Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales

Acre, Brasil: Una historia de deforestación, reducción de la deforestación, y ahora REDD

Acra-BrasilPor Chris Lang

21 de julio de 2015

En 2010, el estado de Acre en Brasil estableció el primer programa mundial REDD jurisdiccional. La ley Estatal 2.308 creó el Sistema Estatal de Acre de Incentivos por Servicios Ambientales (SISA).

Este artículo da un breve vistazo a la historia de la deforestación en Acre y a cómo surgió el programa REDD en Acre. Los futuros artículos presentarán un análisis más crítico de lo que está ocurriendo en Acre.

Acre: recolectores de caucho y ganaderos

Acre tiene una superficie de 157.490 kilómetros cuadrados, aproximadamente un 20% más grande que Grecia. En 2013, el 86% del territorio del estado estaba cubierto de bosques.

Casi la mitad del estado es área protegida. La población es ligeramente inferior a 800.000 habitantes. Entre 2000 y 2010 la población creció 31,6%, el doble del promedio de todo Brasil. Hoy en día, el 73% de la población vive en zonas urbanas de Acre y casi la mitad vive en Río Branco, la capital.

La dictadura militar de Brasil comenzó diversos planes de “desarrollo” en la Amazonia, bajo el nombre de Operación Amazonia, incluidos, en la década de 1970, los planes de enormes establecimientos ganaderos. Los ganaderos acapararon grandes extensiones de tierra y talaron bosques, principalmente a lo largo de las carreteras.

En 1982, según un documento de 1991 de Steve Schwartzman de Environmental Defense Fund, los quince mayores terratenientes ocupaban más de un cuarto de la superficie terrestre del estado, y el 80% del estado fue clasificado como latifundios. Los conflictos por la tierra aumentaron. Miles de recolectores de caucho fueron desalojados y se trasladaron a las plantaciones de caucho de Bolivia o a favelas urbanas.

Acre adquirió fama internacional en diciembre de 1988 con el asesinato de Chico Mendes. Mendes era un recolector de caucho y durante la década de 1980 trabajó para defender los derechos de los recolectores de caucho contra la invasión de los ganaderos. Mendes no fue el primer recolector de caucho asesinado; otros fueron Wilson Pinheiro, presidente del sindicato de trabajadores rurales de Brasileia, asesinado en 1980, Jesús André Matias en 1982, Raimundo Raulino en 1983 e Ivair Higino en 1988.

La entrada del Banco Mundial

Entre 1981 y 1983, el Banco Mundial aprobó cinco préstamos por un total de 457 millones de dólares para el proyecto Polonoroeste, un plan de construcción de carreteras de 1.600 millones de dólares y un plan agrícola en Mato Grosso y Rondonia.

El Polonoroeste incluía la pavimentación de 1.500 kilómetros de carreteras, y uno de los resultados fue que Rondonia alcanzó la tasa de deforestación más acelerada de la Amazonia.

Polonoroeste fue el primer proyecto del Banco Mundial en recibir serias críticas de ONGs internacionales. En su libro de 1994, Mortgaging the Earth, Bruce Rich describe el proyecto Polonoroeste como la “carretera de la muerte”.

A principios de 1985, el Banco Mundial suspendió los desembolsos adicionales para el proyecto. Fue la primera vez que el Banco hizo esto. Como era de esperar, el Banco reanudó la financiación en agosto de 1985, al parecer convencido de que el nuevo gobierno de Brasil se comprometía a rectificar los problemas más graves.

(Entre las medidas de gobierno estaba la creación de una reserva de 1,8 millones de hectáreas para el pueblo indígena Urueu-Wau-Wau, que fueron contactados por primera vez por la FUNAI en 1981, como resultado de la apertura de la zona con el proyecto Polonor . Su población disminuyó drásticamente después de haber establecido contacto.)

En 1987, Barber Conable, presidente del Banco Mundial, describió el proyecto Polonoroeste como “un esfuerzo respetuoso del medio ambiente”. Según Conable, el Polonoroeste fue:

Un ejemplo aleccionador de un esfuerzo respetuoso del medio ambiente, que salió mal. El Banco malinterpretó las realidades humanas, institucionales y físicas de la selva y la frontera. En algunos casos, se perdió el control de la dinámica fronteriza. Se incluyeron medidas proteccionistas para defender las frágiles tierras y pueblos indígenas, si bien no estuvieron cuidadosamente programadas o debidamente monitoreadas.

Un informe del Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial brinda una versión más franca de los impactos del proyecto:

A pesar de que al momento de la revisión de mitad de período [finales de 1984 / principios de 1985] el gobierno había cumplido formalmente con la mayoría de las recomendaciones realizadas por el Banco, en general la situación en septiembre-octubre de 1989 no era muy diferente a la encontrada a finales de 1984. Parece que el proyecto Polonoroeste ha sido en gran medida incapaz de implementar y/o mantener muchas de sus medidas de protección del medio ambiente o evitar la invasión continua de las zonas de reserva por los madereros, los prospectores y colonos espontáneos.

