre un “servicio ambiental” supone siempre la existencia de un “propietario” de la zona en cuestión y que ese “propietario” controla el uso que de ella se hace, las comunidades cuyos derechos territoriales no están reconocidos o están en litigio soportarán aún más presión para abandonar su tierra, o serán expulsadas.

Esto ya está sucediendo en muchos proyectos REDD y proyectos PSA forestales o de plantación de árboles. E incluso cuando los habitantes logran permanecer y beneficiarse de alguna forma, el comprador del crédito por “servicio ambiental” tendrá derecho a ingresar a la zona para inspeccionarla y verificar que el “servicio” en cuestión sigue existiendo y está siendo mantenido. También esto es una forma de control que viola los derechos territoriales de esas comunidades e incluso su derecho a mantener su estilo de vida.

Pretender que no hay diferencias significativas entre los diferentes tipos de PSA y que todos los planes PSA son básicamente lo mismo impide que tenga lugar un debate público honesto, transparente e inclusivo. En efecto, tal posición da a muchas ONG conservacionistas la posibilidad de afirmar que “REDD no es sino una manera de reconocer y dar ayuda monetaria a los pueblos indígenas por lo que ya están haciendo”. Ya muchos programas con las características descritas en los puntos I y II han mostrado que los casos de programas en los que todos ganan son escasos, y que incluso ellos pueden erosionar los derechos de los pueblos indígenas, debilitar la cohesión comunitaria, causar conflictos o aumentar la injusticia. Esos riesgos se acrecientan aún más cuando el PSA significa “pago compensatorio”. De hecho, esos diferentes tipos de arreglos conllevan niveles de riesgo tan diferentes para los derechos de los pueblos indígenas que no deberían llevar el mismo nombre. La confusión que deriva de agruparlos favorece a las organizaciones conservacionistas, los negociantes y los consultores en mercados financieros interesados en crear nuevos productos de compensación, e impide la realización de un análisis transparente y fundamentado de las consecuencias que tienen los diferentes planes de pago ofrecidos a las comunidades.

 

 

  • Algunos promotores clave del PSA

• Instituciones multilaterales

Como en otras ocasiones, el Banco Mundial es uno de los que encabezan una tendencia que representa una grave amenaza para la vida y la subsistencia de las comunidades que dependen del bosque. El Banco Mundial es uno de los más fuertes promotores del pago por “servicios ambientales”, y financia proyectos y planes que hacen avanzar esta nueva forma de especulación financiera sobre la naturaleza. Una de las razones por las que el Banco fomenta las iniciativas de PSA es que éstas le permiten “lavar” la destrucción de la naturaleza que causan los proyectos mineros, de infraestructura, forestales o hidroeléctricos que el propio banco financia. Por ejemplo, en el caso de un proyecto en la República Democrática del Congo, un préstamo del Banco Mundial ayuda al país a convertirse en proveedor del “servicio ambiental” carbono. Esto incluye la generación de créditos de carbono forestal, a través del sistema REDD o de la compensación de biodiversidad; la demanda de dichos créditos provendría en parte de la industria extractiva y de la forestación, también promovidas por el Banco en ese país. (3)

Además de financiar programas específicos, el Banco Mundial lanzó en 2010 una iniciativa denominada Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas (WAVES), (4) “un programa de cinco años para implementar la contabilidad del capital natural en un grupo representativo de países”. El Banco Mundial explica que esto es importante porque “El capital natural es un activo de gran importancia, especialmente para los países menos desarrollados”. (5) WAVES está financiando esa “contabilidad natural” en Botsuana, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Indonesia, Madagascar, Filipinas y Ruanda, y los países u organizaciones que contribuyen al financiamiento de WAVES son Dinamarca, la Comisión Europea, Francia, Alemania, Japón, Países Bajos, Noruega, Suiza y el Reino Unido. También participan ONG conservacionistas. En Madagascar, por ejemplo, Conservation International (CI) está realizando un estudio piloto (6) para WAVES.

