Durante 11 años – desde 1991 hasta 2002 – una violenta guerra civil, alimentada por la distribución no equitativa del poder y los recursos, diezmó la población de Sierra Leona. El país se enfrenta ahora a la inseguridad alimentaria y se ha convertido en importador neto de alimentos, debido no sólo a la guerra sino también a las recetas del Banco Mundial y del FMI. Con el fin de fomentar una economía basada en el mercado, esas instituciones impusieron políticas que restringieron los programas agrícolas estatales y las inversiones en agricultura.
Ahora, el gobierno promueve la “agricultura para el desarrollo”, siguiendo el modelo agroindustrial, con fincas más grandes y más mecanizadas, y con incentivos para la inversión extranjera en cultivos a gran escala, especialmente de caña de azúcar y palma aceitera para la fabricación de agrocombustibles. El acceso de los inversores a la tierra se ve facilitado por varias medidas, como la exoneración de impuestos durante 10 años para las inversiones en plantaciones industriales de árboles.
El resultado es un proceso de acaparamiento de tierras; tierras previamente dedicadas al cultivo de alimentos son hoy puestas a disposición de grandes empresas, por medio de arrendamientos que suelen ser a largo plazo, para la producción de productos no alimenticios con destino a exportación. El informe sobre Sierra Leone preparado por el Instituto Oakland (1) revela que “unas 500.000 ha ya han sido arrendadas a grandes inversores agrícolas, en su mayoría extranjeros”, alegando que sólo entre el 12% y el 15% de la tierra arable está siendo “utilizada” o “cultivada”, lo cual implica que el resto está disponible para los inversores.
Sin embargo, como explica el informe, el 60% de la tierra arable de Sierra Leona está ocupado por pequeños propietarios que aplican un sistema llamado barbecho forestal, en el que los campos se cultivan durante unos pocos años, hasta que dejan de ser fértiles, y luego se dejan en barbecho durante 10 a 15 años. Ese período de inactividad cumple importantes funciones: recuperación de los nutrientes del suelo que permite el rebrote de muchas especies de plantas y árboles, conservando así la biodiversidad; captura de carbono; protección de cuencas y reservas de agua. Además, el sistema permite obtener leña, madera para construcción y herramientas, forraje para el ganado, plantas medicinales, ñame silvestre, carne de animales salvajes, frutos silvestres. Todos estos elementos son vitales para las comunidades.
El gran valor ambiental, social y económico del sistema de barbecho forestal está siendo desmantelado por políticas que permiten a grandes compañías extranjeras abalanzarse sobre Sierra Leona para tratar de llenar sus arcas. El Instituto Oakland informa que Quifel Agribusiness (SL) Ltd. (filial de Quifel Natural Resources de Portugal) adquirió 126.000 ha, principalmente de tierra agrícola de llanura o de barbecho forestal, en el distrito de Port Loko, situado en la región oriental del país. La compañía se dedica a la energía renovable y la agroindustria, y tiene una fábrica de biodiésel en Brasil.
Tres contratos de arrendamiento fueron firmados en los subdistritos de Masimera, Koya y Loko Massama, todos ellos por un período de 49 años con la posibilidad de renovarlos por 20 años más, a USD 5 la hectárea; este monto aumenta cada año hasta llegar a USD 8 por hectárea. Según el informe del Instituto Oakland, los tres subdistritos en los que se ubican las tierras arrendadas por Quifel están habitados por pequeños propietarios que cultivan arroz en arrozales de llanura denominados bolilands, así como palma aceitera para uso local, mandioca, patata dulce, ananá, taro, porotos, maíz y muchos otros vegetales, además de mangos, bananas, papayas, cocos, naranjas, limones y pomelos. Producen para su propio consumo y venden el excedente. Cuando los pequeños agricultores de la comunidad de Petifu, subdistrito de Loko Massama, vieron que sus barbechos forestales eran talados para despejar la parcela de Quifel, organizaron una protesta, manifestando que habían sido engañados para que cedieran sus tierras fértiles.
En general, se suele contratar a “agentes” locales, como “coordinadores” para negociar los arriendos. A las comunidades locales, los jefes y los propietarios se les hace creer que el arreglo sólo les aportará beneficios. Los acuerdos carecen de transparencia, las personas potencialmente afectadas no son consultadas, y los riesgos posibles, como la pérdida de campos o los impactos ambientales negativos, no son siquiera mencionados; tampoco se realiza ningún análisis de los efectos sobre la sociedad y la salud.