En enero de 1985, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo para pavimentar la carretera B-364 desde Porto Velho, en Rondonia, a Río Branco, en Acre. Era una continuación de la carretera pavimentada por el proyecto Polonoroeste.

En 1987, EDF llevó a Chico Mendes a Washington DC, donde se reunió con organizaciones no gubernamentales ambientales, miembros del Congreso y personal del BID. También viajó a Miami para la reunión anual del BID. Schwartzman señala que el Banco suspendió su préstamo para el proyecto Polonoroeste en 1988 – después de la visita de Mendes a Estados Unidos.

Poco después de la muerte de Mendes se creó la Reserva Extractiva Chico Mendes, que abarca casi un millón de hectáreas. Actualmente, las reservas extractivas de la Amazonia se extienden en un total de 20 millones de hectáreas.

La reducción de la deforestación antes de REDD

En 1998, el entonces gobernador de Acre, Jorge Viana, comenzó la iniciativa “gobierno de la selva”. Trece años más tarde, EDF informó que sólo se había deforestado el 3,7% de Acre, mientras que en el mismo periodo se había deforestado el 11,8% del vecino estado de Rondonia. En la región amazónica en general, la tasa promedio de deforestación fue de 4,75%.

La deforestación de Acre cayó desde el año 2003. Entre 2003 y 2008, la deforestación se redujo un 70%. Esto fue en parte resultado de los precios de las materias primas agrícolas, pero como señala EDF,

un conjunto compuesto por el monitoreo integrado del gobierno, cuerpos policiales, políticas y programas de desarrollo sostenible y planificación de uso del suelo  – incluido un objetivo de reducción de la deforestación en todo el estado – fue fundamental para fomentar el crecimiento económico y a la vez reducir la deforestación.

Esas políticas, que parecen haber tenido éxito en la reducción de la deforestación, se aplicaron antes de que existiera REDD.

También previo a REDD fue el Plan de Zonificación Ecológica Económica aprobado en Acre en 2006, con el apoyo de la agencia de ayuda de la agencia alemana GTZ. Dicho plan regula las actividades económicas en zonas ya deforestadas, y estableció una medida de “manejo forestal sostenible” y recolección de productos forestales no maderables en zonas de bosque.

En 2008, Acre asumió un objetivo de reducción de la deforestación para 2020, calculado a partir del objetivo nacional de reducción del 80% por debajo de las tasas medias entre 1996 y 2006.

El plan inicial del estado Acre para REDD consistía en centrarse en siete u ocho zonas prioritarias con alto riesgo de deforestación. Según CIFOR, este plan fue abandonado “después de un amplio proceso de consulta a las partes interesadas ​​durante el desarrollo del SISA en 2009 y 2010″.

El Sistema de Incentivos a los Servicios Ambientales (SISA) se aplicó enfocado en el estado de Acre – el llamado “REDD jurisdiccional”. El primer programa del SISA se denomina Incentivos a los Servicios Ambientales asociados al Carbono (ISA-Carbono), y está dirigido a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques.

La burocracia REDD de Acre

Junto con el SISA hay una serie de organismos gubernamentales (las descripciones son del informeREDD+ on the ground de CIFOR):

* La Secretaría de Estado de Medio Ambiente-Acre (SEMA) – responsable de la elaboración de los instrumentos de política y gestión ambiental.

* El Instituto de Medio Ambiente de Acre (IMAC) – hace aplicar esas políticas a través de iniciativas de mando y control.

* La Secretaría de Extensión Agroforestal y Producción Familiar (SEAPROF) del Estado de Acre – responsable de la asistencia técnica rural, junto con la aplicación del Programa de Certificación de Propiedades de Pequeños Agricultores e iniciativas para recuperar tierras degradadas.

* La Secretaría de Estado de Desarrollo Forestal, Industria, Comercio y Servicios Sostenibles (SEDENS) – responsable de las actividades de manejo forestal sostenible.

* El Instituto de Tierras de Acre (ITERACRE) – responsable de la regularización de la tenencia de la tierra.

* La Unidad Central de Geoprocesamiento y Teledetección (U ) – monitorea la deforestación que ocurre a una escala más pequeña que la monitoreada por el Instituto Nacional de Investigación de Brasil (INPA) – 0,54 hectáreas UCEGEO frente a 6 hectáreas el INPA.

* El Instituto de Cambio Climático y Reglamentación de los Servicios Ambientales (IMC) – regula al SISA y registra y supervisa los proyectos REDD+ privados.

* La Comisión Estatal de Validación y Acompañamiento (CEVA) – monitorea al SISA y aprueba reglamentaciones, normas y criterios de aplicación. El CEVA está formado por cuatro organizaciones de la sociedad civil y cuatro organizaciones gubernamentales.

* La Compañía para el Desarrollo de los Servicios Ambientales (CDSA) – una empresa público-privada que participa en la aplicación del SISA y en la compra y administración de fondos privados, en particular mediante la venta de bonos de carbono.

* La oficina del Fiscal General del Estado (PGE) – una parte importante del SISA, proporciona orientación jurídica y participa como miembro de CEVA. La Defensoría del pueblo, de SISA, está asentada en el PGE.