Y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (CFI) posee el 5% del proyecto de minería de hierro Simandú, en Guinea, que se prevé será el mayor proyecto minero de la historia de África. A pesar de la destrucción del hábitat de chimpancés en peligro de extinción, el proyecto pasó la prueba de las directivas de la CFI porque su construcción promete “compensar” esto protegiendo hábitats en otro lugar. (7)

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), un gran grupo de presión que representa los intereses de grandes empresas como Syngenta, Rio Tinto y Holcim ante la ONU, ha sido un defensor particularmente entusiasta del PSA. Veintinueve compañías miembros del WBCSD desarrollaron “una visión de un mundo centrado en la sostenibilidad para 2050”. (8)

• Empresas multinacionales

La organización “Business for Social Responsibility” (BSR) dice trabajar con “una red de más de 250 compañías entre las más influyentes del mundo”. (9) En marzo de 2013, BSR publicó un informe titulado “Interés del sector privado por los conceptos y bases de los servicios ecosistémicos”. (10) El informe no sólo enumera las actividades de 35 empresas que participan en emprendimientos de PSA sino que muestra que esas empresas trabajan en estrecha colaboración con ONG conservacionistas: la UICN acompaña en iniciativas de PSA a AkzoNobel, Eni, Holcim, Rio Tinto y Shell; The Nature Conservancy está asociada con Dow Chemical, Shell y la Walt Disney Company; BHP Billiton menciona a Conservation International como socia para sus programas de compensación por PSA. Otras ONG conservacionistas mencionadas son WWF, FFI (Anglo American, British American Tobacco) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).

Otros ejemplos de transnacionales que utilizan compensaciones PSA son Olam, la empresa de productos de alimentación que ha generado conflictos con comunidades en torno a la expansión de las plantaciones de palma aceitera en Gabón (ver el boletín 180 del WRM). En Vietnam, esa compañía tiene un proyecto inscripto en el MDL y, en la República del Congo, participa en “una nueva asociación entre el sector público y el privado con el gobierno de la República del Congo, que apunta a crear un marco comercial apropiado para generar créditos de carbono en base a los bosques en pie”. (11)

Rio Tinto afirma en su informe sobre su proyecto de PSA en Mongolia (ver recuadro), que “existe la posibilidad de que los conflictos por el uso de la tierra” se vuelvan “un problema cada vez mayor para Rio Tinto” y otras empresas, incluso en la etapa de obtención de permisos. Como resultado, están recurriendo a planes de PSA para compensación de biodiversidad y otros, para que la compañía pueda “lograr el objetivo de un impacto positivo neto, respetando las exigencias legales y maximizando los beneficios en materia de conservación”.

Un informe de la organización colombiana Fundepublico señala que, además de la tierra que ha sido tomada para la minería y las infraestructuras, los planes de compensación también ocuparán grandes extensiones: las compañías “no encuentran tierras para sus compensaciones”, “en casos en que se han establecido compensaciones, las agencias ambientales no conocen su ubicación exacta”, y “aún no se ha resuelto el problema de hacer coincidir la demanda de compensaciones con la oferta. Y es un problema complicado. Con más de 8 millones de hectáreas dedicadas a la minería, más de 130 compañías petroleras y gaseras como Shell, Oxy, Chevron, ExxonMobil y Petrobras que operan en el país en al menos un millón y medio de hectáreas, y miles de kilómetros de autopistas en preparación que afectarán puntos críticos de biodiversidad, una de las preguntas clave es de dónde van a salir los cientos de miles de hectáreas necesarias para compensar”, explica Fundepublico en su informe. (12)

Así como las compañías mineras e inmobiliarias tienen particular interés en las compensaciones de biodiversidad, las aerolíneas, los fabricantes de automóviles y la industria del espectáculo están entre los compradores más frecuentes de certificados de PSA. Las ONG conservacionistas, como Conservation International (CI) tienen un papel importante en la comercialización de PSA, como intermediarias, directoras de proyecto o negociadoras de contratos.

Compensaciones de carbono de Madagascar para Air France

Para luchar contra el cambio climático, Air France financia el “Programa holístico de conservación de los bosques en Madagascar” (PHCB), un proyecto que apunta a combatir la deforestación en dicho país. En teoría, el proyecto contribuiría a preservar la biodiversidad, a almacenar emisiones de CO2 y también a fomentar el “desarrollo humano sostenible”. Sin embargo, para los aldeanos de las proximidades, la realidad es totalmente diferente, dado que el acceso a la tierra está ahora restringido y controlado.