Las principales razones por las cuales los propietarios y jefes aceptaron arrendar sus tierras fueron las promesas de empleo y otras supuestas oportunidades de “desarrollo”. Sin embargo, no se conoce ningún informe ni documento que indique cuántos empleos serán creados o si dichos empleos compensarán la pérdida de ingresos y la disminución de la producción de víveres. Hasta ahora, las posibilidades de empleo han sido muy restringidas.
Otra empresa agroindustrial que invierte en Sierra Leone y que fue estudiada por el Instituto Oakland es la compañía Sierra Leone Agriculture (CAPARO Renewable Agriculture Developments Ltd.), que se dedica a la producción de palma aceitera para agrocombustibles, aceite comestible y jabón, y que arrienda entre 43.000 y 46.000 ha para realizar las plantaciones correspondientes.
Según datos recabados por el informe y suministrados por la empresa, el arriendo en Sierra Leona es por 45 años, con la posibilidad de renovarlo cada 21 años, y abarca 43.000 ha, para establecer allí plantaciones de palma aceitera con destino a la producción de aceite de palma para el mercado local. El proyecto incluiría refinerías y plantas de procesamiento y supuestamente creará entre 3.000 y 5.000 empleos. Sin embargo, el Instituto Oakland advierte que nada de esto ha sido dado a conocer públicamente en el país.
En lo que respecta a las mujeres, el informe constata que son “extremadamente vulnerables en cuanto a las negociaciones sobre tierras. Si bien representan una parte muy importante de la población agrícola y son esenciales para la seguridad alimentaria, las mujeres (salvo en algunos casos excepcionales) no son legalmente propietarias de tierras. Debido a esto, suelen no estar presentes en las reuniones con los inversores y, cuando lo están, no pueden votar. En muchos casos ni siquiera se enteran de que la tierra que cultivan está siendo arrendada. Así, no es extraño que las mujeres no tengan derecho a percibir una parte del arriendo, aún cuando pierden su tierra”.
Existe actualmente una fuerte presión para reformar rápidamente el sistema de tenencia de tierras en Sierra Leone. Este proceso, financiado por el Banco Mundial, parece responder al deseo de facilitar la inversión agrícola a gran escala. El Instituto Oakland dice que “se teme que la reforma del sistema de tenencia, al favorecer a los inversores, pase por alto los derechos de la población, y en particular los de las mujeres. Por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil temen que la inversión extranjera desplace a las agricultoras que no poseen título de propiedad de su tierra y que, por lo tanto, no pueden aspirar a obtener compensación”.
La palma aceitera fue siempre un cultivo tradicional en muchas comunidades africanas, pero ahora que está en manos de grandes empresas codiciosas debido a la demanda internacional de aceite de palma y agrocombustibles, se ha convertido en una amenaza. Sin embargo, crece la conciencia sobre el problema. La ONG Green Scenery, de Sierra Leona, ha denunciado la situación de numerosos agricultores que reclaman al gobierno la renegociación del contrato de arrendamiento de 40 años sobre casi 6.500 hectáreas de tierras agrícolas de primera con Socfin Agriculture Company Sierra Leone Ltd (Socfin SL), subsidiaria de la empresa belga Socfin. Los campesinos argumentan que no fueron debidamente consultados y que los estafaron: “la compensación por las plantaciones y la renta anual de la tierra resultan ridículas frente a lo que representa la pérdida de la tierra y del medio de sustento de las familias rurales” (2). La respuesta a la reivindicación ha sido cárcel e inminentes sentencias judiciales.
La organización Salva la Selva ha lanzado una acción de protesta para detener el proyecto de plantación de SOCFIN y restituir la tierra a los agricultores. Pueden participar en ella, en https://www.rainforest-rescue.org/mailalert/814?mt=1264.
Artículo basado en: (1) “Understanding Land Investment Deals in Africa. Country Report: Sierra Leone”, The Oakland Institute, 2011,http://www.oaklandinstitute.org/understanding-land-investment-deals-africa-sierra-leone; (2) Our Concern, informe de Green Scenery sobre el caso Socfin,http://www.greenscenery.org/index.php/component/content/article/32