Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Liberia: un país que se encamina al desastre con el reinicio del madereo

Los bosques de Liberia guardan grandes promesas para su gente, pero esas promesas se esfuman rápidamente con el mal manejo que el gobierno liberiano hace de este valioso recurso. El gobierno está entregando contratos de tala que no cumplen con los debidos requisitos, se pisotean los derechos comunitarios y sobre las organizaciones de la sociedad civil pende la amenaza de ser censuradas en caso de que realicen denuncias. (1)

 

Camino hacia el desastre

En un esfuerzo por romper con la historia sangrienta del país vinculada a la explotación de los recursos naturales, el gobierno de Liberia aprobó una nueva ley forestal en 2006. La ley prometió un nuevo proceso participativo para identificar las posibles áreas para nuevas concesiones de tala comercial, y procesos transparentes tanto para la precalificación de empresas madereras, como para el otorgamiento de nuevas concesiones. Lamentablemente, según palabras del Grupo de Expertos de la ONU, la Autoridad de Desarrollo Forestal de Liberia “a menudo no es consciente de los requisitos legales o es incapaz de seguirlos”. (2)

En lo que constituye una violación de las leyes (3) se concedió una serie de contratos de tala a empresas madereras que carecen de capacidades técnica y financiera probadas y con avales financieros de los cuales se sabe muy poco. El gobierno no estableció normas adecuadas para la calificación de las compañías que pueden presentarse a licitar, y por lo tanto no eliminó a las empresas que arrastraban moras y otras que no podrían cumplir sus obligaciones una vez otorgados los contratos.

Las tres compañías que recibieron los tres mayores contratos no los hubieran recibido si las autoridades forestales hubieran aplicado la ley. Por ejemplo, Liberia Tree and Trading Company (LTTC) tenía atrasos en el pago de impuestos al momento de ser precalificada. La empresa todavía estaba en mora cuando se presentó a licitación (4), nuevamente en violación de la ley. Durante la etapa de evaluación la empresa se puso en comunicación con el grupo evaluador “para pedirle que demorara una semana su informe final de evaluación y le permitiera así arreglar sus atrasos en los impuestos con el Ministerio de Hacienda” (5); el Presidente del Grupo de Evaluación de Licitaciones informó al Grupo que esto constituía una violación de la ley (6). La propiedad de la segunda compañía, Alpha Logging and Wood processing, cambió sustancialmente entre la precalificación para la licitación y el momento en que licitó uno de los tres contratos (7). Este cambio sustancial de la propiedad anuló automáticamente su certificado de precalificación (9). Pero como en el caso de LTTC, las autoridades forestales les concedieron un contrato aun cuando no estaban calificados para licitar. La tercera empresa, E J and J, no demostró tener las suficientes capacidades técnica y financiera durante el proceso de diligencia debida, una precondición fundamental para el otorgamiento de un contrato. 

La diligencia debida demostró lo poco que se sabe de esas empresas: cómo la dirección cambió de manos, cómo los financiadores permanecen en las sombras, o cómo nunca llega a materializarse el capital inicial requerido. Y lo que sin duda es más preocupante: los contratos concedidos se beneficiaron con un silencioso cambio de último momento en sus obligaciones de pago, reduciendo en un 96 por ciento la cantidad que pagarían al gobierno por concepto de arrendamiento de la tierra. Si bien este cambio se corrigió luego de que se plantearan interrogantes, resulta demostrativo del futuro incierto y potencialmente peligroso prometido por unas autoridades forestales confundidas.

 

El atropello de los derechos de las comunidades

El gobierno parece resuelto a ignorar también los aspectos de la ley que protegen los derechos limitados de las comunidades del bosque. El gobierno no puede quitarles unilateralmente a las comunidades del bosque parte de su tierra sin que medie un debido proceso, consulta, acuerdo y obligaciones contractuales que les ofrezcan beneficios. Sin embargo ha violado esos requisitos, a veces por incompetencia y otras veces intencionalmente.

Si bien el derecho liberiano lamentablemente no reconoce los derechos de propiedad de las comunidades tradicionales a sus árboles, se exige que a la hora de zonificar ciertas áreas como aptas para el madereo, la Autoridad Forestal solicite permiso a las comunidades que serán afectadas por dicha actividad. Este proceso está destinado a coordinar o impedir la quita sistemática de tierras de bosques por un organismo descontrolado. La Autoridad Forestal no cumplió con esos requisitos.

Además, la gente que se verá afectada por el madereo está siendo acosada. El gobierno está obligado a ayudar a las comunidades a formar organismos locales representativos y a pedir permiso a esos organismos para talar el bosque. De las diez concesiones madereras actuales o potenciales, el autor habló con personas que viven en ocho de ellas y no encontró pruebas de que quienes viven en esas tierras hubieran otorgado permiso alguno. Y si bien se están formando organismos representativos, eso se hace únicamente después de que el gobierno ya decidió cuales bosques serán talados.