En francés: http://www.amisdelaterre.org/REDD-a-Madagascar-le-carbone-qui.html
En inglés: http://www.amisdelaterre.org/REDD-in-Madagascar-You-can-t-see.html


En Perú, por ejemplo, la mayor línea aérea latinoamericana, Latam, compró 7.000 compensaciones de carbono a un proyecto de plantación de árboles dirigido por una empresa llamada Bosques Amazónicos, en la provincia de Ucayali. En el caso de Latam, la compañía dijo que usaría los créditos para “compensar”, de aquí a 2020, el impacto de sus vuelos, cuya frecuencia está aumentando rápidamente, . La compañía Walt Disney compró 437.000 créditos de compensación de carbono a la Iniciativa Alto Mayo, proyecto ubicado en la provincia de San Martín y financiado por el gobierno peruano y Conservation International. (13) La Walt Disney también compró créditos a un proyecto REDD de PSA en la RDC, en el que también participa CI (ver el informe del WRM: República Democrática del Congo. El proyecto piloto REDD de Conservation International: una producción inédita de Disney, http://wrm.org.uy/es/libros-e-informes/republica-democratica-del-congo-el-proyecto-piloto-redd-
de-conservation-international-una-produccion-inedita-de-disney/).

• ONG conservacionistas

Como parte de la iniciativa WAVES del Banco Mundial (Contabilidad de la Riqueza y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas), CI está realizando actualmente en Madagascar un estudio piloto para cuantificar los “servicios ecosistémicos”. Mientras, por un lado, CI alienta a las comunidades locales a abandonar las prácticas dañinas para el medio ambiente, por otro lado ayuda a las multinacionales mineras como BHP Billiton no sólo a continuar sino a dar una apariencia ecológica a sus prácticas dañinas que pondrán en peligro los medios de vida de dichas comunidades. Esto sucederá debido a sus actividades mineras pero también como consecuencia de proyectos de compensación de biodiversidad que impedirán el acceso de la población al territorio que aún no ha sido arrasado por la minería o limitarán su uso.

Junto con CI, otras organizaciones como The Nature Conservancy (TNC), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y la Sociedad para la Conservación de la Fauna (WCS) participan en muchos proyectos de compensación de carbono y biodiversidad, y en iniciativas en las que promueven la compensación como una forma de PSA lucrativa y favorable a los negocios. Organizaciones como el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, si bien no participan directamente en la gestión de proyectos de compensación, tienen un papel fundamental en la defensa del concepto, presionando y promoviéndolo en la ONU y en foros empresariales. Del mismo modo, TNC, CI, WCS y la Rainforest Alliance unieron fuerzas para crear un sistema de certificación de las compensaciones de carbono forestal, la norma Clima, Comunidad y Biodiversidad, CCB. (14) Además, CI y WCS se encargaron de la secretaría del “Business and Biodiversity Offsets Programme” entre 2004 y 2008.

• Fondos de inversión especializados y creadores de mercado

Para aprovechar este nuevo mercado de “servicios ambientales”, en los últimos años han surgido numerosas firmas especializadas. Compañías como Ecosystem Marketplace y Canopy Capital aportan visibilidad; vendedores de créditos de carbono como la Carbon Neutral Company, Climate Care y la Bolsa Verde de Río de Janeiro facilitan la venta de créditos de compensación de proyectos compensatorios de bosques o biodiversidad; fondos de inversión especializados, como Althelia, Terra Global o el Forest Carbon Group permiten reunir fondos privados para ponerlos a disposición de compañías dedicadas a la compensación de biodiversidad y carbono forestal, como Wildlife Works o ERA.

Otro importante creador de mercado es el Business and Biodiversity Offsets Programme (BBOP) de la organización Forest Trends. (15) Dirigido por un grupo internacional de representantes de compañías, instituciones financieras, gobiernos y ONG, el BBOP ha tenido un papel fundamental en la formulación de principios y normas para la compensación de biodiversidad. Entre las ONG del grupo asesor del BBOP figuran Flora y Fauna Internacional, CI, TNC, Birdlife International, WCS, Rainforest Alliance y WWF-UK. En cuanto a sus proyectos piloto de compensación de biodiversidad por PSA, el BBOP menciona la gran mina de níquel y cobalto Ambatovy en Madagascar, la evaluación retroactiva de los impactos asociados a la mina de carbón Solid Energy (actualmente cerrada), en Nueva Zelanda, una mina de oro propuesta por Newmont en Ghana, y una mina de platino de Anglo American en Sudáfrica. (16) Solid Energy, como Rio Tinto en el estudio de caso ya citado, menciona el interés en mantener su “permiso social para operar” como una de las razones para emprender el proyecto de compensación de biodiversidad: “Las operaciones de la industria minera en Nueva Zelanda (y de hecho, en todo el mundo) están siendo cada vez más observadas por el público. Es importante reconocer que la compensación da a Solid Energy la oportunidad de obtener y mejorar un permiso social para operar”. (17) Newmont menciona que la compañía “demostró, en su Evaluación de Impacto Ambiental de noviembre 2008, que se comprometía a compensar biodiversidad para su proyecto de Akyem”, esperando así que dicha compensación la ayudaría a obtener el permiso de extracción. (18)

