Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

FSC: Acaparamiento certificado

 

El FSC

La certificación de plantaciones industriales de árboles por parte del Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés) ha sido un instrumento de legitimación del modelo de monocultivos en gran escala. Su programa de acreditación, que cuenta con el reconocimiento internacional, asegura a los consumidores que las empresas que cuentan con su sello hacen “un manejo forestal socialmente beneficioso, ambientalmente apropiado y económicamente viable”.

Desde hace largo tiempo, el WRM, junto con otras organizaciones y movimientos sociales, ha venido denunciando el nefasto papel de la certificación de modelos productivos que son intrínsecamente insustentables y demostradamente perjudiciales, tanto para el ambiente como para las comunidades, como es el caso de los monocultivos de árboles y el FSC.

Dentro del contexto del acaparamiento de tierras, la forestación, generalmente en manos de grandes empresas, es uno de sus “tentáculos”, ocupando enormes extensiones y desplazando comunidades y modos de producción familiares, comunitarios, diversificados, para sustituirlos por “desiertos verdes”.

Quienes allí trabajan no tienen para contar historias que los liguen amorosamente a esa tierra y sus dádivas. Sus historias son de explotación y dificultades. Se convierten en jornaleros de empresas que pagan salarios bajos y ofrecen condiciones de trabajo muy duras. Y sin embargo, esas empresas están certificadas.

– El caso Alto Paraná en Argentina

La empresa forestal Alto Paraná S.A. (APSA), del grupo chileno Arauco, radicada en la provincia de Misiones hace más de una década, busca nuevamente el sello del Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés). La evaluación del patrimonio forestal de la empresa, de 233.664 hectáreas, fue realizada en marzo pasado por consultores de la organización internacional Rainforest Alliance, quienes analizaron aspectos ambientales, silviculturales y socioeconómicos de las plantaciones forestales. Ésta es la segunda vez que la empresa intenta obtener este sello, que no logró conseguir en 2006.

Tras conocerse la noticia, un grupo de profesionales del sector forestal y académico junto a los Productores Independientes de Puerto Piray (PIP), la Unión de Productores de Puerto Libertad, investigadores del Conicet, comunicadores populares de Misiones, y el Grupo de Reflexión Rural (GRR), elaboraron un informe sobre los impactos negativos del manejo forestal de APSA, a fin de ponerlo a disposición de los auditores Freddy Peña y Ariel Zorrilla.

En el informe (http://nosonbosques.com.ar/noticias/abajo-el-maquillaje-verde/#more-444) se denunció que no es ambientalmente apropiado el uso masivo de agrotóxicos de más de 100 mil kilos por año preparados con agua de los arroyos misioneros; como tampoco lo es el desmonte en decenas de miles de hectáreas que esta empresa concretó en el pasado para instalar sus plantaciones, muchas veces incumpliendo las leyes ambientales de la provincia.

También se remarcó que no es socialmente beneficioso el reemplazo de las tierras más fértiles de la provincia por interminables plantaciones de pinos y eucaliptos, manejadas con máquinas y químicos, que no sólo generan desocupación sino que además impiden que se siga cultivando alimentos en las chacras, enferman a las personas con las fumigaciones y el polen, hacen desaparecer colonias de pequeños productores y limitan el crecimiento de nuestros pueblos.

Y se enfatizó que no es económicamente viable que la provincia dependa de una sola actividad productiva, concentrada fuertemente por esta única empresa: mientras sus pinos crecen y sus aserraderos y fábricas se enriquecen, la sociedad y el ambiente en Misiones se empobrecen cada vez más.

La antropóloga Andrea Mastrangelo facilitó a los auditores datos y publicaciones de su autoría sobre precarización laboral, la Leishmaniasis tegumentaria como enfermedad no reconocida del ambiente de trabajo forestal y limitaciones a la libertad de agremiación de los trabajadores. También denunció que otros impactos negativos de la industria foresto-celulósica están relacionados con el ordenamiento territorial, como el juicio en instancias federales por la implantación de pinos dentro de una reserva indígena de Alecrín, en el departamento de San Pedro, y el desplazamiento de la población por la intensificación del monocultivo foresto-industrial del Grupo Arauco, no solo de pequeños productores minifundistas sino también de trabajadores forestales.

