Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Enmascarando la destrucción: REDD+ en la Amazonía Peruana

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Por casi 20 años las negociaciones de la ONU sobre el clima han promulgado el mercado de carbono como la bandera insignia para ‘solucionar’ el cambio climático. No obstante, este mercado permite que las empresas y gobiernos ‘compensen’ su contaminación sin tener que reducir las emisiones que ellos producen. Como resultado, no solo los gases que generan el cambio climático han incrementado a nivel global, sino que además, los proyectos a gran escala implementados mayoritariamente en el Sur para ‘compensar’ las emisiones de países y corporaciones del Norte, vienen creando devastación ambiental, despojo de territorios, conflictos sociales e incluso la violación de los derechos humanos.

Bajo esta lógica de ‘compensaciones’, se negocia desde el 2005 el mecanismo de Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques (REDD), y de la conservación, el manejo sostenible de los bosques y el aumento de las reservas de carbono (REDD Plus o REDD+). El gobierno peruano ha actuado como su promotor de cabecera desde el 2008.

REDD+ impone la lógica del mercado de carbono en los bosques. Le adjudica un valor monetario a la capacidad de los árboles, plantas y suelos de ‘almacenar’ carbono. Para hacer esto, se deben modificar los marcos legales existentes relacionados a los bosques, y por ende, a los territorios de comunidades indígenas y dependientes de los bosques. El Perú participa de casi todos los procesos internacionales que empujan REDD+, tales como el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal (FCPF) y el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial, el Programa ONU-REDD, entre otros.

Pero, ¿A quién beneficia REDD+?

Los documentos de preparación para REDD+ en el Perú casi siempre señalan a los campesinos y campesinas como los principales causantes de la deforestación por crear parcelas para la agricultura de subsistencia. Un reciente análisis con imágenes satelitales de los ocho países sudamericanos que comparten la superficie amazónica, con excepción de Brasil, posiciona al Perú como el país con la mayor pérdida de bosque en 2012, representando un incremento del 67% en comparación con el año anterior. Más del 65% de los territorios indígenas y el 49% de las Áreas Naturales Protegidas están superpuestos por lotes petroleros. A la par, los conflictos sociales y la criminalización de los pueblos aumenta. Sin embargo, los documentos REDD+ no miran las causas estructurales de estas altas tasas de deforestación. Detener la extracción de petróleo y gas, así como los grandes proyectos de infraestructura como las mega-represas, o las plantaciones de palma aceitera, no son objeto de atención en dichos documentos. En lugar de analizar los por qué de la deforestación, se ocultan a los actores responsables de la destrucción a gran escala de la amazonia, culpabilizando al más pequeño.

El actual mapa de proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas del Perú reporta que en la costa y la sierra peruana hay 50.516 concesiones mineras vigentes; mientras que el 49.6% del territorio de las comunidades en la sierra se encuentran superpuestas a concesiones mineras, forzando a muchas poblaciones a que por desalojos forzados, contaminación local, criminalización, entre otros, busquen otras tierras. De igual forma, el 84% de la amazonia está bajo concesiones de hidrocarburos y, mediante un decreto de 2011, se declaró la construcción de 20 hidroeléctricas a gran escala a lo largo del río Marañón como un asunto de ‘interés nacional’. La mayoría de la energía generada será exportada al Brasil, y el resto beneficiará a las mineras de la región andina. Las plantaciones de palma por su parte están avanzando rápidamente en la amazonia.

Mientras más deforestación exista y más amenazas a los bosques haya, más proyectos REDD+ pueden ser justificados. Así, sin siquiera cuestionar el modelo extractivista, los proyectos REDD+ no sólo generan créditos de carbono que permiten expandir y legitimar las actividades culpables de la deforestación, además de crear lucrativos mercados de especulación financiera, sino que además son dependientes de este modelo.

El proceso de REDD+ en el Perú

La implementación de REDD+ en Perú se inició en 2009 al ser elegido país piloto de los programas del Banco Mundial que promueven arduamente los mercados de carbono: el FCPF y el FIP. Estos ofrecen financiamiento para, entre otros, lograr la apertura de los países del Sur al mercado de carbono en los temas de bosque. El FCPF exige realizar una Propuesta para la Preparación de REDD+ (R-PP; por sus sigla en inglés) para acceder a los fondos. En Perú, esta fue aceptada en 2011 aunque falta la aprobación final. El R-PP conduce la Estrategia Nacional de REDD+ así como la Estrategia Nacional de Inversión que se elabora en el marco del FIP.

El FCPF y el FIP también reciben financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), algunos gobiernos europeos, los Estados Unidos y Japón, así como de actores privados como el gigante inglés del petróleo, BP. La historia nos advierte sin embrago que estos actores han facilitado procesos subyacentes a la deforestación, marginalizando a los pueblos dependientes de los bosques. Así, el BID también financia proyectos tan destructivos como el proyecto de extracción y trasporte de gas de Camisea o la zonificación para aumentar las plantaciones de palma en la amazonia. Entonces, si la agenda es seguir con un destructivo modelo extractivista ¿cuáles son los verdaderos intereses para empujar REDD+ en el Perú?