• Universidades y consultorías

Universidades, institutos de investigación y consultorías tienen un papel crucial en el proceso de transformación de la naturaleza en unidades comparables, y por ende comercializables, de “servicios ecosistémicos”. Muchos afirman que lo que hacen es “sólo volver visible el valor económico de la naturaleza”, e insisten en que “eso no es lo mismo que poner etiquetas de precio a abejorros o ecosistemas”. Sin embargo, el trabajo científico que realizan, la preparación de metodologías, el hecho de dar credibilidad a cálculos dudosos o de pretender que es posible “internalizar” los costos externos, todo eso prepara el terreno para la comercialización de ecosistemas.

 

  • Siguiéndole la pista a los fracasos del PSA

– El PSA para compensación de biodiversidad progresa a toda marcha a pesar de un historial de fracasos

Los promotores de las compensaciones de biodiversidad parecen haber adoptado el enfoque del Banco Mundial, “aprender haciendo”: aunque el “aprender” no parece concretarse nunca, se continúa “haciendo”. Los programas de compensación de naturaleza existen desde hace décadas en Australia, Estados Unidos y Canadá. Esas experiencias han sido mayormente un fracaso. En Canadá, por ejemplo, en proyectos destinados a compensar la pérdida de hábitat de peces, los investigadores encontraron que, en el 63% de los casos, no se logró el objetivo de eliminar la pérdida neta. (19) En Estados Unidos, entre los muchos informes que documentan los fracasos del PSA para compensación, incluso sólo por razones ecológicas, hay un informe de 2001 del National Research Council que dedica todo un anexo a informes realizados entre 1983 y 2000 que demuestran que la compensación de humedales fue generalmente un fracaso, (20) y un informe de 2005 del Government Accountability Office de Estados Unidos lleva por título “Protección de humedales: el cuerpo de ingenieros no posee un método de supervisión eficaz para garantizar la ocurrencia de una mitigación compensatoria”. (21) El documento de información de FERN, Análisis crítico del historial de la compensación de emisiones (22) incluye referencias adicionales a estudios sobre el fracaso de los programas de compensación de biodiversidad

– Por qué el comercio de servicios ambientales agravará las injusticias ecológicas y socioeconómicas

En “Measurement and alienation: making a world of ecosystem services”, Morgan Robertson explica que el proceso por el cual se convierte a la naturaleza en un “servicio ambiental” se parece al proceso de convertir el trabajo humano en trabajo asalariado, y tendrá probablemente los mismos efectos profundos sobre la sociedad. Y Beverly Keene, de Jubileo Sur, declara: “Sabemos lo que sucede cuando se fija un precio a la parte de naturaleza que ya ha sido introducida en los mercados financieros, es decir la tierra: millones de personas quedaron sin tierras, la exclusión social se volvió una realidad… y no por eso la tierra resultó protegida. (23) ¿Nos enfrentamos a un nuevo Cercamiento?” Desde los Cercamientos del siglo XVIII en Inglaterra hasta el acaparamiento de tierras de hoy, el hecho de fijar un precio a la tierra ha implicado etiquetar la parte de la naturaleza que llamamos “tierra”, en lugar de valorizar a las comunidades campesinas y del bosque y a los pueblos indígenas. Como resultado, los campesinos sufrido expropiaciones, han quedado sin tierra, y se han destruido suelos fértiles para poder extraer de ellos un máximo de ganancias a corto plazo, a costa de efectos negativos a largo plazo.

El mismo proceso ha ocurrido ya dos veces en la historia de la humanidad, pero los defensores del “pago por servicios ecosistémicos” no han explicado aún por qué razón las cosas serían diferentes esta vez. En todos los casos, las consecuencias fueron más miseria para la mayoría y más ganancias para la pequeña élite que controla el capital acumulado en la anterior ocasión en que la naturaleza o el trabajo humano fueron transformados en activos financieros.