Comunidades Mbya Guaraní asentadas en la provincia de Misiones realizaron un Aty Ñeychyrô (Asamblea de Caciques) especialmente convocado para definir un posicionamiento de cara al proceso de evaluación para la certificación FSC. El pronunciamiento de las Comunidades Mbya Guaraní, leído ante los Certificadores de Alto Paraná el 13 de marzo, sostiene:

“Transformar nuestra selva, rica en diferentes animales, agua y plantas en una mancha verde en la que solo hay pinos, donde silencio existe porque no hay animales, pájaros y peces, nos daña muy profundamente, nos produce quebranto. Cuando destruyen la selva para plantar pinos, o cuando no se hace nada para replantar árboles nativos en los lugares donde arrancaron los ejemplares que dieron sombra a los abuelos de nuestros abuelos nos empujan en forma silenciosa hacia las ciudades, destruyendo nuestra cultura muy anterior a los intereses de Alto Paraná.

Esta empresa nunca se acercó a las Comunidades más que para desmontar a su alrededor y plantar pinos, nuestra tierra -en la que la vida se alegraba a cada paso- es hoy un desierto de pinos. Alto Paraná no reconoce que está en territorios indígenas, no devuelve las tierras, no reconoce el daño causado, como es fácil ver en el caso de Tekoa Alecrín.

¿Por qué esta empresa recién hoy se presenta a las Comunidades pretendiendo hacerlas firmar un convenio sin explicar su contenido, buscando sorprender nuestra buena fe y confianza? ¿Dónde estaba Alto Paraná cuando intrusos pretendieron invadir el territorio de Tekoa Alecrín? ¿Por qué si consideraba que las tierras eran suyas no las defendió? Pero sí lo hicieron los verdaderos dueños de ellas: las Comunidades Mbya Guaraní.

Esta empresa solo trae daño y dolor a nuestro pueblo, lo demuestra cuando solo pretende relacionarse para cuidar su propio interés. La madera que vende está regada con las lágrimas de nuestras abuelas y abuelos que vieron cómo el lapacho, el cedro, el timbó, caían bajo las motosierras para transformarse en pinos extranjeros en nuestros territorios. Nunca pensamos en los árboles como dinero, son -para nosotros- parte muy importante de nuestra vida, sin monte no hay Mbya, el pino condena nuestra cultura y los malos empresarios también”.

Por su parte, los Productores Independientes de Piray (PIP), organización creada hace seis años por cerca de doscientas familias de Piray Kilómetro 18, Barrio Unión y Barrio Teresa, del municipio de Puerto Piray, departamento de Montecarlo, también enviaron un informe a los evaluadores de la certificación FSC, y en simultáneo a la opinión pública, donde expresaron:

“No estamos de acuerdo con que certifiquen Alto Paraná (APSA), porque luego de los 70 metros que tenemos para vivir, continúa un mar de pinos y nos sentimos asfixiados; porque desde agosto y durante todo el verano el polen de la floración del pino ensucia nuestro ambiente; porque respiramos aire contaminado y el polvo amarillo está en todas partes, en nuestra mesa, en nuestros platos, en la cama, en los tachos con agua; porque fumigan con agro tóxicos cerca de nuestras casas; porque están enfermando a los niños y personas adultas: dolores de cabeza, vómitos, mareos, colitis, anginas, conjuntivitis, bronquiolitis, asma, alergias y perdidas de embarazos; porque mueren personas por infección de cáncer; porque mueren nuestros animales; porque es un peligro y una amenaza para futuras generaciones; porque expulsaron a siete comunidades de kilómetros que ya no existen. Esas comunidades están en nuestra memoria, son parte de nuestra historia. Eran comunidades bien constituidas. No queremos irnos. Queremos vivir dignamente. Queremos trabajar la tierra, producir alimentos sanos”.