A pesar de esta violación, la Autoridad Forestal sigue adelante. Antes de que a una empresa se le permita iniciar las actividades de madereo, se le exige firmar un contrato, un Acuerdo Social, con los afectados por la operación. Se supone que este Acuerdo contiene beneficios que la comunidad recibirá a cambio de la tala de su bosque. Se firmaron seis acuerdos y hay abundantes informes de los abusos que caracterizaron el proceso. 

Por ejemplo, en una región la Autoridad Forestal llegó y convocó a una reunión. En la reunión se les anunció la necesidad de que se eligieran representantes o un Comité de Desarrollo Forestal Comunitario (CFDC, por su sigla en inglés). El día de la reunión, los representantes de la comunidad se reunieron con los de la Autoridad Forestal y la empresa maderera. Se leyó un Acuerdo redactado por la Autoridad Forestal, pero ese Acuerdo estipula sólo un mínimo de los beneficios exigidos por la ley, está plagado de errores tipográficos y contiene numerosas promesas jurídicamente falsas. La Autoridad Forestal, las empresas madereras y los funcionarios del gobierno local conspiran para amenazar y mentir a los representantes de las comunidades. El Acuerdo se firma en el término de 24 horas, sin haber sido revisado. Los informes indican que el proceso por el cual se firmaron otros Acuerdos Sociales, se caracterizaron de manera similar por la coerción y una falta generalizada de consentimiento informado.  

Se reclama a la Autoridad Forestal que invalide esos Acuerdos; tiene la oportunidad de asegurar que otros Acuerdos futuros se firmen voluntariamente y con conocimiento de causa. De no hacerlo, entonces la gente cuya vida diaria se verá profundamente afectada por el madereo, tendrá pocas oportunidades de beneficiarse siquiera del corte de sus árboles.

 

Sordos al mundo

En lugar de hacer frente a esas dificultades, la Autoridad Forestal ha optado por meter su cabeza dentro de la arena. La Autoridad tiene el mandato de seguir ciertos requisitos de transparencia, y ello incluye producir documentos sobre su tratamiento de los derechos comunitarios. No obstante, se han ignorado los reiterados pedidos de ONGs y grupos de comunidades, lo que crea una gran incertidumbre acerca de si las violaciones ya constatadas reflejan realmente el grado del daño realizado. 

Como alternativa, la Autoridad Forestal, equivocando el camino, ha elaborado unas Directrices sobre cómo considera que deberían actuar los actores de la sociedad civil. Las Directrices establecen que todas las acciones de las ONGs vinculadas a los bosques deben ser sometidas primero a una investigación por la Autoridad Forestal. Si una ONG actúa sin la aprobación de la Autoridad Forestal, entonces ésta recomendaría que se le quitara la acreditación a la ONG. Por la Constitución de Liberia y la legislación forestal, esas Directrices son ilegales e inaplicables, pero los pedidos de su revocación han permanecido sin respuesta. La Autoridad Forestal sigue siendo un organismo que no está preparado para centrarse en la corrección de los procesos forestales de Liberia, y escoge en cambio cerrar sus oídos a los llamados de atención. 

No es demasiado tarde. Si bien hasta la fecha la Autoridad Forestal firmó seis contratos de madereo, los tres más grandes todavía no son operacionales ya que esperan una ratificación legislativa. Se está a tiempo de corregir los procesos de calificación, licitación y Acuerdo Social. Hay tiempo de que se consulte a las comunidades y que el madereo beneficie a la gente de Liberia. Tal vez más importante aún, hay tiempo para que se discutan alternativas al madereo; alternativas que puedan generar el capital que el gobierno necesita, los derechos que las comunidades merecen y la protección ambiental que el país requiere. Todavía hay tiempo de que Liberia disfrute las promesas que guardan sus bosques.

 (1) Draft FDA Policy Guidelines (Directrices), enero de 2009

(2) UN Panel of Experts Report(S/2008/785), 12 de diciembre de 2008, p19

(3) Estos contratos fueron firmados por el ejecutivo y pasados a las cámaras para su ratificación. 

(4) Informe sobre la Diligencia Debida en Liberia Tree and Trading Company, con fecha 10 de Julio de  2008

(5) Acta de la Reunión del Grupo de Evaluación celebrada el 2 de Julio de 2008. En su informe a la Autoridad Forestal, el grupo confirmó que la demora en culminar su evaluación se debió en parte a esta situación.

(6) ibid.

(7) Informe sobre la Diligencia Debida en Alpha Logging and Wood Processing, con fecha 10 de Julio de 2008

(8) Reglamentación No. 103-07 de la Autoridad Forestal sobre Calificación del licitante. 

Por  Jonathan Gant, de la Universidad de Columbia, EEUU, trabajando para el SDI en Monrovia, y Silas Kpanan’Ayoung Siakor, Director de Sustainable Development Institute (SDI), 20 de febrero de 2009