Y si bien el proceso está recién iniciándose, los primeros ejemplos de lo que pinta ser el “comercio de servicios ambientales” bastan para oponerse a que haya más de lo mismo.

– Los derechos comunitarios sobre el territorio – desde el acceso hasta el uso – se vuelven aún más precarios

La expansión del capital se ha visto acompañada por impactos negativos o destrucción de la vida comunitaria y del bosque del cual dependen “los Pobres”. Tal ha sido el caso siempre que compañías transnacionales han comprado o adquirido concesiones en zonas de bosque para extraer madera, construir una gran represa, realizar una plantación industrial de palma aceitera, extraer petróleo o minerales, o construir una carretera. Con los proyectos de compensación y la financierización de la naturaleza que representa el comercio de “servicios ambientales”, los problemas son similares pero se manifiestan con mayor intensidad. Nuevos actores, sin presencia visible en el área, determinan el uso que se dará a los suelos del lugar; si bien no queda claro quién está detrás del proceso, sí es evidente que actúan en estrecha coordinación con grandes transnacionales y bancos estatales y privados, y que cuentan con las facilidades que les ofrecen los Estados al reformular la legislación y los marcos reglamentarios nacionales e internacionales.

– Los contratos de compensación representan un gran riesgo para el estilo de vida tradicional de las comunidades (24)

En 2004/2005, el WRM fue informado de que las comunidades indígenas y campesinas que habían firmado un contrato de PSA para un proyecto ubicado en sus territorios de los Andes ecuatorianos, para cumplir con sus obligaciones contractuales estaban obligadas a pagar más dinero del que obtenían por el PSA porque el fuego había destruido los árboles que habían plantado como “sumideros de carbono”. La investigación realizada en ese entonces junto con Acción Ecológica reveló que dichos contratos pueden ser sumamente riesgosos para las comunidades. Fue el primer ejemplo que encontramos y, desde entonces, ha habido muchos otros. CENSAT – Amigos de la Tierra Colombia analizó hace poco tiempo varios contratos de proyectos de compensación REDD (ver “Despojo ilegítimo, por vías legales”, http://www.wrm.org.uy/html/wp-content/
uploads/2014/01/Esp_Biodiversidad_12_2013.pdf
).

Ese análisis de la incidencia de dichos contratos sobre las comunidades implicadas o afectadas por proyectos de ese tipo confirma las observaciones del WRM: en la mayoría de los casos, (a) las comunidades corren más riesgos que los ejecutores del proyecto si algo sale mal, y son las últimas en beneficiarse, si bien el material promocional sólo habla de ventajas y no de riesgos; (b) los contratos incluyen restricciones para las prácticas tradicionales de uso de la tierra, al menos para algunos miembros de la comunidad, pero es frecuente que dichas restricciones no se expliquen claramente antes de la firma; (c) las prácticas artesanales y tradicionales de cultivo itinerante son consideradas como la principal causa de la deforestación, mientras que no se mencionan las verdaderas causas de ésta y los factores de riesgo para la biodiversidad; (d) los contratos otorgan acceso casi ilimitado a los territorios donde se ubica el proyecto a gente del exterior, como los promotores del proyecto, sus administradores y técnicos y las personas encargadas del marketing; (e) las medidas de vigilancia y supervisión se enfocan en el uso del bosque por parte de la comunidad, y no en la deforestación o la destrucción de la biodiversidad a gran escala; además, se suele enfrentar entre sí a los miembros de la comunidad, dado que uno de los escasos empleos que se les ofrece es el de agente de vigilancia o fiscal local, cuya función es informar a los ejecutores del proyecto sobre el uso del bosque que realiza la comunidad. Otra tendencia relacionada con los planes de PSA sin compensación es que, cuando la comunidad recibe beneficios u ofrecimientos de trabajo, éstos suelen aumentar las injusticias porque quienes los reciben son principalmente las élites locales, mientras que las restricciones se aplican sobre todo a los miembros marginados de la comunidad. Lo mismo sucede en el caso de compensaciones REDD.

“[nombre de la compañía] respeta los derechos de los pueblos indígenas como prevé la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), y todos los demás instrumentos sobre derechos humanos, como la no discriminación de las mujeres, los niños y los indígenas. El proyecto se esforzará por operar respetando esos derechos y prácticas.”