Las familias de PIP manifestaron además: “Queremos el desarrollo de la comunidad donde está insertada la empresa para que “los kilómetros” [colonias de pequeños productores que se encuentran en el Municipio de Puerto Piray] no desaparezcan, para el desarrollo de la agricultura familiar, para producir y comercializar productos sanos a Montecarlo, Eldorado y nuestro querido Puerto Piray, para que nuestros proyectos productivos se fortalezcan, para que nuestros jóvenes no se marchen del lugar, para defender nuestra identidad”.

– El caso Veracel Celulose en Brasil

Veracel Celulose es una empresa conjunta de la sueco-finlandesa Stora Enso y la noruega-brasileña Fibria (ex Aracruz), en Eunápolis, estado de Bahía, donde el pasado mes de marzo, 350 funcionarios iniciaron una huelga en defensa de sus salarios, que están por debajo del mínimo legal. Como dicen los trabajadores, su huelga es el resultado de un proceso histórico de explotación y falta de diálogo, y su actitud es una demostración de que están dispuestos a hacer valer sus derechos.

Los trabajadores denunciaron que diariamente deben ir a trabajar a zonas de difícil acceso en las plantaciones de eucalipto, teniendo que partir en algunos casos a las 3 y 30hs de la mañana y llegando de vuelta a sus casas, según la distancia, incluso a las 21hs. Pero por esa larga jornada Veracel solo les paga las 8 horas de trabajo exclusivamente en la plantación.

Se trata, además, de trabajos que causan impactos en la salud. Según los obreros, los operarios de las máquinas suelen sufrir lesiones ocasionadas por la falta de condiciones adecuadas de las máquinas, accionadas en terrenos irregulares, con declives y pendientes, cuyas vibraciones repercuten en todo el cuerpo. “Nuestro trabajo exige metas de producción desmedidas, de 31 m² por hora, cerca de 120 árboles cortados en una hora”, afirmó uno de los obreros.

Por otra parte, los largos trayectos que deben recorrer en vehículos sin aire acondicionado y por caminos polvorientos provocan casos de alergia y de trastornos respiratorios.

Ni las malas condiciones de trabajo, ni los bajos salarios, ni la concentración de tierras que supone su negocio de monocultivos de árboles para celulosa impiden que Veracel cuente con un “sello verde” para tranquilizar a sus clientes.

Para quien convive con la realidad de las empresas plantadoras de eucalipto y las fábricas de celulosa, en el Estado de Bahía, el sello FSC es una jugada de mal gusto. Es una farsa. Es la certeza de la impunidad para con las violaciones de los derechos. Significa la certificación de la crueldad, de las injusticias sociales, ambientales y culturales. Y quienes compran esos productos ¿son engañados o cómplices?

La certificación del FSC avala, además, el acaparamiento por parte de las empresas, que utilizan ese “sello verde” para facilitar la obtención, junto a las autoridades, de las licencias necesarias para la expansión de sus actividades, agravando aún más los impactos. Por eso se hace necesario y urgente llevar a cabo una gran campaña en contra de la certificación FSC y otros sellos de falsa ´sustentabilidad´.
El caso argentino es de autoría de Sebastián Korol, periodista de la Revista Superficie (provincia de Misiones) y María Inés Aiuto, periodista, integrante de la campaña Paren con las plantaciones forestales, Grupo de Reflexión Rural (provincia de Corrientes).

El caso de Brasil fue elaborado a partir de la información proporcionada por CEPEDES, correo electrónico cepedes@cepedes.org.br, y del artículo: “Trabalhadores da Veracel em greve alegam que recebem salários abaixo do mínimo regido pela CLT”, Irlete Gomes, 22/03/2013,http://www.girodenoticias.com/noticias/geral/3019/trabalhadores-da-veracel-em-greve-alegam-que-recebem-salarios-abaixo-do-minimo-regido-pela-clt-22-03-2013/