El controvertido proyecto de Camisea para la extracción de gas en medio de la amazonia, incluye además cientos de kilómetros de gaseoductos, plantas de fraccionamiento y licuado, así como puertos, vías de acceso y tendidos de cable eléctrico, los cuales se superponen a diversas reservas comunales, territorios indígenas y parques nacionales. El plan de ampliación de Camisea se superpone a la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), donde habitan pueblos indígenas en diversas condiciones de aislamiento voluntario y contacto inicial, y es a su vez, zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, el cual según la UNESCO concentra una biodiversidad “que excede a cualquier otra en el mundo”.

El BID otorgó en diciembre de 2012 un millón de dólares al gobierno peruano para ‘proteger’ a las Reservas Indígenas en aislamiento voluntario, una categorización que de acuerdo a ley permite actividades extractivas si el gobierno lo considera “de necesidad pública”. Con esto, se financian estudios para re-categorizar cinco Reservas Territoriales, incluyendo la RTKNN, como Reservas Indígenas, exponiéndolas a posibles intervenciones. Bajo discursos de ‘protección’, el financiamiento también incluye un “Análisis de la deforestación evitada de las reservas de pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial”. Es decir, contabilizar el carbono ‘almacenado’. Y especifica buscar el diseño de “un mecanismo financiero para su protección con la venta de bonos de carbono” a través de un proyecto REDD+. En otro intento por limpiar su imagen, el banco aprobó en 2002 un préstamo de US$5 millones para reforzar la capacidad del gobierno de supervisar y monitorear “los impactos ambientales y sociales del proyecto” de Camisea y establecer iniciativas “que permitan un desarrollo sostenible y armónico en su zona de influencia”. Sin embargo, en 2003 aprobó un préstamo de US$135 millones a un consorcio privado para la construcción de los principales gaseoductos de Camisea y así “apoyar el componente de transporte del gas”. En 2007, aprobó otro préstamo de US$400 millones para un consorcio privado encabezado por la estadounidense HuntOil. REDD+, en realidad, le permite asegurar los créditos de carbono de la reserva, legitimando a su vez la extracción en la zona.

En paralelo, Pluspetrol, la petrolera que lidera el consorcio Camisea, suscribió en 2013 un proyecto de compensación dentro del mercado de carbono de la ONU para su planta de refinamiento. La empresa argumenta reducir las emisiones de la planta al instalar dos unidades de recuperación de calor residual y al evitar la instalación de hornos para el calentamiento de aceite térmico y, por consiguiente, la quema de combustible adicional. A través de este proyecto, Pluspetrol podrá generar créditos de carbono hasta el año 2020 para comercializarlos y obtener aún más beneficios. Los discursos de ‘energía eficiente’ y ‘sustentabilidad’ que la petrolera defiende sin embargo, se desmoronan frente a la realidad de un mega-proyecto que está generando destrucción en territorios y pueblos del valle del Urubamba. El mercado de carbono, además de legitimar a una petrolera, está ayudándola en su expansión.

El detalle de más (‘+’): REDD-Plus

El ‘Plus’ incluye actividades de (1) Conservación de las reservas de carbono; (2) Manejo forestal sostenible y; (3) Aumento de reservas de carbono. Aunque suenan propuestas positivas, la realidad es que estas ‘actividades’ facilitan aún más el ingreso de corporaciones e intereses privados sobre territorios boscosos.

Durante las negociaciones sobre el clima en 2008, el Ministerio del Ambiente (MINAM) anunció el ‘Programa Nacional de Conservación de Bosques’ (PNCB), con el objetivo de conservar 54 millones de hectáreas de bosques, incluyendo áreas protegidas, concesiones para ecoturismo y conservación, reservas territoriales para indígenas en aislamiento voluntario y los humedales amazónicos, así como reducir la deforestación neta a cero para el año 2020. Con financiamiento del gobierno alemán, estadounidense y japonés, el PNCB actúa como programa sombrilla donde se incluiría REDD+ al “permitir capturar dióxido de carbono”. Con el PNCB, el gobierno impulsa una iniciativa para entregarle a comunidades alrededor de US$3.7 por hectárea, por año, durante cinco años, con el compromiso de que ‘vigilen’ el bosque donde viven. Los contratos comprometen el total de hectáreas de bosques de las comunidades. Estos no solo atentan contra la autonomía y control de uso sobre sus territorios, sino que además, al tener que ‘vigilarse’ entre ellas mismas, crean conflictos entre y dentro de las comunidades.