CENSAT dice que muchos contratos REDD que analizó la organización estaban llenos de “palabras redactadas con el ánimo de no ser entendidas, de no ser cumplidas”, lo cual coincide con la impresión del WRM sobre los contratos de compensación REDD que hemos visto en el transcurso de los años. Muchas veces, las obligaciones que contraen las comunidades o familias no están claramente explicadas o están expresadas en términos ambiguos que pueden ser mal interpretados. Además, muchos contratos de compensación REDD están en inglés o en un idioma que no entienden las comunidades o familias. Es complicado conseguir asesoramiento externo sobre esos documentos legales complejos y ambiguos, porque muchos de los contratos REDD analizados por CENSAT contienen cláusulas estrictas de confidencialidad.

CENSAT concluye su investigación llamando a “a no aceptar y no firmar contratos para proyectos REDD, como medida de precaución. No firmar representa la única forma de evadir los riesgos y conflictos que los proyectos de conservación de bosques bajo REDD pueden crearnos”.

 

  • El lucro de la destrucción

• El comercio de servicios ecosistémicos necesita que la destrucción continúe porque sin ella no habría nada que “compensar”

El comercio de “servicios ambientales” no intenta cambiar el modelo actual de producción y consumo que está en el origen de las múltiples crisis a las que nos enfrentamos hoy, incluida la destrucción gradual de los bosques de todo el mundo. En cambio, el comercio de “servicios ecosistémicos” va de la mano con la “economía verde”: ambos se basan en la suposición de que es posible un crecimiento ilimitado en un planeta limitado, y que basta con organizar mejor ese crecimiento, volverlo “verde”, para compensar el deterioro de un lugar esperando que, en otro lugar, el ecosistema volverá a desarrollarse lo bastante rápido como para estar listo a tiempo para una nueva ronda de compensaciones. Como señaló Rio Tinto, “es posible que los conflictos sobre el uso de la tierra se vuelvan un problema cada vez más importante”, (25) no sólo para Rio Tinto sino para todos los emprendimientos industriales de uso de la tierra e infraestructuras. Las compensaciones – ya se trate de carbono, biodiversidad, agua, belleza natural, restauración de bosques o el servicio de polinización que brindan los abejorros – tienen un papel fundamental en este contexto de conflictos agudizados sobre las decisiones referentes al uso de la tierra. Como muestra el caso de los planes de compensación de biodiversidad del Reino Unido, el gobierno espera “que la compensación de biodiversidad ayude a acelerar la construcción de casas, al volver más fácil superar las objeciones ambientales”. En otros lugares, las compañías recurren a las compensaciones para justificar la expansión de “minería neutra en cuanto a la biodiversidad”, “centrales eléctricas a carbón neutras en carbono”, “minería de uranio neutra para la biodiversidad” en Parques Nacionales, cuando se destruyen sitios arqueológicos para dar paso a minas o cuando se construyen nuevos aeropuertos y pistas.

Derechos de la naturaleza versus permisos de destrucción

Los promotores del pago por “servicios ecosistémicos” dicen que es importante poder mostrar “el verdadero costo de la destrucción”. Esta afirmación plantea dos problemas. El primero es que, como dijo Albert Einstein, “no todo lo que se puede contar cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado”. Nunca habrá una cifra que refleje “el verdadero costo de la destrucción”. Ningún cálculo matemático podrá captar los numerosos aspectos de la naturaleza que, simplemente, son incalculables, como el placer de escuchar el murmullo del arroyo que corre sobre un lecho rocoso, el canto de un ruiseñor, el olor de la madera en descomposición rebosante de insectos, los recuerdos de prácticas culturales captados en pictogramas o tallados en los árboles, etc. La cuestión no es aumentar el esfuerzo, el financiamiento o las metodologías, sino convencerse de que cualquier cálculo matemático sólo podrá capturar una fracción muy pequeña del valor de la naturaleza. Decir que la evaluación de la naturaleza o el cálculo del valor del “capital natural” de un país arrojará como resultado el valor total y real de la naturaleza es no sólo engañoso sino absurdo. Y sin embargo, se suele usar como justificación para realizar cálculos que abren paso al comercio de “servicios ecosistémicos”.

Siguiendo por este camino, vamos en una dirección totalmente diferente a la de averiguar cómo aplicar el concepto de derechos de la naturaleza como punto de partida para el uso de la tierra y la planificación económica, y actuar no en base a la premisa de una naturaleza dominada sino a la de una naturaleza respetada. Las compensaciones, ya se refieran al agua, al carbono, a la biodiversidad, a la belleza natural, a la restauración de los bosques o a la polinización que realizan los abejorros, no nos ayudan, ni individualmente ni colectivamente como sociedad, a cambiar de mentalidad y de modelo económico para lograr la plenitud. Como explica Kevin Anderson, del Tyndall Center, (27) las compensaciones son peores que nada porque mantienen la ilusión de que seguir haciendo lo de siempre es una opción, y crean la ilusión de que se está haciendo algo.

