Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Se reúne red contra monocultivos de árboles en América Latina

El 1º de agosto de este año, miembros de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) se reunieron en la localidad de Villa Serrana, Uruguay, para analizar las razones de la alarmante expansión de los monocultivos de árboles destinados a la producción de carbón, celulosa y madera, y agrocombustibles (agrodiesel y etanol derivado de madera), principalmente con destino a exportación.

Representantes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay intercambiaron información y experiencias acerca de los distintos casos de plantaciones: eucaliptos, pinos, palma aceitera, teca, melina.

Un elemento común a todos ellos es el proceso creciente de apropiación de territorios por parte de las empresas forestales y palmicultoras, provocando una concentración de tierras que afecta directamente los derechos y el buen vivir de las comunidades locales, como se registra en la declaración final del encuentro (ver la declaración completa en:http://www.wrm.org.uy/plantaciones/RECOMA/declaracion_08_09.html).

En el caso de Chile, que ha resultado “el modelo” para la expansión de la forestación en la región, hay dos millones y medio de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos para celulosa, concentradas en unas pocas regiones. La expansión continúa; en los últimos 5 años la producción de celulosa se duplicó, con la introducción de fábricas que producen más de 1 millón de toneladas anuales – el 98% para el mercado internacional.

La expansión sigue dándose gracias al apoyo gubernamental, si bien ha cambiado el formato. Los subsidios y exenciones impositivas otorgados a las empresas se focalizan ahora en pequeños campesinos e indígenas, buscando cooptarlos con créditos de “enlace”, donde se adelanta el dinero para establecer la plantación.

En Perú, un decreto llamado Ley de la Selva, que estuvo en la base del reciente levantamiento indígena, pretende establecer las inversiones privadas en miles de hectáreas de la selva amazónica. Con el argumento de que se promueve la “reforestación” de zonas “deforestadas”, la ofensiva permitiría introducir plantaciones de árboles en gran escala en tierras que forman parte del modelo agrícola tradicional de tala y quema empleado por campesinos e indígenas.

En la sierra peruana las plantaciones se promueven dentro de los planes de cierre de minas, mientras que las plantaciones de palma avanzan en la zona de la selva desplazando comunidades de pequeños campesinos. También en la zona de la costa hay 18 proyectos de plantaciones forestales.

En Colombia las plantaciones de pinos, eucaliptos y palma aceitera abarcan 600.000 hectáreas. En el caso de la palma aceitera, el auge de los agrocombustibles ha incidido fuertemente y se habla de establecer 3 millones de hectáreas de plantaciones.

Siguiendo el modelo chileno, la expansión ha contado con apoyo estatal bajo la forma de subsidios y la exoneración de distintos tipos de impuestos.

En este momento las políticas están profundizando la mercantilización del patrimonio natural (selvas, agua, fauna, etc), impulsando estrategias de certificación de plantaciones, desmontando el sistema de controles del Ministerio de Ambiente.

En Ecuador, las plantaciones de árboles se establecieron en zonas de bosque y páramos, en tierras de comunidades que fueron inducidas y engañadas a firmar contratos de 20 años por los cuales le dan al Estado el derecho a intervenir y quedan expuestas a la aplicación de sanciones.

En Nicaragua se inicia el cultivo de palma africana en la costa atlántica, simultáneamente a una deforestación feroz que afecta la Reserva de Bosawuas. Está en ciernes un programa de reforestación e infraestructura vial en el occidente del país, con cultivo de teca y melina.

En México se proyecta 1 millón de hectáreas de plantaciones de palma africana. La promoción está ocurriendo a un ritmo acelerado y desorganizado, con el argumento de que no se está deforestando sino ocupando tierras degradadas. La Unión Europea ha sido un actor importante en la expansión de palma en torno a la Selva Lacandona, con el argumento de que es para evitar que los indígenas deforesten.

Detrás de la expansión de las plantaciones de árboles en Brasil están los sectores papelero-celulósico y siderúrgico. En 2003, el plan forestal del gobierno plantea un crecimiento de 6 millones de hectáreas anuales. Finalmente el crecimiento se dio principalmente en los Estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Pará y Bahia; también en Espirito Santo y Minas Gerais, si bien allí no fue tan fuerte.

La expansión en Brasil se dio en una primera etapa básicamente sobre tierras tradicionales de indígenas, afrodescendientes y campesinos. En la última etapa las plantaciones avanzaron sobre zonas que serían para reforma agraria, o en tierras de pequeños campesinos a través de contratos de alquiler.

En Uruguay, la ley de promoción de plantaciones estableció beneficios que permitieron llegar al millón de hectáreas forestadas, de las cuales más de 600.000 están en manos de tan solo 4 empresas extranjeras – Stora Enso (Suecia-Finlandia), Arauco (Chile), Weyerhaeuser (USA) y Botnia (Finlandia). Un consorcio formado por Stora Enso y Arauco posee 253.000 hectáreas, el mayor latifundio en la historia del Uruguay.

La certificación del FSC fue un factor importante para la consolidación y legitimación del modelo, debilitando la oposición. La certificación está presente en todas las plantaciones y constituye un proceso meramente burocrático.

Como expresa la declaración de la RECOMA, “el proceso de expansión de las plantaciones de árboles se está consolidando y expandiendo aún más de la mano de las falsas soluciones al cambio climático tales como los agrocombustibles y los mal llamados sumideros de carbono, que son nuevas fuentes de negocios para las empresas transnacionales”.

“Las comunidades, movimientos y organizaciones sociales que resisten y denuncian este avance desenfrenado de los monocultivos están sufriendo persecución, hostigamiento, criminalización y despojo de sus medios de sustento”.

La RECOMA afirma que asume “como parte de nuestra lucha la defensa de la soberanía alimentaria, por la tierra y los territorios, la defensa del bosque, la biodiversidad y el agua”.