La imposición de Parques Nacionales o Áreas Protegidas también conllevan el desalojo de poblaciones locales. En la selva norte de Perú por ejemplo, la comunidad de Nuevo Lamas viene resistiendo el Área de Conservación Regional Cerro Escalera. Las autoridades del parque han restringido el acceso al bosque para cazar y recolectar, prohibiendo su sistema tradicional de rotación de cultivos. En 2010 se presentaron cargos contra tres miembros de la comunidad por practicar la agricultura de rotación. Además de Nuevo Lamas, hay otras comunidades que dependen de estas áreas para obtener recursos vitales. También se han presentado cargos contra ocho miembros de la comunidad de Alto Pucalpillo, la cual sólo cuenta con títulos de propiedad alrededor de sus casas, por deforestar 0,25 hectáreas con el fin de establecer un pequeño campamento para cultivar alimento durante sus expediciones de caza y recolección. Según un estudio en progreso, existen al menos 32 comunidades con títulos de propiedad que cubren solo sus casas y al menos 13 que no están reconocidas oficialmente. Cerro Escalera, de 132 000 hectáreas, ha sido creada junto con cientos de miles de hectáreas de concesiones privadas para la ‘conservación’ otorgadas a ONGs y empresas privadas.

REDD‘+’ además, fomenta operaciones de tala de madera a escala industrial así como plantaciones de monocultivo. En el marco del financiamiento del FIP, por ejemplo, se incluyen las siguientes acciones: (1) dar concesiones para la extracción de madera preferentemente con ‘certificaciones’, por ejemplo con el Consejo de Manejo Sustentable (FSC, por sus sigla en inglés). Esto es un fuerte incentivo a la tala industrial, una actividad que ya fue muy criticada en Perú por las comunidades locales, y una importante causa de la deforestación; (2) promover la agricultura de ‘carbono positivo’, como las plantaciones de palma aceitera, que ya cuentan con el apoyo estatal e internacional como alternativa a las plantaciones destinadas al tráfico de drogas; (3) promover plantaciones de monocultivos de árboles, sugiriendo la plantación de 250 mil hectáreas en Cajamarca y Huánuco, próximo a San Martín y Ucayali.

¿‘Re-creando’ vida?

La controversial mina Conga de la Newmont-Buenaventura-Banco Mundial (Minera Yanacocha) en Cajamarca, al norte del país, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección del agua. La mina a tajo abierto pretende imponerse sobre una cabecera de cuenca que abastece a 5 microcuencas, afectando a más de 600 manantiales y la pérdida inminente de lagunas naturales, con serias consecuencias para con las poblaciones. La minera como consecuencia ofrece ‘re-crear’ las lagunas en unos reservorios de agua artificiales para ‘compensar’ su destrucción. Sin embargo, es imposible hacer este reemplazo y mucho menos el poder ‘compensar’ la pérdida de lagunas naturales por reservorios artificiales de agua. Las poblaciones y los gobiernos locales llevan meses de intensas protestas, siendo violentamente criminalizados y acechados. De la manera que REDD+ genera un sistema de compensaciones sobre el dióxido de carbono y la contaminación atmosférica, ya se están empujando numerosos mercados que permitirían comercializar –o incluso ‘re-crear’ los ‘servicios’ que ofrece la naturaleza, como en este caso, el ciclo del agua. La idea de que la destrucción puede ser ‘compensada’ es altamente peligroso y encubre más extracción y devastación.

 Una lógica de acumulación

Las bases de REDD+ están cimentadas en el mercado de carbono. REDD+ establece la fragmentación de territorios en mercancías, ahora también con los ‘servicios ambientales’, la biodiversidad, agua, entre otros. Por más que se intenten cambiar sus objetivos, REDD+ está siendo financiado, implementado y planificado para ser un mecanismo del mercado de carbono. Los inversionistas se preocupan ante todo por el ‘valor’ y la calidad de la mercancía. Es así que la experiencia deja en evidencia que los proyectos REDD+ establecen paquetes de derechos de propiedad sobre los árboles, plantas, bosques y suelos para ser apropiados por los actores de poder.

REDD+ pretende que sin contrarrestar el modelo extractivista y sin lidiar con las causas subyacentes, al añadir un valor monetario al ciclo del carbono, se creen los incentivos suficientes para reducir la deforestación. Esto claramente no funciona. La deforestación y degradación forestal vienen empujadas por una lógica económica de ‘crecimiento’ continuo que necesita de la extracción, y por ende, de la deforestación a gran escala y el despojo de las comunidades dependientes de los bosques. Esta lógica ve a las funciones y ciclos naturales como mercancías; a los bosques como plantaciones de árboles; a los muchos ‘valores’ del bosque como un único ‘valor’ monetario. Esta lógica nos quiere volver ciegas ante las muchas opciones existentes fuera del capitalismo depredador. ¡No nos dejemos atrapar por esta REDD!

Este artículo es un resumen de la publicación “Enmascarando la destrucción: REDD+ en la Amazonía Peruana”, por Joanna Cabello, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, http://wrm.org.uy/es/files/2013/11/Enmascarando_la_destruccion.pdf