• El PSA como forma de despolitizar la lucha por un nuevo modelo económico y de desarrollo

Suponer que el hecho de conocer “el costo real de la destrucción” cambiará las decisiones políticas y empresariales que destruyen la naturaleza plantea un segundo problema. Quienes defienden esa idea aún no han explicado cómo sucederá esto. No basta con mostrar una cifra para cambiar el desequilibrio de poderes, ni para combatir la necesidad de crecimiento permanente en un sistema económico capitalista.

Los promotores de la evaluación de la naturaleza no reconocen que el problema de fondo es de origen político y de poder, que se trata de saber qué tipo de desarrollo queremos; además, al ubicar el PSA y la evaluación económica de la naturaleza en el centro del debate, éste se despolitiza: en lugar de centrarse en la decisión política, se refiere a los tecnicismos de la destrucción. Ya estamos viendo que las organizaciones y movimientos que insisten en discutir sobre el tipo de desarrollo al que se aspira están siendo marginalizados por políticos y corporaciones que insisten en que el diálogo se dé sólo con las partes “razonables” de la sociedad civil. (28). Ya no se discute sobre el lugar donde construir una carretera, permitir una mina en un Parque Nacional, arrasar un bosque antiguo para edificar un barrio residencial lujoso, etc. Ahora, se discute sobre cuántas unidades de determinada calidad del servicio ecosistémico A, B C o D se requieren para compensar la destrucción.

“La contabilización del capital natural fortalece a los adinerados pero debilita al resto de nosotros y socava la participación popular.” (29)

 

  • Movilizarse para decir NO al comercio de servicios ecosistémicos

Decir “NO” a las compensaciones es decir “SÍ” al mantenimiento de las corporaciones dentro de límites claramente definidos por leyes, multas y sanciones, y no por leyes que permiten comprar la autorización de destruir y contaminar. En Cochabamba, en abril de 2010, durante la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, (30) se forjó una alianza popular de organizaciones no gubernamentales, redes y movimientos sociales destinada a definir su propio programa. Ese proceso continuó en Río+20, y desembocó en una posición común de oposición a la “economía verde” y en un programa colectivo. Desde 2011, una red de organizaciones, movimientos, campañas y comunidades afectadas de diversas regiones del mundo han estado construyendo la campaña global “Desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad”. (31)

Los planes de PSA que autorizan a destruir aún más naturaleza que lo que permite la ley acrecentarán aún más ese poder corporativo. Lo que se necesita es lo opuesto. Por consiguiente, es necesario fortalecer los procesos mencionados para poder luchar contra las grandes corporaciones e instituciones financieras responsables de la financierización de la naturaleza y de la vida en general.

Hoy en día es esencial, para comenzar, que los movimientos y organizaciones de la sociedad civil exijan información y transparencia sobre los procesos de financierización que avanzan rápidamente en los países del Sur y, sobre todo, sobre el papel de los gobiernos que, sin consultar a nadie, proponen y aprueban leyes y decretos que incluso se oponen a sus propias constituciones y a los acuerdos internacionales para facilitar al capital financiero el acaparamiento de los suelos y la naturaleza. Y debemos trabajar todos juntos para reforzar el debate traduciendo los aspectos “técnicos” y aparentemente “complejos” de la financierización a un lenguaje tan sencillo como sea posible.

Cuantas más personas estén al tanto del problema y comprendan su perversidad y su impacto sobre las vidas de las comunidades que dependen de los bosques o de la naturaleza en general, y, a la larga, sobre todos los pueblos, más posibilidades habrá de construir el frente sólido necesario para combatirlo.

La naturaleza no se vende. No tiene precio y se defiende.

 

  • Hagamos algo

• Firmemos la declaración No a la Compensación de Biodiversidad (en español, francés, inglés, portugués y otros):
http://no-biodiversity-offsets.makenoise.org/

• Ayudemos a divulgar el Acuerdo de los Pueblos aprobado durante la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre tierra, realizada en Cochabamba, Bolivia, en abril de 2012:
http://pwccc.wordpress.com/2010/04/24/peoples-agreement/
.

• Apoyemos a las organizaciones que exhortan a la UE a abandonar su mercado del carbono, el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión: Scrap the EU-ETS, http://scrap-the-euets.makenoise.org/ (en español, francés e inglés).

 

NOTAS

(1) http://www.bvrio.org/site/
(2) Ref. Morgan Robertson.
(3) Sian Sullivan de la Red del Tercer Mundo y http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/
06/14597637/congo-republic-forestry-economic-diversification-project

(4) http://www.wavespartnership.org
(5) www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/INDICATORS%20PPT
/d3s1%20Marianne%20Fay%20Wealth%20Accounting%20and%20Valuation%20of%20
Ecosystem%20Services%20(WAVES)%20A%20Global%20Partnership.pdf

(6) http://blog.conservation.org/2012/01/making-waves-in-madagascar-putting-nature-
into-the-equation/#sthash.tjGzyVOl.dpuf

(7) http://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2013/12/Simandou-Questions-and-
Considerations_finaldoc.pdf

(8) http://www.wbcsd.org/pages/edocument/edocumentdetails.aspx?id=219&
nosearchcontextkey=true

(9) http://www.bsr.org/en/about/bsr
(10) http://www.bsr.org/reports/BSR_Private_Sector_Uptake_Ecosystem_Services.pdf
(11) http://olam.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/10/CRS-2012
-Report_Olam.pdf

(12) www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=9856&section
=news_articles&eod=1
.

(13) https://vcsprojectdatabase2.apx.com/myModule/Interactive.asp?Tab=
Projects&a=2&i=658&lat=-8.581917&lon=-74.7412663998&bp=1
,

http://www.cotizalia.com/ultima-hora/2013/01/airlines-preve-neutralizar-
completo-emisiones-20130130-543863.html
, http://elcomercio.pe/economia
/1549873/noticia-disney-adquirio-us35-millones-bonos-carbono-selva-peruana?ft=grid

(14) http://www.climate-standards.org/about-ccba/
(15) http://bbop.forest-trends.org/pages/biodiversity_offsets
(16) http://bbop.forest-trends.org/pages/pilot_projects
(17) http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3124.pdf
(18) http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_3124.pdf
(19) J.T. Quigley & D.J. Harper: (2006): Effectiveness of fish habitat compensation in Canada in achieving no net loss. Environ Manage. Marzo de 2006: 37(3):351-66.
(20) http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10134
(21) http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10134
(22) http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Critical%20review%20of%20biodiversity
%20offsets.pdf

(23) 1/3 de las tierras fértiles del mundo se consideran degradadas. Cada año se pierde una superficie de tierra fértil del tamaño de Bulgaria. Esta sección está basada en el completo análisis realizado por CENSAT Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia y en el análisis realizado por el WRM de los contratos firmados por las comunidades que han participado en proyectos de compensación de carbono. El artículo completo que describe la investigación de CENSAT fue publicado bajo el título ‘Contratos REDD: Despojo ilegítimo, por vías legales’ en el Nº 79 de diciembre 2013 de Biodiversidad: Leyes, políticas y economía verde al servicio del despojo de los pueblos. Las citas de esta sección están tomadas del artículo de CENSAT mencionado, salvo indicación en contrario.
(24) WBCSD (2012): Biodiversity and ecosystem services scaling up business solutions. Company case studies that help achieve global biodiversity targets.
(24) Ancient woods face axe in drive for homes. Government plan to ‘offset’ loss of habitat. The Times newspaper 4 January 2014 http://www.thetimes.co.uk/tto/environment/article3965473.ece
(25) Kevin Anderson(2012): The inconvenient truth of carbon offsets. A World View published in Nature. April 2012,
http://www.nature.com/news/the-inconvenient-truth-of-carbon-offsets-1.10373,
http://kevinanderson.info/blog/wp-content/
uploads/2013/02/The-inconvenient-truth-of-carbon-offsets-Pre-edit-version-.pdf

(26) George Monbiot. Pricing the Priceless. 18 de setiembre de 2013.
http://www.monbiot.com/2013/09/18/pricing-the-priceless/

(27) http://pwccc.wordpress.com/2010/04/24/peoples-agreement/
(28) http://www.stopcorporateimpunity.org/
(29) http://pwccc.wordpress.com/2010/04/24/peoples-agreement/
(30) http://www.stopcorporateimpunity.org/